CE - 050012333000201200483012SENTENCIA20230508222943

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Radicación: 050012333000201200483 01 (54777)

Demandante: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Demandado: YOLANDA PINTO AFANADOR Y OTROS Tema: Medio de control de repetición. Ley 1437 de 2011. Límites del recurso de apelación - artículo 320 CGP. Liquidación de costas procesales. Es procedente condena en costas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO Mediante sentencia del 15 de marzo de 2011, el Tribunal Administrativo de Antioquia, declaró la nulidad parcial de los Decretos 1984 del 10 de octubre y 2320 del 6 de diciembre de 2001 y condenó a! departamento de Antioquia a reintegrar a Nicolás Giraldo Morales a un cargo igual o equivalente al que ocupaba al momento de su retiro, así como a pagarle los emolumentos que había dejado de percibir en razón a su separación del cargo. Como el departamento de Antioquia fue condenado en el proceso referido y sostiene haber pagado una indemnización por tal concepto, en ejercicio de la acción de repetición, presentó demanda en contra

razón a su separación del cargo. Como el departamento de Antioquia fue condenado en el proceso referido y sostiene haber pagado una indemnización por tal concepto, en ejercicio de la acción de repetición, presentó demanda en contra de la sucesión del ex gobernador, Guillermo Gaviria Correa, cuyos sucesores son Yolanda Pinto Afanador, Daniel Arturo Gaviria Vélez y Mateo Gaviria Vélez, señalando que debían reembolsarle dicho dinero, pues el señor Gaviria Correa había sido el servidor público que con su actuar gravemente culposo había incidido en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenado el Departamento.Radicado: 050012333000201200483 01 (54777)

Demandante: Departamento de Antioquia ll. ANTECEDENTES

1. Demanda El 5 de octubre de 2012%, el Departamento de Antioquia, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda en contra de Yolanda Pinto Afanador, Daniel Arturo Gaviria Vélez y Mateo Gaviria Vélez, este último menor de edad representado por lleana del Pilar Vélez Cura?, en su condición de sucesores de quien fuere gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, para que se les declarara patrimonialmente responsables del pago de $394.760.268 a Nicolás Giraldo Morales, realizado en cumplimiento de la condena impuesta al ente territorial por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 15 de marzo de 2011.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que mediante Decreto 1984 del 10 de octubre de 2001, Guillermo Gaviria Correa, en calidad de gobernador

mediante sentencia del 15 de marzo de 2011. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que mediante Decreto 1984 del 10 de octubre de 2001, Guillermo Gaviria Correa, en calidad de gobernador de Antioquia, suprimió, entre otros, el cargo “99 profesional universitario, código 340 nivel 4 grado 5” que desempeñaba Nicolás Giraldo Morales en la Secretaría de Obras Públicas de ese departamento. Con fundamento en lo anterior, indica que, mediante Decreto 2320 del 6 de diciembre de 2001, el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa “desvinculó del servicio”, entre otros, a Nicolás Giraldo Morales. Refiere que Nicolás Giraldo Morales presentó .demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del departamento de Antioquia, en la que solicitó la nulidad parcial de los Decretos 1984 del 10 de octubre y 2320 del 6 de diciembre de 2001, así como el reintegro al cargo que ocupaba para el momento de su desvinculación o a uno superior, así como el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. 1FL1a10,C. 1. . 2 Según la demanda la señora lleana del Pilar Vélez Cura es la madre del menor Mateo Gaviria Vélez heredero del ex gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa.Radicado: 050012333000201200483 01 (54777) Demandante: Departamento de Antioquia Manifiesta que, mediante providencia del 31 de marzo de 2008, el Juzgado 24 Administrativo de Medellín negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Demandante: Departamento de Antioquia Manifiesta que, mediante providencia del 31 de marzo de 2008, el Juzgado 24

Administrativo de Medellín negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Sostiene que Nicolás Giraldo Morales interpuso recurso de apelación en contra del mencionado proveído. Resalta que mediante sentencia del 15 de marzo de 2011, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó el proveído del 31 de marzo de 2008 y, en su lugar, declaró la nulidad parcial de los Decretos 1984 del 10 de octubre y 2320 del 6 de diciembre de 2001 y ordenó el reintegro al cargo que Nicolás Giraldo Morales ocupaba para el momento de su desvinculación o a uno superior, así como el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. Atendiendo a que el departamento de Antioquia fue condenado en el proceso referido y esta entidad afirma que pagó una indemnización por tal condena, presentó demanda en ejercicio de la acción de repetición en contra de Yolanda Pinto Afanador, Daniel Arturo Gaviria Vélez y Mateo Gaviria Vélez, herederos del entonces gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa, señalando que debían reembolsarle dicho dinero, pues este último fue el servidor público que con su actuar gravemente culposo incidió en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenada.

2. Contestaciones El 11 de octubre de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y ordenó su notificación a los demandados y al Ministerio Público.

condenada.

