CE - 050012333000201600593011SENTENCIA20230822122608

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020160059301 (5964-2018)

Demandante: María Alejandra Pérez Gaona

Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Medellín - Antioquia Temas: Nivelación salarial del cargo de abogado asesor grado 23 de tribunal judicial

Sentencia segunda instancia __________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación inte rpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 23 de agosto del 2018 por el Tribuna l Administrativo de Antioquia que accedió a las pretensiones de la demanda.

Antecedentes 1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, María Alejandra Pérez Gaona presentó demanda contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín , para que se inapliquen los

Contencioso Administrativo 1, María Alejandra Pérez Gaona presentó demanda contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín , para que se inapliquen los acuerdos de creación de las medidas de descongestión del Consejo Superior de la Judicatura, en lo que se refiere a la creación del cargo que se denominó «abogado asesor, grado 23 », en los despachos de descongestión y permanentes del

1 En adelante CPACA.2

Radicado: 05001233300020160059301(5964-2018)

Demandante: María Alejandra Pérez Gaona

Demandante: Tribunal Administrativo de Antioquia, así como las sucesivas prórrogas . De igual manera, se inaplique el acuerdo que creó el mencionado empleo de forma definitiva en la plan ta de cargos de dicha corporación. Adicionalmente se declare la nulidad de la Resolución DESAJMR14-5275 del 3 de diciembre del 2014 , por medio de la cual se resolvió no acceder a la solicitud de la demandante, consistente en que se pagaran las diferencias salariales entre el empleo de «abogado asesor grado 23 » y el de abogado asesor sin grado; y del acto ficto derivado del silencio administrativo frente al recurso de apelación interpuesto por la demandante el 28 de diciembre de 2014 contra de la Resolución DESAJMR 145275 DE 2014.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restable cimiento del derecho, solicitó i) declarar para todos los efectos, que la demandante ha ejercido el cargo de abogado asesor, sin grado, desde su posesión ; ii) ordenar a la dem andada

Como consecuencia de lo anterior y a título de restable cimiento del derecho, solicitó i) declarar para todos los efectos, que la demandante ha ejercido el cargo de abogado asesor, sin grado, desde su posesión ; ii) ordenar a la dem andada reconocer y cancelar la diferencia salarial y prestacional entre lo que ha percibido la demandante en el cargo de abogado asesor grado 23 y lo que debió haber percibido según el salario establecido para el cargo de abogado asesor sin grado ; iii) ordenar pagar las sumas adeudadas con respecto a cada uno de los meses en los que la demandante ha ejercido el cargo de abogado asesor en el Tribunal Administrativo de Antioquia ; y hasta la fecha de la sentencia que ponga fin al proceso, en caso de que la demandante aún se encontrara ejerciendo dicho cargo; iv) ordenar al Consejo Superior de la Judicatura que expida acuerdo en el que se indique expresamente que el cargo de abogado asesor, adscrito a la planta de cargos del Tribunal Administrativo de Antioquia, no tiene asignación de grado alguno, con las implicaciones salariales y prestacionales que ello tiene; v) condenar a la demandada en costas y agencias en derecho; y vi) dar cumplimiento al fallo.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

María Alejandra Pérez Gaona ha ocupado desde el 15 de agosto de 2013 y hasta la fecha el cargo de «abogado asesor, grado 23 », creado por descongestión mediante Acuerdo PSAA11-8419 del 1 de agosto del 2011 que dispuso la creación de 6 despachos de magistrado, cada uno con un cargo de auxiliar judicial grado 1

la fecha el cargo de «abogado asesor, grado 23 », creado por descongestión mediante Acuerdo PSAA11-8419 del 1 de agosto del 2011 que dispuso la creación de 6 despachos de magistrado, cada uno con un cargo de auxiliar judicial grado 1 y un cargo de abogado asesor grado 23, desde el 2 de agosto de 2011 hasta el 16 de diciembre del mismo año. El mencionado empleo, con posterioridad a los actos acusados, se estableció como permanente por medio del Acue rdo PSAA15-10402 del 29 de octubre del 2015.3

