CE - 050012331000201200200011SENTENCIA20230816152541

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001-23-31-000-2012-00200-01(48015)

Actor: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA - FINDETER

Demandado: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Referencia: EJECUTIVO EJECUTIVO DERIVADO DE UN CONTRATO ESTATAL-La competencia por cuantía se determina según el art. 132.7 CCA. EJECUTIVO DERIVADO DE UN CONTRATO ESTATAL-Se tramita según las reglas del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía del CPC. TÍTULO EJECUTIVO-Fundamento de la acción ejecutiva. LIQUIDACIÓN DE INSFOPAL-Transferencia de activos y pasivos. FINDETER-No es sucesor por activa de acuerdos de derechos sociales. TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO-Cuando ta obligación proviene de un contrato estatal, el título ejecutivo está conformado por el contrato, los documentos que acreditan su perfeccionamiento y la exigibilidad de la obligación de pago. LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PRIVADAS O MIXTAS-Se rigen por el Código de Comercio. LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS OFICIALES-Se rige por el Decreto Ley 254 de

2000. DECRETO LEY 254-Eventos en que la Nación y los entes territoriales y sus descentralizadas pueden

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS OFICIALES-Se rige por el Decreto Ley 254 de

2000. DECRETO LEY 254-Eventos en que la Nación y los entes territoriales y sus descentralizadas pueden asumir pasivos. DISOLUCIÓN-Acto jurídico que supone la ruptura del vínculo contractual. LIQUIDACIÓNprocedimiento reglado para repartir el patrimonio social entre los socios, previa satisfacción de los acreedores sociales LIQUIDACIÓN-Las normas mercantiles y el Decreto Ley 254 de 2000 establecen la importancia del inventario de pasivos. LIQUIDACIÓN DE ACUANTIOQUIA-Se realizó con base en las normas del Código de Comercio. LIQUIDACIÓN DE ACUANTIOQUIA-Solo transfirieron al Departamento de Antioquia las cuentas por pagar. COSTAS EN EL PROCESO EJECUTIVO-Se rigen por el CPC. COSTAS-Se condena a la parte vencida en el proceso y la Sala tasará las agencias en derecho en segunda instancia, según CPC.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia del 20 de febrero de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que ordenó seguir adelante con la ejecución. SÍNTESIS DEL CASO El Instituto Nacional de Fomento Municipal -Insfopalcedió al Departamento de Antioquia los derechos sociales que tenía en Acuantioquia y refinanció una deuda a cargo de Acuantioquia. La Financiera de Desarrollo Territorial SA -Findeteralega que es el titular de los créditos del extinto Insfopal. Solicita librar mandamiento de pago por $1.077.506.184 contra el:Departamento de Antioquia, por el saldo del convenio de transferencia de derechos sociales y el saldo del

alega que es el titular de los créditos del extinto Insfopal. Solicita librar mandamiento de pago por $1.077.506.184 contra el:Departamento de Antioquia, por el saldo del convenio de transferencia de derechos sociales y el saldo del acuerdo de refinanciación de deuda.2 Expediente n. 48.015

Demandante: Findeter Revoca la sentencia ANTECEDENTES El 19 de diciembre de 2011, Findeter, a través de apoderado judicial, formuló demanda ejecutiva contra el Departamento de Antioquia, para que se librara mandamiento de pago por $1.077.506.184. Discriminó el monto así: (1) $230.000.158 por el saldo del convenio de transferencia de derechos sociales, correspondiente a obligaciones vencidas entre 1994 y 2010, más los intereses moratorios; y (ii) $413.414.647 por el saldo del acuerdo de refinanciación de deuda, correspondiente a obligaciones vencidas entre 1994 y 2010, más $434.085.379 por intereses remuneratorios. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que el Insfopal cedió al Departamento de Antioquia sus acciones en la sociedad Acueductos y Alcantarillados de Antioquia SA ESPAcuantioquia. Adujo que el Departamento de Antioquia, adeuda unas cuotas fijas anuales desde 1994. Agregó que el Insfopal refinanció unas acreencias que Acuantioquia tenía a su cargo, derivadas de unos empréstitos, y Acuantioquia adeuda unos instalamentos que se obligó a pagar desde 1994. Resaltó que el Departamento de Antioquia asumió los pasivos de Acuantioquia cuando se liquidó esta sociedad. Señaló que Findeter es el titular de las acreencias del extinto