2. Contestaciones El 11 de octubre de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y ordenó su notificación a los demandados y al Ministerio Público. 3 Fl. 163 a 164, C. 1.Radicado: 050012333000201200483 01 (54777) Demandante: Departamento de Antioquia 2.1. Yolanda Pinto Afanador, Mateo Gaviria Vélez y Daniel Arturo Gaviria Vélez? se | opusieron a las pretensiones de la demanda indicando que no se acreditó la conducta gravemente culposa de Guillermo Gaviria Correa, pues dicho funcionario solicitó a la Asamblea Departamental que le concediera las facultades para dar aplicación a la Ley 617 de 2000% y efectuar la reestructuración de la planta de personal del Departamento con el fin de convertirlo en una entidad financieramente viable, las cuales se otorgaron a través de ordenanza No. 11 del 27 de junio de

2001. Refieren que para gestionar la reestructuración de la planta de personal se conformaron “comités de trabajo”, se solicitó acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública, se realizó el estudio técnico que exigía ta norma, “se apoyó en sus funcionarios y en las dependencias correspondientes, y después de todo ello dictó los actos administrativos correspondientes y procedió a su aplicación”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 5 de febrero de 2014, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. El departamento de Antioquia” y Yolanda Pinto Afanador, Mateo Gaviria Vélez

alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. El departamento de Antioquia” y Yolanda Pinto Afanador, Mateo Gaviria Vélez y Daniel Arturo Gaviria Vélez? reiteraron los argumentos expuestos en la demanda -y la contestación de esta, respectivamente. 4 Fl. 192 a 213, C. 1. Yolanda Pinto Afanador, Daniel Arturo Gaviria Vélez y Mateo Gaviria Vélez (representado por lleana del Pilar Vélez Cura), confirieron poder al abogado Luis Alfonso Bravo Restrepo para que ejerciera la representación de los tres demandados en el trámite del medio de control de repetición (Fl. 185 a 186, C.1). 5 "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la' racionalización del gasto público nacional”. 8 FI, 417, 0.1. 7 Fl. 449 a 452. C. 1. 8 Fl, 420 a437.C. 1.Radicado: 450012333000201200483 01 (54777) Demandante: Departamento de Antioquia 3.2. El Ministerio Publico? solicitó negar las pretensiones de la demanda, toda vez que la parte demandante no logró acreditar que la conducta de Guillermo Gaviria Correa fue gravemente culposa. ta

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 15 de: mayo de 2015%%, el Tribunal Administrativo de

que la parte demandante no logró acreditar que la conducta de Guillermo Gaviria Correa fue gravemente culposa. ta

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 15 de: mayo de 2015%%, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la conducta de Guillermo Gaviria Correa no fue gravemente culposa.

Al efecto, sostuvo: “[...] Ahora bien, del material probatorio antes relacionado, encuentra la Sala que está suficientemente acreditado que el ex — servidor Dr. Gaviria acudió a expertos para la expedición de los actos anulados, lo que demuestra la diligencia en sus actuaciones. Y es que no existen medios probatorios que permitan concluir, que la conducta del ex gobernador esté enmarcada dentro. de los elementos subjetivos de la responsabilidad patrimonial que se estudia como es la culpa grave, ni siquiera operaría la presunción contenida en el núm. 1 del art 6 de la Ley 678 Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho' pues. como lo manifestó la Corte Constitucional en sentencia C-455 de 2008, cuando declaró la exequibilidad de este numeral Ta disposición al exigir que el error sea de abolengo de los inexcusables (es decir, que quien lo padece no pueda ofrecer motivo o pretexto válido que sirva para disculparlo”, no fue un aspecto que haya sido probado en el proceso; como tampoco la violación manifiesta que consagra la norma, pues no puede pasarse por alto que existen pronunciamientos del máximo órgano de la jurisdicción contenciosa ' administrativa que consideró que la reestructuración llevada a cabo en el departamento de Antioquia se ajustó a las normas que regulaban la materia [...J.

órgano de la jurisdicción contenciosa ' administrativa que consideró que la reestructuración llevada a cabo en el departamento de Antioquia se ajustó a las normas que regulaban la materia [...J. 2 FL 439 a448.C. 1. 10 Fl. 460 a 470, C. Ppal.Radicado: 050012333000201200483 01 (54777) Demandante: Departamento de Antioquia En la parte resolutiva, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó en costas al departamento de Antioquia y fijó las agencias en derecho en la suma de $19.740.000 “equivalente al 5% de la suma discutida”.

5. Recurso de apelación El 9 de junio de 2015, el departamento de Antioquia interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 16 de junio de 20151? y admitido el 18 de agosto de 2015%3, 5.1. La parte demandante! sostuvo que el recurso de apelación recaía única y exclusivamente “frente a la imposición y monto de las costas”, pues el departamento de Antioquia actuó de buena fe y se ciñó a las directrices constitucionales, legales y judiciales que consagraban el medio de control con pretensión de repetición, razón por la cual no era procedente que se le condenara a pagarlas.

