CE - 050012333000201602245021AUTOQUEDECIDE20231127140622

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02245-02

Demandante: Jaime Cartagena Bermúdez

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Protección de los derechos e intereses colectivos – Incidente de desacato Radicación: 05001-23-33-000-2016-02245-02

Demandante: Jaime Cartagena Bermúdez Demandado: Municipio de Caucasia y otros

Tema: Grado jurisdiccional de consulta

I. OBJETO A DECIDIR

Decide la Sala el grado jurisdiccional de consulta respecto de la providencia de 12 de septiembre de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se sancionó a Ana Ligia Mora Martínez, Directora General de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia Corantioquia, con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por incurrir en desacato respecto de la sentencia de 14 de noviembre de 2017, confirmada por esta Corporación en sentencia 5 de diciembre de 2019.

II. ANTECEDENTES

2.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 14 de

de noviembre de 2017, confirmada por esta Corporación en sentencia 5 de diciembre de 2019.

II. ANTECEDENTES

2.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 14 de noviembre de 2017, declaró que el Municipio de Caucasia y el Ministerio de Defensa (Policía Nacional), fueron responsables de la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al goce del espacio público y a la seguridad y salubridad públicas de los habitantes de los barrios el Centenario, el Pajonal, el Centro y el Palmar del mencionado municipio; para el efecto impartió las siguientes órdenes:

«PRIMERO. DECLÁRESE que los derechos colectivos a gozar de un ambiente sano, al espacio público, a la seguridad y a la salubridad públicas han sido desconocidos por las entidades demandadas MUNICIPIO DE CAUCASIA -ANTIOQUIAy la NACIÓN –

MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL (ESTACIÓN DE

POLICÍA DE CAUCASIA).2

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(…).

CUARTO. CORANTIOQUIA deberá finiquitar en el menor tiempo posible los procesos sancionatorios ambientales que se encuentran vigentes e iniciar aquellos a que haya lugar, dentro de los términos previstos por la Ley y sin que haya lugar a declarar la nulidad de los

posible los procesos sancionatorios ambientales que se encuentran vigentes e iniciar aquellos a que haya lugar, dentro de los términos previstos por la Ley y sin que haya lugar a declarar la nulidad de los procesos o a inicia rlos nuevamente por el simple cambio de enseña comercial de los establecimientos investigados o por el cambio en la razón social de sus dueños. Para efectos de estas visitas, los funcionarios deberán contar con la compañía y el apoyo de los miembros de la Policía Nacional».

2.2. La Sección Primera de esta Corporación , mediante sentencia de 5 de diciembre de 2019, decidió modificar los ordinales primero, segundo, quinto y sexto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y confirmarla en todo lo demás; los ordinales modificados quedaron así:

«PRIMERO. DECLÁRESE que los derechos colectivos a gozar de un ambiente sano, al espacio público, a la seguridad y salubridad públicas han sido desconocidos por el Municipio de Caucasia – Antioquia.

SEGUNDO. En consecuencia, SE ORDENA al municipio de Caucasia que junto con funcionarios de Corantioquia y con el apoyo de la Policía Nacional, en un plazo de OCHO (8) DÍAS, contados a partir de la notificación de la presente decisión, conforme a una mesa de coordinación interinstitucional, integrada por el Alcalde Municipal y sus delegados en materia de ambiente y planeación, el Comandante de Policía, las Inspecciones de Policía del sector, el Personero municipal en calidad de representante del Ministerio Público, un funcionario de la Defensoría del Pueblo y el actor popular.

delegados en materia de ambiente y planeación, el Comandante de Policía, las Inspecciones de Policía del sector, el Personero municipal en calidad de representante del Ministerio Público, un funcionario de la Defensoría del Pueblo y el actor popular.

Esta mesa tendrá por objeto coordinar y determinar un plan de acción liderado por el municipio en el cual se comprometa a llevar a cabo dentro del marco de sus competencias, acciones para mitigar en el corto plazo la contaminación auditiva que se presenta en los barrios Centenario, el Pajonal, el Centro y el Palmar del municipio de Caucasia y determinar las soluciones definitivas sostenibles en el mediano y largo plazo. La mesa deberá emitir un informe a más tardar en un mes calendario después de notificada esta sentencia, en el que consten los compromisos adoptados por el municipio, los plazos de ejecución, los métodos para verificar su cumplimiento y los funcionarios o las dependencias responsables de los mismos.

