CE - 050012333000201701955021SENTENCIA20230913092336

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020170195502 (1873-2020)

Demandante: Sandra Catalina Sánchez Echeverri y Sergio León Gallego Arias

Demandado: Pensiones de Antioquia

Temas: Nivelación salarial

Sentencia de segunda instancia __________________________________________________________________ Asunto La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 20 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes 1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 13 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1, Sandra Catalina Sánc hez Echeverri y Sergio León Gallego Arias presentaron demanda para que se declar ara la nulidad del acto contenido en el Oficio 2016014618 del 29 de noviembre de 2016 y del Oficio 20170345 del 13 de febrero de 2017 que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión inicial.

contenido en el Oficio 2016014618 del 29 de noviembre de 2016 y del Oficio 20170345 del 13 de febrero de 2017 que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión inicial.

Como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del derecho solicitaron que i) se conden ara a la demandada a nivelar la asignación salarial mensual del cargo de profesional universitario que vienen desemp eñando con la que corresponde al de profesional universitario, código 219, grado 4 que ejerce las mismas funciones en la subsecretar ía jurídica del departamento de Antioquia; ii) se ordenara el reajuste salarial y el de las prestaciones sociales desde la posesión

1 En adelante CPACA.2

Radicado: 05001233300020170195502 (1873-2020) Demandante: Sandra Catalina Sánchez Echeverri y otros del cargo objeto de la nivelación salarial; iii) se ordenara el pago de los aportes a seguridad social con el mayor valor del salario que les corresponde; iv) se reportara a la Comisión Nacional del Servicio Civil la novedad en el registro oficial

de carrera administrativa respecto de los grados en el cargo de profesional respectivo; v) se orden ara el pago de los intereses moratorios sobre el capital debido desde cuando se causó el derecho; vi) se diera cumplimiento a la sentencia en los términos de l artículo 192 del CPACA ; y vii) se conden ara en costas a la demandada. De manera subsidiaria, solicitó en caso de no reconocerse los intereses moratorios pretendidos, se orden ara el pago indexado de las sumas objeto de condena.

1.1.2. Fundamentos fácticos

reconocerse los intereses moratorios pretendidos, se orden ara el pago indexado de las sumas objeto de condena.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes2:

Sandra Catalina Sánchez Echeverri y Sergio León Gallego Arias , luego de participar en el proceso de selección administrativo para acceder a los cargos de profesional universitario, código 21 9, grado 4 en la Dirección Jurídica de Pensiones de Antioquia, fueron nombrados en periodo de prueba, la primera, mediante las resoluciones 119 del 30 de marzo de 2012 y 140 del 16 de abril de 2012 y, el segundo, a través de las resoluciones 120 del 30 de marzo de 2012 y 168 del 30 de abril de ese mismo año. Tomaron posesión el 16 de abril y el 30 de abril de 2012, respectivamente.

El cargo de profesional universitario adscrito a la Dirección Jurídica de la entidad demandada tiene entre sus funciones esenciales, ejercer la defensa judicial de dicho establecimiento público del orden departamental, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la contenciosa -administrativa y para efectos salarial es les fue asignado el grado 2. Sin embargo, con anterioridad le correspondió el grado 4.

Por su parte, en el departamento de Antioquia, el cargo de profesional universitario adscrito a la Subsecretaría jurídica, tiene asignado el grado 4, antes era el 9 y cumple también la función de defensa judicial del ente territorial ante los estrados judiciales y la Procuraduría General de la Nación , cargo que para las vigencias

adscrito a la Subsecretaría jurídica, tiene asignado el grado 4, antes era el 9 y cumple también la función de defensa judicial del ente territorial ante los estrados judiciales y la Procuraduría General de la Nación , cargo que para las vigencias 2012 a 2017 devengó los siguientes salarios: i) 2012: $4.076.149; ii) 2013: $4.242.864; iii) 2014: $4.395.607; iv) 2015: $4.602.201; v) 2016: $4.970.377 y vi) 2017: $5.305.478.

Sin embargo, el mismo ab ogado en la Dirección Jurídica de Pensiones de

2 Folios 4 al 8 del expediente.3

Radicado: 05001233300020170195502 (1873-2020) Demandante: Sandra Catalina Sánchez Echeverri y otros Antioquia para ese mismo lapso devengó la s siguientes asignaciones salariales: i) 2012: $3.263.854; ii) 2013: $ 3.263.854; iii) 2014: $3.519.648; iv) 2015: $3.685.073; v) 2016: $3.979.879 y vi) 2017: $ 3.979.879 (sic).

La Junta Directiva de Pensiones de Antioquia determinó en el artículo 1 del Acuerdo 4 de 2000 que la escala salarial para sus servidores sería la misma que regía para los niveles y grados de l os empl eados de la administración c entral departamental, esto es el departamento de Antioquia. Para el caso de los demandantes, desde su vinculación ha n debido ser nominados, reportados y remunerados, inicialmente, en el grado 9 y después en el grado 4, tal como

departamental, esto es el departamento de Antioquia. Para el caso de los demandantes, desde su vinculación ha n debido ser nominados, reportados y remunerados, inicialmente, en el grado 9 y después en el grado 4, tal como corresponde por la identidad del cargo de uno y otro, así como los requisitos para el ejercicio de ellos.

La junta directiva dispuso en el presupuesto de gastos de la vigencia 2016 la partida correspondiente para cumplir con la obligación del incremento de salarios de los abogados con base en el gra do 4 , código 2019, incremento que se realizaría a partir del mes de abril de la mencionada anualidad. A su vez, e n el acta 12 del 20 de octubre de 2015, se impartió aprobación de las actas 10 y 11, lo que implicó para los abogados de la Dirección Jurídica de Pensiones de Antioquia que su reclamación fuera acogida y además se aprobó para el presupuesto del año 2016 el aumento de sus salarios con la aquiescencia de la partida correspondiente para el pago respectivo.

No obstante, la materialización y ejecución del derecho reconocido se ha postergado y últimamente han negado el derecho con el argumento de no existir razón jurídica para acceder a la nivelación pretendida.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 3, 25, 29, 53, 93 y 209 de la Constitución Política.

En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes argumentos3:

Los actos demandados contradicen no solo las normas invocadas como

Constitución Política.

En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes argumentos3:

Los actos demandados contradicen no solo las normas invocadas como quebrantadas sino también disposiciones local es, como el Acuerdo 4 de 2000, emitido por la junta directiva de la entidad accionada, el cual estableció que las escalas de remuneración de los servidores del departamento de Antioquia sería la misma que se aplicaría para los empleados de la entidad demandada.

3 Folios 9 al 174

Radicado: 05001233300020170195502 (1873-2020) Demandante: Sandra Catalina Sánchez Echeverri y otros La junta directiva tuvo conocimiento de la situación que dio lugar a la reclamación administrativa de nivelación salarial realizada por los abogados adscritos a la dirección jurídica y con scientes de su procedencia autorizó hacer efectivo el derecho al disponer en el presupuesto del año 2016 la partida correspondiente para cumplir con dicha obligación , como consta en las actas 10 y 11 de 2015 aprobadas mediante acta 12 del 20 de octubre de ese mismo año.

Las funciones y responsabilidades del empleo d e profesional universitario de la dirección jurídica de Pensiones de Antioquia son, en esen cia, idénticas a las desarrolladas por los profesionales en la subsecretaria jurídica del departamento de Antioquia, en consecuencia, su nivel y grado ha n debido ser coincidentes entre ellos, de modo tal que para el caso de los demandantes, desde su vinculación , debieron ser nombrados y rem unerados en el grado 9 y posteriormente en el grado 4 , como lo dispuso el Acuerdo 4 de 2000 y no como ha decidido

ellos, de modo tal que para el caso de los demandantes, desde su vinculación , debieron ser nombrados y rem unerados en el grado 9 y posteriormente en el grado 4 , como lo dispuso el Acuerdo 4 de 2000 y no como ha decidido mantenerlos la gerencia de la entidad demandada.

La postura negativa de la entidad frente a la petición de los actores se traduce en una infracción a su deber de dar cumplimiento al Acuerdo 4 de 2000 emanado de la junta directiva , que estableció que la escala salarial de los funcionarios de Pensiones de Antioquia se ría la misma que se aplica ría para idénticos niveles y grados en el ente territorial.

De acuerdo con el manual de funciones , el carg o de profesional universitario, grado 2 en la entidad demandada y el grado 4 en el departamento de Antioquia, ejercen idénticas funciones y su gestión est á dirigida al mismo fin, esto es la defensa judicial de la respectiva entidad ante las autoridades judiciales y el Ministerio Público; los requisitos en amb as plazas son iguales , lo que posibilita la aplicación del Acuerdo 4 de 2000.

La respuesta desfavorable ofrecida por el gerente de la entidad demandada se encuadra como una actuación que tipifica la desviación de poder y la falsa motivación, al resistirse a darle cumplimiento y ejecutar las decisiones de la junta directiva y para lo cual adu jo razones de orden económic o que ha generado el aplazamiento del reconocimiento de los derechos y finalmente la inexistencia de razones de hecho y de derecho para su aceptación.

1.2. Contestación de la demanda

Pensiones de Antioquia se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las

aplazamiento del reconocimiento de los derechos y finalmente la inexistencia de razones de hecho y de derecho para su aceptación.

1.2. Contestación de la demanda

Pensiones de Antioquia se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación4:

4 Folios 2019 al 2365

Radicado: 05001233300020170195502 (1873-2020)

Demandante: Sandra Catalina Sánchez Echeverri y otros

La junta directiva de la entidad no aprobó ni autorizó la modificación de la planta de personal, la reclasificación de salarios y el aumento salarial diferente de los de ley y los actos administrativos en que debió fundarse, pues lo demostrado es que dicho órgano de dirección lo que determinó fue no aprobar ningún aumento salarial distinto de los ya estipulados, comoquiera que ello no puede realizarse sin una reclasificación de la planta de empleos.

Por su parte, la Asamblea departament al de Antioquia expidió la Ordenanza 27 de 2009 por medio de la cual modificó la estructura sal arial y se redefinió el sistema de evaluación de los empleos en el departamento de Antioquia, en una política de actualización y mejoramiento de las condiciones laborales y salariales de los empleados de dicho ente territorial. Para acoger la nueva escala salarial fijad a por la duma departamental, expidió el Decreto 165 de 2010 en el cual se asociaron los nuevos grados salariales a las denominaciones de los cargos existentes dentro del departamento.

A su vez, la Ordenanza 27 de 2009 desarrolló un proceso de actualización salarial que no esta bleció modificaciones en el número de cargos de la planta global, ni

nuevos grados salariales a las denominaciones de los cargos existentes dentro del departamento.

A su vez, la Ordenanza 27 de 2009 desarrolló un proceso de actualización salarial que no esta bleció modificaciones en el número de cargos de la planta global, ni hubo supresión de alg ún cargo, por lo tanto, no se produjo modificación de los cargos reportados en la Oferta Pública de Empleo OPEC, ni en sus manuales de funciones, ni se desmejoraron las asignaciones salariales de los cargos reportados en los cuales los elegibles fueron nombrados en periodo de prueba.

La junta directiva de Pensiones de Antioquia mediante Acuerdo 1 del 27 de enero de 2010 modificó la estructura organizacional de la enti dad, en virtud de lo dispuesto por la Ordenanza 27 de 2009, verbigracia, la estructura salarial y redefinió el sistema de evaluación de oficios de los empl eados del departamento de Antioqu ia e incorporó a la dirección jurídica 3 cargos de profesional universitario, código 219, grado 2; antes grado 4. Frente a los nombramientos de los demandantes, precisó que la denominación del cargo de profesional universitario, código 219, grado 4 fue incorporado en el cargo de profesional universitario, código 219, grado 2, en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza 27 de 2009 y el Acuerdo 1 de 2010, con los siguientes salarios:

A partir de la Ordenanza 27 de 2009, se estableció la nueva escala salarial para los servidores del departamento de Antioquia y modificó los grados así: Nivel profesional Grado 4 Se sustituyó por el grado 2 Salario salario $2.573.199 $2.993.7706

para los servidores del departamento de Antioquia y modificó los grados así: Nivel profesional Grado 4 Se sustituyó por el grado 2 Salario salario $2.573.199 $2.993.7706

Radicado: 05001233300020170195502 (1873-2020)

Demandante: Sandra Catalina Sánchez Echeverri y otros

Los demandantes confunden nivelación con homologación o reclasificación del grado, comoquiera que la junta directiva identificó una posible nivelación salarial, si estos estaban desnivelados con los de la gobernación y como se puede observar, los actores tienen el mismo salario que los funcionarios del mismo grado en el ente territorial, por lo que la junta directiva no autorizó ningún cambio a la planta de personal. Asunto distinto es que el grado que ostentan en Pensiones de Antioquia todos los profesionales tienen el grado 2 mientras que en el departamento tienen del 1 al 5, de manera que la demanda esta mal dirigida, porque lo que pretenden es la homologación del grado y no la nivelación salarial.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia proferida el 20 de noviembre de 2019 negó las pretensiones de la demanda . Para tal efecto, se pronunció en estos términos5:

Está demostrado que las plantas de personal de ambas entidades son diferentes y autónomas, por ende, las diferencias salariales existentes entre los empleos con grados distintos en una y otra no configuran la desigualdad aducida en la demanda. Si bien el A cuerdo 4 de 200 0 prevé que la escala salarial de los funcionarios de Pensiones de Antioquia será la establecida para los mi smos

grados distintos en una y otra no configuran la desigualdad aducida en la demanda. Si bien el A cuerdo 4 de 200 0 prevé que la escala salarial de los funcionarios de Pensiones de Antioquia será la establecida para los mi smos niveles y grados de la administración central, esto no implica que las plantas de cargos de ambas entidades sean iguales, por cu anto cada entidad tiene diferentes instrumentos legales y autonomía para establecer sus cargos.

Si bien l a Junta Directiva de Pensiones de Antioquia discutió en el año 2015 la solicitud de nivelación salarial de los profesionales universitarios, código 219, grado 2 a la escala salarial de los profesionales universitarios, código 219, grado 4 que ejercen la defensa judicial en el departamento de Antioquia, no adoptó una decisión al respecto, sino que dejó un respaldo presupuestal para que si la junta directiva de la próxima administración (2016 -2019) considerara pertinente, después de un estudio técnico de la situación, ordenar a la aprobación de la pretendida nivelación.

No existió un incumplimiento del Acuerdo 4 de 2000, el cual estableció que la escala salarial de los funcionarios de Pensiones de Antioquia sería la establecida para los mismo niveles y grado s de la administración departamental, al tener en cuenta que, en Pensiones de Antioquia y en el departamento, el em pleo de profesional universitario, código 219, grado 2 tienen la misma asignación salarial ,

5 Folios 330 al 3427

Radicado: 05001233300020170195502 (1873-2020)

Demandante: Sandra Catalina Sánchez Echeverri y otros

5 Folios 330 al 3427

Radicado: 05001233300020170195502 (1873-2020) Demandante: Sandra Catalina Sánchez Echeverri y otros de manera que, la demandada ha respetado la escala y asignación salarial ordenada por la asamblea departamental para la administración central y sus entidades descentralizadas y la incorporó a la planta de personal vigente.

1.4. El recurso de apelación

Sandra Catalina Sánchez Echeverri y Sergio León Gallego Arias interpusieron recurso de apelación6 y lo sustentaron así:

La sentencia proferida por el a quo no tuvo en cuenta que se aportó la prueba documental en la que costa que la junta directiva resolvió de forma favorable la solicitud de nivelación salarial que le formularon los abo gados de la dirección jurídica de la entidad, tal como aparece en las actas 9 del 28 de julio, 10 del 28 de agosto y 11 del 29 de septiembre de 2015, decisiones que fueron ratificadas en la declaración testimonial rendida por quien ostentó la calidad de gerente de la época y la directora jurídica de la entidad, persona que a su ve z ofició como secretaria del órgano de dirección.

La junta directiva aprobó la nivelación salarial del personal de abogados de la dirección jurídica a partir del mes de abril de 2016 como consta en el acta 10 del 28 de agosto de 2015. En momento alguno, se expresó que la decisión de nivelación se dejaba a consideración de la junta de la próxima administración o que se sometía a un estudio técnico como erradamente lo interpretó el a quo, pues lo ocurrido fue todo lo contrario, es decir, para dar cumplimiento a la nivelación

nivelación se dejaba a consideración de la junta de la próxima administración o que se sometía a un estudio técnico como erradamente lo interpretó el a quo, pues lo ocurrido fue todo lo contrario, es decir, para dar cumplimiento a la nivelación salarial se aprobó una partida presupuestal de 57 millones para cubrir los incrementos con base en el grado 4, código 219, a partir de abril de 2016.

Los hechos y circunstancias en que se dio la aprobación de la nivelación salarial fueron ratificadas mediante los testimonios rendidos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que cursa en el Juzgado 33 Administrativo de Medellín, prueba que fue trasladada por tener las mismas pretensiones y fundamentos del presente proceso. La aludida prueba testimonial no fue valorada, la que permite aclarar las circunstancias de tiempo y modo en que se aprobó la nivelación salarial de los abogados de la entidad.

Las decisiones adoptadas por la junta directiva de la entidad en el año 2015 debían ejecutarse por el gerente, pues no era posible dar cumplimiento a la nivelación salarial de los abogados hasta el mes de abril de 2016, porque era claro que para el año 2015 no había presupuesto para ello ni podía hacerse movimiento

6 Folios 349 al 3518

Radicado: 05001233300020170195502 (1873-2020) Demandante: Sandra Catalina Sánchez Echeverri y otros alguno e n virtud de la congelación de las plantas d e personal por la ley de garantías, razón por la cual, se aplazó la nivelación para el año 2016, lo que significa, que el gerente entrante debía proyectar el respetivo acuerdo de

alguno e n virtud de la congelación de las plantas d e personal por la ley de garantías, razón por la cual, se aplazó la nivelación para el año 2016, lo que significa, que el gerente entrante debía proyectar el respetivo acuerdo de reclasificación del cargo de profesional universitario, código 219, grado 2 a l de profesional universitario, código 219, grado 4, a partir del 1 de abril de 2016 y una vez firmado, proceder a firma los actos administrativos a favor de cada uno de los demandantes.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

La parte demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y para ello reiteró los argumentos y las razones de hecho y de derecho expuestos en la demanda, en el escrito de alegatos de primera instancia y en la sustentación del recurso de apelación, para lo cua l se debe tener en cuenta de manera fundamental la prueba documental y testimonial recaudada legalmente.

Por su parte, la entidad demandada solicitó que se confirm ara la sentencia de primera instancia, toda vez que el cargo de profesional universitario en Pensiones Antioquia es autónomo e independiente del de la gobernación de Antioquia, al ser entidades diferentes y personas jurídicas distintas, no se dan los elementos para hablar de nivelación salarial, en razón a la autonomía administrativa y a que no existe acuerdo de junta u obligación normativa para hacerlo.

1.6. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado en esta oportunidad no rindió concepto.

2. Consideraciones 2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿los demandantes tienen derecho a la

El procurador delegado ante el Consejo de Estado en esta oportunidad no rindió concepto.

2. Consideraciones 2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿los demandantes tienen derecho a la nivelación salarial de acuerdo con las actas 9 del 28 de julio, 10 del 28 de agosto y 11 del 29 de septiembre de 2015 expedidas por la Junta Directiva de Pensiones de Antioquia?

2.2. Marco normativo.

Principio de igualdad en el salario como presupuesto necesario para la existencia de una nivelación salarial.9

Radicado: 05001233300020170195502 (1873-2020)

Demandante: Sandra Catalina Sánchez Echeverri y otros

Una consecuencia clara de la especial protección que el Estado debe brindar al trabajo, es la exigencia legal y judicial del respeto por la dignidad y la justicia en la relación laboral . Directamente ligado con lo anterior se encuentra la obligación de proporcionar una remuneración acorde con las condiciones reales del trabajo como lo pregona el artículo 53 de la Carta Superior , puesto que el salario es «la causa o el motivo, desde el punto de vista de quien se emplea, para establecer la vinculación laboral »7.

La determinación del salario no puede estar sujeta a consideraciones caprichosas que desconozcan la especial protección constitucional, pues «el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios de sus empleados »8. De ahí pues que la igualdad de trato en la relación laboral no sólo deriva de una regla elemental de justicia en los estados democráticos sino de la esencia de la garantía supe rior al trabajo, ya sea que este se preste ante entidades

De ahí pues que la igualdad de trato en la relación laboral no sólo deriva de una regla elemental de justicia en los estados democráticos sino de la esencia de la garantía supe rior al trabajo, ya sea que este se preste ante entidades públicas o privadas . En ese sentido, la Corte Constitucional ha dicho que «en materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misa categoría, igual preparación, los mi smos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantiza do por la Carta Política en relación con la cantidad y calidad de trabajo »9.

Así las cosas, el empleador debe otorgar y garantizar la igualdad de trato en la relación laboral. Sin embargo, no se trata de establecer una equiparación matemática del trabaj ador, puesto que «ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el co ncepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos»10.

Por lo tanto, no toda desigualdad o diferencia de t rato constituye una vulneración de la Constitución, pues un trato diferente sólo se convierte en discriminatorio cuando aquel no obedece a causas objetivas y razonables que lo justifiquen, mientras que el trato desigual es conforme con la Carta cuando

de la Constitución, pues un trato diferente sólo se convierte en discriminatorio cuando aquel no obedece a causas objetivas y razonables que lo justifiquen, mientras que el trato desigual es conforme con la Carta cuando la r azón de la diferencia se fundamenta en criterios válidos constitucionalmente. Sobre la discriminación salarial, esta Sala dijo que «habrá discriminación cuando ante situaciones iguales se da un trato jurídico diferente, por eso se proclama el principio a t rabajo igual salario igual»11. Entonces, no toda

7 Sentencia T-644 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz. 8 Sentencia T-273 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo 9 Sentencia SU-519 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 10 Sentencia C-221 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero 11 Sentencia T-079 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero.10

Radicado: 05001233300020170195502 (1873-2020) Demandante: Sandra Catalina Sánchez Echeverri y otros diferencia salarial entre trabajadores que desempeñan el mismo cargo vulnera el principio «a trabajo igual salario igual », comoquiera que es posible encontrar razones objetivas que autorizan el trato diferente.

El artículo 1 del Convenio 111 de la OIT 12, señala que «las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación ». En el mismo sentido, el artículo 53 de la Carta establece que el salario corresponderá a la cantidad y calidad del trabajo desempeñado. Así también, la diferencia de remuneración atenderá al tiempo y esfuerzo que se le dedica

mismo sentido, el artículo 53 de la Carta establece que el salario corresponderá a la cantidad y calidad del trabajo desempeñado. Así también, la diferencia de remuneración atenderá al tiempo y esfuerzo que se le dedica a la actividad, a la preparación, conocimientos, experiencia, responsab ilidades asignadas al trabajador, entre otros.

En el ordenamiento interno, el artículo 19 de la Ley 909 de 2004 define el empleo público como «[…] el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado», el cual para su diseño debe contener: i) la descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identifica r con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular; ii) el perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso al servic io; iii) la duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales.

El tema del empleo público se encuentra íntimamente ligado con el régimen salarial y con conceptos como salario, asignación básica, sistema salarial, escala de remuneración, esc ala salarial, que se emplean de manera indistinta pero conceptualmente cada uno tiene su propia particularidad que la diferencia de la otra. En este sentido, es válido afirmar que la escala salarial hace parte del sistema salarial establecido por la Ley 4 de 1992 y que el análisis de la misma, no puede hacerse solo en punto de las asignaciones básicas definidas para unos grados salariales y su ajuste no puede solo considerar una comparación de las

sistema salarial establecido por la Ley 4 de 1992 y que el análisis de la misma, no puede hacerse solo en punto de las asignaciones básicas definidas para unos grados salariales y su ajuste no puede solo considerar una comparación de las asignaciones básicas de empleos con igual denominación, de d iferentes entidades, con misionalidades diferentes, que a su vez cuentan con diferentes estructuras de empleos y diferentes escalas salariales. Estas asignaciones ordenadas de manera progresiva, por nivel jerárquico y por nivel ocupacional, constituyen la escala salarial.

Lo anterior debe ser leído en armonía con el artículo 2.2.11.2.3 del Decreto 1083 de 2015 que respecto de la equivalencia de empleos estableció lo siguiente:

12 Aprobado mediante Ley 22 de 1967.11

Radicado: 05001233300020170195502 (1873-2020) Demandante: Sandra Catalina Sánchez Echeverri y otros «[…] Empleos equivalentes. Se entiende que un cargo es equivalente a otro cuando tienen asignadas funciones iguales o similares, para su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia y competencias laborales iguales o similares y tengan una asignación básica mensual igual o superior, sin que en ningún caso la diferencia salarial supere los dos grados siguientes de la respectiva escala cuando se trata de empleos que se rijan por la misma nomenclatura, o el 10% de la asignación básica cuando a los empleos se les aplique nomenclatura diferente».

En todo caso, de llevarse a cabo un proceso de nivelación salarial, este debe estar basado en un estudio técnico cuyo producto es una tabla de homologación de las plantas de cargos con la