adeuda unos instalamentos que se obligó a pagar desde 1994. Resaltó que el Departamento de Antioquia asumió los pasivos de Acuantioquia cuando se liquidó esta sociedad. Señaló que Findeter es el titular de las acreencias del extinto Insfopal. El 20 de febrero de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia libró mandamiento de pago a favor de Findeter y contra el Departamento de Antioquia por $1.077.506.184, por el saldo adeudado en virtud del convenio de transferencia de derechos sociales firmado entre el Insfopal y el Departamento de Antioquia, con respecto a las acciones de Acuantioquia SA. También libró mandamiento de pago por los intereses moratorios correspondientes y ordenó su notificación. El Departamento de Antioquia adujo inexistencia del título ejecutivo complejo, inexistencia de la obligación, ineptitud de la demanda y prescripción. El 20 de febrero de 2013, en la audiencia de que trata el artículo 432 CPC, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante expuso que los documentos invocados como título ejecutivo reúnen los requisitos del artículo 488 CPC, pues son claros, expresos y exigibles. Agregó que no se requieren documentos3 Expediente n. 48.015

Demandante: Findeter Revoca la sentencia adicionales para conformar el título, pues los documentos allegados son originales y provienen del deudor. La demandada afirmó que las deudas aún no eran exigibles, pues el último plazo vencía en 2013. Agregó que el Departamento de Antioquia solo asumió los pasivos pensionales de Acuantioquia, de modo que la

y provienen del deudor. La demandada afirmó que las deudas aún no eran exigibles, pues el último plazo vencía en 2013. Agregó que el Departamento de Antioquia solo asumió los pasivos pensionales de Acuantioquia, de modo que la entidad no asumió las deudas que reclama Findeter. El Ministerio Público sostuvo que los títulos ejecutivos estaban legalmente constituidos, pues los acuerdos se firmaron en vigencia del Decreto 222 de 1983, que no exigía el certificado de disponibilidad presupuestal para conformar el título ejecutivo complejo. Señaló que el Departamento de Antioquia asumió todos los pasivos de Acuantioquia y agregó que operó la prescripción frente a algunas cuotas. El 20 de febrero de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia declaró no probadas las excepciones de inexistencia del título ejecutivo complejo y de inexistencia de la obligación. Declaró probada la excepción de prescripción en relación con unos instalamentos adeudados. Ordenó seguir adelante con lo ejecución de los instalamentos que no encontró prescritos, porque los documentos contenían obligaciones claras, expresas y exigibles. Las partes, en la audiencia, interpusieron recursos de apelación, que fueron concedidos el mismo día y admitidos el 29 de agosto siguiente. La demandante esgrimió que decretar la prescripción parcial de las acreencias desnaturaliza el contenido de los títulos «valores» al tratar de fraccionar la deuda por instalamentos. La demandada esgrimió que el registro presupuestal era un requisito para la existencia del título ejecutivo complejo. Agregó que el Departamento de Antioquia solo asumió las obligaciones pensionales y laborales de Acuantioquia. El 26 de septiembre de

esgrimió que el registro presupuestal era un requisito para la existencia del título ejecutivo complejo. Agregó que el Departamento de Antioquia solo asumió las obligaciones pensionales y laborales de Acuantioquia. El 26 de septiembre de 2013 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La demandante expuso que no operó la prescripción, pues la obligación de pago vencía en noviembre de 2013 y Findeter utilizó la cláusula aceleratoria. La demandada guardó silencio. El Ministerio Público solicitó revocar la sentencia apelada. Conceptuó que los documentos aportados con la demanda no prestaban mérito ejecutivo, pues no se aportó el registro presupuestal necesario para acreditar el perfeccionamiento del contrato y para constituir el título ejecutivo complejo. Agregó que del acuerdo de refinanciación de deudas no era claro que el Departamento de Antioquia estuviera obligado a pagar la suma de dinero.4 Expediente n. 48.015

