CE - 050012333000201401234011SENTENCIA20220531141527

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente : 05001-23-33-000-2014-01234-01 (2031-2020)

Demandante : Álvaro Castro Dávila Demandado : Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento de Antioquia Tema : Reliquidación de pensión de jubilación docente; factores salariales que deben tenerse en cuenta en el ingreso base de liquidación pensional

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia de 11 de diciembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala segunda de oralidad), mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 84 a 104). El señor Álvaro Castro Dávila, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magist erio (Fomag) y el

138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magist erio (Fomag) y el departamento de Antioquia , para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad parcial de la Resolución 36049 de 10 de mayo de 2005 , que reconoció pensión de jubilación al demandante, en condición de docente oficial; y se anule n los oficios 3172-FNPSM de 29 de septiembre del mismo año y 2413-FNPSM de 22 de septiembre de 2006 y el acto ficto producto del silencio administrativo ante la reclamación de 15 de marzo de 2007, por medio de los cuales se le negó el reajuste de tal prestación.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene reliquidar la aludida pensión con todos los factores salariales que devengó el actor durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico de jubilado, indexar la primera mesada pensional y sufragar las respectivas diferencias, debidamente actualizadas; por último, se condene a la parte demandada en costas procesales.2

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01234-01 (2031-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Álvaro Castro Dávila contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro 1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que laboró como docente oficial al servicio del departamento de Antioquia y, con Resolución 36049 de 10 de mayo

Nacional – Fomag y otro 1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que laboró como docente oficial al servicio del departamento de Antioquia y, con Resolución 36049 de 10 de mayo de 2005, el Fomag le reconoció pensión de jubilación, sin incluir la totalidad de los factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado.

Que, mediante escritos de 24 de junio de 2005, 13 de agosto de 2006 y 15 de marzo de 2007, pidió del accionado la reliquidación de la mencionada prestación, negada a través de los oficios 3172-FNPSM de 29 de septiembre de 2005 y 2413-FNPSM de 22 de septiembre de 2006 y el acto ficto producto del silencio administrativo ante la última reclamación.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos administrativos demandados los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 48, 53, 83, 84, 95, 209 y 228 de la Constitución Política; 17 de la Ley 6ª de 1945, 3 de la Ley 65 de 1946, 2 de la Ley 24 de 1947, 4 de la Ley 48 de 1962 , 2 de la Ley 5ª de 1969, 3 de la Ley 33 de 1985, 1 de la Ley 62 de 1985, 2 y 15 de la Ley 91 de 1989, 2 de la Ley 489 de 1998, 33 y 34 de la Ley 734 de 2002, 81 de la Ley 812 de 2003, 56 de la Ley 962 de 2005 , 93 del CPACA, 99 del

de la Ley 91 de 1989, 2 de la Ley 489 de 1998, 33 y 34 de la Ley 734 de 2002, 81 de la Ley 812 de 2003, 56 de la Ley 962 de 2005 , 93 del CPACA, 99 del Decreto 1848 de 1969, 36 del Decreto 2277 de 1979 y 45 del Decreto 1045 de 1978; las Leyes 6ª de 1946 y 4ª de 1966 y el Decreto 2831 de 2005.

Arguye que «[…] a la vigencia de la Ley 91 de 1989, para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación se encontraban vigentes las Leyes 24 de 1947 [y] 5 de 1969 que ordenan la liquidación de la pensión de jubilación con base en el 75% del promedio salarial devengado en el último año. En todo caso, cuando por alguna razón se haya omitido efectuar los descuentos para pensiones sobre algunos factores salariales, el reconocimiento de la pensión debe realizarse incluyendo aquellos, sin perjuicio de realizar los correspondientes descuentos según el artículo 99 del Decreto Nacional 1848 de 1969» (sic).

1.5 Contestación de la demanda:

1.5.1 Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (ff. 184 a 196) . El Fondo accionado, a través de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y aduce que quien está legitimado en la causa para responder es el ente territorial prestador del servicio. Afirma que la pensión fue liquidada de acuerdo con la normativa aplicable, con base en los factores sobre los cuales fueron realizados los3

quien está legitimado en la causa para responder es el ente territorial prestador del servicio. Afirma que la pensión fue liquidada de acuerdo con la normativa aplicable, con base en los factores sobre los cuales fueron realizados los3

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01234-01 (2031-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Álvaro Castro Dávila contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro respectivos aportes.

1.5.2 Departamento de Antioquia. El ente territorial demandado, pese a haber sido notificado en legal forma, guardó silencio en esta etapa procesal.

1.6 La providencia apelada (ff. 344 a 352 vuelto). El Tribunal Administrativo de Antioquia (sala segunda de oralidad), mediante sentencia de 11 de diciembre de 2019, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del departamento de Antioquia y negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que «[…] para la liquidación de la pensión del actor a la fecha de adquisición del status pensional, se tuvo en cuenta el único factor devengado que correspondía a los enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, esto es, la asignación básica» (sic).

1.7 El recurso de apelación (ff. 357 a 360 vuelto). Inconforme con la anterior sentencia, el demandante interpuso recurso de apelación, al estimar que el fallo de unificación , proferido por esta Corporación el 25 de noviembre de 2019, «[…] hace una aplicación errada de las reglas definidas mediante sentencia

sentencia, el demandante interpuso recurso de apelación, al estimar que el fallo de unificación , proferido por esta Corporación el 25 de noviembre de 2019, «[…] hace una aplicación errada de las reglas definidas mediante sentencia del 28 de agosto de 2018, adoptada por la Sala Plena del Consejo de Estado […]» (sic), pues a los servidores públicos que tienen un régimen salarial diferente se les reconocen los factor es dispuestos en la respectiva norma que los rige.

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 27 de enero de 2020 (f. 361) y admitido por esta Corporación a través de auto de 30 de noviembre de 2021 (f. 386), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión . Admitida la alzada , se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, con auto de 10 de febrero de 2022 (f. 388), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las primeras1.

2.1.1 Parte demandante . El accionante insiste de manera idéntica en los argumentos de apelación.

1 Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.4

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01234-01 (2031-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01234-01 (2031-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Álvaro Castro Dávila contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro 2.1.2 Parte accionada. El Fomag, por intermedio de apoderad a, expresa que, conforme a la sentencia de unificación2 del Consejo de Estado (sala plena de lo contencioso-administrativo) d e 28 de agosto de 2018, «[…] solamente hay reliquidación pensional cuando los factores respecto a los que se reclama su inclusión, se encuentran citados en la lista del Articulo 3 de la Ley 33 de 1985 y sobre ellos se haya efectuado los aportes correspondientes […]» (sic).

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación3, corresponde en esta oportunidad a la Sala establecer si al demandante le asiste derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación, como docente, con inclusión de todos los factores de salario devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus de pensionad o; o, por el contrario, debe ser calculada con base en los emolumentos previstos en la Ley 62 de 1985 y sobre los cuales hubiera realizado aportes, tal como lo concluyó el a quo.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo

realizado aportes, tal como lo concluyó el a quo.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993 fue expedida con la finalidad, entre otras, de acabar la diversidad de regímenes pensionales existentes; no obstante, con el objetivo de evitar menoscabar derechos de personas que se encontraban próxi mas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicios, se previó el régimen de transición y se establecieron excepciones al sistema integral de seguridad social como en su artículo 279, que establece:

Excepciones: El Sistema Integral de Seguridad S ocial contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de (…). Así mismo se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

2 Magistrado ponente César Palomino Cortés, expediente 520012333201200143-01. 3 Según el artículo 328 del Código General del Proceso, « El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».5

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01234-01 (2031-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

relacionados con ella».5

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01234-01 (2031-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Álvaro Castro Dávila contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989 , cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales a favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida [...] (resalta y subraya la Sala).

Por otro lado, a pesar de lo preceptuado por el Estatuto Docente (Decreto ley 2277 de 1979), en el sentido de que los educadores oficiales tienen el carácter de empleados oficiales de régimen especial, esto únicamente es aplicable en lo relacionado con las materias que regula el mencionado Estatuto, es decir, que en lo que remite a la pensión ordinaria de jubilación no ostentan ningún tratamiento especial, pues aunque son servidores públicos con régimen especial, en lo atañedero a pensiones no gozan de dicha particularidad.

Por su parte, la Ley 91 de 1989, « Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio », distinguió entre el personal docente nacional, nacionalizado y territorial en los siguientes términos:

Artículo 1º. Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del

Gobierno Nacional.

Artículo 1º. Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del

Gobierno Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la ley 43 de 1975.

3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1975.

Parágrafo. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad. […]

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990, será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figure n vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales, se regirán por6

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01234-01 (2031-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01234-01 (2031-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Álvaro Castro Dávila contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley.

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la

Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1. de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. […]

De la norma trascrita se infiere que a los docentes vinculados a partir de 1º de enero de 1990, nacionales y nacionalizados, se les reconocerá solamente una pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional; reconocimiento pensional que estuvo regulado por los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este últi mo derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985; y para aquellos que estuvieron vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 prevé que se mantendrá el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes, es decir, que el reconocimiento de la pensión de jubilación ordinaria a favor de los docentes se rige por la Ley 33 de 1985, norma legal vigente hasta antes de la expedición de la Ley 91 de 1989.

Luego, la Ley 60 de 1993 dispuso que el régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la misma Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ella fijadas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones, asimismo, en cuanto a los docentes territoriales previó su incorporación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio respetándoles el régimen prestacional

con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones, asimismo, en cuanto a los docentes territoriales previó su incorporación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio respetándoles el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.7

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01234-01 (2031-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Álvaro Castro Dávila contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro A este respecto, el Consejo de Estado, en sentencia de 23 de febrero de 2006, expediente 2002 – 0594, con ponencia del consejero Tarsicio Cáceres Toro, sobre

el tema objeto de análisis, precisó:

De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las autori dades locales no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93. […]

autoridades locales resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93. […]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un rég imen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.

Por lo tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de

pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.

Por lo tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se consagra un régimen legal especial; por ende, es del caso dar aplicación a lo establecido por la citada Ley 33 al encontrarse regulados en forma expresa los docentes nacionales y nacionalizados.

En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,8

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01234-01 (2031-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Álvaro Castro Dávila contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los empleados oficiales que sir van o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

Sobre el particular esta Corporación considera que el docente, al ser pensionado bajo los preceptos de la Ley 33 de 1985, se le debe tener en cuenta el promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, los cuales se encuentran contemplados en el artículo 3º de la citada ley, modificado por el

bajo los preceptos de la Ley 33 de 1985, se le debe tener en cuenta el promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, los cuales se encuentran contemplados en el artículo 3º de la citada ley, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, que en lo pertinente consagra:

Artículo 1: Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier caja de previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, e stará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: Asignación Básica, Gastos de Representación, Primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, Dominicales y feriados, Horas extras, Bonificación po r servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio.

En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.

De acuerdo con el precepto trascrito, ciertamente en su inciso segundo se enuncian factores salariales que se deben tener en cuenta para calcular el monto de la pensión de jubilación, pero dicha enumeración no se ha de considerar taxativa, por cuanto el in ciso tercero prevé la posibilidad de que dicha prestación sea liquidada sobre los factores que hayan servido de base para calcular aportes.

de la pensión de jubilación, pero dicha enumeración no se ha de considerar taxativa, por cuanto el in ciso tercero prevé la posibilidad de que dicha prestación sea liquidada sobre los factores que hayan servido de base para calcular aportes.

Por otro lado, se tiene que el acto legislativo 1 de 2005, «Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política», en lo referente al régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, prescribió « El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se9

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01234-01 (2031-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Álvaro Castro Dávila contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio 1º).

El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 4, al que hace alusión el acto legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se

legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educat ivo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Naci onal de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. […]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones. […]

Respecto de las anteriores normas, la sección segunda, en sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2 de 25 de abril de 2019, expediente 68001 -23-33000-2015-00569-01 (0935 -2017), consejero ponente César Palomino Cortés, precisó:

unificación SUJ-014-CE-S2 de 25 de abril de 2019, expediente 68001 -23-33000-2015-00569-01 (0935 -2017), consejero ponente César Palomino Cortés, precisó:

37. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servici o público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada

docente, así:

4 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el artículo 8o de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.10

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01234-01 (2031-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Álvaro Castro Dávila contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

1. Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se

para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

1. Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los req uisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, en la mencionada providencia se dijo:

62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que