(…)

QUINTO. Al municipio de Caucasia SE LE ORDENA la realización de un censo de establecimientos comerciales ubicados en los barrios mencionados, con detalles sobre la ubicación exacta de los mismos, con el fin de determinar si cumplen o no con los usos del suelo establecido por la normatividad vigente (POT) y se evalúen las actividades que estos3

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realizan en razón de su objeto social, para que, en caso de no cumplir

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realizan en razón de su objeto social, para que, en caso de no cumplir con el uso del suelo, se proceda a abrir los procedimientos correspondientes, como medida de prevención de la contaminación auditiva y para corregir la vulneración de los restantes dere chos colectivos amenazados y/o vulnerados como se ha explicado en el texto de esta providencia. El plazo para la realización de dicho censo no podrá superar un (1) mes contado a partir de la notificación de esta providencia. A partir de los resultados, si el Alcalde lo considera necesario, en atención a los programas y normas del municipio, deberá ordenar a los dueños de los establecimientos la insonorización de los mismos. Adicionalmente, deberá garantizar, por intermedio de las autoridades y dependencias competentes, la recuperación del espacio público, aún ordenando la demolición de aquellas construcciones que sobrepasan el espacio privado permitido y adelantando todas las gestiones necesarias para que los ciudadanos puedan transitar de manera normal por los andenes de uso peatonal. Ante el incumplimiento deberá imponer las sanciones o medidas correctivas procedentes, según aplique la Ley 1801 de 2016, nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. Para lo anterior, se concede el término de un mes, contado a partir de la notificación de esta decisión.

SEXTO. La Policía Nacional deberá, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, 1) prestar apoyo y acompañar a los funcionarios del municipio de Caucasia y a Corantioquia en la realización

SEXTO. La Policía Nacional deberá, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, 1) prestar apoyo y acompañar a los funcionarios del municipio de Caucasia y a Corantioquia en la realización de las visitas técnicas y la materialización de las medidas preventivas y sancionatorias impuestas, y 2) continuar ejerciendo sus competencias en relación con el adelantamiento de operativos policiales constantes en la zona con el fin de verificar el cumplimiento de las normas policivas, mediante el ejercic io de los medios y medidas correctivas para el mantenimiento del orden público interno».

2.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 19 de agosto de 2022, al abrir incidente de desacato en contra del Alcalde municipal de Caucasia con ocasión al presunto incumplimiento de las órdenes impartidas en las sentencias de 14 de noviembre de 2017 y 5 de diciembre de 2019, decidió también requerir a la representante legal de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia , Corantioquia, previo al trámite de incidente de desacato, para que informara si había efectuado los procedimientos sancionatorios de oficio o en virtud de la información aportada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Municipio de Caucasia, en contra de los propietarios de los establecimientos de comercio establecidos en el censo aportado por la autoridad territorial y que no habían cumplido con las normas sobre generación de ruido.

Adicionalmente, debía indicar si , como autoridad ambiental y en virtud de las competencias que la Ley 1333 de 2009 y los artículos 25 y 26 de la

que no habían cumplido con las normas sobre generación de ruido.

Adicionalmente, debía indicar si , como autoridad ambiental y en virtud de las competencias que la Ley 1333 de 2009 y los artículos 25 y 26 de la Resolución nro. 627 de 7 de abril de 2006 le otorgaban, había efectuado mediciones de ruido sobre los establecimientos reportados, y en caso afirmativo, debía detallar cuales cumplían y cuales no con la normatividad4

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en la materia y los procedimientos y actividades desarrolladas frente a estos últimos.

2.4. Mediante memorial de 29 de agosto de 2022, la Corporación Autónoma Regional de Antioquia Corantioquia, a través de apoderado judicial, presentó respuesta al requerimiento del Tribunal, señalando para el efecto, lo siguiente:

Inició por señalar que las funciones de autoridad ambiental en el Municipio de Caucasia se encontraban asignadas a la Oficina Territorial Panzenú, por lo que la Corporación , mediante memorial de 19 de agosto de 2022, le solicitó a esa dependencia informar sobre el requerimiento efectuado por el tribunal.

