CE - 050012331000201200085011SENTENCIAFALLO20220822104534

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122)

Actor: CÉSAR AMADO ORTÍZ PABÓN Y OTROS

Demandados: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

EJÉRCITO NACIONAL

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – OCUPACIÓN

PERMANENTE DE INMUEBLE

Síntesis del caso: una finca de propiedad de los demandantes, ubicada en la vereda Monteloro, corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis (Antioquia) , fue ocupada de manera permanente desde el año 1995 hasta la actualidad por tropas del Ejército Nacional sin ningún tipo de contraprestación, motivo por el cual solicitan la indemnización de los perjuicios derivados de dicho daño antijurídico.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuesto s por las partes contra la sentencia proferida el 26 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Descongestión por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLÁRASE no prósperas las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y culpa de un tercero propuestas por la entidad demandada.

SEGUNDO: DECLÁR ASE administrativamente responsable a la

“PRIMERO: DECLÁRASE no prósperas las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y culpa de un tercero propuestas por la entidad demandada.

SEGUNDO: DECLÁR ASE administrativamente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENDA – EJÉRCITO, de los perjuicios de orden material e inmaterial ocasionados a los demandantes CÉSAR ARMANDO ORTÍZ PABON y su cónyuge LUZ MYRIAM RAMÍREZ ESCOBAR, con motivo de la ocupación de que fue objeto el inmueble de propiedad del primero de los citados ubicado en la vereda Monteloro corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis de Antioquia.

TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO, al reconocimiento de los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados a los demandantes, que serán pagados en2

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la siguiente forma:

Morales:

Para los demandantes CÉSAR ARMANDO ORTÍZ PABON y su cónyuge LUZ MYRIAM RAMÍREZ ESCOBAR, la cantidad equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de este fallo para cada uno de ellos.

Daño a la vida de relación o condiciones de existencia:

Para los demandantes CÉSAR ARMANDO ORTÍZ PABON y su cónyuge LUZ MYRIAM RAMÍREZ ESCOBAR, la cantidad equivalente

Daño a la vida de relación o condiciones de existencia:

Para los demandantes CÉSAR ARMANDO ORTÍZ PABON y su cónyuge LUZ MYRIAM RAMÍREZ ESCOBAR, la cantidad equivalente a setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de este fallo para cada uno de ellos.

Materiales por lucro cesante:

Para el señor CÉSAR ARMANDO ORTÍZ PABON, la cantidad de

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS

CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESIS ($189.750.316).

CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones.

QUINTO: ABSTENERSE de condenar en costas.

SEXTO: CONSÚLTESE con el superior en caso de no ser apelada.

SÉPTIMO: DÉSELE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil ” (fls. 121 y 122 cdno . ppal. – mayúsculas sostenidas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 12 de enero de 2012 (fl. 58 respaldo cdno. 1), los señores César Amado Ortíz Pabón, Luz Myriam, Rut Marina y Lina María Ramírez Escobar y Paula Andrea Uribe Ramírez promovieron demanda de reparación directa en contra d e la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército

Ramírez Escobar y Paula Andrea Uribe Ramírez promovieron demanda de reparación directa en contra d e la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con las siguientes súplicas:

“4.1. Declárese que la NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL, es administrativamente responsable por el da ño antijurídico que se le ha causado a la parte demandante con la ocupación permanente e ilegal de miembros3

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adscritos a esa entidad, en la finca Playa Linda No. 2, ubicada en la vereda Monteloro del municipio de San Luis - Antioquia, propiedad del señor CÉSAR AMADO ORTÍZ PABÓN, desde el año 1995 y que se ha prolongado hasta la actualidad, hecho que produjo el desplazamiento forzado de los demandantes y que también les generó graves perjuicios que no están en la obligación jurídica de soportar.

DAÑO MORAL

4.2. Condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL a pagar por concepto de PERJUICIOS MORALES SUBJETIVOS, los salarios mínimos legales que a continuación se indican y se reclaman por el daño causado en los demandantes indicados en el numeral 2 supra, por la ocupación permanente e ilegal de miembros adscritos a esa entidad en la f inca Playa Linda No. 2, ubicada en la vereda Monteloro del municipio de

los demandantes indicados en el numeral 2 supra, por la ocupación permanente e ilegal de miembros adscritos a esa entidad en la f inca Playa Linda No. 2, ubicada en la vereda Monteloro del municipio de San Luis - Antioquia, propiedad del señor CÉSAR AMADO ORTÍZ PABÓN, desde el año 1995 y que se ha prolongado hasta la actualidad, hecho que produjo el desplazamiento forzado de los demandantes, según se describe en los hechos (ver supra, Capítulo 3) de este escrito. Las sumas de dinero deberán ser pagadas por el valor vigente en pesos al momento de la ejecución de la providencia que ponga fin al proceso, junto con los intereses moratorios causados desde tal decisión.

