CE - 050012333000201300295011SENTENCIA20230628092527

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Título
CE - 050012333000201300295011SENTENCIA20230628092527
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Expediente: 050012333000201300295 01 (52.804)

Demandante: Municipio de Olaya

Demandado: Promotora Olaya S.A.S Acción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: ENAJENACIÓN DE BIENES DEL ESTADO – se realiza por el proceso de selección abreviada, salvo que se configure alguna de las causales de contratación directa / ENAJENACIÓN DE PROPIEDAD ACCIONARIA DEL ESTADO – se rige por la Ley 226 de 1995 si es a favor de particulares, si es entre entidades públicas se rige por las normas de derecho público / CONTRATACIÓN DIRECTA – procede si el objeto del contrato se ajusta al objeto de la entidad ejecutora / CONTRATO DE READQUISICION DE ACCIONES – es posible en sociedades anónimas y sociedades por acciones simplificadas, bajo las condiciones de ley / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL – causales se integran con las del derecho común – objeto ilícito se configura por violación de las normas que rigen los procesos de selección / RESTITUCIONES MUTUAS – proceden si a pesar de que la nulidad se funda en objeto o causa ilícita no está probado que hubiere sido a sabiendas de los contratantes.

Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo

que la nulidad se funda en objeto o causa ilícita no está probado que hubiere sido a sabiendas de los contratantes.

Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver los recursos de apelación presentados por las partes en contra de la sentencia mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

La controversia gira alrededor de la nulidad absoluta de los contratos de apor te y venta de un bien inmueble de propiedad del municipio de Olaya, así como el contrato de readquisición de acciones suscrito entre las partes, con fundamento en que el primero fue celebrado sin competencia del alcalde municipal y ambos con violación del deber de selección objetiva y sin estudios previos.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 26 de septiembre de 2014, por medio de la cual la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de

Antioquia resolvió:

“PRIMERO: Se declara la nulidad del contrato denominado aporte en especie y venta sobre el bien inmueble denominado Finca El Oasis, identificado con matrícula inmobiliaria No. 029 -0016.883 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sopetrán, Antioquia, celebrado entre el municipio de Olaya y la Promotora Olaya S.A.S, elevado a escritura pública No. 225 del día trece (13) de abril de dos mil once (2011) en la notaría única del circuito de Santa Fe de Antioquia. Como consecuencia de la declaración anterior se declara la rescisión del referido contrato.Expediente 050012333000201300295 01 (52.804)

trece (13) de abril de dos mil once (2011) en la notaría única del circuito de Santa Fe de Antioquia. Como consecuencia de la declaración anterior se declara la rescisión del referido contrato.Expediente 050012333000201300295 01 (52.804)

Demandante: Municipio de Olaya

Demandado: Promotora Olaya S.A.S

Acción: Controversias contractuales

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SEGUNDO: La PROMOTORA OLAYA S.A.S. restituirá al MUNICIPIO DE OLAYA el inmueble al que se refiere la cláusula séptima de la escritura pública número 225 del 13 de abril de 2011 de la notaría única del círculo de Antioquia del Departamento de Antioquia [sic], con matrícula No. 029 -0016.883 de la

Oficina de Instrumentos Públicos de Sopetrán, Antioquia.

TERCERO: El MUNICIPIO DE OLAYA devolverá las acciones de la sociedad PROMOTORA OLAYA S.A.S entregadas como contraprestación del predio determinado en la escritura pública número 225 del 13 de abril de 2011 de la notaría única Antioquia del Departamento de Antioquia [sic], con matrícula inmobiliaria No. 029-0016.883 y la suma de ciento cincuenta millones de pesos, debidamente actualizada conforme al índice de precios al consumidor, en la forma establecida en la parte motiva de esta providencia, a PROMOTORA

OLAYA S.A.S.

CUARTO: Se declara la nulidad del contrato celebrado el 1º de noviembre de 2011 entre el MUNICIPIO DE OLAYA y PROMOTORA OLAYA S.A.S., correspondiente a la enajenación de noventa y cinco (95) acciones del

CUARTO: Se declara la nulidad del contrato celebrado el 1º de noviembre de 2011 entre el MUNICIPIO DE OLAYA y PROMOTORA OLAYA S.A.S., correspondiente a la enajenación de noventa y cinco (95) acciones del MUNICIPIO DE OLAYA a PROMOTORA OLAYA S.A.S. Como consecuencia de la declaración anterior, se declara la rescisión del contrato.

