CE - 050012333000201900709011AUTOQUEREVOCA20221129122419

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001-23-33-000-2019-00709-01(68156)

Actor: RUBÉN DARÍO SILVA ALZATE Y OTROS

Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Referencia: EJECUTIVO APELACIÓN DE AUTOS EN CPACA-El Consejo de Estado conoce en segunda instancia del auto que decreta una medida cautelar. MEDIDAS CAUTELARES-Procede el embargo y secuestro de los bienes de entidades públicas. COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Efecto obligatorio vinculante. MODULACIÓN DE FALLOS DE CONSTITUCIONALIDAD-La interpretación condicionada tiene efectos de cosa juzgada constitucional.

INEMBARGABILIDAD DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN-No tiene carácter absoluto por decisión de la Corte Constitucional. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES-Medidas cautelares. MEDIDAS CAUTELARES PARA EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES-Procede el embargo y secuestro para asegurar la ejecución de una sentencia judicial. Rubén Darío Silva Alzate y otros, a través de apoderado judicial, formuló demanda ejecutiva contra la Nación-Fiscalía General de la Nación para que se librara mandamiento de pago por $128.146.041, por concepto de capital e intereses por la condena reconocida a los demandantes en la sentencia del 28 de agosto de 2013. El Tribunal Administrativo de Antioquia libró mandamiento de pago por

mandamiento de pago por $128.146.041, por concepto de capital e intereses por la condena reconocida a los demandantes en la sentencia del 28 de agosto de 2013. El Tribunal Administrativo de Antioquia libró mandamiento de pago por $53.055.000 y decretó el embargo y secuestro de los recursos de la entidad demandada en cuentas de ahorro, corrientes y otros depósitos hasta por $233.545.897, siempre que los dineros no fueran inembargables. Las entidades bancarias informaron que como el dinero depositado en esos establecimientos corresponde a recursos que conforman el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, se abstuvieron de ejecutar la medida cautelar, pues según el artículo 594 CGP esos recursos son inembargables. La parte demandante adujo que la medida debía hacerse extensiva a esos recursos, porque la obligación corresponde al pago de una sentencia judicial. El 9 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó la solicitud de extender la medida cautelar a los recursos que según2 Expediente n. 68.156

Demandante: Rubén Darío Silva Alzate y otros Revoca auto de primera instancia las entidades bancarias son inembargables, pues hacen parte del presupuesto general de la Nación. La parte demandante esgrimió, en el recurso de apelación, que la inembargabilidad no es absoluta, pues no aplica para el pago de sentencias judiciales. El 10 de marzo de 2022, el proceso ingresó al Despacho para decidir el recurso de apelación.

1. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 CPACA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los

recurso de apelación.

1. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 CPACA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En consonancia, el artículo 243.5, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, prevé que el auto que deniegue una medida cautelar es susceptible del recurso de apelación. Así mismo, esta Corporación es competente según el artículo 156.9, conforme al cual conocerá en primera instancia el proceso ejecutivo el juez que conoció el proceso declarativo, con independencia de si la condena fue proferida o la conciliación aprobada en grado de apelación, sin tener en consideración la cuantía! y el auto será decidido por la Sala, conforme al artículo 125, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021.

2. Según el artículo 599 CGP, aplicable por remisión del artículo 306 CPACA, en los procesos ejecutivos el ejecutante puede solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado. El juez, al decretar los embargos y secuestros, puede limitarlos y el valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas, salvo que se trate de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen el crédito. En concordancia, el artículo 594 CGP dispone que no se podrán embargar, entre otros: (i) los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales; (ii) las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social; (iii)

podrán embargar, entre otros: (i) los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales; (ii) las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social; (iii) los bienes de uso público y los destinados a un servicio público -cuando este se preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden o por medio 1 El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera contenido en el auto del 29 de enero de 2020, Rad. 63.931 [fundamento jurídico 25], según el cual la competencia prevista en el artículo 156.9 CPACA es prevalente frente a las normas generales de cuantía, cuando se trate de un proceso de ejecución de sentencias proferidas o conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a esa providencia.3 Expediente n. 68.156

Demandante: Rubén Darío Silva Alzate y otros Revoca auto de primera instancia de concesionario-, pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio; (iv) si el servicio público lo prestan particulares, podrán embargarse los bienes destinados al servicio, así como los ingresos brutos que se produzcan; (v) los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las mismas; (vi) las sumas que se hayan anticipado o deban anticiparse por las entidades de derecho público a los contratistas para la construcción de obras públicas y (vii) las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales.

anticiparse por las entidades de derecho público a los contratistas para la construcción de obras públicas y (vii) las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales.

3. El artículo 243 CN dispone que los fallos que la Corte Constitucional dicte, en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Una vez en firme y ejecutoriada la decisión, esta tiene fuerza vinculante, obligatoria para todos, incluidos, por supuesto, los jueces de la República. Si la Corte condiciona la decisión de constitucionalidad de un precepto legal, esa interpretación condicionada descarta expresamente otras interpretaciones posibles. Las sentencias interpretativas en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad alteran parcialmente el contenido de la disposición, al tiempo que expulsa del ordenamiento cualquier otra interpretación que admita la norma acusada.

El artículo 19 del Decreto 111 de 1996 -Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nacióndisponía en su texto original que las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman no pueden ser embargados. Al estudiar esta norma, la Corte Constitucional condicionó su exequibilidad “bajo el entendido de que los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta

norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulosy sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos”. En otras palabras, la Corte, al declarar la exequibilidad condicionada de esta norma, definió4 Expediente n. 68.156

Demandante: Rubén Darío Silva Alzate y otros Revoca auto de primera instancia que como la inembargabilidad no tiene carácter absoluto, se puede ordenar el embargo de recursos del presupuesto, cuando se trate de créditos a cargo del Estado que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos?.

De ahí que, se puede ordenar el embargo de estos recursos (art. 594 CGP y art. 195 parágrafo 2 CPACA) cuando se reclama el pago de créditos u obligaciones: (i) de origen laboral cuyo pago no se ha obtenido por la vía administrativa o judicial?; (ii) de sentencias judiciales”; (iii) la ejecución de una obligación clara, expresa y exigible contenida en un título emanado del Estado5 y iv) de los recursos de destinación específica, si las obligaciones reclamadas tienen como fuente alguna de las actividades a las que estaban destinados estos recursosf., .. >

4. La parte demandante solicitó medida cautelar de embargo y secuestro del dinero que tiene depositada la Fiscalía General de la Nación en cuentas bancarias y que, según lo informado por algunas entidades bancarias, hace parte del presupuesto general de la Nación. Adujo que no aplica el “principio de inembargabilidad”, pues la obligación está contenida en una sentencia. Como la medida cautelar de embargo

según lo informado por algunas entidades bancarias, hace parte del presupuesto general de la Nación. Adujo que no aplica el “principio de inembargabilidad”, pues la obligación está contenida en una sentencia. Como la medida cautelar de embargo y secuestro pretende asegurar la ejecución de una sentencia proferida por esta jurisdicción, procede el embargo y secuestro del dinero depositado en esas cuentas, pues corresponde a uno de los eventos en que —según se indicó [núm. 3])- no aplica la inembargabilidad prevista en el artículo 594 CGP, por ello, se revocará el auto apelado. RESUELVE REVÓCASE el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 9 de julio de 2021 y, en su lugar se dispone: PRIMERO: DECRÉTESE el embargo y retención de los dineros que tenga la 2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-354 de 1997 [fundamento jurídico 6]. 3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-546 de 1992 [fundamento jurídico 5.2.2]. Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-546 de 1992 [fundamento jurídico 5.2.2] y sentencia C-354 de 1997 [fundamento jurídico 6]. 5 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-103 de 1994 [fundamento jurídico d]. 8 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-793 de 2002 [fundamento jurídico 7].5 Expediente n. 68.156

Demandante: Rubén Dario Silva Alzate y otros Revoca auto de primera instancia Nación-Fiscalía General de la Nación, incluidos aquellos que hagan parte del presupuesto general de la Nación por tratarse de la ejecución de una obligación

Demandante: Rubén Dario Silva Alzate y otros Revoca auto de primera instancia Nación-Fiscalía General de la Nación, incluidos aquellos que hagan parte del presupuesto general de la Nación por tratarse de la ejecución de una obligación contenida en una sentencia proferida por esta jurisdicción. LIMÍTESE la medida de embargo a la suma de $233.545.897 de conformidad con lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 13 de abril de 2021.

SEGUNDO: En firme esta decisión DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Presidente de la S ÓN e

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

YE! GUILLERMO SÁNCHÉX LUQUE MGL/LMM/Expediente electrónico. —