Radicado: 05001233300020160059301(5964-2018)

Demandante: María Alejandra Pérez Gaona

Demandante: La citada medida de descongestión fue prorrogada en el tiempo a través de los acuerdos PSAA11 -8951 del 9 de diciembre de2011, PSAA12 -9200 del 1 de febrero del 2012, PSAA12-9524 del 21 de junio del 2012, PSAA12 -9781 del 18 de diciembre del 2012, PSAA13 -9897 del 30 de abril del 2013, PSAA13 -9962 del 31 de julio del 2013, PSAA13 -9991 del 26 de septiembre del 2013, PSAA13 -10048 del 2 de diciembre del 2013, PSAA13 -10068 de 19 de diciembre del 2013

PSAA14-10156 del 30 de mayo del 2014, PSAA14-10195 del 31 de julio del 2014, PSAA14-10197 del 5 de agosto del 2014, PSAA14 -10282 del 31 de diciembre del 2014, PSAA15-10288 del 29 de enero del 2015 PSAA15 -10363 del 30 de junio del

PSAA14-10197 del 5 de agosto del 2014, PSAA14 -10282 del 31 de diciembre del 2014, PSAA15-10288 del 29 de enero del 2015 PSAA15 -10363 del 30 de junio del 2015, PSAA15 -10371 del 31 de julio de 2015, P SAA15-10385 del 23 de septiembre del 2015, PSAA15 -14404 del 3 de noviembre del 2015 y PSAA1514415 del 30 de noviembre del 2015.

La demandante presentó petición el 26 de noviembre del 2014 ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellí n y solicitó : «cancelar las diferencias salariales entre el empleo que el Consejo Superior de la Judicatura denominó abogado asesor grado 23 y el de abogado asesor sin grado, pues el pago del primero se ha hecho con fundamento en la asignación para la esca la del grado 23 desde el año 2011 en adelante; así como las diferencias en las primas, bonificaciones, cesantías y demás conceptos de orden salarial y prestacional que se ven afectados con la nivelación […]».

A través de la Resolución DESAJMR14 -5275 del 3 de diciembre de 2014, la cual fue notificada el 20 de diciembre del 2014, la dirección seccional resolvió la petición de la demandan te, en la cual decidió no acceder a lo solicitado, al sostener que de acuerdo a las facultades otorgadas en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996 , la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tenía competencia tanto para crear cargos en descongestión, como para determinar sus funciones y los requisitos para su desempeño; y en segundo lugar, adujo que la

de 1996 , la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tenía competencia tanto para crear cargos en descongestión, como para determinar sus funciones y los requisitos para su desempeño; y en segundo lugar, adujo que la única limitante que tenía para la creación de cargos en descongestión, e ra que no podía establecerse a cargo del tesoro, obligaciones que excedieran el monto global fijado para el plan de descongestión en la ley de apropiaciones iniciales , decisión contra la cual el 18 de diciembre del 2014 interpuso recurso de apelación; no obstante, a la fecha de presentación de la demanda la entidad no había emitido respuesta alguna.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante considera vulneradas las siguientes disposiciones:4

Radicado: 05001233300020160059301(5964-2018)

Demandante: María Alejandra Pérez Gaona

Demandante: Artículos 4 y 150 numeral 19, literal e ) de la Constitución Política; Ley 4 de 1992, Decreto 57 de 1993. En cuanto al concepto de violación , se expusieron los

siguientes argumentos2:

Excepción de inconstitucionalidad

El Consej o Superior de la Judicatura al establecer el grado 23 para el cargo de abogado asesor en los acuerdos que crearon y prorrogaron la descongestión judicial y recientemente lo establecieron como parte de la planta de cargos permanentes de los tribunales administrativos, desbordó sus facultades legales y reglamentarias, habida cuenta que fijó una asignación salarial al determinar un grado al cargo en cuestión, cuando dicha competencia le corresponde de manera

permanentes de los tribunales administrativos, desbordó sus facultades legales y reglamentarias, habida cuenta que fijó una asignación salarial al determinar un grado al cargo en cuestión, cuando dicha competencia le corresponde de manera primigenia al Congreso y por expresa delegación, al Gobierno Nacional a través de la Ley 4 de 1992.

Ahora bien, hace 22 años el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo 5 del 15 de febrero de 1993, en el que del mismo modo , asignó grados a cargos establecidos y nominados en el Decreto 57 de 19 93, variando para el efecto la asignación salarial de los cargos de escribiente y oficial mayor de los juzgados del circuito de familia, promiscuos de familia y de menores. Al respecto el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia declaró la nulidad de varios de sus artículos, al señalar que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura carecía de la facultad para asignar grados a cargos previamente nominados por el Decreto 57 de 1993 y que además, no era competente para fijar su remunerac ión, pues ello correspondía al presidente de la Rep ública en el desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4 de 1992.

En ese orden de ideas, en el presente caso se encuentra verificada la inconstitucionalidad del Acuerdo PSAA11 -8419 del 1 de agosto del 2011 y a su vez, los demás acuerdos que prorrogaron las medidas de descongestión e incluso, del que actualmente lo fijó como permanente (Acuerdo PSAA15 -10402 de 2015), ello en razón a que el Consejo Superior de la Judicatura carecía de la facultad

vez, los demás acuerdos que prorrogaron las medidas de descongestión e incluso, del que actualmente lo fijó como permanente (Acuerdo PSAA15 -10402 de 2015), ello en razón a que el Consejo Superior de la Judicatura carecía de la facultad para determinar el grado al empleo de abogado asesor y, además no era competente para fijar su remuneración, toda vez que ese cargo ya había sido creado, nominado y su asignación fijada por el Decreto 57 de 1993, por lo que el tomar un grado y asignárselo, im plicó fijarle un régimen salarial distinto, como quiera que es el Congreso el competente para fijar el régimen salarial de los servidores públicos y solo por vía de autorización expresa de aquel, el Gobierno Nacional.

2 A folios 3-7 del expediente5

Radicado: 05001233300020160059301(5964-2018)

Demandante: María Alejandra Pérez Gaona

Demandante: Falsa motivación

Incurrieron en el v icio de falsa motivación, debido a los siguientes errores de derecho cometidos así:

1. El cargo de abogado asesor, grado 23, es un empleo de descongestión creado por la Sala Administrativa como una medida transitoria, habilitada por los artículos 63 y 85 de la Ley 270 de1993

Al respecto , no se discute la facultad de crear cargos en descongestión o permanentes; sino, la asignación de un grado, cuando el empleo de abogado asesor fue creado por el Gobierno Nacional en el artículo 3 del Decreto 57 de 1993, sin grado alguno y le estipuló su salario, disposición que pretende burlar la

permanentes; sino, la asignación de un grado, cuando el empleo de abogado asesor fue creado por el Gobierno Nacional en el artículo 3 del Decreto 57 de 1993, sin grado alguno y le estipuló su salario, disposición que pretende burlar la demandada, cuando es claro que el artículo 16 del citado decreto estableció que: «[…] ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4 de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos ». En consecuencia, carecía de la facultad para determinar le un grado y de la competencia para fijar su remuneración . Adicionalmente , no existen razones constitucionales que justifiquen un trato diferenciado entre los cargos transitorios creados por descongestión y los que hacen parte de la planta de cargos permanente de los tribunales.

2. La única limitante que se ha impuesto para la creación de estos cargos, consist ió en no establecer a cargo del tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones inicial es, máxime, cuando la demandante aceptó las condiciones de este cuando se posesionó.

