CE - 050012333000201701617011SENTENCIA20230915184757

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01617-01 [27562]

Demandante: PROMOTORA DOBLE C S.A.S.

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 05001-23-33-000-2017-01617-01 [27562]

Demandante: PROMOTORA DOBLE C S.A.S.

Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Temas: Participación en plusvalía. Áreas de cesión obligatorias.

Liquidación del gravamen

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1 contra la sentencia del 24 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que resolvió2:

«PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de las Resoluciones Nos. 31915 de 30 de marzo y 48286 de 13 de septiembre de 2016, emitidas por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

marzo y 48286 de 13 de septiembre de 2016, emitidas por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ORDENA al MUNICIPIO DE MEDELLÍN reintegrar el valor de la diferencia entre la suma pagada por la sociedad PROMOTORA DOBLE C S.A.S., y el monto que ha debido cancelar, equivalente a $8. 944.857, debidamente indexada en los términos explicados en las consideraciones que preceden.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: SIN COSTAS […]».

ANTECEDENTES

El 6 de abril de 2015, el Alcalde de Medellín expidió el Decreto Municipal 0473, «Por el cual se adopta el Plan Parcial “Colinas del Porvenir”, polígono de tratamiento Desarrollo en Suelo Urbano Z6_D_4, del Municipio de Medellín», que dispuso el cobro de la participación en plusvalía de los predios ubicados en esa área3.

1 Índice 44 de SAMAI – Tribunal Administrativo de Antioquia. 2 Fls. 352 a 366 c.p. 1. 3 Fls. 57 a 75 c.p. 1.Radicado: 05001-23-33-000-2017-01617-01 [27562]

Demandante: PROMOTORA DOBLE C S.A.S.

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El 30 de marzo de 2016, la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Medellín profirió la Resolución nro. 31915, por medio de la cual liquidó el efecto plusvalía del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria nro. 001-295715, de propiedad de la sociedad PROMOTORA DOBLE C S.A.S. en común y proindiviso en un porcentaje del 45%, por la suma de $111.447.2294.

El 12 de mayo de 2016, la sociedad presentó recurso de reposición contra el anterior acto5, decidido el 13 de septiembre de 2016 con la Resolución nro. 48286, que confirmó la liquidación6.

El 23 de junio de 2017, mediante el documento de cobro nro. 220081336732 la sociedad pagó la suma de $112.749.030 ( participación plusvalía $111.447.229 + indexación $1.301.801) en la entidad bancaria Bancolombia7.

DEMANDA

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA), en la reforma de la demanda formuló las siguientes pretensiones8:

«Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución 31915 del 30 de Marzo de 2016 , emitida por la Secretaría de Hacienda – Subsecretaría de Ingresos del Municipio de Medellín, por medio

«Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución 31915 del 30 de Marzo de 2016 , emitida por la Secretaría de Hacienda – Subsecretaría de Ingresos del Municipio de Medellín, por medio de la cual se liquidó el efecto Plusvalía para el inmueble con matrícula inmobiliaria número 295715, el cual hace parte del Polígono de Desarrollo Z6_D_4 del Plan Parcial Colinas del Porvenir, de propiedad en común y proindiviso de la demandante, en la suma de $111.447.229.oo.

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 48286 del 13 de septiembre de 2016, por medio de la cual la Subsecretaría de Ingresos del Municipio de Medellín , resolvió el recurso de reposición formulado y a través de la cual se confirmó la decisión recurrida.

Tercera: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se declare que mi representada no estaba obligada al pago de las sumas relativas al efecto de plusvalía previsto en dichos actos administrativos y en consecuencia se disponga el reintegro o la devolución del dinero ya cancelado por este concepto el día 23 de junio de 2017 en una suma de $111.447.229.oo, por concepto de participación en plusvalía, más la suma de $1.301.801 correspondientes a la indexación, para un total pagado de $112.749.030.oo. Por lo que dicho dinero deberá ser reintegrado más los respectivos intereses a la tasa máxima permitida por la ley desde la fecha de dicho pago hasta cuando se haga su devolución efectiva.

Cuarta: Que también a título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de las

que dicho dinero deberá ser reintegrado más los respectivos intereses a la tasa máxima permitida por la ley desde la fecha de dicho pago hasta cuando se haga su devolución efectiva.

Cuarta: Que también a título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la Oficina de Instrumentos Públicos correspondiente, la cancelación de las anotaciones realizadas en virtud de la determinación y liquidación del cobro de la participación en el efecto plusvalía, para el inmueble con matrícula inmobiliaria número 001295715.

Quinta: Que se condene a la entidad demandada a pagar las costas y agencias en derecho.

4 Fls. 31 a 36 c.p. 1. 5 Según consta en las consideraciones de la resolución que lo decidió, fl. 27 c.p. 1. 6 Fls. 27 a 29 c.p. 1. 7 Fl. 114 c.p. 1. 8 Fls. 91 a 93 c.p. 1.Radicado: 05001-23-33-000-2017-01617-01 [27562]

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Sexta: Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos legales » [negrita y subraya original].

Invocó como disposiciones violadas en la demanda y su reforma, las siguientes9:

• Artículos 29, 82, 317 y 363 de la Constitución Política (CP) • Artículos 75 a 78, 80, 81, 86 y 87 de la Ley 388 de 1997

• Artículos 29, 82, 317 y 363 de la Constitución Política (CP) • Artículos 75 a 78, 80, 81, 86 y 87 de la Ley 388 de 1997 • Artículos 3, 40, 42 y 138 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) • Artículo 482 del Acuerdo Municipal 046 de 2006 • Artículo 48 del Decreto Municipal 473 de 2015 • Punto 9.2.1.2. del Documento Técnico de Soporte Tomo I Diagnóstico del Plan

Parcial Colinas del Porvenir

Como concepto de la violación, expuso10:

Vulneración de los artículos 75 a 78, 80, 81, 86 y 87 de la Ley 388 de 1997 y 482 del Acuerdo Municipal 046 de 2006

El cálculo efectuado por el municipio no tuvo en cue nta el valor del metro cuadrado antes de la acción urbanística, por no existir avalúo de referencia . El alegado incremento en el precio del suelo se determinó según tres informes de la Secretaría de Catastro , con una diferencia de menos de 30 días entre cada uno y cuyo s contenidos no fueron puestos en conocimiento de la sociedad.

Vulneración del artículo 78 de la Ley 388 de 1997

La entidad territorial liquidó la participación en plusvalía sobre el área total del lote y dedujo el porcentaje de propiedad de la sociedad sin considerar sus obligaciones urbanísticas ni analizar el mayor aprovechamiento del uso del suelo con el cambio normativo.

En un caso similar, el Consejo de Estado11 afirmó que, como el propietario no obtiene un mayor aprovechamiento de las áreas por ceder o sobre las que recaen cargas

urbanísticas ni analizar el mayor aprovechamiento del uso del suelo con el cambio normativo.

En un caso similar, el Consejo de Estado11 afirmó que, como el propietario no obtiene un mayor aprovechamiento de las áreas por ceder o sobre las que recaen cargas ambientales, estas se descuentan del cálculo de la participación en plusvalía.

El acto de liquidación debió tomar como base la diferencia en el área de mayor aprovechamiento en comparación con lo permitido por la normativa previa , lo que significa que, el beneficio en el presente caso sería de 1.553 m2, a los que se les debió detraer las áreas por cesiones y obligaciones urbanísticas que superaron los 5.900 m2, lo que resultaría e n una cifra negativa y, por lo tanto, no procede el cobro de l efecto plusvalía.

Vulneración del artículo 48 del Decreto Municipal 473 de 2015 y el punto 9.2.1.2. del documento técnico de soporte

9 Fls. 12 a 19, 106 y 109 c.p. 1. 10 Fls. 12 a 22 y 106 a 110 c.p. 1. 11 Citó la sentencia del 13 de septiembre de 2012, exp. 18063, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.Radicado: 05001-23-33-000-2017-01617-01 [27562]

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Las citadas normas contemplan las obligaciones de los propietarios de los predios en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Las citadas normas contemplan las obligaciones de los propietarios de los predios en las unidades de gestión del Plan Parcial Colinas del Porvenir, en las que se fijaron las cesiones y la participación de cada unidad. Pese a lo anterior, los actos enjuiciados liquidaron el gravamen sobre el área total sin realizar las deducciones del caso.

Vulneración del artículo 363 de la CP

Los actos demandados desconocen el principio de irretroactividad tributaria comoquiera que el cálculo para establecer los aprovechamientos potenciales permitidos antes y d espués de la acción urbanística se debió realizar conforme a las vigencias de los Planes de Ordenamiento Territorial de 1999 y 2006, y no para el año 2016, momento para el cual no es posible establecer el mayor valor del metro cuadrado del suelo.

Vulneración de los artículos 29 de la CP y 3, 40 y 42 del CPACA

La administración vulneró el debido proceso de la sociedad toda vez que no puso en su conocimiento los avalúos e informes que fundamentaron la liquidación de la participación en plusvalía.

OPOSICIÓN

El municipio de Medellín se opuso a las pretensiones de la demanda y su reforma, con fundamento en lo siguiente12:

La liquidación de la participación en plusvalía atendió lo establecido en la Ley 388 de 1997 y el Decreto Municipal 752 de 2013, razón por la cual los actos administrativos demandados gozan de presunción de legalidad, no desvirtuada por la sociedad.

La liquidación de la participación en plusvalía atendió lo establecido en la Ley 388 de 1997 y el Decreto Municipal 752 de 2013, razón por la cual los actos administrativos demandados gozan de presunción de legalidad, no desvirtuada por la sociedad.

En los informes realizados por la Subsecretaría de Catastro constan los avalúos, la localización de los predios y los demás elementos técnicos que fundamentaron el cobro del gravamen.

Los avalúos tuvieron en cuenta la base de datos de investigación del mercado inmobiliario del Observatorio Inmobiliario de Medellín (en adelante, OIME) y se realizó un ejercicio de homogenización para estimar el precio P1 y, para obtener el P2, se utilizó el método residual para calcular el valor del terreno . Así, la plusvalía corresponde a la diferencia entre P2 y P1, es decir, el mayor monto generado por el cambio en las condiciones normativas del plan parcial.

Para la liquidación de la participación en plusvalía se descontaron las cesiones urbanísticas obligatorias para el espacio público, las vías y otras obras, de manera que el gravamen no se calculó sobre el área total del predio.

No es acertada la metodología de resta r el índice de aprovechamiento entre los dos acuerdos municipales porque el predio debió asumir las cargas relativas al

12 Fls. 148 a 163 y 191 a 209 c.p. 1.Radicado: 05001-23-33-000-2017-01617-01 [27562]

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planeamiento urbanístico, de conformidad con la Ley 388 de 1997 y el Decreto Municipal 473 de 2015.

No era necesario que la administración notificara las actuaciones y estudios que antecedieron a la expedición de la liquidación de la plusvalía, porque esa obligación no está dispuesta por la ley. La sociedad tuvo la oportunidad de controvertir los actos demandados y se le garantizaron sus derechos a la defensa y contradicción.

Propuso la excepción previa de caducidad del medio de control frente al artículo 61 del Decreto Municipal 473 del 6 de abril de 2015.

TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA

El 16 de octubre de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA13. No se advirtieron irregularidades procesales, nulidades o medidas cautelares que debieran ser resueltas. La excepción previa de caducidad no se decidió comoquiera que la sociedad, con la reforma de la demanda, desistió de la pretensión de nulidad del artículo 61 del Decreto Municipal 473 de 2015. El litigio se concretó en determinar la legalidad de los actos administrativos demandados , se tuvieron como pruebas las aportadas al expediente y se decretó el testimonio solicitado por la parte actora.

El 12 de febrero de 2019 se realizó la audiencia de pruebas del artículo 181 del CPACA. En la diligencia se practicó el testimonio decretado y se corrió traslado a las

actora.

El 12 de febrero de 2019 se realizó la audiencia de pruebas del artículo 181 del CPACA. En la diligencia se practicó el testimonio decretado y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto14.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia apelada: (i) anuló parcialmente los actos administrativos demandados, (ii) a título de restablecimiento del derecho ordenó el reintegro de la suma de $8.944.857 indexada , (iii) negó las demás pretensiones y (iv) no condenó en costas, con fundamento en lo siguiente15:

El informe técnico realizado por la Subsecretaría de Catastro Municipal precisó la metodología para avaluar los bienes, los cuales fueron inspeccionados para constatar las condiciones físicas y la infraestructura del sector. Se utilizó el método comparativo para determinar el valor comercial de los inmuebles a partir del análisis de las ofertas, transacciones recientes, predios semejantes y comparables, además del estudio de mercado del OIME.

De lo anterior, se obtuvo el valor P1 del inmueble de la demandante correspondiente a $252.815 por m2 y, una vez practicado el método resi dual, la entidad municipal concluyó que el P2 para calcular la plusvalía es de $401.264 por m2, estimación que cumplió los requisitos de la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

13 Fls. 319 a 320 c.p. 1. 14 Fl. 324 c.p. 1.

cumplió los requisitos de la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

13 Fls. 319 a 320 c.p. 1. 14 Fl. 324 c.p. 1. 15 Fls. 352 a 366 c.p. 1.Radicado: 05001-23-33-000-2017-01617-01 [27562]

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Carece de fundamento el argumento de que el primer avalúo debió practicarse previamente a la acción urbanística generadora de plusvalía, comoquiera que los inmuebles comparados con el predio de la demandante partieron de investigaciones y estudios practicados por el OIME el 1º de marzo de 2015, es decir, antes del 6 de abril del mismo año, fecha de la implementación del plan parcial.

Entretanto, el valor P2 se calculó a partir de la acción urbanística según el incremento del índice de construcción a 1.5, lo que permitió una densidad de 275 viviendas por hectárea en el polígono, con un potencial de 180.881 m 2 construibles, sobre los que se determinó un terreno a desarrollar de 120.587 m2.

La Ley 388 de 1997 no prevé la obligación de la entidad municipal de notificar los informes técnicos que fundamentaron los avalúos y, en todo caso, pese a que tales documentos fueron aportados con la demanda , no se controvirtieron ni se allegaron elementos probatorios para demostrar errores en el cálculo del efecto plusvalía.

informes técnicos que fundamentaron los avalúos y, en todo caso, pese a que tales documentos fueron aportados con la demanda , no se controvirtieron ni se allegaron elementos probatorios para demostrar errores en el cálculo del efecto plusvalía.

Con todo, el acto de liquidación estableció la plusvalía a partir de un valor P1 por m 2 inferior al referido en el informe técnico, lo que implica que el gravamen fue liquidado de forma errada y en perjuicio del contribuyente , en cuanto se generó un mayor plusvalor al procedente.

Para calcular la plusvalía el municipio tuvo en cuenta las áreas a adecuar, las cesiones por espacio público y vías, y dedujo del potencial aprovechable del polígono un área de 60.294 m2.

No es razonable alegar la ausencia de aprovechamiento por el hecho de que el inmueble esté afectado con cesiones urbanísticas obligatorias porque el plan parcial se originó por iniciativa privada, en la que toman parte los titulares de los predios del polígono, de manera que la concertación de los prop ietarios par a cumplir con el ordenamiento territorial no es pretexto para discutir la participación en plusvalía.

La demandante, como propietaria en común y proindiviso del lote nro. 7, podía ser compensada por los demás propietarios de la zona de influencia al no poder explotar económicamente en su integridad dicho predio.

No se vulneró el principio de irretroactividad tributaria porque la acción urbanística que dio lugar a la participación en plusvalía no fue el Acuerdo 046 de 2006, sino el Decreto Municipal 473 del 6 de abril de 2015, que adoptó el Plan Parcial Colinas del Porvenir ,

dio lugar a la participación en plusvalía no fue el Acuerdo 046 de 2006, sino el Decreto Municipal 473 del 6 de abril de 2015, que adoptó el Plan Parcial Colinas del Porvenir , razón por la que no es válido afirmar que el cálculo del gravamen debió realizarse en los períodos de 1999 y 2006.

Si bien los cargos no prosperaron, la liquidación de la participación en plusvalía partió de valores P1 ($241.876 por m2 y $241.890 por m2 para las Unidades de Gestión 2 y 4, respectivamente) inferiores al señalado por el informe técnico de $252.815 por m2 y, en consecuencia, procede el reintegro de la diferencia del mayor valor pagado por $8.944.857, debidamente indexada.

Por último, no procede la condena en costas por no estar probadas.Radicado: 05001-23-33-000-2017-01617-01 [27562]

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RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante16 apeló la sentencia de primera instancia con fundamento en lo siguiente:

La sentencia contrarió el artículo 78 de la Ley 388 de 1997 y la jurisprudencia del Consejo de Estado

El argumento de que el plan parcial tuvo origen en iniciativa privada y que las medidas adoptadas por los titulares de los predios del polígono involucrado no justifican sustraerse de la participación en el efec to plusvalía carece de sustento legal, porque

El argumento de que el plan parcial tuvo origen en iniciativa privada y que las medidas adoptadas por los titulares de los predios del polígono involucrado no justifican sustraerse de la participación en el efec to plusvalía carece de sustento legal, porque no existe norma que así lo establezca, de manera que la interpretación del tribunal es contraria a derecho.

No se comparte la conclusión de l a quo frente a la legalidad de los actos enjuiciados porque liquidaron la participación en plusvalía sobre la totalidad de la superficie del suelo, sin tener en cuenta que el artículo 78 de la Ley 388 de 1997 permite descontar el área correspondiente a las afectaciones que recaen sobre cada predio.

El tribunal no distinguió adecuadamente entre el cálculo del efecto plusvalía y el de la participación del plu svalor, diferenciación que ha realizado el Consejo de Estado al interpretar la referida norma.

El fallo no analizó las cargas soportadas por el inmueble y no tuvo en cuenta las pruebas aportadas al proceso

El a quo prescindió del alcance del artículo 48 del Decreto Municipal 473 de 2015 y el documento técnico de soporte diagnóstico, en los que se indican las cargas relativas a la cesión del área para espacio público y vías, por lo que no es válido que se liquide el gravamen sobre toda la superficie del inmueble.

El tribunal erró al analizar el concepto de mayor aprovechamiento

Por el área bruta del inmueble de 5.179 m2, el Acuerdo 23 de 2000 permitía aprovechar 6.215,2 m2, mientras que el Decreto Municipal 473 de 2015 autorizó 7.769 m2, lo que

Por el área bruta del inmueble de 5.179 m2, el Acuerdo 23 de 2000 permitía aprovechar 6.215,2 m2, mientras que el Decreto Municipal 473 de 2015 autorizó 7.769 m2, lo que implica que el mayor aprovechamiento derivado de la nueva normativa fue de 1.553,91 m2.

Por lo anterior, el a quo no tuvo en cuent a que antes de la adopción del p lan parcial existían normas aplicables al lote que permitía n el aprovechamiento del inmueble , mientras que el cambio normativo lo aumentó en 1.553,91 m2, lo que fue desconocido en los actos enjuiciados.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

16 Índice 44 de SAMAI – Tribunal Administrativo de Antioquia.Radicado: 05001-23-33-000-2017-01617-01 [27562]

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El recurso de apelación de la demandante se admitió mediante auto del 17 de mayo de 202317 y la contraparte no se pronunció. Al no ser necesaria la práctica de pruebas en segunda instancia no se corrió traslado para alegar (nums. 4 a 5, art. 247 del

CPACA).

El Ministerio Público emitió concepto en los siguientes términos18:

Los precios por metro cuadrado antes de la acción urbanística contenidos en los actos demandados desconocieron los reflejados en el informe técnico, como lo determinó el tribunal.

El Ministerio Público emitió concepto en los siguientes términos18:

Los precios por metro cuadrado antes de la acción urbanística contenidos en los actos demandados desconocieron los reflejados en el informe técnico, como lo determinó el tribunal.

No se vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa porque el procedimiento regulado en la Ley 388 de 1997 no establece de manera expresa que la administración deba poner en conocimiento del interesado los informes que sustentan la liquidación del gravamen.

En conclusión, solicitó que se confirme la sentencia apelada.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide sobre la legalidad de la resolución por medio de la cual la Subsecretaría de Ingresos de la Secre taría de Hacienda de Medellín liquidó la participación del efecto plusvalía para el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria nro. 001295715 y del acto que decidió el recurso de reposición, en el sentido de confirmarla.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala debe determinar: (i) si el cálculo de la participación en plusvalía se ajustó al artículo 78 de la Ley 388 de 1997 y (ii) si el gravamen debió liquidarse sobre el área de mayor aprovechamiento según la normativa posterior.

1. Determinación del área objeto de la participación del efecto plusvalía

El artículo 37 de la Ley 388 de 1997 dispone que «las reglamentaciones distritales o municipales determinarán, para las diferentes actuaciones urbanísticas, las cesiones gratuitas que los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías locales, equipamientos

El artículo 37 de la Ley 388 de 1997 dispone que «las reglamentaciones distritales o municipales determinarán, para las diferentes actuaciones urbanísticas, las cesiones gratuitas que los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público en general», alcance de la norma que se refiere a las cesiones obligatorias.

En lo concerniente a las cesiones urbanísticas obligatorias esta Sección ha expuesto que «las cesiones de terrenos constituyen una carga urbanística que debe soportar su propietario o poseedor a título de compensación, porque con el proceso de urbanización se ha obtenido un beneficio, pero, a su vez, se ha generado un impacto urbanístico y ambiental»19.

A su vez, el artículo 38 ibidem preceptúa que, en desarrollo del principio de igualdad, «los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollen deberán

17 Índice 5 de SAMAI. 18 Índice 14 de SAMAI. 19 Sentencia del 8 de junio de 2017, exp. 21001, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Reiterada en las sentencias del 13 de agosto de 2020, exp. 21684, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 1º de septiembre de 2022, exp. 23195, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.Radicado: 05001-23-33-000-2017-01617-01 [27562]

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establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados» , dentro de los cuales se incluyen las unidades de actuación20, entre otros.

El parágrafo del artículo 39 ejusdem prevé que «las cargas correspondientes al desarrollo urbanístico que serán objeto del reparto entre los propietarios de inmuebles de una Unidad de Actuación incluirán entre otros componentes […] las cesiones para parques y zonas verdes, vías vehiculares y peatonales y para la dotación de los equipamientos comunitarios […]».

De otra parte, el artículo 78 de la Ley 388 de 1997 establece lo siguiente:

«ARTÍCULO 78. ÁREA OBJETO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVALÍA. El número total de metros cuadrados que se considerará como objeto de la participación en la plusvalía será, para el caso de cada inmueble, igual al área total del mismo destinada al nuevo uso o mejor aprovechamiento, descontada la superficie correspondie nte a las cesiones urbanísticas obligatorias para espacio público de la ciudad, así como el área de eventuales afectaciones sobre el inmueble en razón del plan vial u otras obras públicas, las cuales deben estar contempladas en el plan de ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen».

En lo que respecta a la diferencia entre el cálculo del efecto plusvalía y la participación en el plusvalor, en la sentencia del 26 de mayo de 202221 la Sala precisó lo siguiente:

en el plan de ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen».

En lo que respecta a la diferencia entre el cálculo del efecto plusvalía y la participación en el plusvalor, en la sentencia del 26 de mayo de 202221 la Sala precisó lo siguiente:

«[…] la propia Ley 388 de 1997 diferencia entre el cálculo del efecto plusvalía, y el cálculo de la participación en la plusvalía: El efecto plusvalía (esto es, el mayor valor obtenido por cada predio como resultado de la acción urbanística del municipio) será igual al mayor valor por metro cuadrado del predio, multiplicado por el total de la superficie del mismo; mientras que para el cálculo de la participación en plusvalía (el tributo derivado de tal acción urbanística), debe partirse de la totalidad del área del mismo, y a ello debe descontarse el área correspondiente a las cesiones urbanísticas obligatorias y a las eventuales afectaciones que recaigan sobre el inmueble , siempre que se encuentren contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial» [se destaca].

De manera que, el efecto plusvalía corresponde al mayor valor obtenido por cada predio como consecuencia de la acción urbanística de la entidad territorial, mientras que la participación en plusvalía obedece al tributo derivado de dicha decisión administrativa que, para su cálculo, debe descontarse el área de cesión y las eventuales afectaciones que recaigan sobre el inmueble particular.

En esa misma decisión, la Sección consideró que el artículo 78 de la Ley 388 de 1997 permite detraer el área correspondiente a cesiones y afectaciones urbanísticas para calcular la participación en plusvalía:

«En contraste, el cálculo de la participación en la plusvalía sí debe tener en cuenta las

permite detraer el área correspondiente a cesiones y afectaciones urbanísticas para calcular la participación en plusvalía:

«En contraste, el cálculo de la participación en la plusvalía sí debe tener en cuenta las afectaciones que recaen sobre el predio. Para la Sala, el artículo 78 de la Ley 388 de 1997 es claro al permitir descontar, en el cálculo de la participación en plusvalía, el área correspondiente a las afectaciones que recaen sobre cada predio, aún si tienen un carácter meramente eventual o no definitivo. Lo anterior no supone que deban tenerse en cuenta afectaciones o zonas de retiro arbitrarias o generales, pues la misma norma exige que tales zonas deben estar contempladas en el POT correspondiente, como forma de garantizar la viabilidad o seriedad de la afectación

20 El artículo 39 de la Ley 388 de 1997 define la unidad de actuación urbanística como «el área conf ormada por uno o varios inmuebles, explícitamente delimitada en las normas que desarrolla el plan de ordenamiento que debe ser urban