QUINTO: Como consecuencia de la declaración anterior, se ordena al MUNICIPIO DE OLAYA devolver a PROMOTORA OLAYA S.A.S. la suma de ciento veinte millones de pesos ($120.000.000), suma que se actualizará conforme al índice de precios al consumidor, en la forma establecida en la parte motiva de esta sentencia.

SEXTO: PROMOTORA OLAYA S.A.S. devolverá al MUNICIPIO DE OLAYA noventa y cinco (95) acciones más el valor recibido por concepto de la prima por colocación de acciones, equivalente a veinticinco millones de pesos ($25.000.000), suma que se actualizará conforme al índice de precios al consumidor, en la forma establecida en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: Ofíciese al Registrador de Instrumentos Públicos de Sopetrán – Antioquia, para que cancele del foli o de matrícula inmobiliaria No. 0290016.883, las anotaciones relacionadas con la escritura pública No. 225 del 13 de abril de 2011 de la Notaría Única de Antioquia, Antioquia.

OCTAVO: Niéguense las pretensiones de indemnizar perjuicios al MUNICIPIO DE OLAYA por las razones expuestas en la parte motiva de la sentencia.

OCTAVO: Niéguense las pretensiones de indemnizar perjuicios al MUNICIPIO DE OLAYA por las razones expuestas en la parte motiva de la sentencia.

NOVENO: Se condena en costas a la parte demandada, PROMOTORA OLAYA S.A.S. a favor del MUNICIPIO DE OLAYA.”1

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 19 de febrero de 20132 por el municipio de Olaya, departamento de Antioquia (en adelante, el Municipio o el demandante), cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se enuncian a continuación.

Pretensiones

3. El Municipio formuló las siguientes pretensiones:

“Primera: Que se declare la nulidad absoluta del contrato denominado de aporte en especie y venta sobre el bien inmueble denominado Finca El Oasis, identificado con matrícula inmobiliaria nº 029 -16-883 de la Oficina de Registro

1 Folio 460 y 461, cuaderno del Consejo de Estado. 2 De conformidad con el sello de recibido impuesto por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia, la demanda fue presentada el 19 de febrero de 2013 (folio 33, cuaderno 1).Expediente 050012333000201300295 01 (52.804)

Demandante: Municipio de Olaya

Demandado: Promotora Olaya S.A.S

Acción: Controversias contractuales

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de Instrumentos Públicos de S opetrán, (Ant), celebrado entre el Municipio de Olaya y la Promotora Olaya S.A.S., elevado a escritura pública No. 225 del día

Acción: Controversias contractuales

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de Instrumentos Públicos de S opetrán, (Ant), celebrado entre el Municipio de Olaya y la Promotora Olaya S.A.S., elevado a escritura pública No. 225 del día trece (13) de abril de dos mil once (2011) en la Notaría Única del Circuito de Santa Fe de Antioquia. (Ver hecho nº 5 infra)

Segunda: Que se ordene al señor Registrador de Instrumentos de Públicos [sic] de Seccional Sopetrán, Antioquia, para que cancele dicha inscripción del folio de matrícula nº 029-0016-883.

Tercera: Que se condene a la demandada al pago de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante.

Cuarta: Que se ordene a la demandada proceder de inmediato a realizar la restitución del inmueble al demandante.

Quinta: Que se declare la nulidad absoluta del contrato interadministrativo de enajenación de acciones suscrito el día 1 de noviembre de 2011 entre el Municipio de Olaya y la Gerente de la Promotora Olaya S.A.S., cuyo objeto fue la venta de noventa y cinco (95) acciones con destin o a la terminación y financiación de proyectos de infraestructura para el mejoramiento de la competitividad turística y el desarrollo económico y social del Municipio de

Olaya.

Sexta: Que se condene en costas a la entidad demandada.”3

Hechos de la demanda

4. En apoyo de sus pretensiones, el Municipio enunció, en síntesis, los

siguientes hechos:

Sexta: Que se condene en costas a la entidad demandada.”3

Hechos de la demanda

4. En apoyo de sus pretensiones, el Municipio enunció, en síntesis, los

siguientes hechos:

4.1. El Concejo Municipal de Olaya expidió el Acuerdo No. 21 del 25 de noviembre de 2001, por medio del cual autorizó al alcalde para convertir la finca El Oasis en un sitio destinado al ecoturismo regional.

4.2. Posteriormente, ese mismo cuerpo colegiado profirió el Acuerdo No. 1 del 11 de enero de 2008, mediante el cual le confirió al alcalde facultades por el término de 6 meses para que determinara la estructura administrativa del Municipio y modificara, fusionara, suprimiera y constituyera entidades descentrali zadas. El 11 de julio de 2008, el alcalde del Municipio expidió el Decreto No. 23 a través del cual autorizó la creación de una sociedad de economía mixta, denominada Promotora Olaya S.A.S, documento que reposa en los archivos del ente territorial sin la f irma del alcalde.

4.3. El alcalde y el representante de la sociedad Construcciones Técnicas en Obras Civiles S.A.S, celebraron el contrato de sociedad del 27 de junio de 2009 para constituir a la sociedad Promotora Olaya S.A.S. (en adelante, la sociedad, la Promotora o la demandada). Por la naturaleza pública de la sociedad, se autorizó al Municipio para hacer aportes en la modalidad de ventajas financieras o fiscales, garantías, concesiones, entre otras figuras jurídicas.

Promotora o la demandada). Por la naturaleza pública de la sociedad, se autorizó al Municipio para hacer aportes en la modalidad de ventajas financieras o fiscales, garantías, concesiones, entre otras figuras jurídicas.

4.4. El Municipio y la Promotora, celebr aron el contrato de aporte en especie y venta del 13 de abril de 2011 sobre el bien inmueble denominado El Oasis, identificado con matrícula inmobiliaria No. 020 -0016-883 de la Oficina de Registro

3 Folio 2, cuaderno 1.Expediente 050012333000201300295 01 (52.804)

Demandante: Municipio de Olaya

Demandado: Promotora Olaya S.A.S

Acción: Controversias contractuales

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de Instrumentos Públicos de Sopetrán, departamento de Antio quia, el cual fue elevado a escritura pública No. 225 de la Notaría Única del Circuito de Santa Fe de Antioquia. De conformidad con el objeto de este contrato: (i) el Municipio enajenó, a título de aporte en la Promotora, el 50,17% del derecho de dominio s obre el referido inmueble, por un valor de $151’000.000 y, a cambio, la demandada le transferiría 151 acciones nominativas y ordinarias de la sociedad; y, (ii) el Municipio enajenaría a título de venta a favor de la Promotora la cuota restante del 49,83% por valor de $150’000.000, los cuales serían pagados por la compradora en tres cuotas. El precio del inmueble estuvo basado en el avalúo comercial realizado por peritos registrados en la lonja de propiedad raíz.

4.5. Meses después, el Municipio y la Promotora celebraron un contrato de

cuotas. El precio del inmueble estuvo basado en el avalúo comercial realizado por peritos registrados en la lonja de propiedad raíz.

4.5. Meses después, el Municipio y la Promotora celebraron un contrato de readquisición de acciones el 1º de noviembre de 2011, cuyo objeto consistió en que el primero le vendió de vuelta a la segunda 95 acciones, a cambio de $120’000.000.

4.6. En la entidad no reposa la versión original del Decreto No. 23 de 2008 –de autorización de la creación de la Promotora– ni los estudios previos de que trata el Decreto 4444 de 2008 4, como tampoco los pliegos de condiciones que rigieron la selección del contratista, los cua les debían servir de fundamento y soporte para la celebración de los negocios jurídicos cuya nulidad se pretende.

Los fundamentos de derecho de la demanda

5. En el acápite de fundamentos de derecho, el Municipio afirmó que al celebrar los negocios jurídicos objeto de pleito se vulneraron los artículos 6, 29, 90, 119, 122, 209, 311, 313 y 315 de la Constitución Política; las leyes 9ª de 1989, 80 de 1993, 489 de 1998 y 1150 de 2007; los artículos 4, 17 y 20 de la Ley 226 de 1995; los artículos 1502 y 1741 del Código Civil y el Decreto 4444 de 2008. En sustento de su afirmación desarrolló los siguientes argumentos:

5.1. Indicó que el alcalde del Municipio actuó sin competencia al transferir el bien a la Promotora, toda vez que requería de autorización expresa del Co ncejo

su afirmación desarrolló los siguientes argumentos:

5.1. Indicó que el alcalde del Municipio actuó sin competencia al transferir el bien a la Promotora, toda vez que requería de autorización expresa del Co ncejo Municipal, pero que no contaba con ella; por tanto, el contrato está viciado de nulidad absoluta por vulnerar el orden público.

5.2. Refirió que la enajenación de los bienes de las entidades públicas se debe hacer a través del proceso de selección abreviada, el cual no se surtió. Citó como fundamento el literal e) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 4444 de 2008 qu e dispone que se deben elaborar estudios previos. El Municipio no elaboró estudios en los que explicara la necesidad y conveniencia de enajenar los bienes que eran de su propiedad5.

4 “Por medio del cual se reglamenta parcialmente el literal e) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007”. 5 Al contestar la demanda, la Promotora propuso la excepción de “ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales”, con fundamento en que en el libelo se invocó la violación de normas que no eran aplicables al caso y que además la presentación se hizo de una manera generalizada sin expresar claramente en qué consiste la vulneración. Señaló que no se identificó ningun a de las causales de nulidad de las que trata el artículo 84 del C.C.A. referente a actos administrativos. En audiencia inicial, el Tribunal resolvió negativamente la pretensión, con fundamento en que la acción que se ejerció no fue la de nulidad, ni la de nulidad y restablecimiento del

C.C.A. referente a actos administrativos. En audiencia inicial, el Tribunal resolvió negativamente la pretensión, con fundamento en que la acción que se ejerció no fue la de nulidad, ni la de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo cual la norma invocada por la demandada como fundamento de su excepción no resulta aplicable al caso. No se recurrió esta decisión. El litigio se fijó par determinar si el contrato de aporte en especie y vent a de la finca El Oasis y el posterior de readquisición de acciones “ fueron suscritos con el cumplimiento de las normas legales o en su defecto recae sobre ellos el vicio de la nulidad absoluta de que trata el artículo 44 de laExpediente 050012333000201300295 01 (52.804)

Demandante: Municipio de Olaya

Demandado: Promotora Olaya S.A.S

Acción: Controversias contractuales

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Los argumentos de defensa de la demandada

6. El 17 de junio de 2013 6, la Pro motora contestó la demanda y se opuso a todas las pretensiones. Formuló las excepciones de “ ineptitud sustantiva de la demanda”, “mala fe de la demandante” y “ legalidad de los negocios jurídicos demandados”. Como fundamento de su defensa expuso, que:

6.1. El Municipio sí expidió el Decreto No. 23 del 11 de julio de 2008, por lo cual no se trata de un acto presunto. Agregó que la celebración del contrato de enajenación de acciones se soportó en el Acuerdo Municipal No. 29 de 2010 7 expedido por el Concejo Municip al con el cumplimiento de todos los requisitos legales.

no se trata de un acto presunto. Agregó que la celebración del contrato de enajenación de acciones se soportó en el Acuerdo Municipal No. 29 de 2010 7 expedido por el Concejo Municip al con el cumplimiento de todos los requisitos legales.

6.2. Aseveró que el Municipio actuó de mala fe porque aportó al proceso documentos en borrador o sin firmas para inducir a error a la administración de justicia. Agregó que aportaba los documentos definit ivos que acreditan que los negocios jurídicos estuvieron sustentados en los documentos legalmente exigidos, motivo por el cual no adolecen de vicio alguno.

Alegatos en primera instancia

7. Agotado el período probatorio 8, el Municipio presentó sus alegatos de conclusión, en los que afirmó que: (i) el Acuerdo No. 21 del 25 de noviembre de 2001 proferido por el Concejo Municipal autorizó la transformación de la finca El Oasis en un sitio adecuado para el ecoturismo, pero no su enajenación, por lo que el contra to de aporte en especie y venta está viciado de nulidad por falta de competencia del alcalde; (ii) el Juzgado 27 Administrativo de Medellín declaró la

Ley 80 de 1993”. En la sentencia, el Tribunal se pronunció frente a la nulidad de los contratos por las causales de falta de competencia para celebrarlos, por desconocimiento del proceso de selección y por falta de estudios previos. En el recurso de apelación, la parte demandada reprochó los argumentos en los que el Tribunal soportó sus decisiones (dijo que sí había competencia, que el proceso de selección abreviada no era aplicable y que sí

previos. En el recurso de apelación, la parte demandada reprochó los argumentos en los que el Tribunal soportó sus decisiones (dijo que sí había competencia, que el proceso de selección abreviada no era aplicable y que sí hubo estudios previos), pero no insistió en la falta de claridad en los fundamentos de la deman da. La Sala en esta instancia anota que, si bien, los argumentos de la demanda no están presentados de la manera más clara, lo cierto es que, al leer su texto de manera integral, sí se puede establecer que las causales que analizó el Tribunal son las que s e plantearon como soporte de la nulidad de los contratos. Así se desprende al mirar las normas que se invocaron como violadas y las referencias que con respecto a ellas se hicieron con base en jurisprudencia de esta Corporación y conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil. 6 Folios 147 a 153, cuaderno 1. La constancia de recepción por parte de la Secretaría del Tribunal Administrativo obra en el folio 147 del cuaderno 1. 7 Por medio del cual se aprobó el presupuesto general de Municipio para la vigencia fiscal de 2011. 8 Mediante auto del 17 de septiembre de 2013 proferido en audiencia inicial, la Magistrada Ponente profirió el auto de pruebas (ver folios 213 a 224, cuaderno 1), en el cual decretó: (i) todas las pruebas anunciadas por la parte demandante en su escrito de demanda y allegadas con esta ( ver folios 38 a 125, cuaderno 1); (ii) todas las pruebas documentales allegadas por la demandada con su contestación (ver folios 154 a 197, cuaderno 1);

parte demandante en su escrito de demanda y allegadas con esta ( ver folios 38 a 125, cuaderno 1); (ii) todas las pruebas documentales allegadas por la demandada con su contestación (ver folios 154 a 197, cuaderno 1); (iii) exhorto a la Cámara de Comercio de Medellín para que allegara copia auténtica del acta No. 2 de 2011 de la sociedad Promotora Olaya S.A.S., documento que fue allegado oportunamente (ver folios235 a 239, cuaderno 1); (iv) ofició a la Procuraduría Departamental de Antioquia con el fin de que allegara información, si la hubiere, sobre investigaciones disciplinarias relacionados con los hechos de la demanda. La Procuraduría allegó la información correspondiente (ver folios 1 a 141, cuaderno No. 3); (v) ofició a la Contraloría General de Antioquia con el fin de que allegara información relacionada con investigaciones fiscales por los hechos de esta demanda. Dicho ente de control allegó el informe (ver CD obrante a folio 233, cuaderno 1); (vi) exhortó a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que informe si existen investigaciones o procesos pendientes contra sujetos implicados por los hechos relatados en la demanda. La Fiscalía respondió a dicho oficio allegando la certificación del caso (ver folio 248, cuaderno 1), y (vii) las pruebas testimoniales s olicitadas por la parte demandante, esto es, los testimonios de los señores Diego Edison Madrid Uribe, Carlos Mario Quiceno, Luis Eduardo Sepúlveda García y Jorge Eliécer Sepúlveda Oquendo, los cuales fueron practicados el 26 de noviembre de 2013 ante el Juzgado

testimonios de los señores Diego Edison Madrid Uribe, Carlos Mario Quiceno, Luis Eduardo Sepúlveda García y Jorge Eliécer Sepúlveda Oquendo, los cuales fueron practicados el 26 de noviembre de 2013 ante el Juzgado Promiscuo de Olaya, departamento de Antioquia, según la comisión ordenada por el Tribunal ( ver CD obrante a folio 403, cuaderno 1).Expediente 050012333000201300295 01 (52.804)

Demandante: Municipio de Olaya

Demandado: Promotora Olaya S.A.S

Acción: Controversias contractuales

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nulidad del Acuerdo No. 1 de 20089, por lo que el Municipio no tenía la competencia para constituir la sociedad ni enajenarle el inmueble, y (iii) las partes no observaron lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 4444 de 2008 para enajenar los bienes del Municipio, por lo que se vulneró el principio de selección objetiva. La parte demandada guardó silencio. El Ministerio Público no se pronunció.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

8. Como soporte de su decisión, el Tribunal desarrolló las siguientes razones10:

8.1. El alcalde no tenía competencia para constituir la Promotora, en tanto esa facultad le había sido delegada temporalmente por el Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 1 del 11 de enero de 2008; sin embargo, la ejerció por fuera de ese plazo.

8.2. El alcalde municipal carecía de competencia para celebrar el contrato de aporte en especie y venta del inmueble, en la medida que el Acuerdo No. 21 de

plazo.

8.2. El alcalde municipal carecía de competencia para celebrar el contrato de aporte en especie y venta del inmueble, en la medida que el Acuerdo No. 21 de 2001 solo lo autorizó para transformar el bien en un sitio adecuado para el ecoturismo, mas no para enajenarlo.

8.3. Adicionalmente, en la enajenación del inmueble el Municipio no garantizó los principios de transparencia y selección objetiva porque no agotó el procedimiento de selección abreviada; además, el artículo 3º del Decreto 4444 de 2008 establece que antes de la celebración del negocio jurídico se deben elaborar estudios previos, de los que no existe prueba en el expediente. Añadió que, si bien el Municipio podía entregar a título de aporte la propiedad de un bien fiscal, en todo caso, dicho acto implicaba una enajenación del derecho de dominio, por lo que ese acto debió sujetarse a las L eyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, requisitos que no fueron observados por las partes al celebrar el negocio jurídico sobre dicho inmueble.

8.4. En relación con la nulidad del contrato de enajenación de acciones indicó que la misma se deriva ante la ausencia de l a elaboración de los estudios, informes y avalúos que ordena el artículo 3º del Decreto 2474 de 2008. Si bien el Concejo Municipal autorizó al alcalde a celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal (art. 3.19 del Acuerdo No. 29 de 2010), lo cierto es que no se determinó el fundamento del valor nominal de la acción, los parámetros para valorar las obras que se confeccionarían con el

No. 29 de 2010), lo cierto es que no se determinó el fundamento del valor nominal de la acción, los parámetros para valorar las obras que se confeccionarían con el dinero producto de esa venta ni las especificaciones de las obras q ue estarían asociadas al cumplimiento de dicho plan.

8.5. Por las razones anteriores, concluyó que tanto el contrato de aporte en especie y venta del bien inmueble como el de enajenación de acciones vulneraron el principio de planeación y fueron suscritos sin competencia del alcalde del Municipio, por lo que declaró su nulidad absoluta con fundamento en el artículo 1740 del Código Civil. Consecuencialmente, dispuso que se restituyeran las cosas al estado que se encontraban antes de la celebración de los negocios jurídicos, en los términos indicados en la parte resolutiva de la sentencia.

9 Cuyo objeto consistió en que el Concejo del Municipio confirió facultades al alcalde para crear, suprimir, fusionar y constituir entidades descentralizadas. 10 Ver folios 449 a 461, cuaderno del Consejo de Estado.Expediente 050012333000201300295 01 (52.804)

Demandante: Municipio de Olaya

Demandado: Promotora Olaya S.A.S

Acción: Controversias contractuales

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8.6. Por último, se negó la pretensión de indemnización de perjuicios planteada por el Municipio con fundamento en que era él el responsable de la vulneración del principio de plane ación y por haber actuado sin competencia, lo que le impedía resultar beneficiado de su propia culpa.

II. LOS RECURSOS DE APELACIÓN11

El recurso de apelación del Municipio

principio de plane ación y por haber actuado sin competencia, lo que le impedía resultar beneficiado de su propia culpa.

II. LOS RECURSOS DE APELACIÓN11

El recurso de apelación del Municipio

9. El 15 de octubre de 2014, el Municipio interpuso recurso de apelación con el objeto de que se modificaran los numerales tercero, quinto, sexto y octavo relacionados con las órdenes a título de restituciones mutuas y con la decisión sobre indemnización de perjuicios. En soporte de su petición, desarrolló los siguientes

argumentos:

9.1. De conformidad con la relación de egresos y la constancia de ingresos expedida por el Secretario de Hacienda del Municipio –que adjuntó con el recurso de apelación–, la Promotora únicamente pagó $230’000.000 por la ejecución de los contratos y, además, según unos comprobantes de egreso que relacionó –y que aportó con el recurso de apelación–, esa misma suma casi que de inmediato le fue devuelta a la demandada, por lo que debía concluirse que el Municipio no recibió la totalidad del valor por el que se aval uó el inmueble; de manera que tampoco era procedente ordenarle que restituyera a la Promotora ese monto12.

9.2. Los contratos se celebraron, a sabiendas, con objeto y causa ilícitos, por lo cual, de conformidad con los artículos 1502, 1519, 1524, 1525, 1746 y 1747 del Código Civil, la Promotora no podía beneficiarse de las restituciones mutuas. Al respecto, expresó que ambos negocios jurídicos desconocieron normas de orden

Código Civil, la Promotora no podía beneficiarse de las restituciones mutuas. Al respecto, expresó que ambos negocios jurídicos desconocieron normas de orden público, en tanto, de una parte, la enajenación del inmueble la hizo el alcalde sin competencia, pues no fue autorizado por el Concejo Municipal. En la celebración de este negocio y en la enajenación de acciones se pretermitieron procedimientos legalmente establecidos para la contratación. Las pruebas que obran en el proceso dan cuenta de que los negocios se hicieron con el objeto de defraudar al Municipio para despojarlo de un bien público.

9.3. En los términos del artículo 48 de la Ley 80 de 1993, tampoco son procedentes las restituciones mutuas porque el Municipio no se benefició con la ejecución de los contratos.

9.4. Puso de presente que, al momento de proferirse la sentencia de primera instancia, el Municipio solicitó una copia del certificado de libertad y tradición de la finca El Oasis en el que aparecen las siguientes nuevas anotaciones: (i) el 9 de marzo de 2013, la Promotora transfirió, a título de aporte, el derecho de dominio a

11 La sentencia del 26 de septiembre de 2014 fue notificada mediante la remisión, el 30 de septiembre de 2014, de sendos mensajes de datos a las partes y al Mi nisterio Público y de conformidad con el artículo 203 del CPACA. De la recepción de los respectivos mensajes dejó constancia la Secretaría del Tribunal (folios 462 y 463, c. CE). Tanto la parte demandante como la parte demandada interpusieron recursos de apelación mediante escritos del 15 de octubre de 2014, dentro del término de 10 días establecido en el artículo 247 CPACA (los

463, c. CE). Tanto la parte demandante como la parte demandada interpusieron recursos de apelación mediante escritos del 15 de octubre de 2014, dentro del término de 10 días establecido en el artículo 247 CPACA (los días 4, 5, 11, 12 y 13 de octubre de 2014 fueron inhábiles). 12 A través de auto del 15 de marzo de 2017, se negó tener como prueba s los documentos por no haberse alegado ni comprobado que se presentara alguna de las causales establecidas en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011 para decretar pruebas en segunda instancia.Expediente 050012333000201300295 01 (52.804)

Demandante: Municipio de Olaya

Demandado: Promotora Olaya S.A.S

Acción: Controversias contractuales

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la sociedad Inmobiliaria Puente de Occidente S.A.S por valor de $301’000.000, y (ii) ese mismo día, constituyó una hipoteca de cuantía indeterminada sobre dicho bien a favor Proyectar Región S.A.S.

9.5. Por lo anterior, solicitó que: (i) se oficie a la Oficina de Regist ro de Instrumentos Públicos de Sopetrán, para que se inscriba la existencia de este proceso en los términos del artículo 590 del Código General del Proceso 13; (ii) se disponga la restitución del inmueble, y (iii) se revoquen las órdenes proferidas por el Tribunal a título de restituciones mutuas.

El recurso de apelación de la Promotora Olaya

10. El 15 de octubre de 2014, la Promotora interpuso recurso de apelación con

el Tribunal a título de restituciones mutuas.

El recurso de apelación de la Promotora Olaya

10. El 15 de octubre de 2014, la Promotora interpuso recurso de apelación con el objeto de que se revoque la sentencia en

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