En cuanto a dicho argumento, aunque el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 refiere a tal limitante, no se puede desconocer el resto del ordenamiento jurídico para hacer una interpretación aislada; más aún, si lo que desconoce son disposiciones de rango constitucional. Adicionalmente , la aceptación a un cargo no implica la renuncia a las reclamaciones laborales que puedan derivarse del nombramiento y

hacer una interpretación aislada; más aún, si lo que desconoce son disposiciones de rango constitucional. Adicionalmente , la aceptación a un cargo no implica la renuncia a las reclamaciones laborales que puedan derivarse del nombramiento y posesión del mismo, pues ello, desconoce principios universales como la irrenunciabilidad de los derechos laborales.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura contestó la demanda y se opuso a la totalidad de las pretensiones . Para tal efecto, se pronunció en los6

Radicado: 05001233300020160059301(5964-2018)

Demandante: María Alejandra Pérez Gaona

Demandante: siguientes términos3:

Con base en las facultades otorgadas por el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, se avaló a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que creara cargos en descongestión con el carácter de transitorios, así mismo determinara funciones y requisitos para su desempeño, medida que ha sido adoptada en desarrollo del Plan Nacional de Descongestión, con el fin de disminuir los graves problemas de congestión judicial.

De igual manera , la única limitante impuesta para la creación de cargos en descongestión, es que no podía establecer a cargo del tesoro, obligaciones que excedieran el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales. En consecuencia, no es procedente acceder a la nivelación salarial solicitada, en razón a que el cargo desempeñado, asesor grado 23, con los requisitos señalados y el salario fijado, fueron condiciones establecidas

apropiaciones iniciales. En consecuencia, no es procedente acceder a la nivelación salarial solicitada, en razón a que el cargo desempeñado, asesor grado 23, con los requisitos señalados y el salario fijado, fueron condiciones establecidas desde su creación, las cuales fueron aceptadas por la deman dante al momento de su posesión.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 23 de agosto del 2018 , accedió a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto se pronunció en estos términos4:

Para la Sala es claro que es al Gobierno Nacional a quien le compete fijar la escala salarial de los servidores públicos, de manera anual, en donde se ha venido estableciendo un sueldo diferencial de conformidad con las diferentes jerarquías sin contemplar su clasificación en grados para los cargos taxativamente enlistados, excepto lo previsto para la remuneración mensual residual para los empleos de la Rama Judicial cuya denominación no queda allí establecida.

A partir del Decreto 57 de 1993, así como con la expedición del De creto 1039 de 2011, año en el que se creó el cargo de abogado asesor, como una medida de descongestión y hasta el Decreto 194 de 2014, el Gobierno Nacional fijó la escala de remuneración mensual para los empleados públicos de la Rama Judicial, en el cual incluyó la asignación salarial para el cargo de abogado asesor en los Tribunales Judiciales; por lo tanto, el Consejo Superior de la Judicatura no debió recurrir a la remuneración residual del cargo «grado 23», toda vez que el cargo de

cual incluyó la asignación salarial para el cargo de abogado asesor en los Tribunales Judiciales; por lo tanto, el Consejo Superior de la Judicatura no debió recurrir a la remuneración residual del cargo «grado 23», toda vez que el cargo de abogado asesor fue nominado en los términos del ejecutivo, además indicar que el

3 A folios 5456 del expediente 4 A folios 139-140 del expediente.7

Radicado: 05001233300020160059301(5964-2018)

Demandante: María Alejandra Pérez Gaona

Demandante: cargo corresponde al grado 23, incide en su remuneración, toda vez que dicha denominación se separa del cargo de abogado asesor de tribunal judicial creado por los decretos emitidos por el Gobierno Nacional.