Textualmente sostuvo: f...] el departamento de Antioquia, considera que no debe ser condenada en costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta que actuó de buena fe y se ciñó a las directrices constitucionales, legales y judiciales que consagran el medio de control con pretensión de repetición, normas de orden público y por ende de estricto cumplimiento. (...) el ente departamental soportó la

buena fe y se ciñó a las directrices constitucionales, legales y judiciales que consagran el medio de control con pretensión de repetición, normas de orden público y por ende de estricto cumplimiento. (...) el ente departamental soportó la demanda de repetición en una presunción de culpa grave al momento de incoar la presente acción (...) lo que se traduce en que no es pertinente ordenar el pago de fas costas procesales y agencias en derecho, y no se avizora temeridad (...) debiéndose por tanto revocar este punto del fallo. Con base en las anteriores consideraciones, solicito de manera respetuosa (...) revoque la sentencia en lo relativo a la condena impuesta por concepto de costa y agencias en derecho.”. tt Fl 473 a 475, C. Ppal. 12 FL. 476, C. Ppal. 3 FI 480, C. Ppal. 14 FL 707 y 710 a 712, C. Ppal.Radicado: 050012333000201200483 01 (54777)

Demandante: Departamento de Antioquia

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 15 de mayo de 201815 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. El departamento de Antioquia? reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 6.2. Yolanda Pinto Afanador, Mateo Gaviria Vélez y Daniel Arturo Gaviria Vélez!” indicaron que la actuación del departamento de Antioquia fue temeraria y de mala fe. Por ello, solicitó que se condenara a la entidad accionante a pagar por concepto de agencias en derecho la suma correspondiente al 20% de las pretensiones

indicaron que la actuación del departamento de Antioquia fue temeraria y de mala fe. Por ello, solicitó que se condenara a la entidad accionante a pagar por concepto de agencias en derecho la suma correspondiente al 20% de las pretensiones formuladas en la demanda de repetición, en primera instancia y al 5% de esas mismas pretensiones, en la segunda instancia. 6.3. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades. públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta 15 F]. 503, C. Ppal. 16 Fl. 506 a 508, C. Ppal. 17 FL 420 a 437.C. 1.Radicado: 050012333000201200483 01 (54777) Demandante: Departamento de Antioquía jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)"? y el inciso 1? del artículo 7 de la Ley 678 de 2001??.

En punto a la competencia funcional del medio de contro! de repetición, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal

En punto a la competencia funcional del medio de contro! de repetición, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, puesto que la cuantía supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación“, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.

2. Medio de control procedente De conformidad con la definición del artículo 2% de la Ley 678 de 200121, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política??, la acción de repetición es una acción personal de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública 18 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, fa entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra fa entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla fales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar r el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.”

repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla fales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar r el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.” 19 Artículo 7 "Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición.” 20 En el caso bajo estudio la pretensión del medio de control de repetición se estimó en la suma de $394.760.268, la cual supera los 500 SMLMY para el año en que se presentó la demanda, pues en el año 2012 el SMLMV ascendía a la suma de $566.700, de ahí que 500 SMLMYV correspondían a $283.350.000. 21 “Artículo 20. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial [...J. 22 La Constitución de 1991 en su artículo 90 elevó a rango constitucional la acción de repetición, al disponer que “fejn el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.Radicado: 050012333000201200483 01 (54777)

Demandante: Departamento de Antioquia

daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.Radicado: 050012333000201200483 01 (54777) Demandante: Departamento de Antioquia que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar a Guillermo Gaviria Correa patrimonialmente responsable del pago de $394.760.268, realizado en cumplimiento de la condena que impuso el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 15 de mayo de 2015. En razón de la naturaleza resarcitoria del patrimonio de! Estado de la acción de repetición, la demanda se dirigió en contra de los sucesores del exgobernador del Departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, en tanto a estos se les trasmite la obligación resarcitoria de contenido patrimonial adquirida por el funcionario público, derivada del pago de una condena en contra del ente departamental que se causó en virtud de una actuación dolosa o gravemente culposa del mandatario territorial que implicó una condena a cargo del Estado.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés generalW%, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser

jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés generalW%, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. 2 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho rejterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”10

Radicado: 050012333000201200483 01 (54777) Demandante: Departamento de Antioquia El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

Radicado: 050012333000201200483 01 (54777) Demandante: Departamento de Antioquia El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia??, cuya consecuencia, por demandar más 24 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Rad.: 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la

24 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Rad.: 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y sí bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 25 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó fa figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso lure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 28 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: "... [si el actor deja transcurrir los plazos fijados por fa ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece

28 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: "... [si el actor deja transcurrir los plazos fijados por fa ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sín que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen11

Radicado: 050012333000201200483 01 (54777) Demandante; Departamento de Antioquia allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 20127”, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)?. En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decrétaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP)?, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados”. No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA”, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen

artículo 306 del primero de los estatutos mencionados”. No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA”, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado". 27 La demanda de repetición se presentó el 5 de octubre de 2012. 28 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. 29 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014, unificó su jurisprudencia para indicar que el CGP entró a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (...) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el

entró a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (...) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (...)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299, 30 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. % "Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. (...) Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.12

Radicado: 050012333000201200483 01 (54777) Demandante: Departamento de Antioquia jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario.