CE - 050012333000201500699011SENTENCIA20230911145131

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., diez (10 ) de agosto de dos mil veinti trés (202 3)

Radicado: 05001 -23 -33 -000 -2015 -00699 -01 (3347 -2020 )

Demandante: ISABEL CRISTINA ARANGO ORTEGA

Demandado: E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA DE

COPACABANA

Tema: Relación laboral encubierta – Prueba de la continuada subordinación y dependencia . Ley 1437 de 2011

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante , en contra de la sentencia del 28 de julio de 2020 , proferida por el Trib unal Administrativo de Antioquia , por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1 Pretensiones 1

Isabel Cristina Arango Ortega , por intermedio de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento

2.1 Pretensiones 1

Isabel Cristina Arango Ortega , por intermedio de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad de los oficios de 25 d e marzo del 2014 y del 15 de mayo de 2014, por medio de los cuales la E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana , dio respuesta negativa a la s petici ones realizada s el 21 de marzo del 2014 y el 30 de abril del 2014 , en la que se exigió reconocer la existencia de una relación laboral entre la demandante y dicha entidad en el lapso comprendido entre el mes de enero del 2000 y el 30 de abril del 2012 .

A título de restablecimiento del derecho , solicitó que se condene a

1 Folio s 4 y 5 del expediente.Nul ida d y r es tab le ci mie nt o d el de re cho Rad ica do : 0 50 01-23 -33 -0 00-20 15 -0 069 901 (3 34 7 -20 20) Dem and an te: I sab el C ris ti na Ar ang o Ort eg a

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2 la E.S.E. a pagar las prestaciones sociales que corresponden especialmente las cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, y

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2 la E.S.E. a pagar las prestaciones sociales que corresponden especialmente las cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, y primas de servicios; además de la indemnización moratoria en los términos de la Ley 344 de 1996; por otra parte que se realicen los aportes al sistema de seguridad social en pensiones y que se condene en costas a la demandada.

2.2. Hechos relevantes

El apoderado de la parte demandante narró los hechos que se resumen a continuación 2:

2.2.1. Isabel Cristina Arango Ortega prestó sus servicios a la E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana , para desempeñar labores de auxiliar de Higiene Oral con diferentes formas de vinculación entre el 16 de julio de 1996 y el 30 de abril de 2012 , repartidas entre contratos de prestación de servic ios, cooperativas de trabajo asociado, y a través de empresas de servicios temporales .

2.2.2. La parte demandante afirmó que los servicios fueron prestados de manera personal, bajo continuada subordinación y dependencia, cumpliendo un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche.

2.2.3. Por medio de derecho de petición 21 de marzo de 2014 solicitó el reconocimiento de una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales correspondientes .

2.2.4. A través de los oficios de 25 de marzo de 2014 y de 15 de mayo de 2014 , la E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana negó la solicitud.

2.3. Normas violadas y concepto de violación

mayo de 2014 , la E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana negó la solicitud.

2.3. Normas violadas y concepto de violación

Como disposiciones violadas citó las siguientes:

• Constitución Política: artículos 13 , 25, 53 . - Ley 344 de 1996 . - Decreto 4588 de 2006.

2 Folio s 2 a 4 del expediente.Nul ida d y r es tab le ci mie nt o d el de re cho Rad ica do : 0 50 01-23 -33 -0 00-20 15 -0 069 901 (3 34 7 -20 20) Dem and an te: I sab el C ris ti na Ar ang o Ort eg a

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3 - Código Sustantivo del Trabajo: artículo 23.

El apoderado de la parte demandante indicó que se debe declarar la nulidad del acto demandado puesto qu e se presentaron los elementos esenciales de un contrato de trabajo en los términos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

Por tal razón, aseveró que se debe aplicar el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades .

2.4. Contestación de la demanda

La E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana contestó 3 la demanda y se opuso a las pretensiones, pues a su juicio no se

de la realidad sobre las formalidades .

