CE - 050012333000201401006011SENTENCIA20230815170318

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001-23-33-000-2014-01006-01 (59669)

Actor: PROFESIONALES EN PROYECTOS AMBIENTALES-PROAMBIENTE

Ltda.

Demandado: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA-Si no se decretan no se valoran. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA-La acción de reparación directa es el medio de control idóneo.

ACCIÓN POPULAR-Protección de derechos e intereses colectivos. ACCIÓN POPULAR-Legitimación universal. ACCIÓN POPULAR-Improcedencia frente a pretensiones subjetivas. INCENTIVOS EN ACCIONES POPULARES-Eliminación. INCENTIVO AMBIENTAL-Es pagado por el prestador al municipio donde se encuentra el relleno sanitario. CONTRATO ESTATAL-Ley 80 art. 2. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LOS MUNICIPIOS-Ley 80 de 1993. RÉGIMEN GENERAL-La regla general es el derecho privado, salvo disposición especial de la Ley 80 y sus modificaciones. CONTRATO SOLEMNE-Por regla general el contrato estatal es solemne. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA-Presupuestos de la jurisprudencia civil y administrativa. ACTIO IN REM VERSO-Requisitos generales. del derecho común y presupuestos especiales en derecho administrativo.

solemne. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA-Presupuestos de la jurisprudencia civil y administrativa. ACTIO IN REM VERSO-Requisitos generales. del derecho común y presupuestos especiales en derecho administrativo. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. DOCUMENTO PÚBLICO-Presunción de autenticidad. DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extensión al que alega aquéllas o ésta. COSTAS EN CPACA-Se condena a la parte vencida en el proceso y la Sala tasará las agencias en derecho en segunda instancia. La Sala decide el recursc de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 18 de mayo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Antioquia, que negó las pratensiones. SÍNTESIS DEL CASO Entre los años 2004 y 2013, Profesionales en Proyectos Ambientales —Proambiente Ltda.- coadyuvó la acción popular que amparó los derechos colectivos de las comunidades del municipio de Santo Domingo, Anticquia, afectadas por el relleno sanitario «La Pradera» y participó en el comité de verificación de cumplimiento que definió la participación d=1 municipio de Santo Domingo en la distribución del2 Expediente n. 59,669

Demandante: Proambiente Ltda Niega pretensiones incentivo ambiental. Alega enriquecimiento sin justa causa, pues prestó sus servicios profesionales técnicos ambientales y jurídicossin recibir contraprestación.

ANTECEDENTES El 10 de junio de 2014, Profesionales en Proyectos Ambientales (en adelante Proambiente Ltda), a través de apoderado judicial, formuló demanda de reparación

contraprestación. ANTECEDENTES El 10 de junio de 2014, Profesionales en Proyectos Ambientales (en adelante Proambiente Ltda), a través de apoderado judicial, formuló demanda de reparación directa contra el municipio de Santo Domingo, Antioquia. Solicitó $1.260.000.000, por los servicios prestados, por daño emergente. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que, por solicitud de las comunidades del municipio de Santo Domingo, fue la «titular» de la acción popular que amparó los derechos colectivos vulnerados por el relleno sanitario «La Paradera». Adujo que participó en el comité de verificación y seguimiento de la sentencia y realizó distintas gestiones ante las autoridades ambientales. Agregó que el municipio de Santo Domingo se benefició económicamente del pago del incentivo ambiental con ocasión de los servicios profesionales que prestó Proambiente Ltda. El 12 de agosto de:2014 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, el municipio de Santo Domingo adujo que no se probó el enriquecimiento sin causa. El 26 de abril de 2016 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. Las partes reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público guardó silencio. El 18 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia negó las pretensiones, al estimar que no se configuró ninguno de los casos de procedencia de la actio in rem verso. Consideró que el demandante coadyuvó la acción popular de manera libre y voluntaria, con el objetivo de defender los derechos

negó las pretensiones, al estimar que no se configuró ninguno de los casos de procedencia de la actio in rem verso. Consideró que el demandante coadyuvó la acción popular de manera libre y voluntaria, con el objetivo de defender los derechos colectivos de las comunidades afectadas, sin que mediara solicitud, orden o contrato por parte del municipio de Santo Domingo. La parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 27 de junio de 2017 y admitido el 28 de julio siguiente. Esgrimió que el municipio de Santo Domingo obtuvo un beneficio económico por las gestiones que Proambiente Ltda. adelantó. El 20 de septiembre3 Expediente n.” 59.669

Demandante: Proambiente Ltda Niega pretensiones de 2017, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes reiteraron lo expuesto y el Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 104 CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del presente asunto de conformidad con el artículo 150 CPACA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 CPACA, esto es, $308.000.000.

Acción procedente

Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 CPACA, esto es, $308.000.000. Acción procedente

2. Según criterio unificado de esta Corporación, la acción de reparación directa es el medio de control idóneo para pedir el enriquecimiento sin justa causa (art. 90 CN y art. 140 CPACA?.

Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el artículo 164.2.i del CPACA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2014, $616.000 por 500. 2 El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 19 de noviembre de 2012, Rad. 24.897 [fundamento jurídico 13], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 pp. 899-900, disponible en: https//cutt ly/Akgynhf.4

Expediente n. 59.669

Demandante: Proambiente Ltda Niega pretensiones posterior. La demanda se interpuso en tiempo -10 de junio de 2014-, porque el 18 de febrero de 2014, la alcaldía del municipio de Santo Domingo negó el pago de

Demandante: Proambiente Ltda Niega pretensiones posterior. La demanda se interpuso en tiempo -10 de junio de 2014-, porque el 18 de febrero de 2014, la alcaldía del municipio de Santo Domingo negó el pago de honorarios a la empresa Proambiente Ltda., pues consideró que no existió ningún tipo de vínculo contractual, laboral, legal o reglamentario [hecho probado 9.8].

Legitimación en la causa

4. Proambiente Ltda. es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, pues prestó los servicios profesionales [hechos probados 9.1 y 9.2]. El municipio de Santo Domingo está legitimado en la causa por pasiva, porque fue la entidad a la que se le prestó el servicio [hecho probado 9.4]. '. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se configuró el enriquecimiento sin justa causa en favor de una entidad pública por el reconocimiento y pago de un incentivo ambiental y el empobrecimiento correlativo de la demandante por la prestación, sin contrato, de servicios profesionales.

Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 328 CGP.

Hechos probados

6. Las copias simples se valorarán según el artículo 246 CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 211 CPACA.

7. Las providencias judiciales son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales, pero no sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento3. En cada

7. Las providencias judiciales son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales, pero no sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento3. En cada 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad. 24.844 [fundamento jurídico 3.3.3.2]5

Expediente n.” 59.669

Demandante: Proambiente Ltda Niega pretensiones proceso el juez debe fundarse en las pruebas allegadas al mismo (art. 164 CGP) y las partes deberán tener la oportunidad para contradecirlas.

8. La demandante aportó en el trámite de la segunda instancia una certificación de la alcaldía municipal de Santo Domingo (f. 495 c. p.pal). El artículo 212 CPACA prevé que las partes podrán pedir pruebas en el trámite de apelación de sentencias en segunda instancia por el lapso del término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación. Como el Despacho negó el decreto de esa prueba porque se solicitaron extemporáneamente, no será valorada.

9. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 9.1. El 7 de junio de 2005, Proambiente Ltda. solicitó ser reconocida como coadyuvante de la parte demandante en el trámite de la acción popular contra Empresas Varias de Medellín ESP y la Corporación Autónoma Regional de Antioquia —-Corantioquia— por la vulneración del derecho colectivo a un ambiente sano de las comunidades del municipio de Santo Domingo, según da cuenta copia simple del memorial (f. 24-39 c. 1).