Respecto de los procedimientos sancionatorios posteriores a la sentencia de segunda instancia , destacó que los procesos iniciados ya habían sido resueltos y se encontraban en firme; sin embargo, posterior a esto no se habían realizado nuevas visitas de oficio, en atención al concepto emitido

segunda instancia , destacó que los procesos iniciados ya habían sido resueltos y se encontraban en firme; sin embargo, posterior a esto no se habían realizado nuevas visitas de oficio, en atención al concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación1.

Frente a las mediciones de ruido y actuaciones adelantadas señaló que , conforme al artículo 22 de la Resolución nro. 627 de 2006 , «por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental », en el que se estipulaba que correspondía a las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales , elaborar, revisar y actualizar en los municipios de su jurisdicción con poblaciones mayores a cien mil habitantes mapas del ruido ambiental, se informaba que el contrato nro. 110-CNT2110-134, suscrito por la entidad y K2 Ingeniería SAS, tenía por objetivo actualizar el mapa estratégico de ruido ambiental del municipio y que no se encontraba adoptado aún debido a que estaba en ajustes por parte del contratista por requerimientos realizados por la corporación.

Asimismo, que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del municipio no había realizado entrega oficial de los resultados obtenidos en las campañas realizadas por la entidad territorial, en cabeza de dicha Secretaría, y las cuales fueron acompañadas por funcionarios de Corantioquia; adicionalmente, afirmó que « en las mediciones realizadas arrojaron como resultado que no cumplen con los niveles de ruido permitidos».

1«“(…) Así, en la Sentencia T-166/09, M.P. Mauricio González Cuervo, señaló: (…) Restringir las emisiones de ruido a niveles sonoros que no superen

permitidos».

1«“(…) Así, en la Sentencia T-166/09, M.P. Mauricio González Cuervo, señaló: (…) Restringir las emisiones de ruido a niveles sonoros que no superen los 45 decibeles en sus jornadas de culto (…) aplicando el nivel correspondiente a zonas residenciales consagrado en la Resol ución 8321 de 1.983 del Ministerio de Salud, dado que se trata de una disposición normativa relacionada con la salud de las personas y su calidad de vida, y no relacionada particularmente con el impacto sonoro al medio ambiente, que es lo que regula la Resolución No 0627 del 7 de abril de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (…) Sentencia T -406 de 1996, se tuteló el derecho a la salud, a la tranquilidad y a la vida, de la actora y ordenó al demandado que realizara su actividad económica, sin traspasar los niveles de contaminación ambiental y auditiva permitida…”, Mas adelante agregó: “Los derechos a la intimidad y a la tranquilidad, en principio, deben ser protegidos por las autoridades administrativas y policiales que son las encargadas de ejercer controles frente a las perturbaciones a terceros. En este sentido la Sentencia SU-476 del 1997, indicó que la prevención de comportamientos por parte de particulares que alteren el orden público es competencia de la administración publica: “El mantenimiento de la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y la moralidad públicas, exige de las autoridades administrativas – poder de policía administrativo-, la adopción de medidas tendientes a la prevención de comportamientos particulares que perturben y alteren estas condiciones mínimas de orden público que impidan a los miembros de la

la salubridad y la moralidad públicas, exige de las autoridades administrativas – poder de policía administrativo-, la adopción de medidas tendientes a la prevención de comportamientos particulares que perturben y alteren estas condiciones mínimas de orden público que impidan a los miembros de la sociedad o de una comunidad en particular, disfrutar de sus derechos sin causa legal que lo justifique” Que en los apartes an teriores se aduce la responsabilidad de la administración municipal para realizar tales mediciones; sin embargo, y según con lo establecido en la Resolución No 627 del 2006, la Corporación viene adelantando el mapa de ruido para medir las zonas con mayor impacto de RUIDO AMBIENTAL y poder implementar medidas que mitiguen cualquier alteración».5

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Adujo también que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establecía las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, las cuales enmarcaban todo su actuar misional siempre enfocado en la administración, protección y conservación del medio ambiente y lo s recursos naturales renovables.

