CE - 050012331000201101977011SENTENCIASENTENCIA20231031194858

Rdo.: 05001 23 31 000 2011 01977 01 (64052)

Demandante: ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación 05001 23 31 000 2011 01977 01 (64052)

Demandante: E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Yarumal

Demandado: Fernando León Medina Monsalve y otro.

Referencia: Repetición

Tema 1. Acción de repetición. Subtema: Elemento subjetivo – culpa grave del servidor público.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala, de acuerdo con lo dispuesto en sesión de 5 de mayo de 2005 1, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia , el 26 de marzo de 2019 , que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

Mediante sentencia del 23 de octubre de 2007, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la responsabilidad del Hospital San Juan de Dios de Yarumal E .S.E. por la muerte de la señora María del Socorro Agudelo López, ocurrida el 9 de marzo de 1994, por fallas en la prestación del servicio médico. C ondenó a la entidad a pagar los perjuicios morales y materiales causados al núcleo familiar de l occiso

por fallas en la prestación del servicio médico. C ondenó a la entidad a pagar los perjuicios morales y materiales causados al núcleo familiar de l occiso ($1.068’495.195), monto que pretende le sea reintegrado por parte de Santiago Hernán Tamayo Tamayo y Fernando León Medina Monsalve, médico tratante y representante legal de la entidad demandante, respectivamente, para el momento de los hechos.

II. ANTECEDENTES:

2.1. El 14 de diciembre de 2011 2, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Yarumal (Antioquia) demandó a los señores Fernando León Medina Monsalve y Santiago Hernán Tamayo Tamayo, en ejercicio del medio de control de repetición, con el cual pretende: (i) que se le s declare responsable s de los perjuicios ocasionados a la demandante por la condena impuesta en la sentencia del 23 de octubre de 2007 , dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso d e reparación directa3 incoado por el señor William de Jesús Sosa Agudelo y otros, por la muerte de la señora María del Socorro Agudelo López; que, en consecuencia, (ii) se condenen al pago de mil sesenta y ocho millones cuatrocientos noventa y cinco mil ciento noventa y cinco pesos ($1068’495.195), pagados por concepto de perjuicios materiales e inmateriales al núcleo familiar de la mencionada fallecida ; y, (iii) que se condene en costas a los demandados.

2.1.1. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la demandante manifestó, en síntesis, lo siguiente:

condene en costas a los demandados.

2.1.1. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la demandante manifestó, en síntesis, lo siguiente:

1 Sección Tercera, acta número 15 de 5 de mayo de 2005. 2 Folio 7 del cuaderno 1. 3 Radicado: 05001 23 31 000 1996 00369 01.Rdo.: 05001 23 31 000 2011 01977 01 (64052)

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2.1.1.1. Que el Tribunal Administrativo de Antioquia , en sentencia del 23 de octubre de 2007, declaró la responsabilidad de la E .S.E Hospital San Juan de Dios de Yarumal y la condenó a pagar los perjuicios (materiales e inmateriales) causados por la muerte de la señora María del Socorro Agudelo López, el 9 de marzo de 1994. La responsabilidad fue imputada a la ahora actora , al considerar que se configuró una falla del servicio médico, por negligencia y falta de atención hospitalaria, pues dicha paciente, al presentar una hemorragia interna, no fue atendida ni intervenida oportunamente.

2.1.1.2. Que el hospital, con el fin de dar cumplimiento a la condena impuesta con la mencionada sentencia , realizó un acuerdo de pago con los demandantes, en virtud del cual canceló $1.068’495.195, mediante transferencias bancarias, en doce (12) cuotas.

2.1.1.3. Que Fernando León Medina Monsalve era el representante legal de la

demandantes, en virtud del cual canceló $1.068’495.195, mediante transferencias bancarias, en doce (12) cuotas.

2.1.1.3. Que Fernando León Medina Monsalve era el representante legal de la entidad en el momento del deceso; quien actuó de forma gravemente culposa, dado que “[…] ‘no tuvo en cuenta desde tempranas horas, que el hospital no contaba con personal adecuado para practicar una histerectomía’ […], [y] como representante legal omitió la obligación de contar con el personal médico adecuado especializado para prestar una efectiva atención en salud a los pacientes”4.

2.1.1.4. Que Santiago Hernán Tamayo Tamayo fue el médico tratante de la señora María del Socorro Agudelo López, cuya actuación considera “negligente” y, por tanto, gravemente culposa para los efectos que se persigue en este proceso.

2.1.2. A modo de sustento jurídico de sus pretensiones, el ent e demandante hizo referencia al artículo 90 de la Constitución Política y a los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001. Calificó la conducta de los demandados como gravemente culposa, por las razones descritas anteriormente5.

2.2. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en auto del 7 de junio de 2012, cuya notificación personal a los demandados fue ordenada6.

2.2.1. El señor Santiago Hernán Tamayo Tamayo contestó la demanda en escrito por medio del cual se opuso a las pretensiones, aceptó algunos hechos como ciertos, negó otros y manifestó no constarle los demás. En su defensa, afirmó que no fue el

por medio del cual se opuso a las pretensiones, aceptó algunos hechos como ciertos, negó otros y manifestó no constarle los demás. En su defensa, afirmó que no fue el único que atendió a la señora María del Socorro Agudelo López , pues en la historia clínica se advierte que el médico Luis Fernando Orozco Salazar fue quien consignó la valoración de ingreso a la institución hospitalaria. Propuso como excepción “la ausencia de culpa grave”, en tanto la causa de la muerte de María del Socorro Agudelo López habría sido la acción imprudente de la madre de la paciente, quien, en su condición de “partera”, atendió a su hija en la casa y le realizó la maniobra de “Kisteller” durante el parto, previo a su ingreso a la institución hospitalaria7. Finalmente, solicitó que los documentos aportados con la demanda sean ratificados por los terceros que

4 Folio 3 del cuaderno 1. 5 Ver, apartado 2.1.1.3 supra. 6 Folio 545 del cuaderno 3. 7 Folio 677 del cuaderno 3.Rdo.: 05001 23 31 000 2011 01977 01 (64052)

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los suscriben, pidió la práctica de testimonios y aportó “experticio relativo a la atención médica brindada por el Dr. Santiago Hernán Tamayo Tamayo ren dido por la dra. Mercy Helena Estrada Perea”8.

2.2.2. Fernando León Medina Monsalve únicamente solicitó la “terminación anticipada del proceso por desistimiento tácito”9, en cuanto, según él, desde la presentación de

Mercy Helena Estrada Perea”8.

2.2.2. Fernando León Medina Monsalve únicamente solicitó la “terminación anticipada del proceso por desistimiento tácito”9, en cuanto, según él, desde la presentación de la demanda el proceso permaneció inactivo por un lapso superior a un (1) año, sin que la parte demandante exhibiera interés en la notificación a los demandados 10. Esta petición fue negada por el a quo en auto del 9 de febrero de 201511.

2.3. Por auto de pruebas fechado el 24 de agosto de 2018, el tribunal: (i) incorporó los documentos aportados con la demanda y con la contestación presentada por Santiago Hernán Tamayo Tamayo,(ii) negó la ratificación de documentos solicitada por el médico citado , porque “no determina cuál o cuáles de los aportados pretende sean ratificados”, (iii) decretó la práctica de los testimonios y (iv) dispuso tener como prueba el dictamen pericial aportado con la contestación de la demanda, por lo que corrió traslado por el término de tres días conforme a lo previsto en el artículo 116 de la Ley 1395 de 201012; la parte demandante guardó silencio13. En audiencia celebrada el 21 de septiembre de 2018, el magistrado sustanciador recibió el testimonio de Luis Fernando Orozco Salazar, solicitado por el demandado Santiago Hernán Tamayo Tamayo14. Mediante auto del 21 de septiembre de 2018 se corrió traslado a las partes para alegatos de conclusión y a la Procuraduría para su concepto15; oportunidad que fue aprovechada por la ESE demandante16 y por el demandado Santiago Hernán Tamayo Tamayo17.

para alegatos de conclusión y a la Procuraduría para su concepto15; oportunidad que fue aprovechada por la ESE demandante16 y por el demandado Santiago Hernán Tamayo Tamayo17.

2.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del veintiséis (26) de marzo de dos mil diecinueve (2019) 18 negó las pretensiones de la demanda , toda vez que, no fue acreditada la culpa grave de los demandados , ya que, como prueba de ello, fue allegada únicamente la sentencia condenatoria en el proceso de reparación directa, en la que no fue juzgada la responsabilidad personal del agente19.

8 Ibídem. 9 Folio 574 del cuaderno 3. 10 Folios 574 a 578 del cuaderno 3. 11 Folios 580 a 580 vto., cuaderno 3. 12 Artículo 116. “Experticios aportados por las partes. La parte que pretenda valerse de un experticio podrá aportarlo en cualquiera de las oportunidades para pedir pruebas. El experticio deberá aportarse acompañado de los documentos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito y con la información que facilite su localización. El juez citará al perito para interrogarlo en audiencia acerca de su idoneidad y del contenido del dictamen, si lo considera necesario o si la parte contra la cual se aduce el experticio lo solicita dentro del respectivo traslado. La inasistencia del perito a la audiencia dejará sin efectos el experticio.”. 13 Folio 696 del c. 3. 14 Folio 702 del c. 3. 15 Folio 704 del cuaderno 3. 16 Folios 708 a 713 del cuaderno 3. 17 Folios 705 a 707 del cuaderno 3.

13 Folio 696 del c. 3. 14 Folio 702 del c. 3. 15 Folio 704 del cuaderno 3. 16 Folios 708 a 713 del cuaderno 3. 17 Folios 705 a 707 del cuaderno 3. 18 Folios 715 a 726 del principal. 19 En dicha providencia se lee: “[…] la conducta gravemente culposa del agente que se alega en la demanda, sólo estaría sustentada en la providencia condenatoria proferida dentro de la acción de reparación directa en la que se comprobó la falla del servicio del hospital demandado. || No obstante, la sola copia de la misma no constituye prueba del dolo o de la culpa grave del agente que se requiere acreditar, en tanto en la acción de reparación directa no se juzgó la responsabilidad personal del agente en los hechos, sino la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada por falla del servicio”. Folio 725 del cuaderno principal.Rdo.: 05001 23 31 000 2011 01977 01 (64052)

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2.5. El 30 de abril de 2019 20, la parte demandante interpuso recurso de apelación con el fin de que se revo cara la decisión anterior y se accediera a las súplicas de la demanda, toda vez que:

2.5.1. El señor Fernando León Medina Monsalve tenía a su cargo la veeduría y el control del personal médico y asistencial que brindaba la atención médica . Por tanto, debía garantizar que la institución de salud contara con los “ […] especialistas requeridos en el nivel regional en el que se encontraba la E .S.E.

el control del personal médico y asistencial que brindaba la atención médica . Por tanto, debía garantizar que la institución de salud contara con los “ […] especialistas requeridos en el nivel regional en el que se encontraba la E .S.E. de Yarumal”21.

2.5.2. No fueron valoradas las pruebas trasladadas del proceso de reparación directa con radicado núm. 05001 23 31 000 1996 00369 01, ni la historia clínica que obra en el plenario, con las cuales se acredita la culpa grave del médico Santiago Hernán Tamayo Tamayo, por cuanto (i) atendió de “manera tardía” a la señora María del Socorro Agudelo López; (ii) no tuvo en cuenta la maniobra de “Kisteller” que le habían realizado previamente a la paciente y, (iii) se demoró en ordenar la remisión a un centro hospitalario de mayor complejidad22.

2.6. La apelación fue concedida23, admitida24 y se corrió traslado para alegaciones de las partes y concepto del Ministerio Público en segunda instancia 25. Esta oportunidad fue aprovechada por el demandado Santiago Hernán Tamayo Tamayo , quien argumentó que “no se presentó una labor probatoria activa por parte del Hospital San Juan de Dios de Yarumal ”, pues solo aportó el expediente d el proceso de reparación directa, pero los “[…] demandados tampoco pidieron el traslado de dichas pruebas”26 (se resalta). El Ministerio Público, a través del Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa27, solicitó confirmar la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda, “[…] por no encontrarse probado el elemento subjetivo

la Conciliación Administrativa27, solicitó confirmar la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda, “[…] por no encontrarse probado el elemento subjetivo de la responsabilidad patrimonial ”28. La E.S.E. demandante y el demandando Fernando León Medina Monsalve guardaron silencio29.

III. PROBLEMA JURÍDICO

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) — aplicable en esta instancia conforme a la jurisprudencia administrativa unificada30— el “recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,

20 Folios 728 a 737 del cuaderno principal. 21 Folio 730 del cuaderno principal. 22 Folio 736 del cuaderno principal. 23 Auto del 10 de mayo de 2019, folio 738 del cuaderno principal. 24 Auto del 8 de julio de 2019, folio 742 del cuaderno principal. 25 Auto del 23 de octubre de 2019, folio 744 del cuaderno principal. 26 Folio 746 del cuaderno 1. 27 Doctor Iván Darío Gómez Lee. 28 Folio 757 del cuaderno principal. 29 Informe secretarial que obra a folio 758 del cuaderno principal. 30 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000 -23-36-000-2012-0039501(IJ). En dicho proveído se unificó la Jurisprudencia de la Corporación, en lo atinente a la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012 y se dispuso qu e “su aplicación plena en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es

01(IJ). En dicho proveído se unificó la Jurisprudencia de la Corporación, en lo atinente a la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012 y se dispuso qu e “su aplicación plena en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es a partir del 1º de enero de 2014”; sin perjuicio de la aplicación ultractiva del Código de Procedimiento Civil (señalada en el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012), para resolver de: (i) los recursos interpuestos, (ii) la práctica de pruebas decretadas, (iii) las audiencias convocadas, (iv) las diligencias iniciadas, (v) los términos que hubieren comenzado a correr, (vi) los incidentes en curso y (vii), las notificaciones que se estén surtiendo. Así las cosas, de acuerdo con lo previsto en el literal c del numeral 1 del artículo 625 del Código General del Proceso, la valoración probatoria del presente asunto se regirá por la normatividad anterior.Rdo.: 05001 23 31 000 2011 01977 01 (64052)

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únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión ”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “ pronunciarse solamente sobre los ar gumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley ”, como lo establece el artículo 328 del CGP.

3.2. La Sala tendrá por demostrados los presupuestos objetivos de la acción de

decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley ”, como lo establece el artículo 328 del CGP.

3.2. La Sala tendrá por demostrados los presupuestos objetivos de la acción de repetición, que, con base en documentos, se encontraron probados en la sentencia de primera instancia, sin que ello fuera rebatido en la apelación 31. Al haber quedado zanjada la litis sobre los presupuestos objetivos de prosperidad de la pretensión de repetición, se procederá a estudiar el siguiente problema jurídico , en función de los cargos de la alzada y la competencia , de acuerdo con ellos, le asiste a esta

Subsección:

¿Se configuró la culpa grave de Fernando León Medina Monsalve y Santiago Hernán Tamayo Tamayo por la muerte de María del Socorro Agudelo López, el 9 de marzo de 1994, por no contar con los especialistas requeridos para el nivel en el que se encontraba la ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal, prestar atención tardía y negligente a la paciente, y retrasar su remisión a un centro hospitalario con mayores capacidades?

IV. CONSIDERACIONES

4.1. La jurisdicción contencioso -administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, conforme al artículo 58 del CCA y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación formulado por la parte demandante , según el inciso 2º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley

de apelación formulado por la parte demandante , según el inciso 2º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, vigente para el momento en que fue presentada la demanda.

4.2. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aq uel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de los dieciocho (18) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, según el inciso 4º del artículo 177 del CCA 32, vigente a la fecha de expedición de la sentencia condenatoria.

En este caso, la condena ($1 .068’495.195) fue cancelada en cuotas , cuyo último desembolso se efectuó el 8 de noviembre de 201133, cuando había finalizado el plazo de dieciocho (18) meses con que contaba la entidad para pagarla, el cual venció el 16 de junio de 2011, teniendo en cuenta que la sentencia condenatoria del 23 de octubre

31 Folios 720 y 720 vto., del cuaderno principal (sentencia de primera instancia). 32 CCA. “ Artículo 177. […] Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria”.

presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria”. 33 Folio 496 del cuaderno 2.Rdo.: 05001 23 31 000 2011 01977 01 (64052)

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de 200734 quedó ejecutoriada el 15 de diciembre de 200935. Así, para iniciar el conteo de la caducidad se tomará en cuenta la fecha en que expiró el plazo de dieciocho (18) meses, lo que ocurrió el 16 de junio de 2011. Por tanto, el término de caducidad vencía el 17 de junio de 2013 y, como la demanda fue presentada el 14 de diciembre de 201136, la acción de repetición fue incoada oportunamente.

4.3. La acción de repetición fue incoada por la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Yarumal (Antioquia), entidad que se encuentra legitimada en la causa por activa, en los términos del artículo 8° de la Ley 678 de 2001, por ser la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con la condena decreta da por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 23 de octubre de 2007 37. La demanda fue dirigida contra Fernando León Medina Monsalve 38 y Santiago Hernán Tamayo Tamayo39, quien es para el momento de los hechos se desempeñaba n, respectivamente, como gerente y médic o vinculado laboralmente con la demandante, a quienes se les atribuye ser los responsables de la condena por la

Tamayo39, quien es para el momento de los hechos se desempeñaba n, respectivamente, como gerente y médic o vinculado laboralmente con la demandante, a quienes se les atribuye ser los responsables de la condena por la que hoy se repite en este asunto . Por consiguiente, se encuentra demostrada la legitimación en la causa por pasiva de dichos demandados.

Consideraciones relativas al régimen jurídico sustantivo aplicable

4.5. Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos40. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior 41. Pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis de la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, “ sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2º de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Códi go Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y

34 Sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, obrante a folios 370 a 400 del cuaderno 2.

responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y

34 Sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, obrante a folios 370 a 400 del cuaderno 2. 35 Folio 461 Vto., del cuaderno 2. Es de anotar que contra dicha sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia se formuló recurso de apelación; sin embargo, el mismo fue rechazado por el Consejo de Estado en auto del 27 de octubre de 2009 (folios 454 a 461 del cuaderno 2). 36 Folio 7 del cuaderno 1. 37 Folios 370 a 400 del cuaderno 2. 38 De acuerdo con los documentos contenidos en los folios 36 y 78 del cuaderno principal 1, y 497, 506 del cuaderno principal 2, Fernando León Medina Monsalve ocupó el cargo de representante legal de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Yamural, entre el 27 de julio de 1994 y el 9 de mayo de 1996. 39 Santiago Hernán Tamayo Tamayo estuvo vinculado a la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Yamural, desde el 6 de diciembre de 1993 hasta el 6 de abril de 1994, en el cargo de médico rural, y del 1º de diciembre de 1994 al 1º de agosto de 1995. Folios 498 al 529 del cuaderno principal 2. 40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 30330. 41 “Las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad

41 “Las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, en cuyos eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que plantea el Código Civil. //Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe li mitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política acerca de la responsabilidad de los s ervidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. // Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena fe, contenidos en la Constitución Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 18 de junio de 2018. Expediente No. 54692.Rdo.: 05001 23 31 000 2011 01977 01 (64052)

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los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilida d de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)” 42. Por ende, como en este caso los hechos que dieron lugar a la condena en contra de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Yarumal se produjeron el 9 de marzo de 1994,

Por ende, como en este caso los hechos que dieron lugar a la condena en contra de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Yarumal se produjeron el 9 de marzo de 1994, con la muerte de María del Socorro Agudelo López, es claro que la Ley 678 de 2001 no resulta aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto.