1.4. El recurso de apelación

La parte de mandada interpuso recurso de apelación 5 para que se revoque la decisión de primera instancia, para tal efecto argumentó lo siguiente:

El recurrente manifestó que la Sala Administrativa del Consejo Su perior de la Judicatura en ejercicio del artículo 63 de la Ley 270 de 1996 y de conformidad con lo aprobado en sesión del 15 de junio de 2011, estaba facultada para crear cargos de descongestión de carácter transitorio, ello en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Descongestión Judicial. Para cumplir con tal atribución, el artículo 85 de la mencionada ley, dispuso determinar las funciones y señalar los requisitos para el desempeño de los cargos; no obstante, la norma estableció una única limitación para el ejercicio de tal facultad, y es no fijar a cargo del tesoro, obligaciones que

la mencionada ley, dispuso determinar las funciones y señalar los requisitos para el desempeño de los cargos; no obstante, la norma estableció una única limitación para el ejercicio de tal facultad, y es no fijar a cargo del tesoro, obligaciones que excedan el monto global determinado para el respectivo servicio, en la ley de apropiaciones iniciales. En consecuencia, no es posible acceder a la nivelación salarial, en razón a que el cargo de abogado asesor grado 23, desde el momento de su creación fue establecido con los requisitos y el salario fijado para el mismo, condiciones que fueron aceptadas por la demandante desde el momento de su posesión.

En segundo lugar, ta l diferencia de trato no atent ó contra el principio de igualdad, porque esta solo se predica entre iguales, admitiendo de esta forma, un manejo diverso frente a supuestos de hecho diferentes.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

Verificada la plata forma SAMAI se observa que las partes no se pronunciaron al respecto.

1.6. Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Publico no rindió concepto.

5 A folios 146-151 del expediente8

Radicado: 05001233300020160059301(5964-2018)

Demandante: María Alejandra Pérez Gaona

Demandante:

2. Consideraciones

2.2. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿si en virtud de la facultad o torgada por la Ley 270 de 1996 e l Con sejo Superior de la Judicatura podía fijar regímenes salariales y prestacionales distintos a los establecidos por los decretos anuales del

la Ley 270 de 1996 e l Con sejo Superior de la Judicatura podía fijar regímenes salariales y prestacionales distintos a los establecidos por los decretos anuales del Gobierno Nacional y en esa medida, crear el cargo de abogado asesor grado 23?

Para resolver el anterior problema, se abordarán los siguientes temas: i) autoridad competente para fijar el r égimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial; ii) competencia de la Sala Administrativa del Con sejo Superior de la Judicatura para la creación de cargos de la Rama Judicial; iii) sobre el principio de igualdad en materia salarial y prestacional y iv) estudio del caso concreto.

2.3. Marco normativo. Con el propósito de solucionar el problema jurídi co planteado, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo aplicable al caso concreto.

2.3.1. Autoridad competente para fijar el r égimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial

El artículo 150, numeral 19 literales e ) y f), de la Constitución Política consagró como atribución del Congreso de la República dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los efectos relacionados con la fijación del ré gimen salarial y prestaci onal de los empleados públicos:

«ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: (…) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los

(…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: (…) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública …»

En desarrollo de dicha potestad , el Congreso expidió la Ley 4 de 1992 6, en cuyo artículo 1 señaló que el Gobierno Nacional con sujeción a las normas, criterios y

6 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régi men salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones9

Radicado: 05001233300020160059301(5964-2018)

Demandante: María Alejandra Pérez Gaona

Demandante: objetivos contenidos en esta ley, fijará el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Judicial: «ARTÍCULO 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

(…) b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial , el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organiz ación Electoral y la Contraloría General de la República…» (aparte subrayado fuera del texto) A su vez , el parágrafo del artículo 14 de la citada ley, dispuso que el Gobierno Nacional revisa el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios

A su vez , el parágrafo del artículo 14 de la citada ley, dispuso que el Gobierno Nacional revisa el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad. Con base en los criterios señalados en la norma cita da, el Gobierno Nacional expidió anualmente los decretos en materia salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial; así, con el Decreto 57 del 7 de enero de 1993 7, el presidente de la República en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 4 de 1992 estableció el régimen salarial de los servidores públicos de la Rama Judicial. De esta forma , estipuló en su artículo 1 que el régimen salarial y prestacional allí establecido sería de obligatorio cumplimiento para quienes se vincularan al servicio con posterioridad a su vigencia y no se tendría en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder público, organismos o instituciones del sector público.

El artículo 2 ibidem preceptuó que los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podían optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993; advirtiendo que quienes no lo hicieran continuarían rigiéndose por las normas vigentes a esa fecha.

A su turno, el artículo 3 señaló:

«A partir del 1º de enero de 1993 la remuneración mensual de los empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente: (…)

A su turno, el artículo 3 señaló:

«A partir del 1º de enero de 1993 la remuneración mensual de los empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente: (…)

sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. 7 “Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones».10

Radicado: 05001233300020160059301(5964-2018)

Demandante: María Alejandra Pérez Gaona

Demandante: 2.- Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura: (…) Abogado asesor $1.125.000 …»

El artículo 4 previó que la remuneración mensual para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no estuviera señalada en el artículo anterior, se regiría por la escala allí establecida:

GRADO REMUNERACION

01 91.377 02 107.068 03 127.989 04 151.764 05 184.415 06 217.067 […]» El artículo 11 previó que «La incorporación del personal a los cargos con diferentes grados establecidos en el artículo 3º se hará con base en los requisitos y condiciones establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura ».

[…]» El artículo 11 previó que «La incorporación del personal a los cargos con diferentes grados establecidos en el artículo 3º se hará con base en los requisitos y condiciones establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura ». Posteriormente, se expidieron los Decretos 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, 65 de 1998, 388 de 2006, 657 del 2008, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del 2012, 1034 del 2013, 194 de 2014, 1105 de 2015, 234 de 2016, 1003 de 2017, 338 de 2018, 997 de 2019, 301 de 2020, 470 de 2022 y 902 de 2023. No obstante, resulta preciso citar lo establecido en el Decreto 1039 del 2011, el cual se expidió para el mismo momento en que se implementó el Plan Nacional de Descongestión, ello en razón a que con base en tal disp osición se profirió el Acuerdo PSAA11-8419 del 1 de agosto del 2011, mediante el cual se creó el «cargo de abogado asesor grado 23» desde el 2 de agosto de 2011 hasta el 16 de diciembre del mismo año.

Este Decreto en su artículo 4 estableció que: «A partir del 1° de enero de 2011, la remuneración mensual de los empleos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:(…) 2 . Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura: Abogado Asesor 5.140.170 […]».11

2 . Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura: Abogado Asesor 5.140.170 […]».11

Radicado: 05001233300020160059301(5964-2018)

Demandante: María Alejandra Pérez Gaona

Demandante: De igual forma, en su artículo 6 fijó la escala de remuneración mensual en grados, para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores del citado decreto. Luego, el Decreto 1024 del 2013, año en el cual fue no mbrada y posesionada la demandante, estableció en su artículo 4 que la remuneración mensual del empleo de abogado asesor de los Tribunales Judiciales, del Tri bunal Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, devengaría $5.582.842 y en su artículo 6 estableció la escala de remuneración mensual en grados para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación del ca rgo no esté señalada en los artículos anteriores.

De lo expuesto se establece que la autoridad competente para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial es el Gobierno Nacional, el cual en uso de tal facultad e xpidió anualmente los decretos que fijan el salario para los cargos que con ocasión del nuevo régimen mantienen la misma denominación y, de manera subsidiaria , dispuso una escala de remuneración en grados para aquellos empleos que no se encontraren en la clasificación allí prevista.

que fijan el salario para los cargos que con ocasión del nuevo régimen mantienen la misma denominación y, de manera subsidiaria , dispuso una escala de remuneración en grados para aquellos empleos que no se encontraren en la clasificación allí prevista. 2.3.2 Competencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de cargos de la Rama Judicial La Constitución Política de Colombia de 1991 estableció en el numeral 2 del artículo 257, que el Consejo Superior de la Judicatura podrá : «Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En e jercicio de esta atribución, no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales». En desarrollo del mencionado precepto constitucional , la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, estableció en su artículo 85 las funciones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura: «ARTÍCULO 85. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS . Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura