CE - 050012333000201800208011SENTENCIASENTENCIA20230914220004

Radicado: 05001-23-33-000-2018-00208-01 (27553)

Demandante: Alimentos Bugui S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 05001-23-33-000-2018-00208-01 (27553) Demandante ALIMENTOS BUGUI S.A.S. Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN Temas Impuesto a la renta. Año 2013. Adición de ingresos gravados. Prueba. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de l 21 de julio de 20 221, en la que el Tribunal Administrativo de Antioquia, resolvió: «PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones No. 112412016000121 de 22 de diciembre de 2016 y No. 112362017000009 de 27 de julio de 2017, mediante las cuales la DIAN profirió Liquidación Oficial de Revisión del Impuesto de rentas y complementarios y resolvió el recurso de reconsideración, por las razones expuestas en la parte motiva y únicamente en lo relacionado con la modificación el (sic) ingreso bruto y la sanción por inexactitud.

SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se DECLARA

únicamente en lo relacionado con la modificación el (sic) ingreso bruto y la sanción por inexactitud.

SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se DECLARA PARCIALMENTE EN FIRME la declaración del impuesto de rentas y complementarios correspondiente al año gravable 2013 presentada por Alimentos Bugui SAS (sic), únicamente en lo relacionado con los ingresos brutos.

Igualmente, se DECLARA que Alimentos Bugui SAS (sic) no está obligada a pagar sanción por inexactitud en la declaración del impuesto de rentas y complementaros correspondientes al año gravable 2013, por concepto de omisión de ingresos. TERCERO. Condenar en costas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con lo previsto en las consideraciones expuestas . (…) (Énfasis del texto original). ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 16 de abril de 2014, la sociedad Alimentos Bugui S.A.S. (antes Helados Bugui S.A.S.) presentó la declaración de renta correspondiente al año gravable 2013 2. De este denuncio privado, se destaca que registró: activos fijos por $4.315.228.000 e ingresos brutos operacionales de $8.120.427.000. Previo requerimiento especial3, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 112412016000121 del 22 de diciembre de 2016 4, mediante la cual modificó la declaración privada en el sentido de: (i) disminuir el valor de los activos fijos en $455.162.000, y (ii) adicionar los ingresos brutos operacionales. Esta última modificación, derivó en un mayor valor del impuesto a cargo y en la imposición de una sanción por inexactitud.

$455.162.000, y (ii) adicionar los ingresos brutos operacionales. Esta última modificación, derivó en un mayor valor del impuesto a cargo y en la imposición de una sanción por inexactitud.

1 SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 22. 2 Fl. 7 de los antecedentes administrativos. 3 Nro. 112382016000021 del 14 de abril de 2016. 4 Fls. 50 a 60 del cuaderno principal.Radicado: 05001-23-33-000-2018-00208-01 (27553)

Demandante: Alimentos Bugui S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 La demandante formuló recurso de reconsideración5, el cual fue decidido mediante la Resolución Nro. 1123620170000009 del 27 de julio de 2017 6, que modificó el acto liquidatorio, únicamente en lo relativo a la sanción por inexactitud para liquidarla al 100% sobre el mayor impuesto, en virtud del principio de favorabilidad. ANTECEDENTES PROCESALES Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demandante formuló las siguientes pretensiones7: «1. Declarar la nulidad de la Liquidación de Revisión N° 112412016000121 del 22 de diciembre de 2016 por medio de la cual se modifica la declaración privada presentada por HELADOS BUGUI S.A.S. ( Hoy ALIMENTOS BUGUI S.A.S. ), por concepto del

diciembre de 2016 por medio de la cual se modifica la declaración privada presentada por HELADOS BUGUI S.A.S. ( Hoy ALIMENTOS BUGUI S.A.S. ), por concepto del Impuesto Sobre (sic) la Renta y Complementarios del año gravable 2013, expedida por la Dirección Seccional de Impuestos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín, donde se determina un valor del impuesto por total de $186.569.000 y se impone una sanción por inexactitud de $298.510.000.

2. Declarar la nulidad de la Resolución N° 1123620170000009 del 27 de julio de 2017 "Por la cual se decide un Recurso de Reconsideración Modificando", la cual modifica en parte la Liquidación Oficial de Revisión practicada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde se determinó un valor del impuesto por total de $186.569.000 y se impone una sanción por inexactitud de $186.569.000.

3. Como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de HELADOS BUGUI S.A.S. (Hoy ALIMENTOS BUGUI S.A.S.), declarando que la Compañía líquido y pagó de forma correcta el Impuesto Sobre la Renta y complementarios del año gravable 2013.

4. Que se condene en costas y agencias en derecho a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, en calidad de demandado en el presente proceso ».

(Subrayado y énfasis del texto original). A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas violadas los artículos 742, 743, 745 y 746 del Estatuto Tributario y 176 del Código General del Proceso. El concepto de la violación se resume así8:

A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas violadas los artículos 742, 743, 745 y 746 del Estatuto Tributario y 176 del Código General del Proceso. El concepto de la violación se resume así8:

1. Presunción de veracidad de la declaración. Improcedencia de la adición de ingresos Discutió que la a dición de ingresos solo fue sustentada en el testimonio de un empleado de la sociedad, y en cotizaciones obtenidas en otros procesos de fiscalización que, para la demandada, demuestran operaciones de venta no declaradas.

Dijo que los valores registrados en su declaración de renta corresponden a las operaciones efectivamente realizadas en el año gravable 2013, de manera que incluyó la totalidad de los ingresos gravados con el tributo. Advirtió que la DIAN pretende darle efectos de confesión al testimonio rendido por su empleado, el señor Hernando Cardona López, en el cual éste se limitó a explicar

5 Fls. 61 a 74 del cuaderno principal. 6 Fls. 75 a 91 del cuaderno principal. 7 SAMAI, índice 2 expediente digital, pdf. 31, págs. 3 y 4. 8 Fls. 6 a 62 del cuaderno principal.Radicado: 05001-23-33-000-2018-00208-01 (27553)

Demandante: Alimentos Bugui S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 el funcionamiento de las operaciones desarrolladas por la demandante, sin manifestar la existencia de una omisión de ingresos. Al contrario, precisó que de tal testimonio se extrae que todos los ingresos que se obtenían por el ejercicio de

www.consejodeestado.gov.co 3 el funcionamiento de las operaciones desarrolladas por la demandante, sin manifestar la existencia de una omisión de ingresos. Al contrario, precisó que de tal testimonio se extrae que todos los ingresos que se obtenían por el ejercicio de la actividad económica se consignaban en la cuenta bancaria de la sociedad , «incluso aquellos que en un comienzo eran una mera expectativa por haberse elaborado una simple cotización». Que cuando el testigo habló de ingreso no facturado «quiere decir que las cotizaciones se llevaban a la contabilidad como “préstamos a socio”, debido a que por no concretarse todavía la operación de venta no podía expedirse factura, en ningún momento se hace referencia a que se percibía un ingreso y no se expedía factura ni se ingresaba a la contabilidad ». Y, finalmente, que el empleado aclaró que las consignaciones no coincidían con las cotizaciones, porque no todas las cotizaciones se convertían en un ingreso. Destacó que, en desarrollo de su actividad comercial, es común que, previa solicitud de los clientes, se realicen cotizaciones como mecanismo informativo donde se plasman los valores de sus productos. Frente a lo cual se puede presentar: i) Que la cotización sea aceptada, por lo que se convierte en factura; ii) en caso contrario , no hay un ingreso, por lo que no se expide factura ni se contabiliza valor alguno ; y iii) que la cotización se conviert a en una venta en consignación, en la que una persona se obliga a vender las mercancías de otra . No obstante, aclaró que no toda la mercancía que se entrega en consignación es vendida «por el consignante, siendo procedente reintegrarla al productor, caso en el cual no se

No obstante, aclaró que no toda la mercancía que se entrega en consignación es vendida «por el consignante, siendo procedente reintegrarla al productor, caso en el cual no se concreta la operación de venta, por lo cual no se expide factura ni se plasma como un ingreso en la contabilidad». Precisó, además, que el consignatario no es responsable por la pérdida o deterioro de la mercancía, pues no forman parte de su patrimonio. En ese sentido, dijo que, a efectos del impuesto a la renta: «al no ser las mercancías entregadas en consignación un activo por no haber una transferencia de dominio, sino solo cuando efectivamente se realice la venta, el hecho imponible del tributo se configura en ese momento y la base que determina el monto del tributo estará integrada no por el valor de la cotización o mercancía entregada sino (sic) el ingreso o volumen de ventas efectivamente realizado con el consignatorio ». De igual forma, dijo que la DIAN sustenta la adición, en que la actora corrigió voluntariamente las declaraciones del IVA de los bimestres 1 y 2 del año 2013, no obstante, dicho argumento carece de sustento porque cada período gravable es independiente y tiene sus propias características, términos y condiciones. Que por esa razón, no se pueden hacer extensiv os al impuesto de renta del año 2013 aquellos hechos acaecid os en una vigencia diferente, pues respecto de cada periodo cuestionado se deben aportar las evidencias concretas que demuestran el incumplimiento de una obligación tributaria. Advirtió que tampoco es válido que las declaraciones de corrección de IVA se tomen como indicio en el presente proceso, toda vez que esas modificaciones se

incumplimiento de una obligación tributaria. Advirtió que tampoco es válido que las declaraciones de corrección de IVA se tomen como indicio en el presente proceso, toda vez que esas modificaciones se presentaron por unas condiciones especiales y específicas, circunstancias que no pueden tomarse en consideración para el impuesto de renta del año 2013. Discutió que la Administración asegura que todas y cada una de las cotizaciones se transformaron en un ingreso, pero no se ocupa en ningún aparte del acto administrativo de demostrar la ocurrencia de la operación de venta, ya que no se mencionan fechas, clientes, valores, número de fact uras y demás factores elementales que evidencien que la compañía incurrió en el hecho generador del impuesto a la renta sin haberlo declarado y pagado. Lo anterior, porque el único ejercicio que se realiza es la sumatoria de las cotizaciones recolectadas, afirmandoRadicado: 05001-23-33-000-2018-00208-01 (27553)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 que constituyen un ingreso, pero sin un soporte probatorio distinto a una presunta confesión y a actuaciones adelantadas en otros periodos gravables. Aseveró que a pesar de que se practicaron otros medios de pruebas, con base en los cuales se obtuvieron cotizaciones, facturas, documentos digitales , estos no fueron analizados en su conjunto y de forma integral, porque la Administración se centró en las cotizaciones como único elemento válido para modificar la declaración privada. Lo anterior, muy a pesar de que la simple existencia de una

fueron analizados en su conjunto y de forma integral, porque la Administración se centró en las cotizaciones como único elemento válido para modificar la declaración privada. Lo anterior, muy a pesar de que la simple existencia de una cotización no implica que la operación de venta se hubiera materializado o que se haya obtenido un ingreso. Añadió que no existe norma que prevea la existencia de una presunción con fundamento en la cual toda cotización implica una venta. Que pretender ello significa imponer una tarifa legal probatoria a unos documentos que no transfieren el derecho de dominio, ni por medio de los cuales se obtienen ingresos. Puso en tela de juicio la sana crítica y la lógica empleada al expedir los actos acusados, no sólo al seleccionar las cotizaciones como única prueba, sino también por no haber hecho una valoración o motivación de las circunstancias por las cuales consideraba que era un ingreso gravado la suma de todas las cotizaciones realizadas por la demandante en el año 2013. De manera que, la DIAN no tuvo en cuenta las pruebas documentales obtenidas, los testimonios de los empleados y del representante legal, entre otros. Y además, no demostró que las cotizaciones sean la prueba pertinente para comprobar la realización d el hecho generador del impuesto. Todo lo cual vulnera el debido proceso y el derecho de defensa. Que todo lo expuesto, demuestra que la Administración no desvirtúo la presunción de veracidad de la declaración, y que en el presente caso, se presenta un vacío probatorio que debe resolverse a favor del contribuyente conforme con el artículo 745 del Estatuto Tributario.

2. Falta de motivación de la liquidación oficial de revisión Indicó que los actos no explican los motivos para haber modificado la declaración

probatorio que debe resolverse a favor del contribuyente conforme con el artículo 745 del Estatuto Tributario.

2. Falta de motivación de la liquidación oficial de revisión Indicó que los actos no explican los motivos para haber modificado la declaración de renta , en especial, por qué las cotizaciones son asimilables a los ingresos.

Tampoco se discriminó las cotizaciones por consecutivo, valor, fecha, entre otros datos. Expuso que, como consecuencia de la falta de motivación, no existe posibilidad de defensa para la actora y que la actuación de la DIAN se torna arbitraria, además que implicaría la terminación de la actividad económica de la empresa, situación que quebranta un sinnúmero de principios constitucionales y legales.

3. Falsa motivación de la liquidación oficial de revisión Adujo que, comoquiera que los actos enjuiciados parten del supuesto de que la demandante declaró y pagó un menor valor del impuesto a la renta al que le correspondía, se configuró una falsa motivación de la liquidación oficial, en la medida en que los argumentos allí planteados no son acordes a la realidad.

4. Ilegalidad de la sanción por inexactitud Se opuso a la procedencia de la sanción porque registró la totalidad de los ingresos y no cometió omisiones en su declaración.Radicado: 05001-23-33-000-2018-00208-01 (27553)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Oposición de la demanda La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda 9, con fundamento en los siguientes planteamientos:

www.consejodeestado.gov.co 5 Oposición de la demanda La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda 9, con fundamento en los siguientes planteamientos: Sobre la adición de ingresos , manifestó que en el procedimiento de determinación adelantado en contra de la actora se desvirtuaron los hechos declarados por la contribuyente, así como la prueba contable. Dijo que la decisión administrativa está plenamente fundamentada en las pruebas recaudadas en las diligencias practicadas durante la investigación. Entre ellas, las cotizaciones que se expidieron como soporte de venta en vez de las correspondientes facturas, la ausencia de registro contable de dichas operaciones, la relación de ingresos en las cuentas de socios bajo el concepto de «préstamo a socios (cuenta Nro. 23551001)» y la declaración rendida por el señor Hernando Cardona López, en calidad de director administrati vo y financiero de la sociedad. Al respecto, dijo que la condición del testigo le permitía a éste tener un claro conocimiento del modo en que operaban los negocios de la compañía, al punto que indicó cómo se hacía el registro respecto de los ingresos omitidos que no ingresaban a las cuentas de la sociedad y de cómo se registraban en la cuenta del socio mayoritario, bajo el concepto de préstamo. Y adicionó que, el demandante aceptó los hechos advertidos por la Administración, al haber corregido de forma voluntaria las declaraciones de IVA de los períodos 1 y 2 de 2013, en las que adicionó ingresos por la suma de $182.062.353. Planteó que la demandante no desvirtuó ni en sede administrativa ni judicial los ingresos omitidos y determinados por la DIAN. En específico, dijo que no aportó

adicionó ingresos por la suma de $182.062.353. Planteó que la demandante no desvirtuó ni en sede administrativa ni judicial los ingresos omitidos y determinados por la DIAN. En específico, dijo que no aportó los documentos que permitieran desvirtuar que las cotizaciones correspondían a operaciones de venta , menos que los ingresos obtenidos de estas operaciones estuvieran registrados en la contabilidad. Que «no se acreditó que parte de los bienes vendidos que se relacionan en las cotizaciones efectivamente se dañaron y por lo tanto no fueron aceptados por el Cliente, o que la devolución de lo dañado o no vendido ingresó nuevamente al inventario de la empresa, o siendo el caso, se asumió contablemente la pérdida ». Agregó que, tampoco probó que las cotizaciones no estaban relacionadas con la actividad de la empresa, o que no fueron aceptadas por los clientes. Consideró que no existe duda probatoria entre las pruebas recaudadas sobre la omisión de ingresos, que haga aplicable el artículo 745 del Estatuto Tributario, en la medida en que las cotizaciones son consistentes al verificarse los diarios de despacho, órdenes de entrega, testimonio, etc. que evidencian la falta de facturación, contabilización y consignación en la declaración privada de los ingresos discutidos. Que todo lo expuesto, demuestra que la adición de ingresos no se sustenta en una única prueb a, sino en la valoración probatoria de todos los documentos recaudados en el expediente. En lo que tiene que ver con la falta y falsa motivación, advirtió que la actora se pronunció sobre cada uno de los hechos planteados por la Administración y se refirió a las pruebas, por lo cual resulta contradictorio que afirme que el acto

En lo que tiene que ver con la falta y falsa motivación, advirtió que la actora se pronunció sobre cada uno de los hechos planteados por la Administración y se refirió a las pruebas, por lo cual resulta contradictorio que afirme que el acto liquidatorio no fue motivado.

9 Fls. 169 a 172 del cuaderno principal.Radicado: 05001-23-33-000-2018-00208-01 (27553)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Aseveró que no está probado que la decisión de modificar la declaración de renta se hubiera hecho con omisión de l material probatorio. Lo anterior, porque un sin número de evidencias fueron debidamente recaudadas y constan en el expediente y, en todo caso, porque la contabilidad y la facturación de la actora fueron cuestionados por apariencia de legalidad. Indicó que, la demandante se confunde, pues primero afirmó que los actos estaban viciados de fa lta motivación, y luego de falsa motivación, lo que supone que reconoce que hay una motivación, pero falsa. Defendió la procedencia de la sanción por inexactitud toda vez que en la investigación se demostró que la demandante alteró los hechos económicos con el ánimo de desfigurar la realidad y así disminuir el pago del impuesto a la renta. En concreto, adujo que quedó acreditado que la actora omitió declarar ingresos a pesar de que los «adicionó en (sic) corrección voluntaria objeto de modificación». Se opuso a la condena en costas porque no se demostró su causación y, en todo

pesar de que los «adicionó en (sic) corrección voluntaria objeto de modificación». Se opuso a la condena en costas porque no se demostró su causación y, en todo caso, el proceso gira en torno a un asunto de mero derecho, sin que se advierta un excesivo desgaste probatorio por parte de la demandante. Sentencia apelada El Tribunal declaró la nulidad parcial de los actos demandados y, condenó en costas a la parte demandada, con fundamento en lo siguiente: Se refirió al artículo 746 del Estatuto Tributario y a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el principio de la carga de la prueba previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, para precisar que corresponde a la Administración probar la adición de ingresos o la existencia de operaciones gravadas, pues son factores que invoca a su favor. A continuación, encontró acreditado que , con ocasión de los procesos de fiscalización del IVA 1 y 2 de 2013, la contribuyente corrigió las correspondientes declaraciones adicionando un ingreso total de $182.062.000 , suma inferior a la determinada en los actos aquí demandados. Y consideró que estaba demostrado que la actora presentó la declaración de renta del año 2013 «en la que incluyó las sumas adicionadas en las correcciones del impuesto de ventas mencionad as en precedencia». Que no obstante, la DIAN determinó que la demandante había omitido ingresos, los cuales fueron obtenidos al sumar el total del valor de las cotizaciones. Recalcó que si bien la Administración adelantó una investigación en la cual concluyó que se realizaron operaciones no facturadas, «no es lógico considerar que –

los cuales fueron obtenidos al sumar el total del valor de las cotizaciones. Recalcó que si bien la Administración adelantó una investigación en la cual concluyó que se realizaron operaciones no facturadas, «no es lógico considerar que – todas las cotizacioneshayan constituido una operación gravable, más si se tiene en cuenta, que con ocasión de tal investigación, la contribuyente realizó correcciones del impuesto de ventas de los bimestres 1 y 2 del año gravable 2013, sobre las cuales no consta prueba que se haya desvirtuado su presunción de veracidad de conformidad con el artículo 746 del Estatuto Tributario». En ese orden de ideas, adujo que no bastaba con que la DIAN demostrara que existieron irregularidades contables en las cuales hubo operaciones depositadas mediante cotizaciones, sino que también le correspondía demostrar el ingreso efectivo que, según ella, se había causado. Añadió que el hecho de que la contabilidad no haya sido llevada inicialmente de una forma adecuada, implica, según los artículos 772 y 774 del Estatuto Tributario, que los libros contables no puedan ser valorados como prueba suficiente en favorRadicado: 05001-23-33-000-2018-00208-01 (27553)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 de la contribuyente. Sin embargo, precisó que ello no invierte la carga de la prueba, ni exime a la demandada del deber de demostrar que hubo mayores ingresos no declarados y el monto de estos. Advirtió que en la sentencia del 17 de febrero de 2022 (Exp. 25386), el Consejo de

ni exime a la demandada del deber de demostrar que hubo mayores ingresos no declarados y el monto de estos. Advirtió que en la sentencia del 17 de febrero de 2022 (Exp. 25386), el Consejo de Estado decidió la controversia entre las mismas partes de este proceso, pero respecto de la declaración del impuesto sobre las ventas del 6 bimestre del año 2012, y resolvió que debían concederse las pretensiones de la demanda. Esto, porque la DIAN no logró desvirtuar la presunción de veracidad de la declaración tributaria, comoquiera que no era posible considerar que tod as las cotizaciones constituyeran operaciones no facturadas o gravables, en tanto la demandada debía demostrar que las sumas fueron efectivamente recibidas. En ese sentido, concluyó que no se había desvirtuado la presunción de veracidad de la declaración de renta de la actora, de ahí que debía declararse la nulidad parcial de los actos acusados y «dejar parcialmente en firme la declaración del impuesto de renta del año gravable 2013 , en el entendido de que no hay lugar a modificarla, aumentando los ingresos e imponiendo una sanción por inexac titud por tal motivo ». Lo anterior, porque los actos acusados también modificaron la liquidación privada , desconociendo valorizaciones en los activos declarados, glosa que no fue objeto de controversia. Finalmente, condenó en costas a la parte demandada por resultar vencida en el proceso. Sobre este particular, fijó las agencias en derecho en el 3% del valor de la cuantía del proceso. Recurso de apelación La parte demandada10 apeló la sentencia de primera instancia, advirtiendo que el

proceso. Sobre este particular, fijó las agencias en derecho en el 3% del valor de la cuantía del proceso. Recurso de apelación La parte demandada10 apeló la sentencia de primera instancia, advirtiendo que el Tribunal erró al desconocer que, en este caso, procedía la inversión de la carga de la prueba a cargo del demandante. Se opuso a lo dicho en la sentencia de primera instancia referente a que , aunque los libros contables no podían ser valorados como prueba en favor de la contribuyente, no por ello se eximía a la DIAN del deber de demostrar que hubo mayores ingresos no declarados. Lo anterior, porque la Administración sí controvirtió la presunción de veracidad de la declaración de renta mediante el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión, actos en los que se evidenció operaciones de ventas que se manejaba n como cotizaciones, sin que sobre las mismas se hubieren expedido las correspondientes facturas de venta o se hicieran registros contables. Así, adujo que, en la medida en que la DIAN controvirtió la declaración privada del contribuyente frente a los ingresos, a éste le correspondía demostrar que las cotizaciones que eran llevadas a la contabilidad como préstamos a socios, no se convertían en su totalidad en ventas, sin embargo, no lo hizo. Añadió que el Tribunal omitió tener en cuenta que la demandante no aportó pruebas que desvirtuaran el hecho de que las cotizaciones realmente no correspondían a ventas, ni acreditó pérdida alguna del inventario, como tampoco su reingreso. Y que además, el actor no logró demostrar de dónde provenían los valores que, a su juicio, fueron verdaderas ventas y que fueron corregidos en otras declaraciones.

su reingreso. Y que además, el actor no logró demostrar de dónde provenían los valores que, a su juicio, fueron verdaderas ventas y que fueron corregidos en otras declaraciones.

10 SAMAI, índice 2 expediente digital, pdf. 57, págs. 1 a 15.Radicado: 05001-23-33-000-2018-00208-01 (27553)

Demandante: Alimentos Bugui S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Se refirió a lo mencionado por el a quo respecto a las correcciones de las declaraciones del impuesto sobre las ventas correspondientes a los bimestres 1 y 2 del año gravable 2013 y dijo que la presunción de veracidad de estos denuncios privados no es absoluta. Lo anterior, porque la DIAN desplegó su labor de fiscalización y presentó argumentos y pruebas para desvirtuarlas, pues a partir de la documentación recaudada y analizada , aunado a la información entregada por un funcionario de la sociedad contribuyente, «se concluyó que la demandante al momento de corregirlas, omitió ingresos gravados con dicho tributo, siendo igualmente en ese escenario, carga del contribuyente demostrar la veracidad del contenido de su declaración de corrección». Indicó que, en la actualidad, cursa un proceso judicial ante el Tribunal Administrativo de Antioquia (radicado 05001233300020160219800) contra los actos que modificaron la declaración de corrección de IVA del periodo 1 del año 2013 presentada por la actora. Dijo que la demandante no acreditó que, en relación con las cotizaciones, un porcentaje de estas no constituían ingresos. Agregó que, si bien la entrega de una

presentada por la actora. Dijo que la demandante no acreditó que, en relación con las cotizaciones, un porcentaje de estas no constituían ingresos. Agregó que, si bien la entrega de una cotización es una expectativa de venta, es necesario recalcar que, en este caso, «las cotizaciones implicaban la salida de inventarios de la mercancía, las cuales eran entregadas en consignación a los eventuales clientes». Manifestó que la sentencia impugnada no analizó el hecho probado consistente en los abonos realizados a la cuenta personal del socio mayoritario. Señaló que el propio director administrativo de la sociedad actora que atendió la diligencia de registro arguyó que existían ingresos no facturados abonados a la cuenta del socio mayoritario. Que en los antecedentes administrativos reposa la relación de las consignaciones abonadas en las cuentas de los socios en los periodos 1 y 2 de 2013, así como los recib os de caja y los extractos bancarios asociados a los mismos. Precisó que la contabilidad de la sociedad constituía una prueba adicional de la omisión de ingresos, pues quedó demostrado que las transacciones de ventas no eran registradas en su totalidad. En esa medida, dijo que debía analizarse por qué razón ingresaron dineros no facturados provenient