Análisis del problema jurídico43.

4.6. La Sala pasa a pronunciarse sobre la calificación de la conducta de los demandados como gravemente culposa. Como se dijo anteriormente [aptado. 4.5], el régimen jurídico aplicable para determinar la responsabilidad patrimonial de los demandados y, por ende, establecer si actuaron con culpa grave, es el vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena -9 de marzo de 1994-, esto es, el anterior a la Ley 678 de 2001.

En los términos del citado artículo 63 del Código Civil, l a culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran44. Con el juicio sobre la culpa se imputa así la obligación de reparar un daño previsto o que, siendo previsible, confió imprudentemente en su capacidad de evitarlo, teniendo en cuenta que el ejercicio de una función o servi cio público implica unos deberes expresamente establecidos en la ley o el reglamento —derivados de las funciones detalladamente definidos en estos 45— que el funcionario o servidor se ha comprometido a cumplir 46. En consecuencia, este no podrá excusar su responsabilidad arguyendo la ignorancia de los conocimientos necesarios para su

detalladamente definidos en estos 45— que el funcionario o servidor se ha comprometido a cumplir 46. En consecuencia, este no podrá excusar su responsabilidad arguyendo la ignorancia de los conocimientos necesarios para su ejercicio, ya que ello lo colocaría en una culpa inicial 47. La culpa grave, a su vez, al tenor del referido artículo 63 del Código Civil, implica un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño.

En esa perspectiva, la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no equivale automáticamente al dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial del Estado no ata al juez de la repetición 48, el cual debe centrarse en un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, bajo las pruebas legalmente

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 11 de julio de 2019, exp. 54692. 43 Aptado. 3.2.1. 44 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 26 de febrero de 2015, exp. 32.207; del 30 de agosto de 2017, exp. 45.295; del 1 de octubre de 2018, exp. 46.328; del 29 de noviembre de 2019, exp. 43056; y de l 7 de septiembre de 2020, exp. 49069, entre otras. 45 Constitución Política. Artículo 122, inc. 1º. “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”.

reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”. 46 Constitución Política. Artículo 122, inc. 2º. “Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”. 47 “Culpa profesional.- La culpa profesional, o sea, aquella en que pueden incurrir los profesionales (abogados, médicos, matronas, farmacéuticos, ingenieros, etc.) y ciertos funcionarios (notarios, conservadores, archiver os, oficiales del Registro Civil, receptores, secretarios de los tribunales, etc.) en ejercicio de sus respectivas profesiones o cargos, puede ser contractual y delictual o cuasidelictual. […] La responsabilidad profesional delictual o cuasidelictual civil queda regida por el derecho común: el profesional o funcionario es responsable del dolo y de toda especie de culpa que cometa en ejercicio de su respectiva profesión o cargo, de acuerdo con los principios expuestos en los números anteriores, y no únicamente de la culpa lata o grave. La ley no ha hecho distinciones” . (Alessandri Rodríguez, Arturo. De la Responsabilidad Extra-Contractual en el Derecho Civil Chileno, T. I, 2ª edición, Ed. Conosur, 1983, pp. 201-203). 48 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, exp. 29.222.Rdo.: 05001 23 31 000 2011 01977 01 (64052)

Demandante: ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal

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Demandante: ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal

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acopiadas, cuyo mérito y re sultados pueden diferir del que tuvieron las pruebas allegadas al proceso de reparación49.

En este sentido se pronunció la Corte Constitucional en reciente sentenc