CE - 050012333000202000068011SENTENCIA20230928145105

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)

Demandante: Celia del Socorro Arias Arango Demandado: Nación —Ministerio de Defensa-Policía Nacional— Temas: Pensión de sobrevivientes. No procede aplicación del Decreto 758 de 1990.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 17 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora Celia del Socorro Arias Arango, por conducto de apoderad o, d emandó la nulidad del acto ficto originado en el silencio de la Administración frente a la petición de reconocimiento de la pensión de

Contencioso Administrativo, la señora Celia del Socorro Arias Arango, por conducto de apoderad o, d emandó la nulidad del acto ficto originado en el silencio de la Administración frente a la petición de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que presentó el 30 de julio de 2019, en calidad de cónyuge del extinto suboficial (r) José Fredy Rincón Castiblanco.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicita2

Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022) Demandante: Celia del Socorro Arias Arango que se condene a la demandada a : i) reconocer y pag ar de la pensión de sobrevivientes, desde el 24 de noviembre de 1999, en aplicación de la Ley 100 de 1993, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año; ii) pagar los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre las mesadas adeudadas; iii) actualizar la condena de conformidad con lo previsto en los artíc ulos 192 y 195 del CPACA; iv) pagar las costas y agencias en derecho.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la actora señaló los siguientes:

1. El señor José Fredy Rincón Castiblanco, nació el 7 de agosto de 1966 y falleció en hechos confusos ocurridos el 24 de noviembre de 1999, de manera violenta, en Miami, F lorida ( Estados Unidos ); previo a ello, estuvo vinculado a la Policía

en hechos confusos ocurridos el 24 de noviembre de 1999, de manera violenta, en Miami, F lorida ( Estados Unidos ); previo a ello, estuvo vinculado a la Policía Nacional, desde el 21 de abril de 1985 y hasta el 20 de febrero de 1998; fue retirado por voluntad de la Dirección Nacional de la entidad, en el grado sargento segundo, con un tiempo de servicio equivalente a 659.85 semanas.

1. El señor Rincón Castiblanco estaba casado con la señora Celia del Socorro Arias Arango, desde el 20 de febrero de 1993 y dependía económicamente de él.

1. La actora elevó petición a la entidad el 30 de julio de 2019 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; sin embargo, la entidad a la fecha de interposición de la demanda no había dado respuesta.

2.4. Afirma la a ccionante que la entidad vulnera los requisitos previstos en la ley para el reconocimiento de la pensión, debiendo tener en cuenta lo señalado por la Ley 100 de 1993 en sus artículos 46 y siguientes y normas concordantes, en tanto, el causante habría cotiz ado alrededor de 659 semanas, dado que el régimen especial contemplado en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 resultan adversos a los intereses de los beneficiarios del extinto sargento segundo de la Policía Nacional.3

Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)

Demandante: Celia del Socorro Arias Arango

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)

Demandante: Celia del Socorro Arias Arango

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, 10, 11, 13, 44, 48, 53, 228 y 230 de la Constitución Política; 16, 18, 21 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo; 11, 13 (numeral f), 14, 46, 47, 141, 151, 279 y 288 de la Ley 100 de 1993; y 138, 152 y 162 y demás normas concordantes de la Ley 1437 de 2011.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso , en esencia, lo siguiente:

1. Teniendo en cuenta que e l causante, José Fredy Rincón Castiblanco, prestó su fuerza laboral al servicio del Ministerio de Defensa —Policía Nacional — por un tiempo superior a 26 semanas anterior al momento de su fallecimiento, se causó la pensión de sobrevivientes al tenor de la Ley 100 de 1993, que constituye el mínimo de garantías y derecho a la seguridad social para los trabajadores del sector público y privado.

1. La entidad accionada desconoce que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han ordenado la aplicación y prevalencia de la normatividad general contemplada en la Ley 100 de 1993 sobre la normatividad en materia pensional de los regímenes especiales como el de los miembros de las Fuerzas Militares y la

Policía Nacional.

1.2. Contestación de la demanda

contemplada en la Ley 100 de 1993 sobre la normatividad en materia pensional de los regímenes especiales como el de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación —Ministerio de Defensa - Nacional— se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que de los supuestos fácticos no se vislumbra elemento de juicio que conduzca a la nulidad del acto demandado, por lo que este goza de la presunción de legalidad. Presentó las siguientes razones de defensa:4

Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022) Demandante: Celia del Socorro Arias Arango i) Ninguna de las situaciones exigidas en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 ocurren en el caso sub examine, por cuanto en el momento del fallecimiento del señor José Fredy Rincón Castiblanco este llevaba 21 meses y 4 días, que equivalen a 84 semanas, por fuera de la Policía Nacional, es decir que durante este tiempo no cotizó al sistema las 26 semanas requeridas.

1. El señor Rincón Castiblanco fue retirado el 20 de febrero de 1998, con un tiempo total de servicio de 13 años y 5 días ; es decir , que para el momento de su desvinculación no cumplió con el tiempo mínimo para el reconocimiento de la asignación de retiro, de acuerdo c on lo establecido en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, norma que establecía como requisito necesario para su reconocimiento y pago que el titular hubiera prestado sus servicios por un espacio de 15 años o más.

1212 de 1990, norma que establecía como requisito necesario para su reconocimiento y pago que el titular hubiera prestado sus servicios por un espacio de 15 años o más.

1. Si bien es cierto que la Ley 100 de 1993 resulta más favorable que lo dispuesto en el Decreto 1212 de 1990, que para que se puedan aplicar unas condiciones más favorables a la parte actora se requiere que los hechos que causan la pensión de sobrevivientes se hayan generado precisament e en vigencia de la ley que por favorable se pretende hacer valer.

Finalmente, pr opuso las excepciones que denominó: presunción de legalidad, inexistencia de vicios de nulidad y genérica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora. Basó su decisión en las siguientes

consideraciones:

1. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, coexistían diversos regímenes con requisitos y destinatarios distintos. Así, mediante el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041, se indicó quienes estarían sujetos al seguro5

Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022) Demandante: Celia del Socorro Arias Arango social obligatorio contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, entre ellos los trabajadores que pres ten sus servicios a entidades de derecho público, semioficiales o descentralizadas.

Posteriormente, el Decreto Reglamentario 232 de 1984 señaló que, para acceder a

trabajadores que pres ten sus servicios a entidades de derecho público, semioficiales o descentralizadas.

Posteriormente, el Decreto Reglamentario 232 de 1984 señaló que, para acceder a la pensión de invalidez era necesario: i) una pérdida de capacidad laboral permanente, determinada según lo establecido en el artículo 62 del Decreto 433 de 1971, ii) haber cotizado 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la invalidez o 300 semanas en cualquier tiempo. La anterior disposición fue derogada por el Decreto 758 de 1990, por medio del cual se aprobó el Acuerdo 049 del mismo año, en cuyo artículo 25 se establecieron los presupuestos necesarios para el reconocimiento pensional, así:

Artículo 25. Pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo común. Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de sobrevivientes en los siguientes casos: a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pe nsión de invalidez por riesgo común y, b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la pensión de invalidez o de vejez según el presente Reglamento.

1. Con la expedición de la Ley 100 de 1993, se creó el sistema de seguridad social integral, con el objetivo de amparar a la población en las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a través del reconocimiento de pensiones y otras prestaciones económicas, para los afiliados y sus beneficiarios, encaminadas a protege r sus derechos fundamentales y a crear mecanismos de carácter económico que

invalidez y muerte, a través del reconocimiento de pensiones y otras prestaciones económicas, para los afiliados y sus beneficiarios, encaminadas a protege r sus derechos fundamentales y a crear mecanismos de carácter económico que contrarrestaran las circunstancias de desamparo, pérdida de capacidad laboral o vulnerabilidad a las que se veían expuestos.

1. En lo relacionado con la pensión de sobreviviente s, el Sistema General en Pensiones estableció en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 que accedían al derecho a tal prestación, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que falleciera; o los miembros del grupo familiar del afiliado que falleciera, siempre y cuando este se encontrara cotizando al sistema y6

Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022) Demandante: Celia del Socorro Arias Arango hubiera cotizado por lo menos 26 semanas al momento de su fallecimiento o, que dejando de cotizar al sistema hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas en el año inmediatamente anterior al momento en que se produjera la muerte. Esta norma posteriormente fue modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 20036, exigiendo mayor número de semanas de cotización para acceder al derecho pensional.

1. La Ley 100 de 1993 exceptuó a los miembros de la Policía Nacional de la aplicación del Sistema General de Seguridad Social Integral. Sin embargo, el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, le permite a todo trabajador que, a su vigencia y cuando un mismo asunto se encuentre definido además en normas anteriores, le

aplicación del Sistema General de Seguridad Social Integral. Sin embargo, el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, le permite a todo trabajador que, a su vigencia y cuando un mismo asunto se encuentre definido además en normas anteriores, le asista derecho a que se le aplique la que estime más favorable, siempre que se someta a la totalidad de sus disposiciones.

