CE - 050012333000201801074011SENTENCIA20230623133656

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Título
CE - 050012333000201801074011SENTENCIA20230623133656
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: EJECUTIVO Radicación: 05001-23-33-000-2018-01074-01 (3572-2021)

Demandante: Juan de la Cruz Noreña Obando Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Ejecutivo laboral - caducidad – periodo de suspensión de intereses moratorios

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia proferida el 1.º de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y dispuso seguir adelante la ejecución.

ANTECEDENTES

  • La demanda1

El señor Juan de la Cruz Noreña Obando interpuso demanda ejecutiva con el fin de que se cumplan las sentencias proferidas el 13 de septiembre de 2007 y el 9 de julio de 2009 por el Tribunal Administrativo de Antioquia y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, respectivamente, mediante las cuales se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

de 2009 por el Tribunal Administrativo de Antioquia y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, respectivamente, mediante las cuales se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

Como consecuencia de lo anterior, el accionante solicitó que se librara mandamiento ejecutivo en los siguientes términos: i) por la suma de $231.208.466,00, a título de intereses moratorios causados desde el 10 de octubre de 1999 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia y, a partir de esta última fecha,

1 Folios 1 a 18.2

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01074-01 (3572-2021) Demandante: Juan de la Cruz Noreña Obando sobre el valor de cada una de las mesadas que se fueron generando mes a mes hasta la fecha del pago parcial; ii) por valor de $50.064,92 relacionados con el pago de la indexación sobre la suma correspondiente a cada una de las mesadas causadas en el periodo que va desde el 1.º de enero de 2009 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia el 18 de septiembre de 2009 ; iii) la actualización de las correspondientes sumas objeto de la condena, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 187 del CPACA.

  • Hechos

La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente manera:

Que el actor interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de Cajanal 2 con el fin de que se reconociera y pagara una pensión gracia de jubilación docente.

Que e l Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 13 de

de Cajanal 2 con el fin de que se reconociera y pagara una pensión gracia de jubilación docente.

Que e l Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 13 de septiembre de 2007, accedió a las referidas pretensiones. El 9 de julio de 2009 la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la providencia de primera instancia. Que por Resolución UGM 16848 del 11 de noviembre de 2011 , Cajanal acató las órdenes judiciales.

Que e l 27 de marzo de 2012, Cajanal en Liquidación dispuso el pago de $450.646.315.19, pero en el anterior pago parcial no se contempló el valor relacionado con los intereses moratorios del artículo 177 del CCA.3

  • Fundamentos de derecho de la demanda ejecutiva

Como tales se señalaron los artículos 104, 155, 156, 162, 164, 192, 211, 297, 298, 306 y 308 del CPACA;4 306, 307, 422 y siguientes del CGP.5

El actor sostuvo que las referidas normas respaldaban sus pretensiones , teniendo en cuenta que, a partir del 11 de junio de 2013, Cajanal quedó definitivamente liquidada y que, a esta fecha, no se habían satisfecho cabalmente las obligaciones contenidas en las sentencias y resoluciones que se invocan, entonces la llamada a responder por dichas obligaciones es su sucesora, que no es otra entidad diferente a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

2 Caja Nacional de previsión Social. 3 Código Contencioso Administrativo. 4 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 5 Código General del Proceso.3

2 Caja Nacional de previsión Social. 3 Código Contencioso Administrativo. 4 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 5 Código General del Proceso.3

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01074-01 (3572-2021)

Demandante: Juan de la Cruz Noreña Obando

Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Que el término de caducidad para presentar la acción ejecu tiva por las sentencias judiciales estuvo suspendido desde el 18 de septiembre de 2009 hasta el 11 de junio de 2013, fecha esta última a partir de la cual se realiza el cómputo de los 5 años de caducidad de las acciones ejecutivas para reclamar sentencias judiciales que se profirieron en contra de la extinta Cajanal.

Que el proceso ejecutivo que se instaura está regulado por las normas del CPACA, de conformidad con los artículos 104, 156, 192, 297, 306 y por las normas que para efectos del proceso ejecutiv o establece el Código General del Proceso , en sus artículos 422 y siguientes de dicho estatuto.

  • Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en las siguientes excepciones:6

  1. Existe caducidad de la acción y prescripción del derecho . Dice que la sentencia que sirve de base para la ejecución quedó ejecutoriada el 31 de agosto de 2011 y la demanda ejecutiva fue presentada el 27 de agosto de 2017, esto es, 6 años, cuando claramente la norma indica que e l término máximo dentro del cual podrá ejercerse el derecho de acción es de 5 años.

de 2011 y la demanda ejecutiva fue presentada el 27 de agosto de 2017, esto es, 6 años, cuando claramente la norma indica que e l término máximo dentro del cual podrá ejercerse el derecho de acción es de 5 años.

  1. Pago. Que s e concurrió al pago de la sentencia condenatoria del proceso ordinario, en la forma en la que fue ordenada en dicha providencia que hoy se esgrime como título ejecutivo. Que d e lo anterior dan cuenta las pruebas documentales que se aportan con la contestación.
  1. Compensación. Que e n caso de que el despacho no declare probada la excepción de pago, solicita se declare la compensación de las sumas que eventualmente se adeuden al demandante, con el valor de lo pagado por la entidad.
  • La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia , mediante sentencia del 1.º de septiembre de 2021 , declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y dispuso seguir adelante la ejecución ,7 expresando que, si bien las fechas y nombres a las que se alude no guardan correspondencia con las

6 Folios 177 a 180. 7 Folios 232 a 238.4

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01074-01 (3572-2021) Demandante: Juan de la Cruz Noreña Obando decisiones emitidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado, lo cierto es que se hace mención a la caducidad de la acción y a la prescripción total y extintiva del derecho.

Que no se configuraba la caducidad alegada como excepción, ya que se presentó la suspensión de los términos de prescripción y caducidad hasta el 11 de junio de

prescripción total y extintiva del derecho.

Que no se configuraba la caducidad alegada como excepción, ya que se presentó la suspensión de los términos de prescripción y caducidad hasta el 11 de junio de 2013, momento en que se reanudaron los 5 años con que contaba la part e ejecutante para presentar la acción ejecutiva, que sería hasta el 11 de junio de 2018, habiendo sido formulada la demanda el 18 de mayo de 2018, esto es, dentro del término otorgado por la ley, sin que hubiera operado la caducidad de la acción y menor aún la prescripción extintiva del derecho8.

Que tampoco prosperaban los medios de defensa de pago y compensación ya que la orden de apremio librada reposa sobre la obligación de pago de los intereses moratorios generados desde el día siguiente a que alcanzó ejecutoria la sentencia emitida por el Consejo de Estado (19 de septiembre de 2009) hasta la fecha en que se efectuó el pago por parte de la entidad (27 de marzo de 2012) y la ejecución se sigue por los intereses moratorios adeudados y no por capital u ot ros conceptos, además porque la fecha del pago fue justamente la que se tuvo en cuenta al momento de la liquidación de los intereses.

Se ordenó seguir adelante la ejecución cont ra la UGPP, conforme el mandamiento de pago del 29 de junio de 2018.

  • El recurso de apelación

La apoderada de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia,9 indicando que se presentaba el fenómeno de caducidad de la acción, por cuanto el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia quedó

La apoderada de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia,9 indicando que se presentaba el fenómeno de caducidad de la acción, por cuanto el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia quedó debidamente ejecutoriado el 5 de junio de 2009 , el 17 de marzo de 2011 se cumplieron los 18 meses del artículo 177 del CCA y tenía hasta el 17 de marzo de 2016 para acudir ante la administración de justicia , pero como no se radicó con anterioridad a esta fecha, se instauró por fuera del término legal dispuesto para el efecto.

Que en virtud del artículo 14 de la Ley 550 de 199 9 y demás normas que regulan los procesos de liquidación de las entidades públicas del orden nacional, los términos de prescripción y caducidad a cargo de la extinta Cajanal se suspendieron

8 El juez a quo citó como fundamento la sentencia del 22 de abril de 2011, expediente 05001-23-33000-2018-01320-01 (6516-18). 9 Folios 238vto.5

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01074-01 (3572-2021) Demandante: Juan de la Cruz Noreña Obando en el tiempo de liquidación, esto es, el periodo transcurrido entr e el 12 de junio de 2009 y el 12 de junio de 2013 ; por tanto, como los intereses son liquidados por el despacho por el periodo comprendido entre el 19 de septiembre de 2009 y el 21 de marzo de 2012, espacio que está inmerso en el periodo de liquidación de Cajanal, es claro que no hay intereses por pagar.

  • Alegatos de conclusión en segunda instancia

marzo de 2012, espacio que está inmerso en el periodo de liquidación de Cajanal, es claro que no hay intereses por pagar.

  • Alegatos de conclusión en segunda instancia

La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en las respectivas etapas del proceso.10

  • El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

La Sala decide, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

  • El problema jurídico

Conforme al recurso de apelación interpuesto por la UGPP, el problema jurídico s e circunscribe a establecer si la acción ejecutiva está afectada por el fenómeno de la caducidad; y, en caso negativo, si la UGPP está llamada a reconocer los intereses moratorios reclamados por el ejecutante.

  • Generalidades del proceso ejecutivo

El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión judicial. En efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina tít ulo ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:

Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las

Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las

10 Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.6

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01074-01 (3572-2021) Demandante: Juan de la Cruz Noreña Obando que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las provid encias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]. (Resaltado fuera del texto).

Por su parte, el artículo 297 del CPACA establece que constituy en título ejecutivo, entre otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago, conforme lo dispone el 430 del CGP.

Por su parte, el ejecutado puede presentar las excepciones de mérito en ejercicio legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.

Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar sin fundamento la obliga ción contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las

legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.

Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar sin fundamento la obliga ción contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».11

  • Caducidad de la acción ejecutiva

El legislador instituyó el fenómeno de la caducidad como una sanción que limita el ejercicio del derecho sustancial en razón a la no presentación de los medios de control en el plazo que la ley establece para ello. Según la jurisprudencia de esta corporación, «busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso […]», 12 y fue concebida para desarrollar el principio de la seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal. Respecto a la formulación oportuna del proceso ejecutivo, cuando se pretenda la ejecución de títulos derivados de decisiones judiciales proferidas por esta

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre 2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el profesor, Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depurac ión de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”».

Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depurac ión de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”». 12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 24 de enero de 2007, actor Néstor José Duarte Tolosa contra Corelca S.A. y otro, radicado 20001 -23-31-000-2005-02769-01(32958), M. P. Ruth Stella Correa Palacio.7

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01074-01 (3572-2021) Demandante: Juan de la Cruz Noreña Obando jurisdicción, el legislador fijó un lapso de 5 años contados a partir del momento en que se haga exigible la obligación. Dicho término fue previsto en el numeral 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo 13 y reiterado en el literal K del artículo 164 del CPACA.14

  • Liquidación de Cajanal y asunción de responsabilidades

El Decreto 2196 de 200915 dispuso la supresión y liquidación de Cajanal. En lo referente al reconocimiento de las obligaciones pensionales y afines se especificó lo siguiente:

Artículo 3°. Prohibición para iniciar nuevas actividades. […]

En todo caso, la Caja Nacional de P revisión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos trámites, respecto de aquellos afiliados que hub ieren cumplido con los requisitos de

adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos trámites, respecto de aquellos afiliados que hub ieren cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o de vejez a la fecha en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo 4o del presente Decreto, de acuerdo con las normas que rigen la mate ria. Igualmente Cajanal, EICE, en liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados, hasta cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, creada por la Ley 1151 de 2007.

Para tales efectos atenderá las solicitudes y peticiones que se le presenten y celebrará los contratos de administración u operación que sean necesarios.

Por su parte, la Ley 1151 de 2007 creó la UGPP y le asignó la siguiente competencia en materia pensional:

Artículo 156. Gestión de Obligaciones Pensionales y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. […] Esta Unidad Administrativa tendrá a su

13 Artículo 136. Caducidad de las acciones. […] 11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial. 14 Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2.

exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial. 14 Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los siguientes té rminos, so pena de que opere la caducidad: […] k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contr actuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida; […]. 15 «Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».8

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01074-01 (3572-2021)

Demandante: Juan de la Cruz Noreña Obando

cargo:

  1. El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas del o rden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003;

[…]

gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003; […]

A su vez, el Decreto 169 de 2008 asignó funciones a la UGPP, conforme se indica a continuación:

Artículo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en concordancia con el artículo 156 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendrá las siguientes funciones:

A. En cuanto al reconocimiento de derechos pe nsionales y de prestaciones económicas16

1. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional, causados hasta su cesación de actividades como administradoras; así como el de aquellos servidores públicos que hayan cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para acceder a su reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad señalado, con anterioridad a su cesación de actividades como administradoras. De igual manera, le corresponderá la administración de los derechos y prestaciones que reconocieron las mencio nadas administradoras y los que reconozca la Unidad en virtud de este numeral.

2. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando. También le compete la administración de los derechos y

de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando. También le compete la administración de los derechos y prestaciones que las mencionadas entidades hayan reconocido y los que reconozca la UGPP en virtud de este numeral. […]

16 Las funciones establecidas en este literal fueron subrogadas por las consagradas en el artículo 6 del Decreto 575 de 2013.9

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01074-01 (3572-2021) Demandante: Juan de la Cruz Noreña Obando El Decreto 4269 de 2011 efectuó una asignación de competencias entre Cajanal en liquidación y la UGPP, para finalizar el proceso de liquidación de aquella ; sin embargo, esta corporación ha sostenido que la norma en comento no modificó lo concerniente a que esta última es la encargada de asumir, por completo, las obligaciones pensionales y prestacionales de la extinta entidad. Además, la UGPP es la «llamada a asumir los procesos judiciales que fueron adelantados contra la desaparecida caja de previsión» 17, conforme lo dispuso el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, modificado por el Decreto 2040 de 2011, así:

Artículo 22. Inventario de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral y contractual. […]

Los procesos judiciales y demás reclamaciones que estén en trámite al cierre de la liquidación que se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones que asumirá la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la

contractual. […]

Los procesos judiciales y demás reclamaciones que estén en trámite al cierre de la liquidación que se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones que asumirá la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la Protección Social - UGPP, estarán a cargo de esta entidad. Los demás procesos administrativos estarán a cargo del Ministerio de la Protección Social. […]

Parágrafo 2°. Con el propósito de garantizar la adecuada defensa del Estado, el Liquidador de la entidad, como representante leg al de la misma, continuará atendiendo, dentro del proceso de liquidación y hasta tanto sean entregados a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la Protección SocialUGPP o al Ministerio de la Protección Social, según corresponda , conforme a lo previsto en el presente decreto, los procesos judiciales inventariados y demás reclamaciones en curso o los que llegaren a iniciarse dentro de dicho término. […]

Igualmente, el Consejo de Estado ha indicado que, según el Decreto 4269 de 2011, las reclamaciones presentadas a partir del 8 de noviembre de 2011 corresponderían a la UGPP y las radicadas con anterioridad a esa fecha recaerían sobre Cajanal en Liquidación; sin embargo, «al cierre de la liquidación de la antigua caja de previsión (Cajanal), correspondió a su sucesora procesal ( UGPP) asumir sin restricciones ni dilaciones las competencias que aquella ejercía en materia pensional».18

17 Al respecto, ver las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia del 22 de julio de

dilaciones las competencias que aquella ejercía en materia pensional».18

17 Al respecto, ver las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia del 22 de julio de 2021, radicado: 25000 -23-42-000-2016-04418-01 (4651-2019); ii) sentencia del 30 de octubre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019); iii) sentencia del 26 de junio de 2020, radicado: 68001 -23-33-000-2015-00058-01 (1485 -2016); iv) sentencia del 14 de marzo de 2019, radicado: 25000 -23-42-000-2015-02729-01(1507-18); iv) providencia del 13 de febrero de 2017, expediente 11001-03-06-000-2016-00256-00(C). 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019).10

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01074-01 (3572-2021) Demandante: Juan de la Cruz Noreña Obando - El caso concreto

Se encuentran demostrados los siguientes hechos

  • El 13 de septiembre de 2007 , el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el demandante contra Cajanal, mediante la cual dispuso lo siguiente:19

FALLA: […]

sentencia de primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el demandante contra Cajanal, mediante la cual dispuso lo siguiente:19

FALLA: […]

2. CONDÉNESE a la Caja Nacional de Previsión Social -CAJANALa reconocer y pagar al señor JUAN DE LA CRUZ OBANDO NOREÑA la pensión gracia, con base en los salarios, primas y demás factores salariales devengados por éste en el año anterior al que adquirió el status (sic) jurídico de pensionado.

3. La pensión liquidada será ajustada en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia

[…]

  • El 9 de julio de 2009, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia, aclaró que el pago efectivo de las mesadas causadas procedería a partir del 10 de octubre de 1999, por prescripción trienal.
  • El 18 de septiembre de 2009 , quedó ejecutoriad o el anterior fallo, según lo hizo constar la secretaria general del Tribunal Administrativo de Antioquia.20
  • El 16 de diciembre de 2009 , el señor Juan de la Cruz Noreña Obando solicitó a Cajanal el cumplimiento de la sentencia condenatoria.21
  • El 11 de noviembre de 20 11, por Resolución UGM 016848, Cajanal dio cumplimiento a las órdenes impartidas en sede judicial y dispuso reconocer y ordenar el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación gracia; que el Fondo
  • El 11 de noviembre de 20 11, por Resolución UGM 016848, Cajanal dio cumplimiento a las órdenes impartidas en sede judicial y dispuso reconocer y ordenar el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación gracia; que el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagar ía al interesado la suma con los reajustes correspondientes, previas las deducciones ordenadas por la ley . Que además la pensión estaría a cargo del Fopep.22

19 Folios 34 a 49. 20 Folio 20. 21 Folio 103. 22 Folios 78 a 83.11

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01074-01 (3572-2021) Demandante: Juan de la Cruz Noreña Obando a) Caducidad de la acción ejecutiva

La providencia cuya ejecución se pretende quedó ejecutoriada el 18 de septiembre de 2009, es decir, en vigencia del CCA; por lo tanto, para contabilizar el término de caducidad del proceso ejecutivo es necesario recurrir al contenido del inciso 4 del artículo 177 ibidem, según el cual las condenas impuestas contra la Nación «serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria». Así las cosas, los cinco años concedidos para la interposición oportuna de la acción ejecutiva iniciaron al vencimiento de los aludidos 18 meses.23

Ahora bien, respecto al término de caducidad de las acciones interpuestas en contra de la liquidada Cajanal, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:24

Como es de público conocimiento, la entidad condenada en la sentencia cuyo

Ahora bien, respecto al término de caducidad de las acciones interpuestas en contra de la liquidada Cajanal, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:24

Como es de público conocimiento, la entidad condenada en la sentencia cuyo cumplimiento por vía ejecutiva se reclama, fue liquidada por mandato del Gobierno Nacional mediante Decreto 2196 de 2009, obedeciendo a un plan de reestructuración institucional, en procura de garantizar la prestación eficiente del servicio público de seguridad social en pensiones.

Uno de los sustentos normativos del precitado Decreto 2196 de 2009 lo fue el DecretoLey 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, el cual, en el inciso segundo de su artículo 1º, respecto de su ámbito de aplicación, consagró «…en lo no previsto en el presente decreto, deberán aplicarse, en lo pertinente, las disposiciones del estatuto orgánico del sistema financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cu

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