CE - 050012333000201602558011SENTENCIA20230623102217

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: EJECUTIVO Radicación: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021)

Demandante: Gloria María Ardila Arenas Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Ejecutivo laboral - caducidad – fuerza mayor

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia proferida el 13 de marzo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y dispuso seguir adelante la ejecución.

ANTECEDENTES

• La demanda1

La señora Gloria María Ardila Arenas interpuso demanda ejecutiva con el fin de que se cumpla la sentencia de l 24 de julio de 2007 , proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia , mediante la cual se ordenó la reliquidación de su pensión gracia con todos los factores salariales.

Como consecuencia de lo anterior, la accionante solicitó que se librara

Administrativo de Antioquia , mediante la cual se ordenó la reliquidación de su pensión gracia con todos los factores salariales.

Como consecuencia de lo anterior, la accionante solicitó que se librara mandamiento ejecutivo en los siguientes términos: i) por la suma de $14.143.365, a título de reajuste pensional; ii) indexación hasta la fecha en que se realizó el pago parcial por parte de la entidad demandada y desde esta fecha cancelar capital e indexación hasta que se dé cumplimiento al fallo objeto del presente proceso ; iii) intereses moratorios; y iv) actualizar la mesada pensional al año 2016 por un valor

1 Folios 25 a 33.2

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021)

Demandante: Gloria María Ardila Arenas de $1.089.981.

• Hechos

La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente manera:

Que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de Cajanal,2 con el fin de que se reliquidara su pensión de jubilación gracia, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional.

Que el Tribunal Administrativo de Antioquia , mediante sentencia del 24 de julio de 2007, accedió a las referidas pretensiones. Que por Resolución 02649 del 1.º de diciembre de 2008, Cajanal acató las órdenes judiciales.

Que el capital adeudado para el año 2010 es de $22.040.158, pero le fue cancelada

diciembre de 2008, Cajanal acató las órdenes judiciales.

Que el capital adeudado para el año 2010 es de $22.040.158, pero le fue cancelada la suma de $7.896.793, por lo que le restan la cifra de $14.143.36,76. Que además la mesada para el 2010, cuando se canceló parte de la obligación, fue de $867.932, pero el valor correcto era de $881.625 y para el 2016 la cifra a pagar debió ser de $1.089.981.

• Fundamentos de derecho de la demanda ejecutiva

Como tales se señalaron los artículos 13, 297, 298, 306, 307, 361 , 430 y 625 del CGP.3

La actora sostuvo que las referidas normas respaldaban sus pretensiones por cuanto a partir del 8 de noviembre de 2011, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social asumió integralmente el proceso de atención a los pensionados, usuarios y peticionarios, así como la radicación de los documentos, independientemente de que los servicios requeridos se deriven de solicitudes que deban estar tramitadas por Cajanal EICE en Liquidación, de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en el Decreto 4269 del 8 de noviembre de 20114.

2 Caja Nacional de previsión Social. 3 Código General del Proceso. 4 La parte demandante invocó la sentencia proferida el 25 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.3

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021)

Demandante: Gloria María Ardila Arenas

Administrativo de Antioquia.3

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021)

Demandante: Gloria María Ardila Arenas - Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en las siguientes excepciones:5

1. Indebida conformación del título ejecutivo. Dice que c orresponderá verificar en el cuaderno administrativo la presentación de la solicitud de cumplimiento al fallo y la fecha en la cual se completó la documentación para el pago del retroactivo pensional. Que una cosa es radicar la sentencia para cobro y otra es aportar la totalidad de la documentación requerida para el pago del retroactivo pensional.

1. Caducidad. Que la demanda ejecutiva fue presentada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, que establece en el inciso segundo del artículo 299 el término de 10 meses después de la ejecutoria de la sentencia para que el título sea ejecutable. Que si el escrito introductor fue radicado con posterioridad al 28 de agosto de 2012 se presentó el fenómeno jurídico de la caducidad.

1. Ausencia de título ejecutivo comple to. Que entre el 24 de agosto de 2009 y el 24 de septiembre de 2009, la hoy demandante ya contaba con una sentencia condenatoria a su favor y conocía el contenido del acto administrativo que dio cumplimiento a la misma, por lo tanto, sabía del supuesto pago deficitario que hoy reclama y, en consecuencia, debió obligatoriamente presentarse a la liquidación de Cajanal para hacer valer su crédito, sin que ahora sea dable por la vía ejecutiva pretender obtener la satisfacción de su obligación.

• La sentencia apelada

reclama y, en consecuencia, debió obligatoriamente presentarse a la liquidación de Cajanal para hacer valer su crédito, sin que ahora sea dable por la vía ejecutiva pretender obtener la satisfacción de su obligación.

• La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia , mediante sentencia del 13 de marzo de 2020, declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y dispuso seguir adelante la ejecución.6

Expresó que s e abst enía de pronunciarse de fondo sobre el medio de defensa ausencia del título ejecutivo completo , pues la entidad no formuló recurso de reposición contra el auto que ordenó cumplir la obligación contenida en los documentos que prestan mérito ejecutivo, oportunidad procesal en la que debía discutir los aspectos formales del instrumento de recaudo.

5 Folios 169 a 172. 6 Folios 203 a 216.4

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021) Demandante: Gloria María Ardila Arenas Que declaraba no probada l a excepción de indebida conformación del título ejecutivo, por cuanto no atacaba la conformación del instrumento de recaudo, sino que se limitaba a cuestionar la causación de intereses moratorios y, en relación con este último concepto se tenía que con anterioridad a la resolución de cumplimiento del fallo la ejecutante presentó la cuenta de cobro respectiva y las solicitudes posteriores fueron peticiones de reiteración para el cumplimiento de la providencia.

De allí que no había lugar a la suspensión de los intereses moratorios.

Que no se configuró l a caducidad alegada como excepción, ya que la obligación

posteriores fueron peticiones de reiteración para el cumplimiento de la providencia. De allí que no había lugar a la suspensión de los intereses moratorios.

Que no se configuró l a caducidad alegada como excepción, ya que la obligación impuesta en la sentencia que pretende ejecutar se se hizo exigible el 13 de febrero de 2009 de acuerdo con el artículo 177 del CCA y la petición de cumplimiento se formuló antes del 8 de noviembre de 2011, momento en que se encontraba suspendida la caducidad del medio de control, pues ya había iniciado e l proceso liquidatorio de la Caja Nacional de Previsión Social. Que como el término se reanudó el 12 de junio de 2013, la actora tenía hasta el 12 de marzo de 2018 para formular la demanda, la que efectivamente presentó el 16 de noviembre de 20167.

Que al 31 de agosto de 2010 el capital adeudado (diferencia de mesadas e indexación) ascendía a la suma de $6.613.944, 74 y unos intereses moratorios del artículo 177 del CCA por $5.624.479,54 y que en septiembre de 2010 se hizo un abono por $7.896.793, pero que dicho pago se imputó primero a intereses luego a capital, como prevé el artículo 1653 del Código Civil.

Que l a demandada no ha bía dado cumplimiento a la sentencia proferida por el tribunal, dado que para el 22 de noviembre de 2016 adeudaba un capital de $3.981.631,28 y unos intereses moratorios por $6.473.747,55, para un total de $10.455.378,83.

Que negaba la pretensión dirigida a que se aument ara la mesada pensional de la

$3.981.631,28 y unos intereses moratorios por $6.473.747,55, para un total de $10.455.378,83.

Que negaba la pretensión dirigida a que se aument ara la mesada pensional de la actora, comoquiera que no se probó que la entidad hubiera reliquidado mal la pensión.

Se ordenó seguir adelante la ejecución en los precisos términos dispuestos en el título judicial objeto de recaudo , pero que al momento de liquidarse el crédito se tendría en cuenta el abono realizado por la entidad a la obligación , por valor de $7.896.793.

7 El a quo citó el auto del 30 de junio de 2016, expediente 25000 -23-42-000-2013-06595-01 (363714).5

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021) Demandante: Gloria María Ardila Arenas - El recurso de apelación

La apoderada de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia,8 expresando que la interesada inició proceso ejecutivo contra la UGPP el 22 de noviembre de 2016 ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, lo que demuestra que dejó transcurrir más de los seis años y medio que indica la norma para interponer la acción, por lo que se hace necesario declarar la caducidad.

Que en la hipótesis de que el proceso liquidatorio haya suspendido los términos de caducidad y/o prescripción de la acción, en el caso concreto debían iniciar a contar a partir del 12 de junio de 2013. Que en consecuencia, aun así, en el presente caso

Que en la hipótesis de que el proceso liquidatorio haya suspendido los términos de caducidad y/o prescripción de la acción, en el caso concreto debían iniciar a contar a partir del 12 de junio de 2013. Que en consecuencia, aun así, en el presente caso existe caducidad, habida cuenta de que la demanda ejecutiva fue presentada después de los cinco años, es decir, fuera de los términos establecidos en el literal K del artículo 164 del CPACA.

Que no operaron los intereses moratorios durante el término de la liquidación de Cajanal EICE, dado que en un proceso concursal como la liquidación de Cajanal EICE, decretado por un acto de autoridad ejercido por el presidente de la República, necesariamente configura un evento de fuerza mayor, estipulado como una de las causales que no generan indemnización de perjuicios por la mora en el pago de las obligaciones a cargo de la liquidada.9

Que n o hay lugar al pago de sumas de dinero por concepto de diferencias d e mesadas e indexación, por cuanto mediante Resolución núm. 02649 del 1.º de diciembre de 2008, Cajanal dio cumplimiento al fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia de fecha 24 de julio de 2007. Que en consecuencia, se reliquidó la pensión de jubilación gracia de la señora Gloria María Ardila Arenas aplicando el 75% del salario devengado durante el año anterior en que adquirió o consolidó el estatus de pensionada, con la inclusión de todos los factores salariales devengados entre el 4 de febrero de 1995 y el 4 de febrero de 1996.

• Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes reiteraron los argumentos expuestos en las respectivas etapas del

devengados entre el 4 de febrero de 1995 y el 4 de febrero de 1996.

• Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes reiteraron los argumentos expuestos en las respectivas etapas del proceso.10

8 Folios 109 a 112. 9 La parte demandada citó los siguientes pronunciamientos: i) del 22 de julio de 2010 del Consejo de Estado, expediente 52001-23-31-000-2005-00350-01; y ii) del 8 de julio de 2013 de la Corte Suprema de Justicia, expediente 41001-31-03-003-1999-00477-01. 10 Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.6

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021)

Demandante: Gloria María Ardila Arenas

• El Ministerio Público

El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia11 señalando que el período de 5 años para solicitar la ejecución del fallo, previsto en el artículo 164 (numeral 2, letra k) del CPACA, se reanudó el 1 2 de junio de 2013, cuando concluyó la liquidación de la entidad deudora. De tal manera que el cobro ante la jurisdicción sería oportuno hasta el 12 de febrero de 2018, por lo que la presentación de la demanda (16 de noviembre de 2016) se dio dentro del término que la ley prevé para el efecto.12

Que r esultan suficientes las consideraciones de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de l 30 de octubre de 2020,

el efecto.12

Que r esultan suficientes las consideraciones de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de l 30 de octubre de 2020, expediente 25000 -23-42-000-2016-03249-01 (3185 -2019) para estima r que mientras se surtía el proceso de liquidación de la entonces Cajanal no cesó para la Administración la obligación de pagar intereses moratorios de que trata el artículo 177 del CCA, derivados de la sentencia que condenó a dicha entidad a reliquidar la pensión de jubilación de la actora, en atención a la naturaleza pública que caracteriza la acreencia derivada del fallo objeto de recaudo.

La Sala decide, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

• El problema jurídico

Conforme al recurso de apelación interpuesto por la UGPP, el problema jurídico s e circunscribe a establecer si la acción ejecutiva está afectada por el fenómeno de la caducidad. Si la UGPP está llamada a reconocer los intereses moratorios reclamados por la ejecutante; y si la parte demandada demostró el pago total de las sumas de dinero por concepto de diferencias de mesadas e indexación y los respectivos intereses moratorios.

11 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. 12 El ministerio público citó las siguientes providencias: i) del 29 de marzo de 2016, expediente 2500023-42-000-2015-01601-01 (5042-2015); ii) del 25 de agosto de 2015, expediente 25000 -23-42-000201501327-01 (1777-2015); iii) de 17 de noviembre de 2016, expediente 11001 -03-15-000-201602902-00(AC); iv) del 27 de abril de 2017, expediente 11001-03-15000-2016-03715-00(AC); v) del 30 de junio de 2016, expediente 25000 -23-42-000-2013-06595-01(3637-14); y vi) del 8 de octubre de 2020, expediente 05001-23-33-000-2016-02650-01 (794-2018).7

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021) Demandante: Gloria María Ardila Arenas - Generalidades del proceso ejecutivo

El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión judicial. En efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina tít ulo ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:

Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que

Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:

Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las provid encias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]. (Resaltado fuera del texto).

Por su parte, el artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo, entre otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago, conforme lo dispone el 430 del CGP.

Por su parte, el ejecutado puede presentar las excepciones de mérito en ejercicio legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.

Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».13

sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».13

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre 2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el profesor, Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”».8

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021) Demandante: Gloria María Ardila Arenas - Caducidad de la acción ejecutiva

El legislador instituyó el fenómeno de la caducidad como una sanción que limita el ejercicio del derecho sustancial en razón a la no presentación de los medios de control en el plazo que la ley establece para ello. Seg ún la jurisprudencia de esta corporación, «busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso […]», 14 y fue concebida para desarrollar el principio de la seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal.

Respecto a la formulación oportuna de la demanda ejecutiva, cuando se pretenda la ejecución de títulos derivados de decisiones j udiciales proferidas por esta

principio de la seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal.

Respecto a la formulación oportuna de la demanda ejecutiva, cuando se pretenda la ejecución de títulos derivados de decisiones j udiciales proferidas por esta jurisdicción, el legislador fijó un lapso de 5 años contados a partir del momento en que se haga exigible la obligación. Dicho término fue previsto en el numeral 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo 15 y reiterado en el literal K del artículo 164 del CPACA.16

• Liquidación de Cajanal y asunción de responsabilidades

El Decreto 2196 de 2009 17 dispuso la supresión y liquidación de Cajanal . En lo referente al reconocimiento de las obligaciones pensionales y afines se especificó lo siguiente:

Artículo 3°. Prohibición para iniciar nuevas actividades. […]

En todo caso, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal , EICE, en Liquidación adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos trámites, respecto de aquellos afiliados que hubieren cumplido con los r equisitos de edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o de vejez a la fecha en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo 4o del presente Decreto,

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 24 de enero de 2007, actor Néstor José Duarte Tolosa contra Corelca S.A. y otro, radicado 20001 -23-31-000-2005-02769-01(32958), M. P. Ruth Stella Correa Palacio.

Tolosa contra Corelca S.A. y otro, radicado 20001 -23-31-000-2005-02769-01(32958), M. P. Ruth Stella Correa Palacio. 15 Artículo 136. Caducidad de las acciones. […] 11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial. 16 Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida; […]. 17 «Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».9

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021) Demandante: Gloria María Ardila Arenas de acuerdo con las normas que rigen la materia. Igualmente Cajanal, EICE, en liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados, hasta cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP,

liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados, hasta cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, creada por la Ley 1151 de 2007.

Para tales efectos atenderá las solicitudes y peticiones que se le presenten y celebrará los contratos de administración u operación que sean necesarios.

Por su parte, la Ley 1151 de 2007 creó la UGPP y le asignó la siguiente competencia en materia pensional:

Artículo 156. Gestión de Obligaciones Pensionales y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. […] Esta Unidad Administrativa tendrá a su cargo:

1. El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003;

[…]

A su vez, el Decreto 169 de 2008 asignó funciones a la UGPP, conforme se indica a continuación:

Artículo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en concordancia con el artículo 156 del

continuación:

Artículo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en concordancia con el artículo 156 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendrá las siguientes funciones:

A. En cuanto al re conocimiento de derechos pensionales y de prestaciones económicas18

1. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Defini da del orden nacional, causados hasta su cesación de actividades como administradoras; así como el de aquellos servidores públicos que hayan cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para acceder a su

18 Las funciones establecidas en este literal fueron subrogadas por las consagradas en el artículo 6 del Decreto 575 de 2013.10

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021) Demandante: Gloria María Ardila Arenas reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad señalado, con anterioridad a su cesación de actividades como administradoras. De igual manera, le corresponderá la administración de los derechos y prestaciones que reconocieron las mencionadas administradoras y los que reconozca la Unidad en virtud de este numeral.

2. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando. También le compete la administración de los derechos y

de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando. También le compete la administración de los derechos y prestaciones que las mencionadas entidades hayan reconocido y los que reconozca la UGPP en virtud de este numeral. […]

El Decreto 4269 de 2011 efectuó una asignación de competencias entre Cajanal en liquidación y la UGPP, para finalizar el proceso de liquidación de aquella ; sin embargo, esta corporación ha sostenido que la norma en comento no modificó lo concerniente a que esta última es la encargada de asumir por completo, las obligaciones pensionales y prestacionales de la extinta entidad. Además, la UGPP es la «llamada a asumir los pro cesos judiciales que fueron adelantados contra la desaparecida caja de previsión» 19, conforme lo dispuso el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, modificado por el Decreto 2040 de 2011, así:

Artículo 22. Inventario de procesos judiciales y reclamaciones d e carácter laboral y contractual. […]

Los procesos judiciales y demás reclamaciones que estén en trámite al cierre de la liquidación que se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones que asumirá la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la Protección Social - UGPP, estarán a cargo de esta entidad. Los demás procesos administrativos estarán a cargo del Ministerio de la Protección Social. […]

Parágrafo 2°. Con el propósito de garantizar la adecuada defens a del Estado, el Liquidador de la entidad, como representante legal de la misma, continuará

administrativos estarán a cargo del Ministerio de la Protección Social. […]

Parágrafo 2°. Con el propósito de garantizar la adecuada defens a del Estado, el Liquidador de la entidad, como representante legal de la misma, continuará atendiendo, dentro del proceso de liquidación y hasta tanto sean entregados a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la Protección SocialUGPP o al Ministerio de la Protección Social, según corresponda, conforme a lo

19 Al respecto, ver las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia del 22 de julio de 2021, radicado: 25000 -23-42-000-2016-04418-01 (4651-2019); ii) sentencia del 30 de octubre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019); iii) sentencia del 26 de junio de 2020, radicado: 68001 -23-33-000-2015-00058-01 (1485 -2016); iv) sentencia del 14 de marzo de 2019, radicado: 25000 -23-42-000-2015-02729-01(1507-18); iv) providencia del 13 de febrero de 20 17, expediente 11001-03-06-000-2016-00256-00(C).11

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021) Demandante: Gloria María Ardila Arenas previsto en el presente decreto, los procesos judiciales inventariados y demás reclamaciones en curso o los que llegaren a iniciarse dentro de dicho término.

[…]

Igualmente, el Consejo de Estado ha indicado que, según el Decreto 4269 de 2011,

reclamaciones en curso o los que llegaren a iniciarse dentro de dicho término. […]

Igualmente, el Consejo de Estado ha indicado que, según el Decreto 4269 de 2011, las reclamaciones presentadas a partir del 8 de noviembre de 2011 corresponderían a la UGPP y las radicadas con anterioridad a esa fecha recaerían sobre Cajanal en Liquidación; sin embargo, «al cierre de la liquidación de la antigua caja de previsión (Cajanal), correspondió a su sucesora procesal ( UGPP) asumir sin restricciones ni dilaciones las competencias que aquella ejercía en materia pensional».20

• El caso concreto.

Se encuentra demostrado que:

• El 24 de julio de 2007, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la demandante contra Cajanal , mediante la cual dispuso lo siguiente:21

FALLA: […] 4º. Como consecuencia de la anterior declaración, SE CONDENA a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL-CAJANALa efectuar una nueva reliquidación de la pensión gracia de jubilación de la señora GLORIA MARÍA ARDILA ARENAS, incluyendo todos los factores salariales devengadas (sic) por ella durante el año anterior al que adquirió el status de pensionado (sic), es decir, del 4 de febrero de 1995 al 4 de febrero d