2.4. Contestación de la demanda

La E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana contestó 3 la demanda y se opuso a las pretensiones, pues a su juicio no se reunieron los requisitos para la declaración de existencia de una relación laboral. En este sentido, señaló que la señora Arango Ortega estuvo vinculada con diferentes cooperativas de trabajo asociado, que tenían a su cargo el pago de las diferentes prestaciones sociales.

Como excepcione s invocó las de «inexistencia del vínculo de la relación laboral», «inexistencia del contrato de trabajo», «cobro de lo no debido», «inexistencia de relación de subordinación» y «caducidad».

2.5. Contestación de los litisconsortes

Por medio del auto de 14 de julio de 2015 4, se admitió la demanda y se ordenó la vinculación como litisconsortes necesarios de la cooperativas de trabajo asociado y/o empresas de servicios temporales «CONTRATAMOS», «ASISTIR EN SALUD CTA» y la «Empresa de Servicios Temporales El P unto S.A.».

La Empresa de Servicios Temporales «Temporales El Punto S.A.», contestó la demanda 5, y se opuso a las pretensiones con base en el hecho de que la señora Arango Ortega fungió como trabajadora en misión para el lapso comprendido entre el 1 de noviembre del

3 Folios 304 a 312 del expediente. 4 Folios 169 y 170 del expediente. 5 Folios 215 a 223 del expediente.Nul ida d y r es tab le ci mie nt o d el de re cho

3 Folios 304 a 312 del expediente. 4 Folios 169 y 170 del expediente. 5 Folios 215 a 223 del expediente.Nul ida d y r es tab le ci mie nt o d el de re cho Rad ica do : 0 50 01-23 -33 -0 00-20 15 -0 069 901 (3 34 7 -20 20) Dem and an te: I sab el C ris ti na Ar ang o Ort eg a

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4 2011 y el 30 de abril del 2012, sin que haya existido subordinación alguna entre la E.S.E. y la demandante.

La Cooperativa de Trabajo Asociado «Contratamos» , contestó la demanda 6 y se opuso a las pretensiones puesto que Isabel Cristina Arango Ortega estuvo vinculada como asociada de la Cooperativa entre el 1 de agosto y el 31 de diciemb re de 2008, lapso en el cual le fueron pagadas todas las compensaciones .

El curador ad litem de las Cooperativas de Trabajo Asociado «MAESTROS O.C» y « Asistir en Salud CTA», se opuso a las pretensiones de la demanda pues no le constan los hechos narrados en la demanda, a lo que agregó que operó el fenómeno de la prescripción 7.

2.6. Decisiones relevantes en el curso de la audiencia inicial

Dentro del trámite de la audiencia inicial, llevada a cabo el 1 de

prescripción 7.

2.6. Decisiones relevantes en el curso de la audiencia inicial

Dentro del trámite de la audiencia inicial, llevada a cabo el 1 de noviembre de 2016 , el Tribunal Administrativo de Antioquia decidió las excepciones propuestas de la siguiente manera:

Respecto de la excepción de caducidad, señaló que la parte demandada hizo un indebido cómputo de la caducidad, toda vez que el acto fue notificado el 25 de marzo de 2014; posteriormente, solicitó aclaración de este, la cual le fue notificada el 15 de mayo de 2014, fecha a partir de la cual empezó a correr el término. Dado que la señora Arango Ortega presentó la solicitud de conciliación el 2 de julio de 2014 , que la audiencia de conciliación se celebró el 5 de agosto del 2014 y que la demanda se radicó el 22 de agosto de 2014, consid eró que se interpuso de forma oportuna .

A continuación señaló que las demás excepciones habrían de ser resueltas en la sentencia.

Así las cosas , fijó el litigio en los siguientes términos:

«Corresponde a la Sala resolver si entre la señora ISABEL CRISTINA ARANGO ORTEGA y la ESE HOSPITAL SANTA MARGARITA DE COPACABANA (ANT) existió una relación laboral que se prolongó entre el mes de enero del 2000 y abril del 2012 y si como consecuencia de ello hay lugar al

6 Folios 215 a 223 del expediente. 7 Folios 424 a 426 del expediente.Nul ida d y r es tab le ci mie nt o d el de re cho

del 2012 y si como consecuencia de ello hay lugar al

6 Folios 215 a 223 del expediente. 7 Folios 424 a 426 del expediente.Nul ida d y r es tab le ci mie nt o d el de re cho Rad ica do : 0 50 01-23 -33 -0 00-20 15 -0 069 901 (3 34 7 -20 20) Dem and an te: I sab el C ris ti na Ar ang o Ort eg a

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5 reconocimiento y pago de las prestaciones económicas solicitadas por la parte demandante; o si por el contrario (sic) como lo indica la entidad demandada y las cooperativas vinculadas la accionante celebró contratos de trabajo sólo para período 1997 a 1999 y los demás contratos fueron de prestació n de servicios con terceros, especificando el ob jeto contractual , figura jurídica autorizada por el ordenamiento colombiano, co n algunas interrupciones y además en la relación contractual establecida no se configura el requisito de la subordinación »8.

2.7. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia 9, por medio de la sentencia proferida el 28 de julio de 2020 negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

Para comenzar, se refirió a los elementos de la relación laboral e hizo la diferencia entre las formas de vinculación de un ciudadano

demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

Para comenzar, se refirió a los elementos de la relación laboral e hizo la diferencia entre las formas de vinculación de un ciudadano con la administración, y puso el acento en que el elemento esencial del contrato de prestación de servicios lo constituye la independencia y autonomía del contratista.

Al analizar el caso concreto, encontró que la demandante tuvo contratos «a término fijo» 10 con la E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana entre el 16 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 1996, así como entre el 16 de febrero de 1997 y el 1 5 de febrero de 1998, y entre el 1 de abril de 1999 y el 1 de diciembre de 1999.

Adicionalmente, advirtió que se demostró un vínculo entre la E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana con diferentes cooperativas de trabajo asociado y con empresas de servicios temporales entre los meses de octubre de 2004 y el 30 de abril de 2012.

Además, consideró que se demostró que la señora Arango Ortega suscribió los siguientes acuerdos cooperativos:

• Entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2005 con la

Cooperativa Integral de Salud Oral COOINSO.

8 Folio 443 del expediente . 9 Folios 174 a 199 del cuaderno 1 del expediente. 10 Así se estableció en los términos suscritos. Folios 20 a 24 del expediente.Nul ida d y r es tab le ci mie nt o d el de re cho

9 Folios 174 a 199 del cuaderno 1 del expediente. 10 Así se estableció en los términos suscritos. Folios 20 a 24 del expediente.Nul ida d y r es tab le ci mie nt o d el de re cho Rad ica do : 0 50 01-23 -33 -0 00-20 15 -0 069 901 (3 34 7 -20 20) Dem and an te: I sab el C ris ti na Ar ang o Ort eg a

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6 - Acuer do cooperativo con la Cooperativa de Trabajo Asociado Médicos entre el 1 de septiembre de 2005 y el 31 de julio de 2008. - Convenio de Asociación con la Cooperativa de Trabajo Asociado CONTRATAMOS entre el 1 de agosto de 2008 y el 31 de diciembre de 2008.

Por otra parte, que acreditó que fungió como trabajadora en misión de la Empresa de Servicios Temporales El Punto S.A. entre el 1 de noviembre de 2011 y el 30 de abril de 2012 en la E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana .

Conforme con lo anterior, consideró que en las diferentes vinculaciones existieron interrupciones que impiden considerar que existió permanencia en las actividades.

Ahora bien, en cuanto al elemento esencial de las relaciones laborales, esto es el de la continuada subordinación, determinó que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba, toda vez

existió permanencia en las actividades.

Ahora bien, en cuanto al elemento esencial de las relaciones laborales, esto es el de la continuada subordinación, determinó que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba, toda vez que solo se allegaron los contratos y las declaraciones de l os señores Héctor Ángel Betancur Ortiz y Martha Elena Gaviria Ortega, los cuales si bien se refirieron a la existencia de un horario, no expusieron de forma detallada cómo se asignaban los turnos, ni tampoco si la demandante recibía órdenes y en qué sentid o, si se le hacían continuos llamados de atención, ni cómo fue la forma de vinculación en cada período .

Por otra parte, evidenció que en los folios 471 a 481 aparecen reportes de afiliaciones y aportes a seguridad social efectuadas por la demandada entre el 10 de julio de 1997 y el 10 de mayo de 2000, así como por las cooperativas entre el 15 de septiembre de 2004 al 4 de noviembre de 2011, y entre el 5 de diciembre de 2011 y el 4 de mayo de 2012, con lo que no se logró demostrar la existencia de una relación laboral entre la señora Isabel Cristina Arango Ortega con el Hospital, ni mucho menos el tipo de vinculación .

A lo anterior agregó que en virtud del contrato celebrado con la Empresa de Servicios Temporales «El Punto S.A.» se le liquidaron presta ciones sociales a la demandante, como se puede constatar a partir de los documentos que se encuentran en los folios 203 a 214 y 235 a 246 del expediente, misma situación que se puede predicar respecto de la Cooperativa de Trabajo Asociado CONTRATRAMOS ,

partir de los documentos que se encuentran en los folios 203 a 214 y 235 a 246 del expediente, misma situación que se puede predicar respecto de la Cooperativa de Trabajo Asociado CONTRATRAMOS , tal como se observa en los folios 257 a 261 del expediente.Nul ida d y r es tab le ci mie nt o d el de re cho Rad ica do : 0 50 01-23 -33 -0 00-20 15 -0 069 901 (3 34 7 -20 20) Dem and an te: I sab el C ris ti na Ar ang o Ort eg a

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7

En ese orden de ideas negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la señora Arango Ortega.

2.8. El recurso de apelación.

El apoderado de la señora Arango Ortega apeló la anterior decisión 11, con fundamento en que a su juicio en el expediente se demostró la existencia de una relación laboral.

Al respecto, señaló que en la sentencia se omitió valorar que en el expediente existían cuadros de turnos relativos a los años 2006 a 2012; así como algunas comunicaciones intercambiadas con el personal de la E.S.E. que a juicio del apoderado evidencia la existencia de órdenes.

Por otra parte, considera que en los testimonios de los señores Héctor Ángel Betancur y de Martha Elena Gaviria se evidenció el

personal de la E.S.E. que a juicio del apoderado evidencia la existencia de órdenes.

Por otra parte, considera que en los testimonios de los señores Héctor Ángel Betancur y de Martha Elena Gaviria se evidenció el elemento de la continuada subordinación.

Así mismo, consideró que las interrupciones fueron por lapsos muy cortos, que obedecían a la necesidad de tener períodos de descanso vacacional.

2.9. Intervención en segunda instancia.

La parte demanda nte reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación 12.

La E.S.E., a través de su apoderado solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia , para lo cual insistió en los argumentos de la contestación de la demanda, puesto que a su juicio no se configuraron los elementos de una relación laboral 13.

La Empresa de Servicios Temporales El Punto S.A., solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia , puesto que, en lo que respecta a esta sociedad se respetaron los parámetros que rigen

11 Folios 554 a 566 vto. del expediente 12 Índice 1 0 del aplicativo SAMAI. 13 Índice 15 del aplicativo SAMAI.Nul ida d y r es tab le ci mie nt o d el de re cho Rad ica do : 0 50 01-23 -33 -0 00-20 15 -0 069 901 (3 34 7 -20 20) Dem and an te: I sab el C ris ti na Ar ang o Ort eg a

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8 para las empresas de servicios temporales, y se le pagaron todas las prestaciones que le correspondían por su labor 14.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 15, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 16, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superi or resolverá sin limitaciones .

En ese orden de ideas, a continuación se establecerá el problema jurídico a partir de los argumentos del recurso interpuesto por el apoderado de Isabel Cristina Arango Ortega.

3.3. Problema jurídico.

Con fundamento en lo expuesto por en los recursos de apelación, en el caso concreto se deberá determinar si entre la señora Isabel Cristina Arango Ortega Isabel Cristina Arango Ortega y el E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana se presentó una relación laboral en el lapso que corrió entre el mes de enero de 2000 y el 30

Cristina Arango Ortega Isabel Cristina Arango Ortega y el E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana se presentó una relación laboral en el lapso que corrió entre el mes de enero de 2000 y el 30 de abril de 2012 . En caso positivo se deberá analizar cuál es el alcance del restablecimiento del derecho , si se presentaron

14 Índice 1 4 del aplicativo SAMAI. 15 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos suscep tibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificaci ón de jurisprudencia. 16 «Com petencia del superior . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley […]» .Nul ida d y r es tab le ci mie nt o d el de re cho Rad ica do : 0 50 01-23 -33 -0 00-20 15 -0 069 901 (3 34 7 -20 20) Dem and an te: I sab el C ris ti na Ar ang o Ort eg a

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9 interrupciones , si hay lugar a declarar la prescripción y en qué términos.

Para resolver el problema jurídico planteado, se partirá por recordar algunos aspectos relativos al reconocimiento de la relación laboral enmascarada a través de contratos de prestación de servic ios.

3.4. De la Relación laboral encubierta o subyacente

En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trab ajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades es tablecidas por las partes.

Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la OIT, 17 constituye, junto con otros principios conve ncionales, 18 un axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.

un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la OIT, 17 constituye, junto con otros principios conve ncionales, 18 un axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.

Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado), el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un

17 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969. 18 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos é́ de Costa Rica), Colombia ratific ó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada».Nul ida d y r es tab le ci mie nt o d el de re cho Rad ica do : 0 50 01-23 -33 -0 00-20 15 -0 069 901 (3 34 7 -20 20) Dem and an te: I sab el C ris ti na Ar ang o Ort eg a

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10 tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:

3. Son contratos de prestación de servicio s los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con pers onal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Como se ve, e l anterior precepto establece, de manera ex presa, que los contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que t al disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo).

En esa l ógica, en la sentencia de unificación SUJ -025 -CE -S2 -2021, la Sección Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de prestación de servicios contemplado en el

la Sección Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de prestación de servicios contemplado en el men cionado artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria de una relación laboral encubierta o subyacente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas o activ idades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la Constitución y en los convenios inter nacionales sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado.

En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y remuneración), se reiteraron cier tos criterios elaborados por la jurisprudencia para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el elemento de laNul ida d y r es tab le ci mie nt o d el de re cho Rad ica do : 0 50 01-23 -33 -0 00-20 15 -0 069 901 (3 34 7 -20 20) Dem and an te: I sab el C ris ti na Ar ang o Ort eg a

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11 subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la

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11 subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:

1. el lugar de trabaj o, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas»; ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del obj eto contractual convenido; iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ej ecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidore s de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral.

No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de empleado público a quien prest ó sus servicios sin satisfacer las exigencias del artículo 122 de la Carta Política 19.

Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al

reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de empleado público a quien prest ó sus servicios sin satisfacer las exigencias del artículo 122 de la Carta Política 19.

Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al demandante demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una remuneración, la ex istencia de unas condiciones de subordinación o dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.

Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las siguientes reglas de unificación:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que

19 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001 -23 -31 -000 -2001 -05650 -01(0924 -09); C.P. Bertha Lucia Ram írez de PáezNul ida d y r es tab le ci mie nt o d el de re cho Rad ica do : 0 50 01-23 -33 -0 00-20 15 -0 069 901 (3 34 7 -20 20) Dem and an te: I sab el C ris ti na Ar ang o Ort eg a

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12 estar j ustificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta ( 30) días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el j uez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recurs