Asimismo, que la Ley 1333 de 2009 determinaba la potestad sancionatoria de las autoridades ambientales ; en ese sentido, la ley facultaba a ciertas autoridades, a prevención, para imponer y ejecutar medidas preventivas, condicionándolas, en todo caso, a dar traslado a la autoridad ambiental competente dentro de los 5 días posteriores. Precisó que, de acuerdo al artículo 5º ejusdem, la comisión de una infracción ambiental en los términos

condicionándolas, en todo caso, a dar traslado a la autoridad ambiental competente dentro de los 5 días posteriores. Precisó que, de acuerdo al artículo 5º ejusdem, la comisión de una infracción ambiental en los términos del artículo mencionado, se enmarcaba en las competencias otorgadas a las Corporaciones Autónomas Regionales.

Ahora bien, frente a las infracciones por ruido, apuntó que convergían las competencias de diferentes autoridades, por lo que era necesario tener claridad respecto de la fuente generadora y el tipo de ruido ocasionado, para así determinar el procedimiento correspondiente y la autoridad competente.

En ese sentido, explicó que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la Resolución nro. 627 de 2006, entre otros aspectos , diferenció los tipos de ruido ; entre ellos , el ruido ambiental , en contraposición al ruido, y se determinaron obligaciones puntuales para las Corporaciones Autónomas Regionales, tales como la realización de los mapas de ruido (diurno y nocturno) de los municipios de cada jurisdicción , y ejecución de planes de descontaminación por ruido. En consecuencia, a su juicio, era competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales todo lo relacionado con el ruido ambiental, más no en lo que tenía que ver con la emisión de ruido por fuentes móv iles (caso de los establecimientos de comercio con expendio de licor).

Afirmó que Corantioquia brindaba apoyo a la entidad territorial en caso de que no contara con los equipos de medición o personal capacitado para ello. Una vez se tenía el resultado donde se establecía si se respetaban o superaban los estándares máximos permisibles de emisión de ruido,

que no contara con los equipos de medición o personal capacitado para ello. Una vez se tenía el resultado donde se establecía si se respetaban o superaban los estándares máximos permisibles de emisión de ruido, Corantioquia remitía el respectivo informe técni co a la alcaldía, para que , con base en sus competencias , adelantara los procedimientos e investigaciones a que hubiera lugar.

En suma, sostuvo que, en cuanto al ruido generado en establecimientos de comercio de venta de licor , toda la competencia administrativa y sancionatoria recaía en el ente territorial.

2.5. El Tribunal Administrativo de Antioquia , por auto de primero (1º) de septiembre de 2022, dio apertura al incidente de desacato en contra de la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia6

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Corantioquia, Ana Ligia Mora Martínez ; asimismo, corrió traslado por el término de 3 días con el fin de que ejerciera su derecho de defensa y contradicción, frente al cumplimiento de la orden que le fue impartida en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 14 de noviembre de 2017, en donde detallara las razones por las cuales la entidad a su cargo estimaba como unidades móviles a los establecimientos de comercio con expendió de licor y la relación final de las competencias que le asistían como

de 2017, en donde detallara las razones por las cuales la entidad a su cargo estimaba como unidades móviles a los establecimientos de comercio con expendió de licor y la relación final de las competencias que le asistían como autoridad ambiental de acuerdo a lo reglamentado en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009; asimismo, las razones o mandatos de la Ley que le permitían afirmar que , en virtud del artículo 66 de la Ley 99 de 1993 , se desplazaba la potestad sancionatoria que le asistía como autoridad ambiental y, finalmente, las razones por las cuales aducía que la competencia señalada en los artículos 28 y 29 de la Resolución nro. 627 de 7 de abril de 2006 no le eran extensivas a la entidad sino al Municipio y a la Policía Nacional.