Demandante: Findeter Revoca la sentencia

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de contratos estatales y de los procesos para su ejecución o cumplimiento, según los artículos 82 CCA, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006 y 75 de la Ley 80 de 19931. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129

CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. El artículo 132.7 CCA, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, establece que los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los procesos ejecutivos, cuando la cuantía exceda de 1.500 SMLMV. Esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 157 CPACA -aplicable según los dispuesto por el artículo 198 de la Ley 1450 de 2011el valor de la pretensión mayor supera los 1.500 SMLMV exigidos por el artículo 132.7 CCA, esto es, $803.400.000?. Acción procedente

2. La acción ejecutiva es el medio de control idóneo cuando se demanda el cumplimiento del deudor, de las obligaciones expresas, claras y exigibles cuya fuente es un contrato estatal (arts. 87 CCA y 75 de la Ley 80 de 1993).

Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se configuró la inexistencia del título ejecutivo complejo contra la demandada. ' Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 29 de noviembre de 1994, Rad. S-414. ? Suma que se obtiene de multiplicar el salario minimo de 2011, $535.600, por 1500.5 Expediente n. 48.015

Demandante: Findeter Revoca la sentencia

It Análisis de la Sala

3. La Sala reitera que los procesos de ejecución derivados de contratos estatales se tramitan de conformidad con las reglas del proceso ejecutivo singular de mayor

Demandante: Findeter Revoca la sentencia

It Análisis de la Sala

3. La Sala reitera que los procesos de ejecución derivados de contratos estatales se tramitan de conformidad con las reglas del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía previsto en el CPC, según una interpretación sistemática de los artículos 87 CCA, adicionado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, y 75 de la Ley 80 de

19933. Como ambas partes apelaron, la Sala conocerá sin limitaciones, conforme al artículo 357 del CPC.

Hechos probados

4. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 4.1. El 29 de noviembre de 1960, se creó la Empresa de Acueductos y Alcantarillados de Antioquia, como sociedad anónima, del tipo Industrial y Comercial del Estado, según dan cuenta copia simple del certificado de existencia y representación (f. 23 a 26 c. 1) y de la escritura pública n.? 6306 de 1960 (f. 14 a 25c. 1). 4.2. El 6 de septiembre de 1983, mediante escritura pública n.” 6460 la Empresa de Acueductos y Alcantarillados de Antioquia se identificó como sociedad comercial anónima indirecta del nivel departamental y el 3 de febrero de 1997, mediante escritura pública n.” 4818, se transformó en una sociedad prestadora de servicios públicos domiciliarios según da cuenta copia simple del certificado de existencia y representación (f. 23 a 26 c. 1). 4.3 El 2 de noviembre de 1988, el Insfopal cedió al Departamento de Antioquia los derechos sociales que tenía en Acuantioquia, según da cuenta original del

existencia y representación (f. 23 a 26 c. 1). 4.3 El 2 de noviembre de 1988, el Insfopal cedió al Departamento de Antioquia los derechos sociales que tenía en Acuantioquia, según da cuenta original del convenio de transferencia de derechos sociales (f. 10 y 11 c. 1). 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, Rad. 28.556 [fundamento jurídico 1], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 882, disponible en https: //cutt ly/OQO9KEJH.6 Expediente n. 48.015

Demandante: Findeter Revoca la sentencia 4.4 El 25 de agosto de 1989, el Insfopal refinanció la deuda a cargo de Acuantioquia, por concepto de los empréstitos n”. BIRF-1726 Co, BID-574 SF-Co, BID-452-734 SF-Co, BIRF 1558 Zonas Marginales y FR BIRF-AID, según da cuenta original del acuerdo de refinanciación de deuda (f. 12 y 13 c. 1). 4.5 El 25 de agosto de 1997, mediante la ordenanza n.” 16 de la Asamblea Departamental de Antioquia, se autorizó al gobernador para que el Departamento de Antioquia asumiera todos los pasivos de Acuantioquia, una vez estuviera liquidada, según da cuenta copia simple de la Ordenanza n'. 16 (f. 14 c. 1). 4.6. El 29 de enero de 1998, la Asamblea General de Accionistas declaró disuelta

liquidada, según da cuenta copia simple de la Ordenanza n'. 16 (f. 14 c. 1). 4.6. El 29 de enero de 1998, la Asamblea General de Accionistas declaró disuelta y en proceso de liquidación a Acuantioquia, según da cuenta copia simple de la escritura n.” 82 de 2006 (f. 16 a 38 c. 1). 4.7. El 28 de diciembre de 2005, la Asamblea General de Accionistas de Acuantioquia aprobó el informe final de la liquidación de esa sociedad, según da cuenta copia simple del acta elaborada en esa fecha (f. 32 a 34 c. 1) 4.8 El 18 de enero de 2006, el gerente liquidador de Acuantioquia elevó a Escritura Pública el acta de liquidación de Acuantioquia, que señaló que el Departamento de Antioquia asumiría las cuentas por pagar de Acuantioquia, según da cuenta copia simple de la escritura pública n”. 82 de la Notaría 17 del Círculo de Medellín (f. 16 a 38 c. 1). Título ejecutivo complejo con base en un convenio de cesión de derechos sociales.

5. El proceso ejecutivo está concebido para reclamar el cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible. Por ello, la ejecución impone revisar primero el título ejecutivo.

El artículo 488 del Código de Procedimiento Civil establece las condiciones formales y de fondo que debe reunir un documento para que se tenga como un título ejecutivo. En cuanto a las condiciones formales, los documentos que7 Expediente n. 48,015

Demandante: Findeter Revoca la sentencia integran el título tiene que ser (i) auténticos y (ii) deben emanar del deudor o de

título ejecutivo. En cuanto a las condiciones formales, los documentos que7 Expediente n. 48,015

Demandante: Findeter Revoca la sentencia integran el título tiene que ser (i) auténticos y (ii) deben emanar del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben que liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme o de contratos. Respecto de las condiciones de fondo, en los documentos que se afirma contienen un título ejecutivo deben aparecer consignadas obligaciones (i) claras, (ii) expresas y (iii) exigibles a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, y que (iv) sean líquidas o liquidables por simple operación aritmética, en el caso de obligaciones en dinero (art. 488 CPC).

La obligación es expresa, cuando en la redacción del título aparece manifiesta la obligación del deudor en favor del acreedor. La obligación es clara cuando es determinada en el título, es inteligible y se entiende en un único sentido. La obligación es exigible si es pura y simple o, a pesar de estar sometida a un plazo o la condición, ese hecho futuro acaeció antes de la presentación de la demanda ejecutiva.

6. La demanda solicitó la ejecución contra el Departamento de Antioquia por $230.000.158, por el saldo del convenio de transferencia de derechos sociales, más intereses moratorios. Con la demanda, se aportó como título ejecutivo el

ejecutiva.

6. La demanda solicitó la ejecución contra el Departamento de Antioquia por $230.000.158, por el saldo del convenio de transferencia de derechos sociales, más intereses moratorios. Con la demanda, se aportó como título ejecutivo el convenio de transferencia de derechos sociales del 2 de noviembre de 1988, celebrado entre el Insfopal y el Departamento de Antioquia. En este documento, el Insfopal cedió al Departamento de Antioquia sus acciones en la sociedad Acuantioquia [hecho probado 4.3].

El artículo 2 del Decreto Extraordinario 77 de 1987 suprimió el Insfopal y ordenó su liquidación y el artículo 7 estableció que, una vez concluida, todos sus derechos y obligaciones pasarían a la Nación. En consonancia, el artículo 9.d del Decreto 1723 de 1987, al reglamentar el Decreto Extraordinario 77 de 1987, dispuso que los bienes, derechos y obligaciones del Insfopal pasarían a la Nación-Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Por su parte, el Decreto 2171 de 1992 reestructuró el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte.8 Expediente n. 48.015

Demandante: Findeter Revoca la sentencia Según el artículo 6 del Decreto 1723 de 1987, modificado por el artículo 1 del Decreto 76 de 1989, en desarrollo del proceso de liquidación, el Insfopal enajenaría a favor de las entidades territoriales los derechos sociales de que fuera titular en las sociedades de acueductos y alcantarillados (Acuas). La junta liquidadora del Insfopal refinanciaría las obligaciones a cargo de las entidades respecto de las cuales se hubiera efectuado la cesión de derechos sociales del

titular en las sociedades de acueductos y alcantarillados (Acuas). La junta liquidadora del Insfopal refinanciaría las obligaciones a cargo de las entidades respecto de las cuales se hubiera efectuado la cesión de derechos sociales del Insfopal. Una vez liquidado el Insfopal, el titular de los créditos de los contratos de refinanciación sería la Nación, que los manejaría a través del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano del Banco Central Hipotecario (art. 8). La Ley 57 de 1989, que autorizó la constitución de la Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER S.A Findeter (art 1), dispuso que el Banco Central Hipotecario transferiría a Findeter los activos y pasivos correspondientes a las operaciones del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano del Banco Central Hipotecario hasta la concurrencia de los pasivos generados en la operación del Fondo, es decir, los créditos de los contratos de refinanciación de que era titular la Nación por la liquidación del Insfopal (art. 6.a) De modo que, frente a la liquidación del Insfopal, la Nación-Ministerio de Transporte asumió la titularidad de los derechos y obligaciones (arts. 7 Decreto Extraordinario 77 de 1987 y 9.d Decreto 1723 de 1987). Sin embargo, los derechos derivados de la refinanciación de empréstitos de los cuales fue titular el Insfopal, estuvieron en cabeza de la Nación que los manejaría a través del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano del Banco Central Hipotecario (art. 8 Decreto 1723 de 1987), hasta que se creó Findeter, entidad a la cual le fueron transferidos los activos y pasivos correspondientes de ese fondo (art. 6 Ley 57 de 1989).

Financiero de Desarrollo Urbano del Banco Central Hipotecario (art. 8 Decreto 1723 de 1987), hasta que se creó Findeter, entidad a la cual le fueron transferidos los activos y pasivos correspondientes de ese fondo (art. 6 Ley 57 de 1989). Como la obligación cuyo cobro ejecutivo se pretende no se originó en un contrato de refinanciación de deuda, ni está a cargo de una entidad respecto de la que el Insfopal hubiera efectuado una cesión de derechos sociales, sino que correspondió a una cesión directa de acciones que realizó ese instituto al departamento de Antioquia, en el convenio de transferencia de derechos sociales del 2 de noviembre de 1988, Findeter no es acreedor de la obligación cuyo cobro ejecutivo se pretende.9 Expediente n”. 48.015

Demandante: Findeter Revoca la sentencia Título ejecutivo complejo en un acuerdo de refinanciación de deuda.

7. La demanda solicitó la ejecución contra el Departamento de Antioquia por $413.414.647, por el saldo insoluto del acuerdo de refinanciación de deuda, correspondiente a las obligaciones vencidas entre 1994 y 2010, más $434.085.379 por intereses remuneratorios. Con la demanda, se aportó como título ejecutivo el acuerdo del 25 de agosto de 1989, celebrado entre el Insfopal y Acuantioquia. En este documento, el Insfopal refinanció una deuda a cargo de Acuantioquia, por concepto de los empréstitos n”. BIRF-1726 Co, BID-574 SF-Co, BID-452-734 SFCo, BIRF 1558 Zonas Marginales y FR BIRF-AID [hecho probado 4.4].

concepto de los empréstitos n”. BIRF-1726 Co, BID-574 SF-Co, BID-452-734 SFCo, BIRF 1558 Zonas Marginales y FR BIRF-AID [hecho probado 4.4].

8. En el recurso de apelación, el departamento de Antioquia sostuvo que no asumió las obligaciones cuyo cobro ejecutivo se pretende, pues solo le correspondió el pasivo laboral. El Ministerio Público conceptuó que no hay prueba que indique que las sumas a las que se refiere la liquidación corresponden al acuerdo de refinanciación del 25 de agosto de 1989 y que, por ello, el departamento no está obligado a su pago.

9. Cuando la obligación proviene de un contrato estatal, el título ejecutivo -por regla generales complejo, pues está conformado no sólo por el contrato, sino por otros documentos de los que se puede acreditar el perfeccionamiento del contrato y la exigibilidad de la obligación. Como el título ejecutivo no solo se compone del acuerdo de refinanciación de 25 de agosto de 1989, sino también de las actuaciones que dan cuenta de la liquidación de Acuantioquia, la Sala procederá a verificar si, del conjunto de esos documentos, el déudor es el departamento de

Antioquia.

10. La liquidación de las empresas de servicios públicos domiciliarios, cualquiera que sea su naturaleza, puede ser voluntaria o forzosa (arts. 61 Ley 142 de 1994).

Si se trata de una empresa de servicios públicos mixta o privada y la liquidación es 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de julio de 2005, Rad. 26.046 [fundamentos

Si se trata de una empresa de servicios públicos mixta o privada y la liquidación es 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de julio de 2005, Rad. 26.046 [fundamentos jurídicos 1 a 7] y sentencia de 5 de julio de 2006 Rad. 24.812 [fundamento jurídico 1]. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 876, disponible en https: //cutt Iy/OQ9KFJH.10 Expediente n. 48.015

Demandante: Findeter Revoca la sentencia voluntaria, se seguirán las reglas del Código de Comercio y de la Ley 222 de 1995, por remisión del artículo 19.15 de la Ley 142 de 1994. Si se trata de una empresa de servicios públicos oficial del orden nacional, las reglas de liquidación serán las contenidas en el Decreto Ley 254 de 2000, según el cual es aplicable a las Sociedades Públicas, a las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social y a las Empresas Sociales del Estado (art. 1). Este decreto es aplicable a la liquidación de las entidades del orden territorial, según el artículo 1 de:la Ley 1105 de 2006, que modificó el artículo 1 del Decreto Ley 254 de 2000.

11. La disolución de la sociedad es un acto jurídico que afecta su existencia, porque implica la ruptura del vínculo contractual entre quienes se unieron para conformarla y la restricción parcial de su capacidad jurídica, porque no puede continuar con su objeto social.

porque implica la ruptura del vínculo contractual entre quienes se unieron para conformarla y la restricción parcial de su capacidad jurídica, porque no puede continuar con su objeto social. La disolución de la sociedad da paso a su inmediata liquidación. La liquidación de una sociedad exige la ejecución del procedimiento reglado para repartir el patrimonio social entre los socios, previa satisfacción de los acreedores sociales. Se trata de establecer lo que se tiene y lo que se debe, de pagar las obligaciones pendientes, de saldar el pasivo externo, de determinar el activo neto divisible entre los asociados y de distribuirles el remanente. Ello implica que ta sociedad continúa existiendo, no obstante que varía la destinación de su patrimonio, que en un principio era para realizar el objeto social, para reservarlo a la disgregación de los activos patrimoniales, con el propósito de cubrir los pasivos y adjudicar a los asociados el remanente, si lo hubiere. El patrimonio de la sociedad, en estado de liquidación, deja de ser de explotación y se torna en patrimonio de liquidación.

