CE - 050012333000201500587011SENTENCIA20230926011743

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 050012333000201500587 01 (62.481)

Demandante: Cálculo y Construcciones S.A.

Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano –EDUAcción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia

Temas: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA – principio de la autonomía de la voluntad / SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO – alcance e intención de las partes, principio de la buena fe .

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado , a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

El objeto de la controversia tiene por fin determinar si existió o no incumplimiento contractual de la entidad demandada. El a quo negó las pretensiones de la demanda, al considerar que los pactos modificatorios remediaron las circunstancias aludidas por el contratista como desencadenantes de los mayores costos en que incurrió con ocasión de la ejecución de la obra ; en la apelación, la recurrente afirm ó que el Tribunal falló al apreciar indebidamente el acervo probatorio , el cual acreditaba los

por el contratista como desencadenantes de los mayores costos en que incurrió con ocasión de la ejecución de la obra ; en la apelación, la recurrente afirm ó que el Tribunal falló al apreciar indebidamente el acervo probatorio , el cual acreditaba los sobrecostos que tuvo que asumir y que rompieron la ecuación económica del contrato.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión proferida el 11 de mayo de 2018 por el Tribunal

Administrativo de Antioquia 1 , mediante la cual negó las súplicas incoadas, en relación con la demanda cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son los siguientes:

Pretensiones

1 Folio 1 del cuaderno 1.Radicación: 050012333000201500587 01 (62.481)

Demandante: Cálculo y Construcciones S.A.

Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano –EDUAsunto: Controversias contractuales

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2. El 6 de marzo de 2015 2, Cálculo y Construcciones S.A. presentó demanda contra la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe literal incluyendo eventuales errores):

“1. Que se declare que entre la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDUy la firma Cálculo y Construcciones S.A., existió el Contrato de Obra Pública No. 831 de 2010 cuyo objeto es: ‘La construcción de la Conectividad quebrada Santa Elena Villatina y Obras complementarias’, bajo la modalidad de precios unitarios reajustables, celebrado el 17 de septiembre de 2010.

objeto es: ‘La construcción de la Conectividad quebrada Santa Elena Villatina y Obras complementarias’, bajo la modalidad de precios unitarios reajustables, celebrado el 17 de septiembre de 2010. “2. Que se declare que la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDUincumplió el Pliego de Condiciones descrito en la Licitación Pública No. 31 de 20 10, en especial lo estipulado en el numeral 13 al no entregar oportunamente los planos y diseños necesarios para la ejecución del proyecto (…) “3. Que se declare que durante la ejecución del proyecto, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, ordenó por conducto de la interventoría, múltiples cambios a los diseños y modificaciones a las especificaciones, producto de su falta de planeación. “4. Que se declare que como consecuencia de los múltiples cambios a los diseños y modificaciones a las especificaciones, se ocasionó al contratista, CÁLCULO Y CONSTRUCCIONES S.A., unos perjuicios económicos generados por el daño emergente y lucro cesante que dejó de percibir. “5. Que como consecuencia de lo anterior, se declare a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, responsable por el rompimiento del equilibrio económico del contrato No. 831 de 2010, el cual afectó enormemente al contratista CÁLCULO Y CONSTRUCCIONES S.A. “6. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, a indemnizar a CÁLCULO Y CONSTRUCCIONES S.A., la totalidad de los perjuicios sufridos por el contratista a título de daño emergente y lucro cesante en los

URBANO -EDU-, a indemnizar a CÁLCULO Y CONSTRUCCIONES S.A., la totalidad de los perjuicios sufridos por el contratista a título de daño emergente y lucro cesante en los términos de (sic) artículo 50 en concordancia con el numeral 1 inciso segundo del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, en la suma que resulte probada en el proceso, así sea mayor que las sumas estimadas en esta demanda, los cuales derivaron de la ejecución del contrato de obra No. 831 de 2010, celebrado entre las partes, perjuicio que se concreta en los sobrecostos generados por la mayor permanencia en obra por causas no imputables al contratista y los cuales se estiman en la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL CINCUENTA Y CUTRO (sic) M/L ($369’106.054,oo) (estimado a Octubre 24 de 2014). “7. Que para reconocer el lucro cesante ocasionado por los mayores costos en que incurrió el contratista, se condene a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, a pagar a favor de CÁLCULO Y CONSTRUCCIONES S.A. una suma equivalente a los intereses bancarios corrientes calculados entre el mes de octubre de 2014 y la fecha de ejecutoria de la sentencia. “8. Que se declare la Nulidad de la Resolución GG No. 0537 de 2012 (28 de noviembre) mediante la cual la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDUliquidó unilateralmente el Contrato de Obra pública No. 831 de 2010, por vulnerar el derecho del contratista de que dicho acto administrativo fuera bilateral y por no incluir las salvedades

mediante la cual la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDUliquidó unilateralmente el Contrato de Obra pública No. 831 de 2010, por vulnerar el derecho del contratista de que dicho acto administrativo fuera bilateral y por no incluir las salvedades que solicitó este último fueran anexas en el acta de liquidación. “9. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se liquide judicialmente el contrato de obra pública No. 831 de 2010, celebrado entre la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDUy CÁLCULO Y CONSTRUCCIONES S.A., definiendo cual es al saldo existente a favor del contratista. “10. Que la condena se produzca en salarios mínimos legales mensuales a fin de garantizar que se conserve el poder adquisitivo entre el momento en que se expida el fallo de primera instancia y el momento en que se produzca la ejecutoria de la sentencia, sea que se de este efecto en primera o en segunda instancia. “11. En subsidio de la anterior pretensión, solicito que en la sentencia condenatoria se diga que las sumas a las que sea condenada la EMPRESA DE DESAR OOLLO (sic) URBANO EDU, deben ser actualizadas entre el momento de la expedición del fallo de primera instancia y el momento en que quede en firme éste, teniendo en cuenta la variación del IPC (Índice de Precios del Consumidor), suma que será la base para el cálculo de los intereses moratorios.

2 Folio 46 del cuaderno 1.Radicación: 050012333000201500587 01 (62.481)

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Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano –EDUAsunto: Controversias contractuales

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“12. Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 178 del Código Contencioso Administrativo”3.

Hechos relevantes

3. Como hechos relevantes, la parte actora indicó que suscribió el contrato 831 de 2010 con la EDU, para la “construcción de la Conectividad quebrada Santa Elena – Villatina y obras complementarias” con plazo de ejecución de 210 días que inició el 6 de noviembre de 2010; éste se aumentó, mediante tres prórrogas, en un total de 360 días, y fue adicionado en precio en tres oportunidades.

4. Afirmó que circunstancias no atribuibles al constructor comprometieron su patrimonio al romper su equilibrio económico y así lo manifestó en reclamación del 22 de marzo de 2011 -reiterada el 12 de marzo de 2012 - señalando los eventos que impedían el normal avance y los sobrecostos generados por mayor permanencia en obra.

5. Señaló que la obra se recibió a satisfacción el 10 de octubre de 2011 y que la entidad presentó un proyecto de liquidación bilateral del contrato que no fue aceptado por la contratista, dado que no incluyó la salvedad que ésta expresó.

6. Luego, mediante Resolución GG 0537 del 28 de noviembre de 2012 , la EDU liquidó unilateralmente el negocio jurídico, sin introducir la salvedad pedida por el actor y sin hacer las glosas por los descuentos realizados al contratista en atención a la aplicación de multas.

Fundamentos de derecho

liquidó unilateralmente el negocio jurídico, sin introducir la salvedad pedida por el actor y sin hacer las glosas por los descuentos realizados al contratista en atención a la aplicación de multas.

Fundamentos de derecho

7. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 , reclamó el mantenimiento de la ecuación económica contractual surgida al celebrar el negocio jurídico, pidiendo el pago de los mayores costos en que incurrió para poder cumplir sus obligaciones.

8. Narró que los eventos que rompieron el equilibrio económico del contrato, por mayor permanencia en obra , fueron: (a) problemas en el estudio de suelos, diseños estructurales y urbanísticos; (b) mora en la entrega de diseños; (c) inconsistencias en los diseños; y, (d) rediseños y su modificación durante la ejecución contractual.

9. Razonó que la Resolución 537 del 28 de noviembre de 2012, por medio de la cual la EDU liquidó unilateralmente el contrato , vulneró sus derechos, toda vez que no le reconoció los sobrecostos en que incurrió , ni introdujo las salvedades que manifestó la sociedad contratista, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Contestación de la demanda

10. La EDU se opuso a todas las pretensiones 4 y, para el efecto, formuló cuatro excepciones: (a) buena fe de la EDU al actuar con lealtad en el cumplimiento de sus

3 Folios 1 y 2 del cuaderno 1.Radicación: 050012333000201500587 01 (62.481)

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obligaciones; (b) inexistencia de la obligación de indemnizar , pues la actora no probó la ocurrencia de un desequilibrio financiero ; c) presunción de legalidad de los actos administrativos, por cuanto la liquidación del contrato evidenció lo acontecido durante su ejecución, se respetaron las garantías del contratista, y fue debidamente motivada por parte del funcionario competente ; (d) mala fe del demandante, al reseñar hechos infundados para lograr un injusto reconocimiento económico.

Alegatos en primera instancia

11. Surtida la etapa probatoria 5 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar sus alegaciones y concepto, respectivamente; la EDU subrayó que a través de los contratos adicionales las partes superar on los eventos que alteraron la ejecución del negocio jurídico y, al suscribir tales pactos , el actor no reclamó los sobrecostos que ahora demanda; enfatizó en que los testigos fueron claros en señalar que las adiciones del contrato surgieron de una necesidad justificada del contratista, pero toda la obra extra y adicional fue pagada6.

12. La demandante ratificó los fundamentos de sus reclamaciones y esgrimió que contrario a lo dicho por uno de los testigos sobre la supuesta entrega oportuna y completa de los planos y diseños, las actas del comité de obra dan cuenta de su entrega tardía y de la responsabilidad que la entidad asumió por esa mora. Señaló que fueron evidentes los imprevistos ajenos a l contratista que afectaron la ejecución

completa de los planos y diseños, las actas del comité de obra dan cuenta de su entrega tardía y de la responsabilidad que la entidad asumió por esa mora. Señaló que fueron evidentes los imprevistos ajenos a l contratista que afectaron la ejecución negocial al aumentar el plazo en 4 meses más a los inicialmente pactados; asimismo, aseveró que las justificaciones para la suscripción de los contratos adicionales siempre se relacionaron con el pago de obra extra y adicional, sin reconocer los sobrecostos en que incurrió la contratista7.

El Ministerio Público guardó silencio.

Fundamentos de la providencia recurrida

13. El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las súplicas de la demanda . Indicó que pese a que se hicieron modificaciones a los diseños y éstos se entregaron de forma tardía, las partes suscribieron acuerdos que adicionaron el precio y plazo , de cuyas consideraciones se extrae que con ellos se buscó la estabilización de la zona de juegos para la construcción de estructura de contención para el talud y el reconocimiento de la demora en la entrega de diseños y retraso en el confinamiento y pendiente del piso de zona de juegos.

4 Folios 410 a 431 del cuaderno 1. 5 En el curso de la audiencia inicial s e decretaron como medios de prueba, los siguientes: (i) los documentales aportados por la actora -folios 25 a 385 del cuaderno 1, cuadernos 2, 3 y 4 -, así como las piezas probatorias

anexadas por la demandada –folios 437 a 520 del cuaderno 1 -; (ii) se negó oficiar a la EDU para que aportara todos los documentos relativos al contrato 831 de 2010, pues fueron allegados con la contestación de libeto introductorio; y (iii) se decretaron los testimonios de los señores Ana Isabel Cardona Mira, Sonia María Garzón, José Fernando Jaramillo Giraldo, Mónica Montoya, Aleida Ortiz, Oswaldo Ramos García y Juan Carlos Sierra, los cuales fueron practicados en el curso de la audiencia de pruebas, excepto las declaraciones de los señores Ana Isabel Cardona y Juan Carlos Sierra, comoquiera que las partes presentaron sus respectivos desistimientos en relación con éstas –cd folio 562 del cuaderno 1-. 6 Folios 565 a 571 del cuaderno 1. 7 Folios 572 a 584 del cuaderno 1.Radicación: 050012333000201500587 01 (62.481)

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14. Sostuvo que en ninguno de los instrumentos acordados para remediar los problemas advertidos, el actor efectuó reclamación por la existencia de los perjuicios derivados de una mayor permanencia en obra o por aumento en los gastos; conducta que denota una falta de corrección y lealtad negocial, pues constituye una práctica malsana que se guarde silencio respecto de reclamaciones económicas al momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales , cuyo propósito es, precisamente, ajustar el negocio jurídico a la realidad fáctica, financiera y jurídica.

15. Y, si en gracia de discusión se admitiere que no introducir reclamaciones al firmar

ajustar el negocio jurídico a la realidad fáctica, financiera y jurídica.

15. Y, si en gracia de discusión se admitiere que no introducir reclamaciones al firmar las actas no priva al contratista de incoar la petición de restablecimiento económico, lo cierto es que la actora no probó una afectación grave de sus condiciones económicas.

16. Finalmente, negó la declaratoria de nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato por no incluir las salvedades del contratista, pues la entidad no está obligada a introducir tales observaciones, por tratarse de un acto unilateral y no consensual.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

17. En su impugnación, la demandante pidió la revocatoria de la sentencia apelada y que se acceda a las pretensiones formuladas. Adujo que las pruebas documentales dan cuenta de la afectación económica ocasionada al contratista , de ahí que el Tribunal realizó una errada apreciación probatoria, al desconocer la sumatoria de hechos naturales, técnicos y administrativos, no atribuibles a la sociedad actora, que afectaron las obras desde el inicio y hasta el mes previo a su terminación , demostrando el rompimiento del equilibrio económico del contrato.

18. Insistió en que las circunstancias que perturbaron gravemente la ejecución de la obra fueron: (i) la no entrega a tiempo de la planimetría, y no contar con los permisos de espacio público y aprovechamiento forestal; (ii) modificación de los planos entregados, por el cambio en el diseño de la placa deportiva; (iii) mora en la entrega de los planos eléctricos; (iv) falta de definición de los detalles estructurales; (v)

entregados, por el cambio en el diseño de la placa deportiva; (iii) mora en la entrega de los planos eléctricos; (iv) falta de definición de los detalles estructurales; (v) nuevos diseños de pila y muro de la zona de juegos y placa polideportiva, situaciones que redujeron el rendimiento del personal contratado, al no contar con obras por ejecutar, sumado a los costos relativos al mantenimiento en obra de maquinaria y equipos, así como la inversión socioambiental.

19. Reiteró que las adiciones en plazo y valor al contrato no cobijaron las circunstancias imprevistas que alteraron la economía del contrato, dado que solo se fundamentaron en obra extra nueva no considerada inicialmente y, en el presente asunto, no se observó conmutatividad ni buena fe, pues se condujo al contratista a un estado de frustración ante circunstancias extraordinarias que lo empobrecieron.

20. Respecto de la liquidación unilateral del contrato, expresó que dicho acto fue violatorio de su debido proceso y carece de motivación , dado que no refleja las razones que llevaron a negar los reconocimientos pedidos por el contratista, no tuvo en cuenta el período acontecido entre abril y octubre de 2011, y la entidad “falto (sic)Radicación: 050012333000201500587 01 (62.481)

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a su deber de resolver la reclamación presentada como debía hacerlo bien fuera que la decisión se tomara en favor o en contra ”8 ; además, no se consideraron las salvedades solicitadas por la sociedad, ya que su sola referencia en las motivaciones no indica una determinación sobre ellas.

la decisión se tomara en favor o en contra ”8 ; además, no se consideraron las salvedades solicitadas por la sociedad, ya que su sola referencia en las motivaciones no indica una determinación sobre ellas.

Trámite de segunda instancia

21. Esta Corporación admitió el recurso de apelación en proveído del 30 de noviembre de 20189; el 7 de marzo de 2019 corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto 10, oportunidad en la cual el demandante reiteró las argumentaciones que esgrimió en su alzada 11 y la EDU manifestó compartir el fallo12.

El Ministerio Público no se pronunció.

III. CONSIDERACIONES

Objeto de la apelación

22. La inconformidad de la parte actora se centró en tres aspectos principales: a) que las adiciones al contrato no cobijaron las circunstancias que perturbaron su ejecución y ocasionaron los mayores costos que reclama ; b) indebida valoración probatoria del a quo , pues los medios de convicción sí dan cuenta de un rompimiento de la ecuación financiera del contrato ; y, c) la EDU trasgredió el debido proceso del contratista al proferir el acto de liquidación unilateral sin considerar las inconformidades expuestas por ésta.

De cara al referido contexto, y luego de hacer unas precisiones preliminares en torno al escenario de análisis del sub lite , la Sala se ocupará de (i) caracterizar las reclamaciones económicas frente a los acuerdos modificatorios del contrato; y, (ii) analizar los supuestos específicos alegados por el actor como desencadenantes del conflicto.

Precisión preliminar

reclamaciones económicas frente a los acuerdos modificatorios del contrato; y, (ii) analizar los supuestos específicos alegados por el actor como desencadenantes del conflicto.

Precisión preliminar

23. Observa la Sala que el demandante en sus pretensiones y a lo largo del proceso utilizó de forma indiscriminada las figuras del rompimiento del equilibrio económico y la de incumplimiento contractual, pues peticionó la declaratoria de la primera basado en supuestos que configuran la segunda . En la misma línea, pregonó el incumplimiento del negocio jurídico por violación del principio de planeación, dado que durante su ejecución se evidenciaron múltiples inconsistencias y deficiencias en relación con los diseños, estudios y planos que fueron entregados al contratista por parte de la entidad ; además, sostuvo que las mencionadas falencias generaron

8 Folio 654 del cuaderno principal. 9 Folio 677 del cuaderno principal. 10 Folio 681 del cuaderno principal. 11 Folios 684 a 711 del cuaderno principal. 12 Folios 719 a 724 del cuaderno principal.Radicación: 050012333000201500587 01 (62.481)

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nuevas cantidades de obra, por la precisión de ajustar los diseños y especificaciones técnicas, lo que ocasionó un rompimiento del equilibrio económico del contrato por los sobrecostos que tuvo que soportar en virtud de la mayor permanencia en obra – expresada en el mantenimiento del personal, maquinaria, equipos y costos socio ambientales–.

los sobrecostos que tuvo que soportar en virtud de la mayor permanencia en obra – expresada en el mantenimiento del personal, maquinaria, equipos y costos socio ambientales–.

24. En este orden de ideas, es evidente que la génesis de la controversia planteada por el actor no se funda en hechos imprevistos ajenos a la voluntad de las partes, pues, en verdad, lo que la parte actora reprocha alude al incumplimiento del contrato por parte de la EDU, en tanto finca sus reclamaciones –incluida la derivada de la mayor permanencia en obra – en los perjuicios que se habrían derivado del desconocimiento de presuntas obligaciones contractuales desatendidas desde el inicio por la contratante ; por ende, la Sala desatará los cargos de la apelación en el plano de la responsabilidad que le corresponde, esto es, en sede contractual por incumplimiento.

25. Ahora, en punto al incumplimiento aludido por la actora por la supuesta vulneración del principio de planeación por parte de la EDU y sus efectos , conviene precisar que la planeación se sitúa en un momento previo a la celebración del contrato, así que su eventual inobservancia o indebida ejecución no es un asunto que se proyecte frente a la exigencia en el débito obligacional derivado de lo pactado y, por ende, debatible bajo la pretensión del incumplimiento contractual.

No discute la Sala que el desconocimiento del principio de planeación pueda tener efectos en uno o varios de los elementos estructurantes del contrato -como sus condiciones técnicas, el precio y el plazo -, caso en el cual, al tratarse en estricto sentido de un reproche por error, insuficiencia o variación de las bases del contrato,

efectos en uno o varios de los elementos estructurantes del contrato -como sus condiciones técnicas, el precio y el plazo -, caso en el cual, al tratarse en estricto sentido de un reproche por error, insuficiencia o variación de las bases del contrato, el contratista tiene el deber de acreditarlas, sea porque afecten la validez del contrato o algunos de sus elementos estructurales, más no analizarlas desde la óptica de un incumplimiento contractual, pues en este caso no se trata de una obligación negocial explícita o implícita incumplida, sino, se itera, de una discusión respecto de los cimientos y orígenes del negocio jurídico13.

26. Así las cosas, no es procedente plantear la pretensión de incumplimiento contractual por una configuración indebida de sus bases a causa de una violación del principio de planeación, escenario que dispensaría a la Sala de estudiar este pedimento; no obstante, al advertir que los hechos que fundan las pretensiones del sub lite se relacionan ciertamente con el incumplimiento del contenido obligacional pactado -más allá de la alusión al desconocimiento del principio de planeación -, por la mora en la entrega de los planos y diseños por parte de la EDU y las modificaciones y diseños a éstos en el curso de la ejecución negocial, la Sala pasa a pronunciarse sobre tales aspectos, desde la perspectiva de la responsabilidad contractual por incumplimiento, como ya se explicó.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de

diciembre de 2022, radicación 250002336000201302064 01 (59382).Radicación: 050012333000201500587 01 (62.481)

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(i) Las reclamaciones económicas frente a la obligatoriedad de las convenciones modificatorias del contrato y al principio de buena fe

27. Dado que el a quo consideró que no son procedentes las reclamaciones elevadas, puesto que mediante la suscripción de los contratos adicionales las partes remediaron las circunstancias que trastocaron la ejecución contractual y que , además, el contratista no indicó al momento de su celebración los perjuicios que le fueron irrogados con la mayor permanencia en obra y el consecuente aumento en los costos incurridos , resulta necesario examinar los alcances de la suscripción de los acuerdos contractuales, de cara a los pedimentos insistidos en la apelación.

28. El principio de normatividad (Código Civil, artículo 1602) y el deber de las partes de actuar de buena fe (Código Civil, artículo 1603; Código de Comercio, artículo 871) se aplica a los contratos de las entidades estatales, estén o no sometidos a la Ley 80 de 1993. Con fundamento en esos postulados, la jurisprudencia de la Corporación ha venido analizando si son o no procedentes las reclamaciones que se fundan en acuerdos contractuales sobre la modificación del plazo o adiciones al precio , cuando al tiempo de suscribirlos el contratista no expresó reservas o salvedades en torno a reclamos fundados en que tales acuerdos no los abarcan.

acuerdos contractuales sobre la modificación del plazo o adiciones al precio , cuando al tiempo de suscribirlos el contratista no expresó reservas o salvedades en torno a reclamos fundados en que tales acuerdos no los abarcan.

29. Sobre la materia, esta Subsección ha afirmado que “ no se acepta incorporar una tarifa interpretativa acerca del requisito formal de la salvedad, sino que en cada caso se parte del análisis del contenido del respectivo acuerdo y de sus antecedentes, para determinar el alcance de los otrosíes correspondientes ”14 . Así mismo, ha destacado que “ la inexistencia de salvedades ha sido invocada como una de las reglas para la interpretación del alcance del otrosí de prórroga, [pero] la Sala advierte que su ausencia no impide el estudio de fondo de las respectivas reclamaciones y no constituye argumento suficiente para desechar las pretensiones correspondientes”15.

30. Más allá de que el régimen al que está sometida la EDU sea el derecho privado16, ello no desdibuja el análisis que sobre los efectos de las prórrogas y adiciones debe hacerse para desentrañar si lo reclamado estaba o no comprendido en el nuevo acuerdo contractual 17; escenario que, en ningún caso, ha significado la existencia de un requisito previo conforme al cual, al suscribirse pactos adicionales durante la ejecución del contrato, pueda entenderse que el silencio de una de las partes frente a una determinada reclamación, le impida, a la llana, pretenderla en un proceso ante esta jurisdicción.

14 Al respecto, v er: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A,

proceso ante esta jurisdicción.

14 Al respecto, v er: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencias (i) del 8 de noviembre de 2016, radicación 17001233100020080013801 (47336), (ii) del 6 de febrero de 2020, radicación 25000-23-26-000-2012-00225-01(63123), (iii) del 6 de febrero de 2020; radicación 25000-2326-000-2002-01599-01 (38603) y (iv) del 8 de mayo de 2020, radicación 66001-23-31-000-2011-0025501(64701). 15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 8 de mayo de 2020, radicación 66001-2331-000-2011-00255-01(64701) y del 5 de febrero de 2021, expediente 46.726. 16 La EDU es una EICE del orden municipal, de conformidad con lo estatuido en el Decreto 158 de 2002, expedido por el alcalde de Medellín, razón por la cual los actos y contratos que celebra se sujetan a las disposiciones del derecho privado, previstas principalmente en los Códigos Civil y de Comercio. 17 Pues ello corresponde a la determinación del ámbito la controversia, más no por aplicación del artículo 27 de la Ley 80 de 1993 relacionado con la ecuación o equilibrio económico del contrato.Radicación: 050012333000201500587 01 (62.481)

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31. De modo que cuando las partes autorregulen sus intereses y relaciones para poner fin a cualquier diferencia o para llegar a un arreglo respecto de l os distintos eventos o circunstancias que se puedan presentar en curso de la ejecución contractual, ello no puede interpretarse como un requerimiento jurisprudencial que exija una expresa forma de reclamación y que, a la postre, impida estudiar el fondo del conflicto, toda vez que lo que le compete al juez, “ de acuerdo con las reglas de interpretación de los contratos, la s normas supletiva