2.6. La Corporación Autónoma Regional de Antioquia Corantioquia, mediante apoderado judicial , en defensa de la Directora General de la entidad, a través de memorial de 6 de septiembre de 2022, manifestó al Tribunal que había dado cumplimiento a la orden de finiquitar en el menor tiempo posible los procesos sancionatorios ambientales que se encontraran iniciados al momento de expedirse la sentencia, para lo cual aportó la relación de investigaciones sancionatorias decididas que se adelantaron en contra de los representantes de los establecimientos de comercio del municipio. Por otro lado, respecto de la orden de « iniciar aquellos a que haya lugar, de ntro de los términos previstos en la Ley », puntualizó que iniciar investigaciones sancionatorias de orden ambiental a los representantes de los establecimientos de comercio con expendio de licor

haya lugar, de ntro de los términos previstos en la Ley », puntualizó que iniciar investigaciones sancionatorias de orden ambiental a los representantes de los establecimientos de comercio con expendio de licor que incumplían con los límites permisibles de nivel de emisión de ruido en el Municipio de Caucasia extralimitaría las funciones de la corporación, por lo que no estaba desacatando la orden judicial.

Frente a que los establecimientos de comercio con expendio de licor fueran considerados como unidades móviles, puntualizó que haberlos considerado así inducía de manera involuntaria a un error de concepto, toda vez que los establecimientos, como fuentes sonoras , se clasificaban fuente puntual, fuente adireccional o fuente direccion al, dependiendo de la dirección en la que se distribuía la energía y se propagara el sonido emitido por dichas fuentes.

Respecto a que las competencias que le asistían a la autoridad ambiental, ceñidas a lo reglamentado en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 y razones o mandatos de la Ley que le permitían afirmar que, en virtud del artículo 66 de la Ley 99 de 1993, se desplazaba la potestad sancionatoria, adujo que no quería decir que la potestad sancionatoria de Corantioquia se desplazara en cuanto a la problemática ocasionada por la emisión de ruido generado por los establecimientos de comercio, sino que, en atención a la normatividad relacionada en los diferentes escritos enviados al Despacho y7

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normatividad relacionada en los diferentes escritos enviados al Despacho y7

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contenida en la misma sentencia de segunda instancia proferida dentro de la acción popular que hoy nos ocupa, se dejaba la suficiente claridad que era un asunto de exclusivo resorte de los entes territoriales; entonces, no se desplaza la competencia, sino que la misma no es atribuida a las Corporaciones Autónomas Regionales.

Frente a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, señaló que no aplicaba para el municipio de Caucasia, en razón a que su población urbana no supera un millón (1.000.000) de habitantes, por lo que se hace referencia al artículo 65 de la misma norma, en el que se establecen las funciones ambientales asignadas a los entes territoriales.

Resaltó que, en los términos del artículo 204 de la Ley 1801 de 2016, en lo pertinente al control de los establecimientos de comercio abiertos al público y a la generación de ruido , era el alcalde la primera autoridad de policía y en tal condición le correspondía garantizar la convivencia y seguridad.

Finalmente, respecto de que la competencia señalada en los artículos 28 y 29 de la Resolución nro. 627 de 2006 no le era extensiva a Corantioquia sino al Municipio de Caucasia y a la Policía Nacional, indicó que, tal como lo estipulaba el artículo 28 , la competencia para la vigilancia y control en lo

29 de la Resolución nro. 627 de 2006 no le era extensiva a Corantioquia sino al Municipio de Caucasia y a la Policía Nacional, indicó que, tal como lo estipulaba el artículo 28 , la competencia para la vigilancia y control en lo relacionado a la emisión de ruido que superaba los niveles máximos permisibles por parte de los establecimientos de comercio, al estar excluido de las funciones básicas atribuidas a la entidad y encontrars e asignadas al ente territorial, no le era aplicable a la autoridad ambiental regional. Precisó que distinto fuera si el ruido lo ocasionara un proyecto o actividad de licenciamiento por parte de la Corporación, caso en el que s í recaería en esta la competencia.

Respecto del artículo 29 ejusdem, insistió en que la norma era clara en indicar que serían las autoridades ambientales competentes quienes impondrían las medidas preventivas y sancionatorias a que hubiera lugar , por lo que Corantioquia se extralimitaría en lo relacionado con el ruido ocasionado por establecimientos de comercio, toda vez que la autoridad competente era el ente territorial.

2.7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante providencia de 12 de septiembre de 2022 , decidió declarar en desacato a la doctora Ana Ligia Mora Martínez, en calidad de Directora General de la Corporación Autónoma Regional de AntioquiaCorantioquia, e imponerle sanción de multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para resolver, el Tribunal consideró que la orden dictada en el ordinal cuarto de la sentencia de acción popular en cabeza de la autoridad ambiental accionada estuvo dada en dos sentidos i) finiquitar los procesos

(5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para resolver, el Tribunal consideró que la orden dictada en el ordinal cuarto de la sentencia de acción popular en cabeza de la autoridad ambiental accionada estuvo dada en dos sentidos i) finiquitar los procesos sancionatorios ambientales que se encontraban vigentes en el curso del proceso y hasta que se dio la sentencia de instancia; ii) adelantar o iniciar aquellos a que se diera lugar, dentro de los términos previstos en la Ley, y8

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sin que haya lugar a declarar nulidad de los procesos o iniciarlos nuevamente por el simple cambio de enseña comercial o razón social de los establecimientos investigados.

Frente a finiquitar los procesos sancionatorios ambientales que se encontraran vigentes, señaló que , respecto de su cumplimiento , no tenía ningún reparo, en tanto la autoridad había aportado la constancia de la terminación de los procesos que venía adelantando.

Luego de evaluar los informes aportados por Corantioquia evidenciaba que, con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia en la acción popular, frente a iniciar los procesos sancionatorios a que hubiere lugar en razón a la infracción de la normatividad en materia de emisión de ruido y ruido ambiental, la autoridad ambiental no había acreditado que, de acuerdo a esos acompañamientos que demostró haber realizado con la

lugar en razón a la infracción de la normatividad en materia de emisión de ruido y ruido ambiental, la autoridad ambiental no había acreditado que, de acuerdo a esos acompañamientos que demostró haber realizado con la autoridad territorial y la Policía Nacional, y en virtud de las medi ciones de ruido que se efectuaron a los establecimientos de comercio que se encuentran en la zona de influencia de los barrios el Pajonal, el Centro, el Palmar y el Centenario, ninguno de ellos transgredía los niveles aceptados para emisión de ruido - si es que ello era así -, o que se hubiese iniciado algún procedimiento sancionatorio en contra de posibles infractores , por lo que dio apertura al incidente de desacato.

Al respecto, indicó que el Tribunal consideraba que, en efecto, si existía un incumplimiento parcial a la orden emitida en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 14 de noviembre de 20 14 y confirmada por el Consejo de Estado en sentencia de 5 de diciembre de 2019, en relación al criterio objetivo como elemento a tenerse en cuenta para una posible sanción en virtud del artículo 41 de la Ley 472 de 1998, en tanto no se ha demostrado por parte de la autoridad ambiental, que, a partir de la ejecutoria de la sentencia en mención y como resultado de las mediciones efectuadas en la zona de influencia, se hubieren adelantado procedimientos administrativos sancionatorios en contra de aquellos establecimientos que superaran los límites permitidos de emisión de ruido – si era que alguno o algunos lo sobrepasaban – o que informaran que ninguno de ellos transgredía el límite permitido.

sancionatorios en contra de aquellos establecimientos que superaran los límites permitidos de emisión de ruido – si era que alguno o algunos lo sobrepasaban – o que informaran que ninguno de ellos transgredía el límite permitido.

En relación a lo expuesto, aclaró que el incumplimiento considerado en relación a los procesos sancionatorios que debió adelantar Corantioquia con posterioridad al 5 de diciembre de 2019 no estaba relacionado con la obligatoriedad de imponer sanciones o in cluso adelantar el procedimiento en sí, sino con el hecho de haber omitido la entidad la obligación contenida en el ordinal cuarto de la sentencia de 14 de noviembre de 2017 y excusar su actuar frente a una presunta incompetencia como autoridad ambiental para dar inicio, adelantar y culminar los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes.9

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Precisó que, si bien Corantioquia interpretaba no tener competencia para adelantar los procesos sancionatorios ambientales en relación con la violación o infracción a los estándares permitidos de emisión de ruido o consolidación de ruido ambiental en establecimientos de comercio con expendio de licor, y no ser esta la oportunidad para discutir la competencia o no que le asiste , pues ello ya hizo tránsito a cosa juzgada formal y material, el Tribunal consideró importante dejar por sentado que, dentro de las regulaciones normativas que se encaminan a garantizar la protección de

o no que le asiste , pues ello ya hizo tránsito a cosa juzgada formal y material, el