CE - 050012333000201300119011SENTENCIASENTENCIA20230814140424

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Radicado número: 25000-23-36-000-2013-00119-01(60266) Demandante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECDemandada: Dora Susana Fonseca Acosta Referencia: Medio de control de repetición Tema: Repetición. Subtema 1: Presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición. Subtema 2: Régirnen legal anterior a la Ley 678 de 2001. Subtema 3: Pago de la condena acreditado. Subtema 4: Elemento subjetivo - Culpa graveno acreditado. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión del 5 de mayo de 20051, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el ente demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 1 de agosto de 2017, que negó las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS DEL CASO El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en adelante INPEC, fue condenado al pago de intereses moratorios y costas procesales en un proceso ejecutivo promovido en su contra para lograr el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra 1211 de 1999. El organismo aduce que el detrimento generado por el impago de sus obligaciones fue ocasionado por la

en su contra para lograr el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra 1211 de 1999. El organismo aduce que el detrimento generado por el impago de sus obligaciones fue ocasionado por la conducta gravemente culposa de la asesora de la dirección general del Instituto, Dora Susana Fonseca, al oponerse al pago del "acta de recibo final" con desconocimiento de las cláusulas contractuales, específicamente, la relativa a la modalidad de pago por precios unitarios fijos, pues, a su juicio, dicha decisión generó la pérdida del presupuesto necesario para atender la obligación contractual establecida, posteriormente, en el acta de liquidación bilateral.

II. ANTECEDENTES 2.1. El doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012), el apoderado designado por el director del INPEC presentó demanda en ejercicio de la acción de repetición en contra de Dora Susana Fonseca Acosta, para que se declare su responsabilidad, a título de culpa grave, por violación manifiesta e inexcusable de normas legales y, como consecuencia, se le condene al pago de ochocientos veinte millones cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos ($820.488.589); suma que el instituto debió ,pagar por concepto de intereses moratorios y costas procesales, en cumplimiento de la providencia dictada el 4 de septiembre de 2010 por el Juzgado 27 Administrativo de Medellín, que ordenó continuar la ejecución 1 Según consta en el acta núm. 15 suscrita en esa fecha por la Sección Tercera de esta Corporación.

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Expediente: 05001-23-33-000-2013-00119-01 (60266)

1 Según consta en el acta núm. 15 suscrita en esa fecha por la Sección Tercera de esta Corporación. 1

Expediente: 05001-23-33-000-2013-00119-01 (60266) Demandante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-para el cumplimiento de las obligaciones dispuestasen el acta de liquidación bilateral del contrato de obra 1211 de 1999 2 . 2.1.1. Como fundamentos fácticos de las anteriores retensiones, el organismo demandante enunció, en síntesis, que: (i) el INPEC suscribió contrato de obra con el señor Eduardo Chacón, el 29 de diciembre de 1999,para la construcción de un pabellón en la penitenciaria nacional de Apartadó con capacidad para 150 internos, con un precio de $1.751.026.575, con tasa del 2% mensual por concepto de intereses moratorios; (u) la obra fue ejecutada en el plazo convenido y entregada al interventor y al delegado del director del INPEC el 18 de octubre de 2000, fecha en que suscribieron el acta de recibo final núm. 2, en la que consignaron el valor pendiente de pago ($700.412.062) y el monto a deducir "por amortización del anticipo" ($350.206.030); (iii) el contratista solicitó el pago del acta de recibo final el 22 de noviembre de 2000, la cual fue revisada por la oficina jurídica, la división financiera y la dirección general, "en donde luego de cotejar en conjunto los aspectos del contrato, la doctora Dora Susana Fonseca Acosta se opuso al pago de lo debido al contratista, con la tesis de que no había cumplido con el objeto

financiera y la dirección general, "en donde luego de cotejar en conjunto los aspectos del contrato, la doctora Dora Susana Fonseca Acosta se opuso al pago de lo debido al contratista, con la tesis de que no había cumplido con el objeto contractual, porque las obras no se habían cumplido satisfactoriamente, desconociendo lo preceptuado en la cláusula tercera", 4n la que se estipuló, como fórmula de pago, el "sistema de precios unitarios fijos ( ... ), que obligaba al contratista a ejecutar las obras hasta el límite del presupuesto pactado y que el objeto del contrato no es determinado sino determinable"; y que (iv) el concepto presentado por la demandada —en condición de asesora, código 1020, grado 08 de la Dirección General— generó un detrimento patrimonial por los intereses moratorios que debió pagar el INPEC, desde el 1 de agosto de 2001 hasta el 21 de diciembre de 2010, y las costas procesales liquidadas en el proceso ejecutivo, que, en conjunto, ascienden a la suma de $748.105.036. 2.1.2. A modo de sustento jurídico de la pretensión de reembolso, el ente territorial hizo referencia al artículo 90 de la Constitución Política, al artículo 142 del CPACA y a la Ley 678 de 2001, para sustentar la atribución de responsabilidad patrimonial a la demandada, por "desconocer y darle una interpretación errónea a las cláusulas consignadas en el contrato de obra'. 2.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda mediante auto de 1 de marzo de 2013. En auto posterior, el magistrado sustanciador ordenó el emplazamiento de la demandada, Dora Susana Fonseca Acosta; trámite que se

2.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda mediante auto de 1 de marzo de 2013. En auto posterior, el magistrado sustanciador ordenó el emplazamiento de la demandada, Dora Susana Fonseca Acosta; trámite que se realizó el 16 de junio de 2013, por medio de publicación realizada en un diario de circulación nacional. El tribunal evacuó la diligencia dé notificación personal de la demanda con el curador ad litem designado a la demandada 4 . 2.3. El curador ad litem de Dora Susana Fonseca Acosta se opuso a las pretensiones y propuso las siguientes excepciones: (i) "ausencia de responsabilidad" porque el organismo no demostró que la accionada tuviera la facultad para oponerse al pago y hubiera dado una orden en ese sentido, pues en la demanda no se citan las funciones del cargo, ni se precisa cómo "pudieran estar' por encima de los comités respectivos de las divisiones jurídica, financiera y general, y si una sola funcionaria podía oponerse de manera verbal al pago de un contrato"; y (u) "falta de legitimación en la causa por pasiva", ya.que "la responsabilidad no puede ser atribuible a un solo funcionario del INPEC, que. ni siquiera tenía la facultad para oponerse a dicho pago' 5 . 2 Folio 1 del c. 1. Folio 13 del c. 1. 4 Folios 117, 132, 137y 149 vto. Folio 158. 2

Expediente: 05001-23-33-000-2013-00119-01 (60266)

Folio 13 del c. 1. 4 Folios 117, 132, 137y 149 vto. Folio 158. 2

Expediente: 05001-23-33-000-2013-00119-01 (60266) Demandante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECLlExpediente: 05001-23-33-000-2013-00119-01 (60266) Demandante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC2.4. En audiencia inicial celebrada el 17 de marzo de 2014, el tribunal fijó el litigio y decretó las pruebas pedidas por las partes. Ante la inasistencia de los convocados por la parte demandante para rendir testimonio, el tribunal dispuso no fijar nueva fecha para audiencia y, con auto posterior, incorporó los documentos allegados 6 . En la etapa de alegaciones, el organismo accionante insistió en que la demandada, en ejercicio del cargo de asesora de la Dirección General del INPEC, incurrió en una conducta gravemente culposa al oponerse al pago del acta de recibo final del contrato de obra, "desconociendo flagrantemente lo preceptuado en la cláusula tercera", sobre la forma de pago por el sistema de precios unitarios, decisión que, a su juicio, dio lugar al proceso ejecutivo en el que se reconocieron intereses moratorios a favor del contratista y costas procesales. Por su parte, el curador adlitem de la demandada afirmó que ninguna de las pruebas decretadas y practicadas acreditó que Dora Susana Fonseca hubiera ordenado o recomendado no pagar el valor consignado en el acta de recibo final, ni se logró demostrar que, en ejercicio de sus funciones, en específico la relativa a proponer alternativas para la toma de

