CE - 050012333000201200712011SENTENCIA20231026164208

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 05001-23-33-000-2012-00712-01 (54803) Actor: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Demandado: DEVIMED S.A. Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos de procedencia / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – procedencia de la adecuación de las pretensiones a este medio de control / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL – Aplicación del artículo 136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA - no se demostró que hubiera incurrido en un incumplimiento contractual. Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia desestimatoria de las pretensiones proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 6 de febrero de 2015. I. SÍNTESIS DEL CASO El Instituto Nacional de Vías demanda en repetición a Devimed S.A., con el fin de que se le ordene reintegrar la suma que pagó en cumplimiento de la sentencia dictada en el proceso de reparación directa en el que se le impuso una condena patrimonial para reparar los perjuicios sufridos por los familiares de una persona que falleció en un accidente de tránsito. I. ANTECEDENTES 1. Demanda El 30 de octubre de 2012 (fl. 1 c. ppal.), el Instituto Nacional de Vías (en adelante INVIAS), por conducto de apoderado judicial (fl. 13 c. ppal.), presentó demanda de repetición contra Devimed S.A., a fin

1. Demanda El 30 de octubre de 2012 (fl. 1 c. ppal.), el Instituto Nacional de Vías (en adelante INVIAS), por conducto de apoderado judicial (fl. 13 c. ppal.), presentó demanda de repetición contra Devimed S.A., a fin de que se le condenara a reembolsar una suma de dinero que tuvo que pagar el Instituto, en cumplimiento de la condena impuestaRadicación número: 05001-23-33-000-2012-00712-01 (54803) Actor: Instituto Nacional de Vías - INVIAS Demandado: Devimed S.A. Referencia: Medio de Control de Repetición

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el 2 de marzo de 2010 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso de reparación directa con radicado 05001-23-15-000-1998-00632, así (fl. 1 c. ppal.): 1°. - Que se declare responsable solidariamente a la sociedad DEVIMED S.A de los - perjuicios ocasionados al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS declarado administrativamente responsable y condenado por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia según sentencia S10-046 de marzo 2 de 2010 dictada dentro del proceso adelantado por CESAR AUGUSTO BEDOYA CLAVIJO y Otros, radicado con el no. 05001-23-15-000-1998-0632 contra el INVIAS, con motivo de los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes con ocasión del fallecimiento de la señora Nora Patricia Bedoya en el accidente ocurrido el día 27 de julio de 1997 cuando se desplazaba en las horas de la madrugada por la carretera La Ceja-Canadá-El bosqueRionegro, como pasajera de la moto conducida por el señor Edgar Javier Ríos Castro, y a la altura del kilómetro dos de la vía, el conductor perdió el control de rodante debido a que sobre la calzada se encontraba sin ninguna clase de señalización, troncos de madera y montones de arena que se estaban utilizando para la ampliación del puente ubicado sobre la vía pública, cayendo los ocupantes a un hueco sobre el cual se estaban asentando las bases de la obra señalada. 2°. - Que se condene en forma solidaria a DEVIMED S.A a

cancelar la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M.L.C. ($497'895.991,55) a favor del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. Suma de dinero que pagó esta Entidad para dar estricto cumplimiento a la condena impuesta en su contra y proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia. 3°- Que se condene a DEVIMED S.A. a cancelar intereses comerciales a favor del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS desde la ejecutoria de la providencia que ponga fin a este proceso. 4°. - Que se ajuste la condena tomando como base el índice de precios al consumidor. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, en síntesis, se adujo lo siguiente: Entre el INVIAS y Devimed S.A. se celebró el contrato de concesión vial No. 275 de 1996, en el que el contratista se obligó a realizar “los estudios diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción, la operación y el mantenimiento del proyecto Medellín – Valle de Rionegro y Conexión Puerto Triunfo – Caño Alegre” (fl. 2 c. ppal.). En la madrugada del 27 de julio de 1997 ocurrió un accidente de tránsito en el que falleció la señora Nora Patricia Bedoya, cuando se movilizaba como pasajera en una motocicleta de la que su conductor perdió el control “debido a que sobre la calzada se

encontraban sin ninguna clase de señalización, troncos de madera y montones de arena que se estaban utilizando para la ampliación del puente ubicado sobre la vía pública, cayendo los ocupantes a un hueco sobre el cual se estaban asentando las bases de la obra señalada” (fl. 3 c. ppal.).Radicación número: 05001-23-33-000-2012-00712-01 (54803) Actor: Instituto Nacional de Vías - INVIAS Demandado: Devimed S.A. Referencia: Medio de Control de Repetición

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A raíz de ese accidente, el INVIAS fue condenado por el Tribunal Administrativo de Antioquia a pagar la respectiva indemnización de perjuicios, en atención a que se encontró probada la falla del servicio por dos factores de atribución, correspondientes al hecho de ser el dueño de la obra y no cumplir con el deber de señalizar el material de obra dejado en la vía, y al hecho de faltar al deber de cuidado en el establecimiento de un control directo sobre el contratista para que adoptara medidas apropiadas para evitar daños como el ocurrido1. Según se expresa en la demanda, las cláusulas segunda y sexta del referido contrato obligaban a Devimed S.A. a realizar a su costa las gestiones y trabajos necesarios para no interrumpir el servicio y prevenir accidentes mediante la instalación de señalización complementaria, preventiva e informativa. En relación con estos hechos, el INVIAS consideró que Devimed S.A. actuó con culpa grave al incumplir las obligaciones previstas en el contrato de concesión No. 275 de 1996, y con ello causar el accidente de tránsito por el que esa entidad fue condenada patrimonialmente. Esto se señaló en los siguientes términos: En lo que corresponde a la calificación de la conducta, el contratista deja de cumplir u omite una obligación contractual, adquirida en virtud del contrato suscrito con el Instituto. Esta omisión, de acuerdo con la Doctrina y la Jurisprudencia referida, es calificada como culpa, ya que si bien, no está demostrada que la actuación fue intencional, actuó de forma negligente, imprudente o imperita y por tanto de manera descuidada y sin la cautela requerida, porque deja de cumplir una obligación contractual que le era exigible, que a su vez tiene un fundamento contractual. Esta conducta negligente, imperita y descuidada del contratista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 del C.C. y lo previsto por la doctrina, dado su gravedad e intensidad, está dentro

de cumplir una obligación contractual que le era exigible, que a su vez tiene un fundamento contractual. Esta conducta negligente, imperita y descuidada del contratista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 del C.C. y lo previsto por la doctrina, dado su gravedad e intensidad, está dentro de los lineamientos de la culpa grave (…). Es decir, el contratista deja de cumplir u omite una obligación contractual, adquirida en virtud del contrato suscrito con el Instituto, la cual, de acuerdo con lo probado en el proceso que dio lugar a la condena contra el Instituto, fue la causa determinante y eficiente de un accidente. Esta omisión, de la que es responsable el contratista, que si bien, no hay indicios que establezca que ha querido realizarla, se comportó como si hubiera querido realizarla, ya que no adelantó las acciones de cuidado - culpa grave, contenidas tanto en el contrato, sus adicionales y anexos, como en el pliego de condiciones. 1 En la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 2 de marzo de 2010, se señaló -exp. 05001-23-15-000-1998-0632-: “En resumen, como el Instituto Nacional de Vias, era el dueño de la obra y habla contratado su realización con el contratista como lo demuestran los documentos obrantes en el proceso y no cumplió con su deber de señalizar los sitios peligrosos de la carretera, deberá responder por los daños causados a los demandantes, dado que faltó al deber de cuidado de establecer un control directo sobre el contratista para que tomara las medidas apropiadas para evitar daños como el que se presentó”.Radicación número: 05001-23-33-000-2012-00712-01 (54803) Actor: Instituto Nacional de Vías - INVIAS Demandado: Devimed S.A. Referencia: Medio de Control de Repetición

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2. Trámite de primera instancia 2.1. Mediante auto del 5 de abril de 2013 (fl. 318 c. ppal.), se admitió la demanda, actuación que fue debidamente notificada a la parte demandada y al Ministerio Público (fls. 320 y 327 ss. c. ppal.). 2.2. Devimed S.A. se opuso a las pretensiones, para lo cual formuló las excepciones que denominó inexistencia de la obligación, inexistencia de responsabilidad por el hecho de la presunción de buena fe, inexistencia del nexo de causalidad entre los hechos que dieron origen a la demanda y el actuar de Devimed, inexistencia de los elementos que configuran responsabilidad de parte de Devimed, falta de defensa técnica del INVIAS en el proceso de Reparación Directa en que fue condenado el INVIAS y caducidad. En esencia, la oposición a las pretensiones se fundamentó en que la parte demandante no demostró la culpa grave o dolo con que supuestamente actuó Devimed S.A., en la medida en que se limitó a aportar copia de la sentencia condenatoria y de algunos documentos contractuales, sin reparar en que la demandada no tenía entre sus obligaciones negociales la construcción o ampliación de un puente en el tramo vial del accidente. Además, señaló que en juicios como este no basta con demostrar un incumplimiento contractual, sino que debe acreditarse la vinculación subjetiva del demandado con la producción del daño antijurídico reparado previamente por la administración2. 2 Esto se adujo en los siguientes términos (fl. 335 c. ppal.): “Tenemos entonces que dentro de

la presente acción de repetición no solo basta con que la entidad estatal endilgue responsabilidades a DEVIMED sobre supuestos; y con el simple argumento de que es el ejecutor del contrato de concesión, ya que en la acción de repetición se debe demostrar no solo que por parte de DEVIMED existió una actuación dolosa o gravemente culposa, sino que se requiere realizar un estudio de las obligaciones contractuales a cargo de DEVIMED y precisar probatoriamente si respecto de las mismas, se presentó un incumplimiento grave, e igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del concesionario, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas (…). Es de evidenciar que en la sentencia mediante la cual se condena al Instituto Nacional de Vías INVIAS, se analiza la operación y la actuación del ente Estatal, pero no la responsabilidad ni objetiva, ni subjetiva de DEVIMED. Dado que INVIAS desistió del llamamiento que le hubiere hecho a la concesionaria, ésta no tuvo la oportunidad de exponer las razones que dieran lugar a que su conducta fuera calificada, por no ser ese el objeto del proceso, por lo tanto, la condena proferida en dicha providencia no puede fundamentar automáticamente una condena en el presente proceso de repetición, ya que la misma por sí sola no es prueba que pueda soportar reproche alguno en cabeza de DEVIMED (…). Es evidente que la entidad demandante INVIAS, limita el contenido probatorio de la presente acción de repetición a la existencia del contrato de concesión No. 0275 de 1996 y las obligaciones que en el

mismo se establecen a cargo del concesionario DEVIMED, pero deja de lado aspectos como el relacionado con que no toda obra que se llegue a realizar sobre la vía concesionada está a cargo de DEVIMED, para el caso concreto por ejemplo no se establece en el contrato ni en sus anexos, el que DEVIMED hubiere ejecutado puentes sobre la vía en que ocurrió el evento, y dado que la demanda de acción de reparación directa en la que el INVIAS fuera condenado trata de las labores relacionadas con la construcción del mencionado puente, es evidente que no fue DEVIMED el ejecutor de dichas obras. Por lo anterior correspondería a la entidad INVIAS no solo haberse dedicado a endilgar responsabilidades a DEVIMED con el solo argumento de que la vía estaba concesionada a su cargo, sino centrar sus argumentos en los presupuestos lógicos de responsabilidad del concesionario, lo cual es evidente que no existió”.Radicación número: 05001-23-33-000-2012-00712-01 (54803) Actor: Instituto Nacional de Vías - INVIAS Demandado: Devimed S.A. Referencia: Medio de Control de Repetición

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2.3. En la audiencia inicial celebrada el 12 de diciembre de 2013 se fijó el litigio, se incorporaron las pruebas documentales aportadas por las partes y se decretó la práctica de un testimonio (fl. 367 c. ppal.). El 12 de diciembre siguiente se celebró la audiencia de pruebas y se corrió traslado a para alegar de conclusión (fl. 367 c. ppal.). En dicha oportunidad, ambas partes formularon sus alegaciones para insistir en las consideraciones fácticas y jurídicas expresadas previamente (fl. 370 a 384 c. ppal.), mientras que el Ministerio Público guardó silencio. 3. La sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 6 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones, al considerar que las pruebas practicadas solamente daban cuenta de la existencia de una condena en contra del INVIAS y su pago, así como de la existencia de un contrato de concesión vial entre las partes ahora enfrentadas, pero que ninguno de esos medios de prueba tiene la virtualidad de demostrar la actuación dolosa o gravemente culposa de Devimed S.A. Esto se señaló en los siguientes términos (fl. 391 vto. c. ppal.): Así las cosas, en el caso objeto de estudio, encuentra esta Sala de Decisión que no se cumplió con uno de los requisitos y presupuestos del medio de control de repetición, en tanto, no se acreditó en debida forma el obrar doloso o gravemente culposo de la accionada. Al respecto, al plenario no se arrimaron testimonios o documentos que permitieran determinar en este proceso de repetición que

la entidad DEVIMED haya ejecutado las obras con dolo o culpa grave o cualquier otro medio probatorio que permitiera realizar el análisis de la conducta desplegada por la accionada en los hechos que dieron lugar a la declaratoria de responsabilidad de la entidad ahora accionante, denotándose con claridad que la entidad demandante no cumplió en debida fo rma la carga de probar los supuestos de hecho que sustentaban sus pretensiones, pues, se advierte, solo se limitó a traer al proceso el contrato celebrado, junto con las actas de ejecución y entrega del mismo, en las que no se logra determinar en ninguno de sus apartes el elemento subjetivo del contratista que permitiese desencadenar en el hecho dañoso, por el cual fue condenado el INVIAS; sin haber cumplido en esta con los requisitos del artículo 185 y s.s. del CPC. Así las cosas, se observa una inactividad probatoria de la parte demandante que debió haberse orientado a establecer si la demandada incurrió en una conducta dolosa o gravemente culposa como origen de los perjuicios ocasionados a la entidad a buena cuenta del pago de la condena judicial que se profirió con ocasión de la muerte de la señora Nora Patricia Bedoya. 4. El recurso de apelación y su trámite 4.1. Inconforme con la anterior decisión, el INVIAS formuló recurso de apelación en el que adujo que la culpa grave con que actuó la demandada quedó plenamente probada con la copia de la sentencia condenatoria dictada contra la demandante,Radicación número: 05001-23-33-000-2012-00712-01 (54803) Actor: Instituto Nacional de Vías - INVIAS Demandado: Devimed S.A. Referencia: Medio de Control de Repetición

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pues en esa decisión se estableció que la causa del funesto accidente fue la falta de señalización de un material de obra dejado en la vía, así (fl. 408 c. ppal.): Siendo así las cosas, en el caso que nos asiste existe una infracción manifiesta por parte de DEVIMED S.A en la omisión de instalar la señalización que advirtiera a los conductores de los escombros de la construcción del puente, dejados en la vía (…). Nada más alejado de la realidad porque la culpa grave del agente quedó plenamente demostrada en el fallo condenatorio emitido por el Tribunal Administrativo el 2 de marzo de 2010 en el cual en su parte motiva expone textualmente: "Indudablemente se faltó al deber de cuidado, que no es otra cosa que negligencia al no colocar dichas señales, hecho suficientemente demostrado en el proceso y reconocido en la providencia inhibitoria que se profirió en la investigación preliminar por la muerte de la señora Nora Patricia Bedoya Clavijo" (folio 18 del Fallo) (…). Como bien puede observarse, no existe duda alguna de la culpa grave en la que incurrió DEVIMED al amontonar material de construcción sobre la vía sin fijar la señalización que advirtiera a los usuarios sobre el peligro. De la sola lectura del fallo proferido por el Tribunal Administrativo en el proceso radicado con el No. 1998-0632 en la cual condenó al INVIAS por declarar probado que el accidente se debió a los escombros y materiales de construcción apostadas en la vía sin señalización alguna, se colige la culpa grave de quien ejecutaba la obra de construcción del puente.

4.2. Este recurso fue concedido mediante auto del 9 de marzo de 2015 (fl. 410 c. ppal.) y admitido por esta Corporación en providencia del 20 de agosto de 2015 (fl. 417 c. ppal.). Luego, a través de proveído del 16 de septiembre siguiente, se corrió a las partes traslado para alegar de conclusión (fl. 420 c. ppal.). 4.2.1. En su escrito de alegatos, la parte demandante repitió las consideraciones expresadas en el recurso de apelación (fl. 421 c. ppal.). 4.2.2. Por su parte Devimed S.A. solicitó que se confirmara la decisión del a quo, en tanto el INVIAS no demostró que la demandada hubiera obrado con culpa grave, pues no solamente se aportaron medios de prueba insuficientes para el efecto -sentencia y documentos contractuales-, sino que se desconoció que la concesionaria nunca realizó obras de ampliación del puente donde ocurrió el accidente. Además, se adujo que la sentencia condenatoria fue el resultado de una inadecuada defensa por parte del INVIAS (fl. 426 c. ppal.). 4.2.3. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que se confirmara el fallo apelado, por cuanto el INVIAS no demostró la culpa grave de la demandada, a la que debió llamar en garantía en el proceso primigenio (fl. 431 c. ppal.).Radicación número: 05001-23-33-000-2012-00712-01 (54803) Actor: Instituto Nacional de Vías - INVIAS Demandado: Devimed S.A. Referencia: Medio de Control de Repetición

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II. CONSIDERACIONES 1.- Procedencia y oportunidad del medio de control La acción de repetición, como mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al Estado tiene como propósito el reintegro de los dineros que por los daños antijurídicos causados como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex servidor público e incluso del particular investido de una función pública, hayan salido del patrimonio estatal para el reconocimiento de una indemnización. Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”. En tal sentido, la antes denominada acción de repetición fue consagrada en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000, como un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente en razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o exfuncionario suyo, pudiera solicitar de éste el reintegro de lo que hubiere pagado como consecuencia de una sentencia, una conciliación o de otra forma de terminación de un conflicto.

De conformidad con la disposición legal anotada, el particular afectado o perjudicado con el daño antijurídico por la acción u omisión estatal, estaba facultado para demandar a la entidad pública, al funcionario o a ambos. En este último evento, la responsabilidad del funcionario habría de establecerse durante el proceso correspondiente. Esta posibilidad ha sido consagrada también en ordenamientos especiales tales como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, la cual, en su artículo 71, previó que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”, norma referida, en este caso, a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.Radicación número: 05001-23-33-000-2012-00712-01 (54803) Actor: Instituto Nacional de Vías - INVIAS Demandado: Devimed S.A. Referencia: Medio de Control de Repetición 8

El mandato constitucional del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política, actualmente encuentra su desarrollo en la Ley 678 del 3 de agosto de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. Dicha ley definió la repetición como una acción -hoy medio de controlde carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o exservidor público que, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, haya dado lugar al reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. El mismo medio de control se ejercerá contra el particular o contratista que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. Según se establece en el artículo 2° de la Ley 678 de 2001, la acción de repetición “es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto”. Esta acción, entendida como una modalidad calificada de acción de regreso que tiene como uno de sus elementos axiales en la determinación de la responsabilidad de los accionados la vinculación subjetiva del funcionario o exfuncionario con la causación del daño -a título de dolo o culpa grave-, tiene como finalidad la protección del patrimonio estatal, como medio necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho3. La Ley 678 de 2001 reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales del medio de control de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición. Con tales propósitos

estatal, como medio necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho3. La Ley 678 de 2001 reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales del medio de control de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición. Con tales propósitos fijó, bajo la égida de los primeros, generalidades como el objeto, la noción, las finalidades, el deber de su ejercicio y las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente o el contratista, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con obvias incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso. Y con los segundos, reguló asuntos relativos a la jurisdicción, competencia, desistimiento, procedimiento, término de caducidad de la acción, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección A, sentencia de 24 de febrero de 2016, exp. 36.310, M.P.: Hernán Andrade Rincón.Radicación número: 05001-23-33-000-2012-00712-01 (54803) Actor: Instituto Nacional de Vías - INVIAS Demandado: Devimed S.A. Referencia: Medio de Control de Repetición

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como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. También se ha señalado que los hechos y actos ocurridos bajo la vigencia del régimen jurídico precedente a la expedición de la Ley 678 de 2001, potencialmente constitutivos de la acción de repetición contra funcionarios o exfuncionarios, tenían un régimen integrado por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales que, aunque dispersas, permitían exigir la responsabilidad del agente del Estado en los términos consagrados en el inciso segundo del artículo 90 de la Carta Política. Así las cosas, para dilucidar el conflicto de leyes por el tránsito de legislación, la jurisprudencia ha sido clara al aplicar la regla general según la cual la norma nueva rige hacia el futuro, de manera que aquella sólo rige para los hechos producidos a partir de su nacimiento y hasta el momento de su derogación, pues sólo excepcionalmente las leyes pueden tener efectos retroactivos. Lo anterior permite entender que los actos o hechos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público acaecidos con anterioridad a la Ley 678 de 2001, continúan rigiéndose, en lo sustancial, por la normatividad anterior, máxime cuando la responsabilidad del agente es subjetiva, en tanto única y exclusivamente compromete su patrimonio por razón o con ocasión de su conducta calificada a título de dolo o culpa grave. En estos eventos, esta Corporación ha señalado que los aspectos sustanciales del juicio de repetición se regirán por las referidas normas, mientras que los aspectos procedimentales relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación,

desistimiento, procedimiento, término de caducidad de la acción, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso, se regirán por la Ley 678 de 2001, por tratarse de normas de carácter procesal, cuya vigencia es inmediata. Ahora bien, si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público tuvieron ocurrencia con posterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2º de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo de los Códigos Civil y de Comercio, y a los elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales queRadicación número: 05001-23-33-000-2012-00712-01 (54803) Actor: Instituto Nacional de Vías - INVIAS Demandado: Devimed S.A. Referencia: Medio de Control de Repetición

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estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política). A su vez, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad hubieren acaecido con anterioridad a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, así como las previsiones de los Códigos Civil y de Comercio y lo estipulado en los correspondientes contratos -para el caso de la responsabilidad de contratistas-. En lo atinente al caso concreto, debe recordarse que, según se prevé en el artículo 2° parágrafo 1° de la Ley 678 de 2001, “el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales”4. En ese contexto, estos sujetos estarán sometidos a las prescripciones de ese cuerpo normativo, en la medida en que, por voluntad expresa del legislador, puede promoverse frente a ellos la acción de repetición. En aplicación de ese precepto legal, la jurisprudencia de la Corporación ha admitido la procedencia del medio de control de repetición contra los contratistas del Estado que sean personas jurídicas5, bajo la idea de que la regla contenida en el citado 4 En sentencia C-484 de 25 de junio

de 2002, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del parágrafo 1º de la Ley 678 de 2001, únicamente en relación con el cargo formulado en la demanda, relativo a la violación del principio de unidad de materia, así: “6.1. El cargo formulado para impetrar que se declare la inexequibilidad de parágrafo 1° del artículo 2° de la Ley 678 de 2001, esencial