Antioquia —-Corantioquia— por la vulneración del derecho colectivo a un ambiente sano de las comunidades del municipio de Santo Domingo, según da cuenta copia simple del memorial (f. 24-39 c. 1). 9.2. El 2 de agosto de 2007, el Juez 26 Administrativo del Circuito de Medellín se declaró inhibido para decidir las pretensiones de varios de los demandantes y negó las demás pretensiones de la demanda de acción popular, según da cuenta copía simple de la sentencia de segunda instancia (f. 92-148 c. 1). 9.3. El 14 de agosto de 2007, Proambiente Ltda. interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 2 de agosto de 2007, según da cuenta copia simple del recurso (f. 46-50 c. 1). 9.4. El 10 de agosto de 2009, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, amparó el derecho colectivo a un ambiente sano de las comunidades del municipio de Santo Domingo —entre otras— y ordenó compensaciones ambientales y sociales; el pago de un incentivo económico de la Ley 472 y la conformación de un comité para la verificación del6 Expediente n.” 59.669

Demandante: Proambiente Ltda Niega pretensiones cumplimiento del fallo, según da cuenta copia simple de la sentencia (f. 92-148 c. 1). 9.5 El 15 de abril de 2010, Proambiente Ltda. presentó a la alcaldía del municipio de Santo Domingo una propuesta de prestación de servicios profesionales para la coordinación y asesoría en la-reclamación de las compensaciones ordenadas en la sentencia del 10 de agosto de 2009, según da cuenta copia simple de la propuesta

de Santo Domingo una propuesta de prestación de servicios profesionales para la coordinación y asesoría en la-reclamación de las compensaciones ordenadas en la sentencia del 10 de agosto de 2009, según da cuenta copia simple de la propuesta (f. 161-174 c. 1). 9.6. El 8 de noviembre de 2013, Empresas Varias de Medellín ESP celebró con el municipio de Santo Domingo un convenio interadministrativo, mediante el cual se obligó a transferir al municipio el valor equivalente al 30.02% del total del recaudo por concepto del incentivo por alojamiento del relleno sanitario «La Pradera», según da cuenta copia simple del convenio (f. 175-176 c. 1). 9.7. El 3 de febrero de 2014, Proambiente Ltda presentó derecho de petición ante la alcaldía del municipio de Santo Domingo para el reconocimiento y pago de los honorarios por los servicios profesionales prestados con ocasión de los trámites previos a la demanda de acción popular; la coadyuvancia en el proceso judicial y la participación en el comité de verificación del cumplimiento del fallo, según da cuenta copia simple de la solicitud (f. 320-327 c. 1). 9.8. El 18 de febrero de 2014, la alcaldía del municipio de Santo Domingo negó el pago de honorarios a la empresa Proambiente Ltda., pues consideró que no existió ningún tipo de vínculo contractual, laboral, legal o reglamentario del que derive la obligación, según da cuenta copia simple del oficio (f. 390-392 c. 1). La naturaleza jurídica de la acción popular y los incentivos ambientales

10. Las acciones populares tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos y están diseñadas para que a través de ellas se pueda evitar el

La naturaleza jurídica de la acción popular y los incentivos ambientales

10. Las acciones populares tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos y están diseñadas para que a través de ellas se pueda evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio7

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Demandante: Proambiente Ltda Niega pretensiones sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.

La acción popular no tiene un carácter supletivo o residual frente a otras acciones judiciales, sino que se caracteriza por ser autónoma y principal dado que su objeto es la protección de derechos colectivos. Por ello, el artículo 12 de la Ley 472 de 1998 establece que para el ejercicio de la acción popular estará legitimada cualquier persona (legitimación universal), porque procede para la defensa de un derecho colectivo, en el marco de un conflicto de interés general. La acción popular no está concebida para la protección de derechos subjetivos, sino para garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses difusos o colectivos. La efectividad de esa categoría de derecho excluye propósitos subjetivos o indemnizatorios particulares y, por ello, no es posible perseguir pretensiones individuales a través de ellas. Si el interés jurídico protegido no es particular tampoco puede, en consecuencia, buscarse algún tipo de resarcimiento pecuniario en favor de quien promueve —o coadyuvala acción, pues se actúa en defensa de los intereses públicos. Con esta perspectiva, la Ley 1425 de 2010 derogó expresamente los incentivos económicos en acciones populares. Aunque el texto legal es claro y, por ello, no es posible desatender su tenor literal, si se consulta la

los intereses públicos. Con esta perspectiva, la Ley 1425 de 2010 derogó expresamente los incentivos económicos en acciones populares. Aunque el texto legal es claro y, por ello, no es posible desatender su tenor literal, si se consulta la historia fidedigna de su establecimiento, claramente manifiesto en la exposición de motivos, no hay duda de que el legislador consideró que esos incentivos económicos se contraponían con el deber de toda persona de ayudar a la preservación y conservación de los intereses públicos y comunesf. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, según el cual la sentencia que acoja las pretensiones puede condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado un daño a un derecho o interés colectivo, exclusivamente en favor de la entidad pública no culpable que lo tenga a su cargo.

11. De otro lado, el artículo 251 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 88 de la Ley 1753 de 2015, dispuso la conservación de un incentivo al 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de marzo de 2006, AP Rad. n. 2003-00239-01

[fundamento jurídico 5.1], en Anto/ogía Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 pp. 907 a 912, disponible en: https://cutt ly/Akgynhf. 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de octubre de 2.005, Rad. AP 20001-23-31-0002001-01588-01 [fundamento jurídico 3].

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de octubre de 2.005, Rad. AP 20001-23-31-0002001-01588-01 [fundamento jurídico 3]. 6 Exposición de motivos al proyecto de ley n”. 056 Cámara de Representantes de 2009, en Gaceta del Congreso, año XVIII, n”. 622, 24 de julio de 2009, pp. 15 y 16, disponible en http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/8 Expediente n.” 59.669

Demandante: Proambiente Ltda Niega pretensiones aprovechamiento de residuos sólidos para los municipios donde se ubiquen rellenos sanitarios de carácter regional. El valor de este incentivo especial -que no puede confundirse con el que preveía la Ley 472 para acciones populares— es pagado por el prestador al municipio donde se ubique el relleno sanitario y su tarifa será entre 0,23% y 0,69% del salario mínimo legal vigente por tonelada dispuesta. Agrega la norma que en aquellos casos en que el relleno sanitario se encuentre ubicado o se llegare a ubicar en zonas limítrofes de varios municipios; el incentivo se distribuirá proporcionalmente entre los municipios, conforme al área afectada con la ejecución del proyecto y deberá ser destinado a la financiación de proyectos de agua potable y saneamiento básico.

Régimen jurídico de contratación de los municipios '

12. El artículo 1 de la Ley 80 de 1993 establece que esa ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos estatales y dispuso, en el artículo 2.a, que los municipios serían entidades estatales para los propósitos de ese estatuto.

las reglas y principios que rigen los contratos estatales y dispuso, en el artículo 2.a, que los municipios serían entidades estatales para los propósitos de ese estatuto. El estatuto de contratación regula particularmente cinco materias propias del régimen de la contratación: (i) capacidad: dentro de la cual están las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, los consorcios y uniones temporales —que pueden celebrar contratos sin ser personas jurídicas— y el registro único de proponentes, (ii) la selección objetiva, que abarca los procedimientos de selección de contratistas; (iii) el perfeccionamiento y la forma del contrato, la urgencia manifiesta y algunos tipos de contratos; (iv) algunos aspectos relativos a su ejecución como el manejo de riesgo, la ecuación contractual y las denominadas «potestades excepcionales» y (v) la liquidación del contrato y la de solución de controversias. En lo demás, la Ley 80 de 1993 prescribe que, por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes (arts. 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 y art. 2 CC), salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. De modo que el contrato estatal se rige por las disposiciones comerciales y civiles, salvo lo dispuesto por las normas de orden público previstas9 Expediente n. 59.669

Demandante: Proambiente Ltda Niega pretensiones en la Ley 80 y sus modificaciones (arts. 5.1 Ley 57 de 1887 y 3 de la Ley 153 de

1887)”.

Expediente n. 59.669

Demandante: Proambiente Ltda Niega pretensiones en la Ley 80 y sus modificaciones (arts. 5.1 Ley 57 de 1887 y 3 de la Ley 153 de

1887)”. Como Proambiente Ltda. reclama el pago por la prestación de servicios profesionales en el trámite la acción popular que amparó los derechos colectivos de las comunidades del municipio de Santo Domingo, el régimen de sus actos y contratos es, además del derecho privado, el establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

13. El contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa (art. 1495 CC). El contrato, entendido como acuerdo de voluntades destinado a crear una o más obligaciones, puede ser real, consensual o solemne (art. 1500 CC). Por regla general los contratos son consensuales y solo excepcionalmente reales o solemnes (art. 824 C. Co). Los contratos son consensuales cuando se perfeccionan por el solo consentimiento, son reales cuando para que sean perfectos es necesario la entrega de la cosa a que se refiere, como ocurre en los contratos de mutuo y depósito (2222 y 2237 CC) y son solemnes cuando están sujetos a la observancia de ciertas formalidades especiales [ad extintentiam actus].

Las formalidades especiales a las que están sujetas la formación del contrato solemne pueden ser: (i) impuestas por la ley en consideración a la naturaleza del acto; (ii) impuestas por las mismas partes y (iii) exigidas en atención a la calidad o el estado de las personas que celebraron el contrato. Las solemnidades impuestas por la ley en consideración a la naturaleza del acto son comunes en los contratos

acto; (ii) impuestas por las mismas partes y (iii) exigidas en atención a la calidad o el estado de las personas que celebraron el contrato. Las solemnidades impuestas por la ley en consideración a la naturaleza del acto son comunes en los contratos en los que hay una modificación en el titular o se imponen limitaciones al derecho de propiedad (arts. 1857,1966 y 2434 CC). La ley autoriza a los contratantes a subordinar los efectos de sus manifestaciones a formalidades voluntarias o a condiciones lícitas y posibles (arts. 1530 y siguientes copy.

14. Los contratos —actos jurídicos generadores de obligaciones (art. 32)- que celebran las entidades que se rigen por la Ley 80 de 1993, son solemnes (art. 1500 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de febrero de 2020, Rad. 31.628

[fundamento jurídico 4]. 8 Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n”. 26, sentencia del 26 de febrero de 2021, Rad. 1100103-15-000-2020-04022-00 [fundamento jurídico 16].10 Expediente n. 59.669

Demandante: Proambiente Ltda Niega pretensiones CC). De modo que, están sujetos a una formalidad especial para que se perfeccionen y, sin ella, no producen efecto civil alguno. El artículo 39 de la Ley 80 de 1993 prescribe que los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, salvo aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con esa formalidad. En concordancia, el artículo 41 dispuso que los contratos del Estado se perfeccionan

por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, salvo aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con esa formalidad. En concordancia, el artículo 41 dispuso que los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Los contratos celebrados por la Administración bajo las reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pues, son de carácter solemne, es decir, que para que existan se requiere que se eleve a escrito la manifestación de voluntad?. La ausencia de esta solemnidad ad substantiam actus implica la inexistencia del negocio jurídico e impide el nacimiento de los efectos jurídicos pretendidos por las partes (art. 1501 CC y 898 C. Co). En los eventos en que una norma especial excluya la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, toda la actividad contractual -en sentido amplio—, es decir, desde la formación del negocio jurídico hasta la etapa postcontractual, se rige por el derecho privado. De modo que, en los regímenes exceptuados, el perfeccionamiento del contrato no estará sujeto a la solemnidad ad substantiam actus prevista en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, sino únicamente a las solemnidades propias del negocio jurídico celebrado reguladas en el derecho privado y a las impuestas por las partes.

15. Como los servicios profesionales fueron prestados por la demandante sin que se hubiera elevado a escrito contrato y el municipio de Santo Domingo se rige por la Ley 80 de 1993, no existió el negocio jurídico por falta del requisito de perfeccionamiento establecido en ese estatuto -solemnidad ad substantiam actus-.

se hubiera elevado a escrito contrato y el municipio de Santo Domingo se rige por la Ley 80 de 1993, no existió el negocio jurídico por falta del requisito de perfeccionamiento establecido en ese estatuto -solemnidad ad substantiam actus-. De manera que, la Sala procede a determinar si se configuran los presupuestos del enriquecimiento sin causa. Enriquecimiento sin justa causa 9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de marzo de 2011, rad. n. 17072 [fundamento jurídico 3.1], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 168, disponible en https://cutt.ly/OQ9KFJH.11 Expediente n.” 59.669

Demandante: Proambiente Ltda Niega pretensiones

16. El Código Civil no previó expresamente la figura del enriquecimiento sin justa causa como fuente de obligaciones. No obstante, varios preceptos (arts. 1324, 1747, 2243, 2310, 2343 CC) reconocen que nadie puede enriquecerse sin causa a costa del empobrecimiento de otro. La jurisprudencia civil, con apoyo en esos preceptos, y en los artículos 5, 8 y 48 de la Ley 153 de 1887, desarrolló en varios fallos la aplicación de esta figura. Posteriormente, el artículo 831 C.Co. dispuso que nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro. De acuerdo con el criterio sentado por la Corta Suprema de Justicia, para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa [actio in rem verso] se requiere: (i) que exista un

criterio sentado por la Corta Suprema de Justicia, para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa [actio in rem verso] se requiere: (i) que exista un enriquecimiento por parte del obligado, que puede consistir en adición o haber evitado un menoscabo patrimonial; (1) que haya un empobrecimiento correlativo, esto es, que provenga del mismo hecho; (ii) que no exista una causa jurídica del desplazamiento patrimonial; (iv) que el demandante carezca de cualquier otra acción que le permita reparar la situación —carácter subsidiarioy (v) que con su ejercicio no se pretenda soslayar de la aplicación de una norma imperativa?”. Estos requisitos se pueden agrupar en dos categorías. La primera compuesta por aquellos elementos naturales o materiales que dan lugar a que se configure como fuente de obligaciones: el enriquecimiento y el empobrecimiento correlativos y la ausencia de causa que justifique el enriquecimiento. La segunda relativa a los requisitos procedimentales necesarios para ejercer la actio in rem verso: que el demandante carezca de otra acción y que no exista norma que excluya la aplicación del enriquecimiento sin justa causa??. La figura del enriquecimiento sin justa causa aplica al ámbito estatal, sobre los mismos fundamentos que sentó la jurisprudencia civil. Al fin de cuentas, los actos de gestión de la Administración se gobiernan por el derecho común (art. 2 CC y art. 13 Ley 80). No obstante, esta figura presenta naturalmente variaciones para «ajustarla» a las reglas especiales propias de la Administración Pública (artículos 10 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de noviembre de 1936, [fundamento

«ajustarla» a las reglas especiales propias de la Administración Pública (artículos 10 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de noviembre de 1936, [fundamento jurídico 1], en Gaceta Judicial Tomo XLIV pp. 471 a 476; y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de junio de 2007, Rad. 14.669 [fundamento jurídico 7.1], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 pp. 895 y 896, disponible en: https: //cutt.ly/Akgynhf. 11 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 6 de octubre de 1937 [fundamento jurídico p. 7], en Gaceta Judicial, Tomo XLV, pp. 802 a 805, y sentencia del 21 de mayo de 2002 Rad. 7061 [fundamento jurídico 3].12 Expediente n. 59.669

Demandante: Proambiente Ltda Niega pretensiones 5.1 Ley 57de 1887 y 3 de la Ley 153 de 1887). Frente a su procedencia en el marco de los contratos estatales sometidos a la Ley 80 de 1993, la Sala Plena de esta Sección —al unificar su criteriosostuvo que la actío in rem verso no podía ser utilizada para reclamar el pago de obras o servicios que se hubieran ejecutado en favor de la Administración, sin haber celebrado el contrato por escrito (arts. 39 y 41

Ley 80 de 1993); ni haber agotado los procedimientos señalados por el legislador??.

utilizada para reclamar el pago de obras o servicios que se hubieran ejecutado en favor de la Administración, sin haber celebrado el contrato por escrito (arts. 39 y 41 Ley 80 de 1993); ni haber agotado los procedim