acreditó que Dora Susana Fonseca hubiera ordenado o recomendado no pagar el valor consignado en el acta de recibo final, ni se logró demostrar que, en ejercicio de sus funciones, en específico la relativa a proponer alternativas para la toma de decisiones, hubiera recomendado al director no pagar la obligación 7 . 2.5. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 1 de agosto de 2017, negó las pretensiones y condenó en costas a la parte actora. En primer., término, refirió los presupuestos de prosperidad de las pretensiones de repetición, así: (i) decisión judicial que condene a una entidad pública a reparar un daño antijurídico; (u) la condición de servidor o exservidor público del demandado; (iii) la acreditación del pago total de la condena; y (iv) la conducta dolosa o gravemente culposa del agente como causa de la imposición de la condena 8 . 2.5.1. En cuanto al primer presupuesto, encontró demostrado que el INPEC debió pagar intereses moratorios y costas procesales, conforme a lo dispuesto en el proceso ejecutivo iniciado por el señor Eduardo Chacón, para lograr el pago de la obligación contenida en el acta de recibo final del contrato de obra suscrito con el instituto. 2.5.2. Como prueba de la condición de exservidora pública de la demandada, el tribunal hizo referencia a la certificación expedida por la Subdirección de Talento Humano del INPEC, en la que consta que Dora Susana Fonseca ejerció el cargo de asesora en la dirección general desde el 1 de junio de 2000 hasta el 17 de julio de 2001. 2.5.3. Con respecto al tercer elemento, consideró que las órdenes de pago y la

asesora en la dirección general desde el 1 de junio de 2000 hasta el 17 de julio de 2001. 2.5.3. Con respecto al tercer elemento, consideró que las órdenes de pago y la certificación expedida por la Tesorera General del INPEC son insuficientes para acreditar el pago, porque no demuestran el recibo a satisfacción del beneficiario de la condena. No obstante, procedió a realizar el análisis del elemento subjetivo. 2.5.4. Frente al último presupuesto, el tribunal afirmó que el INPEC no cumplió con la carga de probar la actuación dolosa o gravemente culposa atribuida a la demandada, pues no aportó prueba alguna de que Dora Susana Fonseca hubiera presentado oposición al pago del acta de recibo final del contrato o de que hubiera presentado concepto al director general en ese sentido. Precisó, además, que el INPEC tuvo certeza de la obligación desde que se libró el mandamiento de pago y sólo procedió a su cumplimiento en 2010, cuando el juzgado ordenó continuar con la ejecución. 6 Folios 1242 y 1345 del c. 3. Folios 1332 y 1338 del c. 3. 8 Folio 1342 del c. ppal. 3Expediente: 05001-23-33-000-2013-00119-01 (60266) Demandante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC2.6. El ente demandante interpuso recurso de apelación en el que afirmó que el pago de la condena se encuentra debidamente acreditado con los documentos que autorizaron el desembolso y los que dan cuenta de la transferencia del dinero a la cuenta bancaria del apoderado del ejecutante; "pruebas que no se pueden

pago de la condena se encuentra debidamente acreditado con los documentos que autorizaron el desembolso y los que dan cuenta de la transferencia del dinero a la cuenta bancaria del apoderado del ejecutante; "pruebas que no se pueden desconocer ni negar su valor probatorio", aun cuando el acreedor no haya presentado declaración de recibo a satisfacción. En cuanto a la acreditación de la conducta gravemente culposa de la demandada, adujo que la condena judicial en contra del INPEC devino porque Dora Susana Fonseca "realizó conductas que no permitieron que efectivamente el pago se realizara de una manera oportuna", con desconocimiento de la cláusula contractual relativa a la modalidad de pago por el sistema de precios unitarios fijos, hecho que, a su juicio, ocasionó la pérdida de disponibilidad presupuestal 9 . 2.7. La apelación fue concedida por el tribunaF 10 y admitida por esta Corporación mediante auto de 25 de julio de 201811. En auto posterior se corrió traslado para alegaciones de las partes y el concepto del Ministerio Público 12 . En esa oportunidad, el INPEC reiteró lo expuesto en el recurso de apelación frente a la conducta de la exservidora, que calificó como :gravemente culposa por desconocimiento del acuerdo contractual 13 . Por su parte, el Ministerio Público, a través del Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Nicolás Yepes Corrales —quien actualmente forma parte de esta Subsección— solicitó revocar la decisión apelada y, en su lugar, acceder a las pretensiones. Afirmó, en primer lugar, que el pago de la condena se encuentra demostrado con la

Yepes Corrales —quien actualmente forma parte de esta Subsección— solicitó revocar la decisión apelada y, en su lugar, acceder a las pretensiones. Afirmó, en primer lugar, que el pago de la condena se encuentra demostrado con la certificación expedida por la Tesorería General de¡, INPEC, por constituir un documento público que expresa la voluntad del organismo. En segundo lugar, argumentó que la accionada actuó en forma imprudente al obstaculizar el pago del acta de recibo final, pues, si bien "no existe prueba .en el plenario que permita establecer que la señora Susana emitió concepto negativo en contra del acta final ( ... ), era su deber como asesora de la Dirección General implementar fórmulas de soluciones al problema planteado con el contratista en. el momento oportuno para evitar mayor erogación", además, porque 'jerárquicamente debía cumplir la función de asesora de dirección, precisamente en materia contractual, y con fundamento que no exteriorizó jurídicamente, evitó el trámite del contrato 114 . 2.8. El Magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó,su impedimento por haber rendido concepto en este asunto en condición de agente del Ministerio Público, Procurador Primero Delegado ante el Consejo de. Estado. Los magistrados Guillermo Sánchez Luque y Jaime Enrique Rodríguez Navas —sin la intervención del magistrado Nicolás Yepes Corrales, quien se apartó de la Sala cuando este punto fue debatido— resuelven declarar fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales, porque la situación descrita está enmarcada en la causal descrita en el artículo 141.12 del Código General del Proceso.

III. PROBLEMAS JURÍDICÓS

el Magistrado Nicolás Yepes Corrales, porque la situación descrita está enmarcada en la causal descrita en el artículo 141.12 del Código General del Proceso.

III. PROBLEMAS JURÍDICÓS 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso ("CGP") - aplicable en esta instancia conforme a la jurisprudencia unificada 15 — el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el Folio 1355. 10 Folio 1360. 11 Folio 1378. 12 Folio 1382. 13 Folio 1385. 14 Folio 1391. 15 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto del 25 de junio de 2014, exp. 49299.

4Expediente: 05001-23-33-000-2013-00119-01(60266) Demandante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECsuperior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juez de segundo grado, consiste en "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley", como lo establece el artículo 328 del CGP. Esclarecido lo anterior, se debe rememorar que, como lo planteó el a qu0 16 , la estimación de las pretensiones de repetición pende de la constatación de la concurrencia de cuatro (4) presupuestos, a saber: (i) la condición de servidor o exservidor público de la persona contra la que se repite; (u) la obligación reparatoria

estimación de las pretensiones de repetición pende de la constatación de la concurrencia de cuatro (4) presupuestos, a saber: (i) la condición de servidor o exservidor público de la persona contra la que se repite; (u) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (iii) el pago efectivo de la obligación reparatoria; y (iv) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público. Siendo los primeros tres elementos de carácter objetivo y el último de carácter subjetivo 17 . Siguiendo el anterior lineámiento, se verifica que en la sentencia recurrida el juzgador de primera instancia encontró acreditados dos presupuestos de prosperidad de las pretensiones de repetición, esto es, la obligación de pago a cargo del INPEC, derivada de la liquidación del crédito dispuesta en el proceso ejecutivo, y la condición de exservidora pública de la demandada, sin que la configuración de esos elementos hubiera sido rebatida en esta instancia 18 . 3.2. Así las cosas, al haber quedado zanjada la litis sobre dos presupuestos para la prosperidad de la pretensión de repetición, la Subsección, en función de los cargos de alzada y de la competencia que de acuerdo con ellos le asiste, procede a resolver los siguientes problemas jurídicos: 3.2.1. ¿La certificación emitida por la tesorera general de la entidad accionante constituye una prueba suficiente del pago de la condena consistente en intereses moratorios y costas procesales liquidadas en el proceso ejecutivo, como requisito de prosperidad de las pretensiones de repetición? Si la respuesta a este interrogante se revela afirmativa, se analizará si: 3.2.2. ¿La demandada incurrió en una conducta gravemente culposa en ejercicio

de prosperidad de las pretensiones de repetición? Si la respuesta a este interrogante se revela afirmativa, se analizará si: 3.2.2. ¿La demandada incurrió en una conducta gravemente culposa en ejercicio del cargo de asesora general de la dirección general del INPEC, por oponerse al pago del acta de recibo final del contrato de obra 1211 de 1999 que, finalmente, ocasionó la pérdida de la disponibilidad presupuestal establecida para el pago oportuno de la obligación liquidada en el proceso ejecutivo?

IV. CONSIDERACIONES 4.1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1 0 ) de la Ley 678 de 200119. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 150 del Código de 16 Apartado 2.5. 17 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2006, exp. 22056; Sección Tercera, sentencia del 27 de diciembre de 2006, exp. 22099; Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, exp. 24844; Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 21109, exp. 30329; Sección Tercera, sentencia del l 3 de mayo de 2009, exp. 25694; Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2011, exp. 33407;

Sección Tercera, Subsección C, sentencia de del 19 de julio de 2017, exp. 55025; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de junio del 2018, exp. 54692; Sección Tercera, Subsección C; sentencia del 9 de julio de 2018, exp. 58789; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de enero de 2020, exp. 42037. 18 Apartados 2.5.1. y 2.5.2. 19 LEY 678 DE 2001. "Artículo 7. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición [ ... ]". 5Expediente: 05001-23-33-000-2013-00119-01 (60266) Demandante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECProcedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 20 , así como el mencionado ártículo 7 (inciso 3 0 ) de la Ley 678 de 200121 . 4.2. El plazo para el ejercicio oportuno de la presente acción comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001, esto es, despiés del cuatro (4) de agosto de dos mil uno (2001)22, pues la providencia por medio de la cual el Juzgado 27 Administrativo de Medellín ordenó seguir adelante con la ejecución de la obligación a cargo del INPEC por el capital ($350.206.030), más los intereses moratorios equivalentes al 2% mensual, fue expedida el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diez (2010) y, tras cobrar firmeza, dio lugar a la liquidaçión del crédito realizada por

equivalentes al 2% mensual, fue expedida el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diez (2010) y, tras cobrar firmeza, dio lugar a la liquidaçión del crédito realizada por ese despacho judicial el veintisiete (27) de octubre del mismo año 23 . De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años contados a partir dél día siguiente a aquel en que el organismo hubiera pagado la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las condenas. Como, en este caso, la condena en contra del organismo devino por causa de la ejecución de una obligación dineraria en la que se condenó al pago de intereses moratorios, no aplica el plazo de dieciocho (18) meses previsto en él artículo 177 del Código Contencioso Administrativ0 24 para la ejecutividad de la condena, pues este abre paso justamente a la acción ejecutiva. Ahora, se encuentra acreditado en este proceso que el. ente accionante efectuó el pago total de la obligación el veintiuno (21) de diciembre de dos mil diez (2010), fecha en la que consignó la suma de mil ochenta y nueve millones seiscientos once mil setecientos cincuenta y cinco pesos ($1.089.611.755)en la cuenta bancaria del apoderado del ejecutante, como consta en la certificación expedida por la tesorera general del INPEC 2526 . Como la demanda que inició este '.. contencioso fue radicada el doce (12)de diciembre de dos mil doce (2012)27, la acción de repetición fue incoada oportunamente.

general del INPEC 2526 . Como la demanda que inició este '.. contencioso fue radicada el doce (12)de diciembre de dos mil doce (2012)27, la acción de repetición fue incoada oportunamente. 4.3. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, está acreditado que la acción de repetición fue ejercida a través del abogado designado por la directora regional Noroeste del INPEC, en virtud de la delegación de funciones realizada por el director 20 CPACA. "Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo ContenciosdAdministrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales administrativos E...]" 21 LEY 678 DE 2001. "Artículo 7. Jurisdicción y competencia. Cuando la reparación patrimoiial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en e/ lugar en que se haya resuelto el conflicto". En e) presente asunto, se observa que la primera instancia del presente asunto fue resuelta por el mismo Tribunal que emitió la sentencia condenatoria de la cual surgió la obligación de pago del ente estatal y que ahora pretende le sea reembolsada. 22 Según el articulo 31 de la Ley 678 de 2001, "La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias", y ésta fue publicada en el Diario Oficial No. 44.509 de 4 de agosto de 2001. 23 Folios 92 y 101 del c . 1.

deroga las normas que le sean contrarias", y ésta fue publicada en el Diario Oficial No. 44.509 de 4 de agosto de 2001. 23 Folios 92 y 101 del c . 1. 24 CCA. "Articulo 177. [ ... ] Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria diéciocho (18) meses después de su ejecutoria " . 25 Folio 105. 26 Al respecto, aptado. 4.5.2, in fra. 27 Folio 25. 6Expediente: 05001-23-33-000-2013-00119-01 (60266) Demandante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECgeneral 28, por lo que, al ser el ente 29 que realizó el pago de la obligación, le asiste legitimación para presentar la pretensión de reembols0 30 . Con respecto a la demandada, se encuentra acreditado, con la certificación expedida por la subdirección de talento humano del INPEC 31 , que Dora Susana Fonseca ejerció el cargo de asesora en la dirección general desde el 1 de junio de 2000 hasta el 17 de julio de 2001, lo que denota que fungía como servidora pública para la época en que el contratista, el interventor y el representante del director suscribieron el acta de recibo final del contrato de obra (17 de octubre de 2000)3 2 ; hecho este que sustentó la solicitud de pago de la obligación a la que, según el demandante, se opuso Dora

final del contrato de obra (17 de octubre de 2000)3 2 ; hecho este que sustentó la solicitud de pago de la obligación a la que, según el demandante, se opuso Dora Susana Fonseca 33 . En ese orden, se encuentran legitimada en la causa por pasiva. Régimen jurídico aplicable al asunto 4.4. Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos 34 . En ese orden, silos hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior 35 . Pero, si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, "sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2 0 de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)". Por ende, como en este caso las actas de recibo final de la obra y de liquidación bilateral del contrato fueron suscritas el diecisiete (17) de octubre

Constitución Política)". Por ende, como en este caso las actas de recibo final de la obra y de liquidación bilateral del contrato fueron suscritas el diecisiete (17) de octubre 28 Folios 26, 29 y 31. 29 Decreto 300 de 1997, artículo 1. "Apruébase el Acuerdo número 0017 del 12 de diciembre de 1996, expedido por el Consejo Directivo de/Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC, cuyo texto es el siguiente: II 'ACUERDO NUMERO 0017 DE 1996 [ ... ] Artículo 2 0 . Naturaleza. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Justicia, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente que se organiza conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto número 2160 de 1992". ° Ley 678 de 2001, articulo 8. "Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de repetición la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la Ley. Si no se iniciare la acción de repetición en el término y por la entidad facultada que se menciona anteriormente, podrá ejercitarla acción de repetición: 1. El Ministerio Público. 2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estlado o quien haga sus veces". 31 Folio 1134. 32 Folio 833 del c. 3.

Derecho, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estlado o quien haga sus veces". 31 Folio 1134. 32 Folio 833 del c. 3. 33 Folio 837 del c. 3. 34 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia del 8 de mano de 2007, exp. 30330. 35 "Las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, en cuyos eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que plantea el Código Civil 1/Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitara las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6" y 91 de la Constitución Política acerca de la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglame