CE - 050012333000201802291011SENTENCIA20230803171225

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. , seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 05001233300020180229101 (1921 -2020 )

Demandante: Marleny Amparo Pérez Macias Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la

Protección Social 1.

Temas: Pensión gracia. Tipo de vinculación. Nacional.

Incorporaciones a planta de personal sin solución de continuidad. Ley 60 de 1993 y Ley 715 de 2001 . Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de a pelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 11 de diciembre de 2019 , que negó las súplicas de la demanda .

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

1.1. Pretensiones

La señora Marleny Amparo Pérez Macias , por intermedio de apoderado , en ejercicio del medio de control de nulidad y

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

1.1. Pretensiones

La señora Marleny Amparo Pérez Macias , por intermedio de apoderado , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, deprec ó declarar la nulidad de las Resoluciones

1 En adelante UGPP . 2 Folios 1 a 3 4. 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo . En adelante CPACA .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001233300020180229101 (1921 -2020)

Demandante: Marleny Amparo Pérez Macias

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 RDP 045394 del 1.º de diciem bre de 2016 y RDP 014815 del 7 de abril de 2017 , por medio de las cual es la UGPP negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia .

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia a partir del 16 de enero de 2015 en cuantía de $ 2. 456.286,65 ; (ii) reajustar la pensión según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 71 de 1988 ; (iii) realizar los ajustes de valor conforme al Índice de Precios al Consumidor , tal y como lo autoriza el artículo 187 del

reajustar la pensión según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 71 de 1988 ; (iii) realizar los ajustes de valor conforme al Índice de Precios al Consumidor , tal y como lo autoriza el artículo 187 del CPACA; (iv) cumplir la sentencia dentro del término previsto en el artículo 192 ejusdem ; (v) pagar intereses moratorios de acuerdo con lo establecido en el artículo 192 ídem ; y (vi) pagar las costas del proceso.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

La señor a Marleny Amparo Pérez Macias expuso que nació el 19 de octubre de 1959 y estuvo vinculada como docente del 19 de abril de 1979 al 13 de julio de 1980, y desde el 12 de julio de 1980 hasta el 30 de diciembre de 2016.

Indicó que solicitó ante la entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión gracia, petición que le fue negada mediante la Resoluci ón RDP 045394 del 1.º de diciembre de 2016 , al considerar que , de acuerdo con la documentación aportada, existían discrepancias en las certificaciones allegadas , ya que en unas se indica que fue nacionalizada y en otras nacional . Además , que en el evento de que, a partir de la descentralización de la educación, la vinculación hubiese cambiado, debió acreditarlo en debida forma mediante certificación expedida por la S ecretaría de Educación , sumado a ello, le s olicitó allega r todos los actos de nombramiento y posesión.

La accionante interpuso recurso de apelación en contra de la

debida forma mediante certificación expedida por la S ecretaría de Educación , sumado a ello, le s olicitó allega r todos los actos de nombramiento y posesión.

La accionante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión, el cual f ue resuelto mediante la Resolución RDPNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001233300020180229101 (1921 -2020)

Demandante: Marleny Amparo Pérez Macias

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 014815 del 7 de abril de 2017 , por medio del cual se confirmó la decisió n recurrida .

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

La parte actora argumentó que la entidad demandada incurrió en falsa motivación, toda vez que sí cumplió con el requisito de los 20 años de servicio como docente nacionalizada o territorial.

Sostuvo que la entidad dejó de analizar los argumentos expuestos en la solicitud elevada, según la cual, a partir de la ejecución del proceso de descentraliz ación de la Ley 60 de 1993 , la vinculación nacional de la accionante mutó a territorial departamental y, posteriormente , con la Ley 715 de 2001 pasó a municipal, toda vez que la Nación, Ministerio de Educación, hizo entrega de la educación al departamento de Antioquia y luego este último al municipio de Medellín, de modo que le asiste el derecho a la pensión gracia.

En cuanto a los certificados aportados refirió que no existía

educación al departamento de Antioquia y luego este último al municipio de Medellín, de modo que le asiste el derecho a la pensión gracia.

En cuanto a los certificados aportados refirió que no existía contradicción y que la UGPP no estudió las actas de nombramiento y posesión del primer per íodo, tampoco abrió a pruebas para determinar el derecho, por lo que violó el derecho al debido proceso.

Señaló que inicialmente se vinculó como docente territorial entre el 19 de abril de 1979 y el 13 de julio de 1980. P osteriorme nte, como docente de educación básica , según Resolución 10365 del 30 de junio de 1980 , expedida por el Ministerio de Educación Nacional, y labor ó en el municipio de Medellín.

Con fundamento en lo expuesto, solicitó que le sea reconocida la pensión gracia al cumpli r con todos los requisitos legales .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001233300020180229101 (1921 -2020)

Demandante: Marleny Amparo Pérez Macias

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2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se op uso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda , para lo cual sostuvo que la demandante no cumpl ió con la totalidad de los requisitos sustanciales para acceder a la pensión gracia.

Propuso las excepciones denominadas (i) ausencia de vicios en los

demanda , para lo cual sostuvo que la demandante no cumpl ió con la totalidad de los requisitos sustanciales para acceder a la pensión gracia.

Propuso las excepciones denominadas (i) ausencia de vicios en los act os administrativos demandados ; (ii) inexistencia de la obligación; y (iii) prescripción .

3. AUDIENCIA INICIAL 5

El 26 de junio de 2019 el Tribunal Administrativo de Antioquia, en acatamiento al artículo 180 del CPACA, llevó a cabo la audiencia inicial y fij ó el litigio en los siguientes términos:

« […] establecer si se acreditan o no, los supuestos en los cuales se fundamenta la pretensión de nulidad de la Resolución RDP 045394 del 01 de diciembre de 2016, por medio de la cual se "niega el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación gracia", así como la nulidad de la Resolución RDP 014815 del 07 de abril de 2017, mediante la cual se resuelve negati vamente el recurso de apelación en contra de la Resolución RDP 014815 del 07 de abril de 2017.

Una vez acreditada la ilegalidad de los actos acusados, se analizará si resulta procedente o no acceder a la pretensión consecuencial invocada por la parte acto ra, consistente en condenar a la U.G.P.P., a que reconozca y pague a la señora Marleny Amparo Pérez Macías la pensión gracia por una suma de $ 2.456.286,65, a partir del 16 de enero de 2015.

En el mismo sentido, se deberá determinar si resuelta viable o no,

Marleny Amparo Pérez Macías la pensión gracia por una suma de $ 2.456.286,65, a partir del 16 de enero de 2015.

En el mismo sentido, se deberá determinar si resuelta viable o no, la petición realizada en relación con el reconocimiento y pago de los reajustes por concepto de la Ley 71 de 1988. Así mismo, se estudiará si resulta oportuno o no la pretensión frente a la condena sobre las sumas adeudadas con ajustado el valor, confo rme al índice de precios al consumidor, de conformidad co n el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011. Y al pago de intereses

4 Folios 563 a 566 Vto. 5 Folios 578 a 580 Vto. CD allegado a folio 583 .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001233300020180229101 (1921 -2020)

Demandante: Marleny Amparo Pérez Macias

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 moratorios en los términos del artículo 192 y numeral 40 del artículo 195 del CPACA y la conde na al pago de costas previstas en los ar tículos 365 y 366 del Código General del Proceso. » (sic)

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de Antioquia , mediante sentencia del 11 de diciembre de 2019 , declaró probadas las excepciones formuladas por la demandada de ausencia de vicios de los actos administrativos demandados e inexistencia de la obligación y, en

El Tribunal Administrativo de Antioquia , mediante sentencia del 11 de diciembre de 2019 , declaró probadas las excepciones formuladas por la demandada de ausencia de vicios de los actos administrativos demandados e inexistencia de la obligación y, en consecuencia, negó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la demandante .

Como fundamento de la decisión, señaló que , de acuerdo con los certificados allegados al expediente administrativo y al proceso judicial, se observa que se consigna información que no resulta coincidente incluso para los mismos per íodos en tanto que, en unos se registra que la vinculación fue nacional y en otras, naci onalizada, en ese orden, la accionante no cumplió con la carga de demostrar que las plazas ocupadas por ella, durante la prestación del servicio docente, fueron nacionalizadas o territoriales.

Ahora, respecto al argumento referido a la mutación del carác ter de la vincul ación a consecuencia de los procesos de nacionalización y descentralización de la educación, expuso que a la luz de la postura unificada del Consejo de Estado, no resulta de recibo comoquiera que , la condición o naturaleza jurídica del vínc ulo docente, obedece a las circunstancias establecidas por el legislador en la Ley 91 de 1989 y que son esas las que , en principio, determinan cuáles docentes son beneficiarios de la pensión gracia, de ahí que lo relevante no era afirmar que la docente est uvo inmersa en esos procesos, sino demostrar que laboró en calidad de docente

6 Folios 239 a 245 Vto.Nulidad y restablecimiento del derecho

relevante no era afirmar que la docente est uvo inmersa en esos procesos, sino demostrar que laboró en calidad de docente

6 Folios 239 a 245 Vto.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001233300020180229101 (1921 -2020)

Demandante: Marleny Amparo Pérez Macias

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 territorial o nacionalizada y , además , que ese carácter lo tenía antes del 31 de diciembre de 1980 .

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

La señor a Marleny Amparo Pérez Macias solicitó revocar la decisión y, en su lugar , acceder a las pretensiones de la demanda.

Manifestó su inconformidad respecto de la interpretación dada por el tribunal a la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, en tanto que el problema jurídico de mutación del vínculo, no fue abordado en dicha ocasión y , en ese orden, debió realiza r una interpretación más amplia a nivel constitucional, legal y jurisprudencial de las pruebas aportadas.

De otro lado, si bien admitió que en la totalidad del expediente existen certificaciones contradictorias, de acuerdo con los actos de nombramiento allegados , el a quo debió dar un entendimiento diferente y aceptar el estudio de la tesis de mutación de l vínculo por efecto de la descentralización de la educación en la forma en la que se explicó en la demanda.

nombramiento allegados , el a quo debió dar un entendimiento diferente y aceptar el estudio de la tesis de mutación de l vínculo por efecto de la descentralización de la educación en la forma en la que se explicó en la demanda.

Por lo anterior , a partir de l 10 de abril de 1996 , la accionante dejó de tener un vínculo nacional, y bajo una correcta conceptualización no se le puede denominar nacional sino departamental , hasta el 16 de enero de 2003 , y luego municipal desde el 17 de enero de 2003 y hasta el 30 de diciembre de 2016 ; que los dineros con q ue se le paga no son de propiedad de la Nación, sino que , se pagó con recursos departamentales y , posteriormente, con recursos municipales .

Concluyó entonces que la consecuencia obvia de todo ello es que dichos per íodos son válidos para el reconocimiento de la pensión .

7 Folios 631 a 664.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001233300020180229101 (1921 -2020)

Demandante: Marleny Amparo Pérez Macias

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

6.1 La parte demandante 8 reiteró los argumentos del recurso de apelación.

No se tendrán en cuenta los argumentos señalados en el acápite denominado « e. La situación del caso concreto », toda vez que refieren a un demandante que prestó sus servicios al departamento

apelación.

No se tendrán en cuenta los argumentos señalados en el acápite denominado « e. La situación del caso concreto », toda vez que refieren a un demandante que prestó sus servicios al departamento de Boyacá y el municipio de Duitama, y expone extremos temporales que n o tienen que ver con el presente asunto.

6.2 La entidad demandada 9 solicitó confirmar la sentencia recurrida al considerar que se evidencia que la demandante estuvo vinculada antes del 31 de diciembre de 1980 como educadora de enseñanza primaria, según el Decreto 448 del 30 de marzo de 1979, en el cual fue nombrada para el cargo y servicio que prestó como interina, es decir, de manera temporal.

No obstante, c onforme a los certificados allegados, consta que su vinculación es de carácter nacional, de modo que la demandante no cumple con el requisito dispuesto en la Ley 43 de 1975, pues los recursos con los que se sufragaron sus salarios provenían de la Nación y no de la entidad territorial.

Lo anterior, conlleva a la improcedencia del cómputo de estos per íodos laborados a fin de obtener el reconocimiento de la pensión gracia .

El Ministerio Público guardó silencio conforme a la constancia secretarial visible a folio 675.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

8 Obrante en la plataforma SAMAI, visible a índice 13. 9 Obrante en la plataforma SAMAI, visible a índice 14 .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001233300020180229101 (1921 -2020)

Demandante: Marleny Amparo Pérez Macias

9 Obrante en la plataforma SAMAI, visible a índice 14 .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001233300020180229101 (1921 -2020)

Demandante: Marleny Amparo Pérez Macias

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 11, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante .

2.2. Cuestión previa

Previo a resolver el asunto de fondo, la Sala advierte que la UGPP solicit ó12 unifica r jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 del CPACA , al considera r que es necesario determinar «qué es lo que debe entenderse como “plaza docente” su definición, requisitos y lineamientos que permitan dilucidar cuáles son las cond iciones que debe reunir “la plaza” a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ -11 -S2 DE 21 -06 -2018, para ser considerada como nacional, nacionalizada o territorial ».

Sobre el particular , se precisa que, esta Sección 13, al resolver varias solicitud es análoga s a la presente, decidió no avocar conocimiento del asunto, puesto que las alegaciones de la UGPP

Sobre el particular , se precisa que, esta Sección 13, al resolver varias solicitud es análoga s a la presente, decidió no avocar conocimiento del asunto, puesto que las alegaciones de la UGPP no resultan determinantes para emitir una sentencia de unificación, además del hecho de que el Consejo de Estado ya definió criterios espe cíficos sobre la “ plaza docente” , en tre otras, en sentencias

10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.» 12 Solicitud presentada el 26 de abril de 2022 , visible en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 20 de octubre de 2022, radicación: 54001 -23 -33 -000 -2013 -00344 -01 (4053 -2015).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001233300020180229101 (1921 -2020)

Demandante: Marleny Amparo Pérez Macias

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Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 como la del 29 de agosto de 1997 14; 22 de enero de 2015 15; 21 de junio de 2018 16 y del 11 de agosto de 2022 17.

En esos términos , la Sala deberá estarse a lo resuelto en las providencias referidas , resaltándose que la decisión aquí adoptada se acompasa con el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que es garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley, puesto que, al tratarse de una controversia relacionada con asuntos pensionales, debe impedirse cualquier trámite dilatorio al estar involucra das personas de la tercera edad.

Por ello, resulta imperativo atender el hecho de que, a través de la Ley 2055 del 10 de septiembre de 2020, se aprobó la «Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores» , que en su artículo 4, literal c), estableció el compromiso de adoptar y fortalecer «todas las medidas legis lativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos ».

2.3. Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante , corresponde a la Sala determinar lo siguiente:

14 Cons ejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

2.3. Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante , corresponde a la Sala determinar lo siguiente:

14 Cons ejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicación S -699. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de enero de 2015, radicación: 25000 -23 -42 -000 -2012 -02017 -01(0775 -2014). 16 Consejo de Es tado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, radicación: 25000 -23 -42 -000 -2013 -04683 -01(3805 -2014) SUJ -011CE -S22018. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicación: 15001 -23 -33 -000 -2016 -00278 -01(3018 -2017) SUJ -030CE -S22022.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001233300020180229101 (1921 -2020)

Demandante: Marleny Amparo Pérez Macias

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 ¿El carácter nacional de l a naturaleza jurídica del vínculo que la señor a Marleny Amparo Pérez Macias ostentaba a la entrada en vigor de la Ley 60 de 1993 mutó a territorial ?

En caso afirmativo, ¿la demandante, en su calidad de docente

la señor a Marleny Amparo Pérez Macias ostentaba a la entrada en vigor de la Ley 60 de 1993 mutó a territorial ?

En caso afirmativo, ¿la demandante, en su calidad de docente oficial, tiene derecho a l reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación?

2.4. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.4.1. La pensión gracia .

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cump lir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el

pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cump lir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1.º de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensió n gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001233300020180229101 (1921 -2020)

Demandante: Marleny Amparo Pérez Macias

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que

11 Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios se ñalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional . Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombrami ento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»Nulidad y restablecimiento del derecho

pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001233300020180229101 (1921 -2020)

Demandante: Marleny Amparo Pérez Macias

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 18 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen

los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].»

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 19 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban

y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas . ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 05001233300020180229101 (1921 -2020)

Demandante: Marleny Amparo Pérez Macias

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que tamb ién correspondía a los entes locales

educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que tamb ién correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regio nales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prest aban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas . v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando

y endógenas . v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la ent