VÍCTIMAS CALIDAD SMLMV VALOR ACTUAL

CÉSAR AMADO ORTÍZ PABÓN VÍCTIMA 100 $53.560.000

LUZ MYRIAM

RAMÍREZ ESCOBAR ESPOSA 100 $53.560.000

RUT MARIANA

RAMÍREZ ESCOBAR

HIJA DE

CRIANZA

100 $53.560.000

LINA MARÍA RAMÍREZ

ESCOBAR

HIJA DE

CRIANZA

100 $53.560.000

PAULA ANDREA

URIBE RAMÍREZ

HIJA DE

CRIANZA

100 $53.560.000

TOTAL 500 $267.800.000

DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN

4.3. condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, a pagar por concepto de DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, los salarios mínimos legales que a

4.3. condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, a pagar por concepto de DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, los salarios mínimos legales que a continuación se indican y se reclaman por el daño causado en los demandantes indicados en el numeral 2 supra, por la ocupación permanente e ilegal de miembros adscr itos a esa entidad en la finca Playa Linda No. 2, ubicada en la vereda Monteloro del municipio de San Luis — Antioquia, propiedad del señor CÉSAR AMADO ORTÍZ PABó, desde el año 1995 y que se ha prolongado hasta la actualidad, hecho que produjo el desplazam iento forzado de los demandantes, según se describe en los hechos (ver supra, Capítulo 3) de este escrito. Las sumas de dinero deberán ser pagadas por el valor vigente en pesos al momento de la ejecución de la providencia que ponga fin al proceso, junto co n los intereses moratorios causados desde tal decisión.4

Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122) Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros Reparación directa - apelación de sentencia

VÍCTIMAS CALIDAD SMLMV VALOR ACTUAL

CÉSAR AMADO ORTÍZ PABÓN VÍCTIMA 50 $26.780.000

LUZ MYRIAM RAMÍREZ ESCOBAR ESPOSA 50 $26.780.000

RUT MARIANA RAMÍREZ

ESCOBAR

HIJA DE

CRIANZA

50 $26.780.000

LINA MARÍA RAMÍREZ

ESCOBAR

HIJA DE

CRIANZA

ESPOSA 50 $26.780.000

RUT MARIANA RAMÍREZ

ESCOBAR

HIJA DE

CRIANZA

50 $26.780.000

LINA MARÍA RAMÍREZ

ESCOBAR

HIJA DE

CRIANZA

50 $26.780.000

PAULA ANDREA URIBE

RAMÍREZ

HIJA DE

CRIANZA

50 $26.780.000

TOTAL 250 $133.900.000

DAÑO MATERIAL

Lucro cesante

4.4. condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NAc10NAL, a pagar al señor CÉSAR AMADO

ORTÍZ PABÓN, propietario de la finca Playa Linda No. 2, ubicada en el municipio de San Luis - Antioquia, por concepto de PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE FUTURO Y CONSOLIDADO, los cánones de arriendo desde el momento que miembros adscritos al Ejército ocuparon el inmueble, esto es, desde el año 1995 y hasta la fecha que sigan ocupando el bien inmueble, mes a mes, pero que a la fecha la fecha de presentación de la solicitud de conciliación prejudicial, ascendió a la suma de trescientos cincuenta millones de pesos ($350.000.000). Las sumas de dinero deberán ser pagadas por el valor vigente en pesos al momento de la ejecución de la providencia que ponga fin al proceso, junto con los intereses moratorios causados desde tal decisión.

Daño emergente

4.5. condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE

la providencia que ponga fin al proceso, junto con los intereses moratorios causados desde tal decisión.

Daño emergente

4.5. condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, a pagar al señor CÉSAR AMADO ORTÍZ PABÓN, propiet ario de la finca Monte Loro, ubicada en el municipio de San Luis - Antioquia, por concepto de DAÑO EMERGENTE, la suma de trescientos millones de pesos ($300.000.000) causados a favor del demandante como consecuencia de la ocupación permanente realizada por el soldados adscritos al Ejército Nacional, dado que por este hecho el demandante no pudo seguir explotando comercialmente su predio y dejó de percibir dicha suma.