12. El artículo 222 del Código de Comercio impone realizar un inventario en el proceso de liquidación. En ese inventario se debe indicar de forma detallada los activos sociales y las obligaciones de la sociedad, con especificación de la prelación u orden legal de su pago, inclusive de las,que sólo puedan afectar eventualmente su patrimonio, como las condicionales, las litigiosas, las fianzas, los11

Expediente n. 48.015

Demandante: Findeter Revoca la sentencia avales. Además, el liquidador debe informar el estado de la liquidación y del inventario (art. 226 C.Co), que debe ser aprobado por un contador público (art.

234 C.Co).

Demandante: Findeter Revoca la sentencia avales. Además, el liquidador debe informar el estado de la liquidación y del inventario (art. 226 C.Co), que debe ser aprobado por un contador público (art.

234 C.Co). Una vez concluidas las actividades de la liquidación, el liquidador deberá convocar a la asamblea de socios para que aprueben las cuentas y el acta que contiene la distribución de los activos, una vez pagado el pasivo social (art. 247 y 248 C.Co). Para la fecha en la que se tramitó la liquidación, el acta final debía protocolizarse en una notaría del lugar del domicilio social, junto con las diligencias de inventario de los bienes sociales y con la actuación judicial, si la hubiere (art. 247 inciso 3 C.Co derogado por el artículo 31 de la Ley 1429 de 2010).

13. El Decreto Ley 254 de 2000 reguló el proceso de liquidación de entidades públicas, que desde la vigencia de la Ley 1105 de 2006 deberían aplicar las entidades del orden territorial que iniciaran procesos de liquidación o que, estando en curso optaran, por culminarlo con fundamento en esas reglas. Esa ley dispuso que en el acto de liquidación de la entidad se ordenaría un inventario y avalúo de los activos y pasivos de la entidad (art. 2 Decreto Ley 254 de 2000). Además, impuso la obligación al liquidador de realizar un inventario de los pasivos, el cual debe contener: (i) una relación cronológica pormenorizada de todas las obligaciones a cargo de la entidad, que incluya las obligaciones a término y aquellas que sólo representan una contingencia, entre otras, las condicionales, los litigios y las garantías; (ii) la relación de pasivos deberá sustentarse en los estados

obligaciones a cargo de la entidad, que incluya las obligaciones a término y aquellas que sólo representan una contingencia, entre otras, las condicionales, los litigios y las garantías; (ii) la relación de pasivos deberá sustentarse en los estados financieros de la entidad y en los demás documentos contables que permitan comprobar su existencia y exigibilidad y (iii) la relación de las obligaciones laborales a cargo de la entidad (art. 22 Decreto Ley 254 de 2000). Además de realizar el inventario, el liquidador debe de pagar las obligaciones pendientes con cargo a la masa de liquidación. Para ello, debe verificar que se encuentren relacionadas en un inventario de pasivos debidamente comprobado (art. 32 Decreto Ley 254 de 2000). El liquidador también debe presentar un informe final a la Junta Liquidadora, al Ministerio o Departamento Administrativo correspondiente o al representante legal respectivo, según sea el caso, para las observaciones pertinentes; si no se objetare en ninguna de sus partes se levantará12 Expediente n. 48.015

Demandante: Findeter Revoca la sentencia un acta que deberá ser firmada por el liquidador y por el representante legal de la entidad a la cual se traspasen los bienes y obligaciones de la liquidada (art. 36

Decreto Ley 254 de 2000). La Nación y, por —del Decreto Ley 254 de 2000, las entidades territoriales y sus descentralizadas «deben» o «pueden» asumir las obligaciones de las entidades en liquidación. Según este precepto, se harían cargo de las obligaciones laborales, en caso de que los recursos de la liquidación de un establecimiento público o de una empresa industrial y comercial del Estado, no societaria, sean insuficientes

en liquidación. Según este precepto, se harían cargo de las obligaciones laborales, en caso de que los recursos de la liquidación de un establecimiento público o de una empresa industrial y comercial del Estado, no societaria, sean insuficientes (inciso 2 parágrafo del ar