4.6. Ordénese a LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, a suscr ibir un contrato de arrendamiento con el señor CÉSAR AMADO ORTÍZ PABÓN, sobre el predio propiedad del demandante y que está siendo ocupado por miembros adscritos al Ejército Nacional.

4.7. Como pretensión subsidiaria, de no prosperar la pretensión anterior, solicito se ordene a LA NACIÓN COLOMBIANA MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, debe comprar la franja de terreno que ocupa actualmente, según lo dispuesto en el artículo 220 del Código Contencioso Administrativo.5

Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122) Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros Reparación directa - apelación de sentencia

Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122) Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros Reparación directa - apelación de sentencia

4.8. Condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, a pagar a los demandantes, los demás perjuicios que se generaron por la ocupación permanente de la finca propiedad del señor CÉSAR AMADO O RTÍZ PABÓN y que se logren probar dentro del proceso.

4.9. Condénese a la NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, a pagar al demandante las constas judiciales a que haya lugar.

4.10. Ordénese a la NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, a cumplir la sentencia en la forma ordenada por los artículos 176,177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.” (fls. 47 a 50 cdno. 1 – mayúsculas sostenidas del texto original – negrillas adicionales).

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1. El señor César Amado Ortíz Pabón compró una finca ubicada en el municipio

de San Luis (Antioquia) denominada “Playa linda no. 2” en 1993 y al siguiente año se fue a vivir allí junto con su esposa e hijas de crianza, lugar donde ejercieron labores agrícolas como la siembra de árboles frutales y vegetales, así

año se fue a vivir allí junto con su esposa e hijas de crianza, lugar donde ejercieron labores agrícolas como la siembra de árboles frutales y vegetales, así como la cría de gallinas y ganado, para su propia subsistencia.

1. En el año 1995 , miembros del Ejército Nacional se asentaron en la finca y armaron un campamento en donde atendían a los militares heridos en combate con los grupos ilegales como el ELN y las FARC, convirtiéndose posteriormente en la Base Militar de Montelo ro sin que el dueño recibiera ningún tipo de remuneración económica o contraprestación por parte del Ejército Nacional pues, además , a los militares se les brindó alimentación , consumían los productos agrícolas, así como los servicios de agua y luz de la finca.

1. “Los demandantes, desde el momento de la ocupación de hecho, ayudaron de forma solidaria y humanitaria a los soldados que se encontraban en su propiedad, dándoles alimentación, habitación y prestándoles los primeros auxilios a los heridos en combate, sin recibir ningún pago por parte del Ejército ”

(fl. 44 cdno. 1).6

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1. Desde el año 1997, luego de un fuerte enfrentamiento armado, el señor César Amado Ortíz Pabón se convirtió en objetivo militar para los grupos ilegales que existían en el municipio de San Luis , por lo que a raíz de las constantes amenazas de muerte por parte de estos y debido a que el Ejército Nacional se

Amado Ortíz Pabón se convirtió en objetivo militar para los grupos ilegales que existían en el municipio de San Luis , por lo que a raíz de las constantes amenazas de muerte por parte de estos y debido a que el Ejército Nacional se asentó de forma permanente en su finca, él y su familia se vieron obligados a desplazarse a Medellín, abandonaron su vivienda, cultivos y animales.

Con base en los anteriores hechos la parte demandante efectuó el siguiente razonamiento de responsabilidad:

“[L]as acciones y omisiones en que ha incurrido el Ejército Nacional desde el año 1995 y que se han prolongado en el tiempo hasta la actualidad, ocurridos en la finca Playa Linda No. 2 propiedad del señor César Amado Ortíz Pabón, le han causado a él y a su familia graves perjuicios que no están en el deber jurídico de soportar y que el Estado deberá reparar” (fl. 47 cdno. 1).

2. Posición de la demandada

La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fls. 72 a 81 cdno. 1) se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de i) “falta de legitimación en la causa por activa ” por no haberse aportado el respectivo certificado de libertad y tradición del bien, ii) “inexistencia de medios probatorios que endilguen responsabilidad a la entidad ” toda vez que para el efecto se aportaron unas fotografías de las que se desconoce su autor y no es posible establecer si el predio registrado en las imágenes corresponde al mism o respecto del que reclaman los demandantes , así como la identidad de las personas que allí aparecen, de manera que carecen de fuerza probatoria ,

establecer si el predio registrado en las imágenes corresponde al mism o respecto del que reclaman los demandantes , así como la identidad de las personas que allí aparecen, de manera que carecen de fuerza probatoria , además, los documentos allegados no obran en copia auténtica.

También propuso las excepciones de iii) “inexistencia de la obligación ” por no ser responsable del daño antijurídico endilgado a la entidad , iv) “tasación excesiva de perjuicios” puesto que no hay prueba del lucro cesante, esto es, de los cánones de arrendamiento que supuestamente dejó de percibir ni de alguna oferta que hubiere perdido a causa de la ocupación, tampoco se sabe la porción de terreno ocupado por las tropas y si su estadía ha sido temporal o permanente, no se sabe el valo r de la pérdida económica del bien , pues, no hay experticio técnico y, por lo tanto, no hay certeza del monto del daño emergente y, en7

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general, de los perjuicios materiales, tampoco se probaron los perjuicios morales y, en caso de existir, solo corresponderían al señor César Amado Ortiz y no a su núcleo familiar dado que él habría sufrido de forma directa cualquier daño por ser el destinatario de los frutos civiles del predio y, v) “hecho de un tercero” con fundamento en que el desplazamiento forzado lo habrían ocasionado los grupos al margen de la ley y no el Ejército Nacional, quien, por el contrario, le brindó

fundamento en que el desplazamiento forzado lo habrían ocasionado los grupos al margen de la ley y no el Ejército Nacional, quien, por el contrario, le brindó protección frente a las amenazas que les impusieron dichos grupos.

3. Alegatos de conclusión de primera instancia

1. La parte demandante (fls. 186 a 191 cdno. 2), frente a la primera excepción propuesta por la entidad adujo que la titularidad del bien sí se encontraba probada porque se aportó la escritura pública de compraventa y el respectivo certificado de libertad y tradición, respecto de la segunda y tercera excepciones sostuvo que las fotografías son admitidas como pruebas documentales y que, en todo caso, en el proceso se practicaron unos testimonios y un dictamen pericial que acreditan los hechos alegados.

Respecto del hecho de un tercero planteado por la entidad accionada alegó que los hechos que motivaron la demanda fue la ocupación ilegítima de su bien que hizo el Ejército Nacional y no el desplazamiento forzado al que se vieron sometidos los demandantes y, frente a la supuesta tasación excesiva de perjuicio, adujo que sí se probaron los perjuicios reclamados y que la alusión a los cánones de arrendamiento no significa que el inmueble se encontraba arrendado, sino que, con ello se pretende demostrar los in tereses económicos de los demandantes que se vieron afectados con la ocupación.

Por último, expuso que tanto la ocupación como los perjuicios derivados de esta se probaron con las pruebas documentales, los testimonios y el dictamen pericial practicados en el curso del presente asunto , de manera que se acreditó la responsabilidad patrimonial del Estado.

se probaron con las pruebas documentales, los testimonios y el dictamen pericial practicados en el curso del presente asunto , de manera que se acreditó la responsabilidad patrimonial del Estado.

1. La entidad demandada (fls. 199 a 203 cdno. 2) insistió en las mismas excepciones planteadas en la contestación del libelo introductorio y solicitó que se denieguen las súplicas de la demanda , para eximirla de responsabilidad en8

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este caso.

1. El Ministerio Público guardó silencio.

4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Descongestión en sentencia del 26 de junio de 2014 (fls. 204 a 222 cdno. ppal.) accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda por haber encontrado probado el daño antijurídico reclamado consistente en la ocupación permanente del inmueble de propiedad del señor César Amado Ortíz Pabón1 por parte de tropas del Ejército Nacional adscrito al Batallón de Infantería no. 3 “Batalla de Bárbula”.

En cuanto a la indemnización de perjuicios morales, condenó a la entidad a pagar 50 SMLMV en favor del señor César Amado Ortíz Pabón y la misma suma para su esposa debido al sufrimiento producido por los daños ocasionados a su predio y el desplazamiento forzado hacia la ciudad de Medellín; sin embargo, los

50 SMLMV en favor del señor César Amado Ortíz Pabón y la misma suma para su esposa debido al sufrimiento producido por los daños ocasionados a su predio y el desplazamiento forzado hacia la ciudad de Medellín; sin embargo, los denegó para las demás demandantes por cuanto no se acreditó su condición de hijas de crianza del primero mencionado y tampoco se acreditó el perjuicio como terceros damnificados.

También condenó a la entidad a pagar la suma equivalente a 70 SMLMV para cada uno de los demandantes C ésar Amado Ortiz Pabón y su esposa por el perjuicio de daño a la vida de relación, por cuanto se probó que la ocupación generó el desplazamiento y con ello el cambio en la vida familiar y social “respecto del entorno rural en que vivieron durante cuatro o cinco años, para luego regresar a la ciudad de Medellín en condiciones económicas difíciles según refieren los testigos, lo cual demuestra la alteración a las condiciones de existencia de los demandantes, por implicar cambios drásticos en su vida” (fl. 20 cdno. ppal.); no obstante, denegó este perjuicio para las demás demandantes

1 Como la titularidad del inmueble la encontró acreditada no declar ó próspera la excepción de falta de legitimación en la causa por activa propuesta por la entidad; tampoco la de hecho de un tercero porque, aunque las amenazas que provocaron el desplazamiento provinieron de grupos ilegales, lo cierto es que la causa directa del daño fue la presencia del Ejército Nacional en el inmueble, de modo que el hecho era evitable y previsible.9

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inmueble, de modo que el hecho era evitable y previsible.9

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por falta de prueba de su vínculo con el dueño del predio y el padecimiento del mismo.

En cuanto a los perjuicios materiales , reconoció por concepto de lucro cesante la suma de $189’750.316 en favor del señor César Amado Ort íz Pabón , que equivale a los cánones de arrendamiento “bajo el entendido que este concepto sería el equivalente a los frutos o ganancias dejadas de percibir” (fl. 220 cdno. ppal.), suma que fue determinada en el dictamen pericial el cual no fue objetado.

5. Los recursos de apelación

1. La parte demandante (fls. 224 a 230 cdno. ppal.) expresó que si bien comparte el criterio de responsabilidad plasmado en la sentencia de primera instancia, considera que la condena no cumple con la finalidad de una reparación integral del daño por cuanto, contrario a lo afirmado por el a quo, la condición de hijas de crianza sí se acreditó porque varios testigos reconocieron que ellos vivían con tres hijas con las cuales se vieron o bligados a desplazarse , motivo por el cual tenían derecho a la misma indemnización de sus padres tanto de perjuicios morales como por el daño a la vida de relación.

La indemnización de 50 SMLMV para cada uno de los padres por concepto de perjuicios morale s es baja si se tiene en cuenta que no solo se trató de un destierro por parte de grupos al margen de la ley sino también , que fueron

La indemnización de 50 SMLMV para cada uno de los padres por concepto de perjuicios morale s es baja si se tiene en cuenta que no solo se trató de un destierro por parte de grupos al margen de la ley sino también , que fueron miembros del Ejército Nacional quienes desconocieron su derecho a la propiedad privada y ahora no tienen donde llegar ni p ueden acceder a una vivienda habitable porque fue destruida por los militares.

Por último, solicitó que se reconozca el daño emergente como perjuicio material debido a que el bien tuvo un detrimento en su valor comercial, pues, las condiciones en que se encuentra y que los demandantes no tienen la capacidad económica de mejorar rebajan ostensiblemente el precio del metr o cuadrado respecto de otros ubicados en el mismo sector.

1. La entidad demandada (fls. 231 a 237 cdno. ppal.) mostró inconformidad únicamente con la indemnización de perjuicios, pues, afirmó que está compelida10

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a responder patrimonialmente por los daños ocasionados con la ocupación del inmueble de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política.

En primer lugar, solicita una reducción del monto indemnizatorio toda vez que en la producción del daño hubo una concausalidad con unos terceros invasores que se apoderaron del predio ante el abandono de sus dueños, prueba de ello son el proceso reivindicatorio que se adelanta ante el Juzgado Civil del Circuito de Santuario y algunos testimonios practicados en este proceso, motivo por el cual

se apoderaron del predio ante el abandono de sus dueños, prueba de ello son el proceso reivindicatorio que se adelanta ante el Juzgado Civil del Circuito de Santuario y algunos testimonios practicados en este proceso, motivo por el cual solicita fijar el quantum indemnizatorio en proporción al tiempo de ocupación de los militares.

En segundo lugar, sostiene que es improcedente la indemnización de perjuicios inmateriales por el desplazamiento forzado dado que los demandantes no acreditaron la calidad de desplazados por la violencia de conformidad con la Ley 387 de 1997.

Por último, solicitó que en esta instancia no se tengan en cuenta las fotografías aportadas al proceso, como lo hizo el a quo, toda vez que solo dan cuenta del registro de imágenes mas no de su origen, procedencia y época en que fueron tomadas, a pesar de que un testigo las reconoció, pues, él tampoco puede saber sobre dichas circunstancias.

6. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia

1. La parte demandante (fls. 261 a 262 cdno. ppal.) insistió en que se reconozca la indemnización de perjuicios en favor de las tres hijas de crianza del señor César Amado Ortíz Pabón y el daño emergente, así como también que se aumente el quantum indemnizatorio de 70 SMLMV reconocidos en la primera instancia.

1. La entidad demandada presentó su escrito contentivo de alegatos de conclusión en segunda instancia fuera del término legal establecido para ello, motivo por el cual no será tenido en cuen ta; en efecto, según constancia secretarial el término concedido a las partes corrió desde el 2 al 15 de julio de

conclusión en segunda instancia fuera del término legal establecido para ello, motivo por el cual no será tenido en cuen ta; en efecto, según constancia secretarial el término concedido a las partes corrió desde el 2 al 15 de julio de 2015 (fl. 295 cdno. ppal.), en tanto que el escrito fue presentado el 4 de agosto11

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siguiente (fl. 276 cdno. ppal.).

1. E l Ministerio Públic o (fls. 264 a 275 cdno. ppal.) considera que se debe confirmar la condena de perjuicios morales y graves alteraciones de las condiciones de existencia decretada en primera instancia, pero, sugiere modificar la condena de perjuicios materiales para que se haga en abstracto.

Lo primero, por cuanto no se probó la ocupación del bien por parte de terceras personas, porque, si bien los demandantes no acreditaron la condición de desplazados, sí se probó que se alteraron sus condiciones de vida con el desplazamiento a la ciudad de Medellín como consecuencia de la ocupación y, además, porque los perjuicios de las hijastras no se acreditaron y no se pueden presumir.

Lo segundo, debido a que, en su parecer, el dictamen pericial que se tuvo en cuenta para indemnizar los perjuicios materiales fue rendido por un auxiliar de la justicia que no demostró su idoneidad y capacidad para emitir concepto, no debió rendirse por un abogado sino por un evaluador o agrimensor ; el dictamen fue

cuenta para indemnizar los perjuicios materiales fue rendido por un auxiliar de la justicia que no demostró su idoneidad y capacidad para emitir concepto, no debió rendirse por un abogado sino por un evaluador o agrimensor ; el dictamen fue rendido respecto de un predio de 48 hectáreas, sin descontar que parte de este fue vendido a un tercero; no se demostró la porción de terreno explotada por el demandante; el cálculo se hizo desde el año 1995 cuando los testigos afirmaron que la ocupación fue desde 1998 ; se tuv ieron en cuenta los cánones de arrendamiento de bienes urbanos y no rurales como era el caso.

Respecto de la s fotografías, sostuvo que la decisión recurrida fue producto de un análisis integral de todas las pruebas, por lo que no es cierto que el tribunal de primera instancia les asignó el grado de certeza que endilga el recurrente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión , 2) análisis de la caducidad de la acción , 3) conclusión y , 4) condena en costas.12

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1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a modificar la indemnización de

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1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a modificar la indemnización de perjuicios reconocida en primera instancia debido a que fue el único punto objeto de apelación, tanto por lo pretendido por el actor con el recurso de apelación como por la parte demandada en cuanto pretende una reducción de aquella.

La sentencia de primera instancia será revocada toda vez que la acción de reparación directa se encuentra caducada, para el efecto se explicará que cuando se trata de ocupación permanente de un bien el cómputo de la caducidad se inicia desde que esta comenzó.

2. Análisis de la caducidad de la acción

1. De conformidad con la demanda el daño antijurídico se causó con la ocupación permanente de un inmueble de su propiedad, motivo por el cual el cómputo de la caducidad debe hacerse a partir del momento en el que esta tuvo inicio.

1. El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo prevé que la acción de reparación directa caducará luego de dos (2) años contados a partir de ocurrida la ocupación temporal o permanente de propiedad ajena por trabajo público o por cualquier otra causa.