1. En aplicación de la regla de favorabilidad conteni da en el citado artículo 288, se tiene que el régimen que más ampara a los beneficiarios de un miembro de la Policía Nacional que fallece, es el contenido en la normatividad general, en tanto, a la luz del régimen especial de la Institución, vigente en el año 1999, para efectos del reconocimiento de la pensión por muerte se exige que el Suboficial fallecido acreditare un tiempo de servicios mínimo de 15 años.

1. El plenario da cuenta de que el señor José Fredy Rincón Castiblanco falleció con posterioridad a su desvinculación de la Policía Nacional, en el exterior, y que la señora Celia del Socorro Arias Arango solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge . Si bien dicha petición no fue contestada durante el término legal previsto, configurándose un silencio administrativo negativo, la entidad pública, posteriormente , mediante Oficio S -2020-026016/ARPREGRUPE1.10 del 28 de mayo de 2020, neg ó el reconocimiento de la prestación económica solicitada, bajo el argumento de que no se acreditaba el tiempo mínimo de servicios exigido por el Decreto 1212 de 1990 a efectos de conceder la pensión deprecada y no podía darse aplicación al régimen general de pensiones.7

económica solicitada, bajo el argumento de que no se acreditaba el tiempo mínimo de servicios exigido por el Decreto 1212 de 1990 a efectos de conceder la pensión deprecada y no podía darse aplicación al régimen general de pensiones.7

Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022) Demandante: Celia del Socorro Arias Arango vii) De acuerdo con las disposiciones contenidas en el régimen prestacional especial aplicable a los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, vigente para la fecha del retiro del sargento segundo Rincón Castiblanco, resulta claro que este no habría alcanzado a cumplir el tiempo de servicios de 15 años para que sus beneficiarios pudiesen acceder a la pensión de sobrevivientes con ocasión de su deceso. Por ello, en aras al principio de favorabilidad y en desarrollo del principio de igualdad, debe acudirse a las disposiciones de la Ley 100 de 1993.

1. De la historia laboral allegada al proceso se advierte que la última cotización a pensión data del 20 de febrero de 1998; es decir, que para la fecha del fallecimiento (24 de noviembre de 1999 ) el sargento segundo retirado de la Policía Nacional se encontraba inact ivo en el sistema de seguridad social en pensione s y no se evidencian cotizaciones durante 21 meses antes de su fallecimiento.

En virtud de lo anterior, es evidente que el derecho reclamado se torna improcedente, en tanto que la Ley 100 de 1993 exige para los afiliados inactivos una densidad de cotizaciones no inferior a 26 semanas en el año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte , y tal requisito no se cumple en

una densidad de cotizaciones no inferior a 26 semanas en el año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte , y tal requisito no se cumple en el presente caso.

1.4. El recurso de apelación

La parte demandante solicitó revocar la sentencia y , en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Expuso las siguientes razones de inconformidad:

1. No se comparte que la sala , aun habiendo destacado en su cotejo normativo las disposiciones del Decreto 7 58 de 1990, haya dejado de aplicar precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado que indican que el juez de lo contenciosoadministrativo no está limitado para conocer del fondo del asunto a la luz del régimen pensional que invoque la parte que reclama el reconocimiento de la prestación, sino que tiene la obligación de aplicar el derecho y de resolver los conflictos sometidos a su conocimiento conforme la normatividad pensional que corresponda.8

Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)

Demandante: Celia del Socorro Arias Arango

1. De igual manera , dejó de lado precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional donde se da aplicación al principio de la condición más beneficiosa en materia pensiona l, que dan viabilidad a la aplicación del Decreto 758 de 1990, para el reconocimiento de la pensión de invalidez en el caso del afiliado que se invalida en vigencia de la Ley 860 de 2003.

1. En el presente caso, el causante dej ó acreditados los requisitos leg ales establecidos en dicha norma, para que su cónyuge acceda a la pensión de

invalida en vigencia de la Ley 860 de 2003.

1. En el presente caso, el causante dej ó acreditados los requisitos leg ales establecidos en dicha norma, para que su cónyuge acceda a la pensión de sobrevivencia, por cuanto hay prueba de su vinculación con la Policía Nacional el 21 de abril del año 1985 y que , con fundamento en los principios de igualdad y favorabilidad, con la entrada en vigencia del decreto citado se genera en este y sus beneficiarios una expectativa pensional que no se puede desconocer.

1.5. Alegatos de conclusión

Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.

1.6. Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no emitió concepto.

2. Consideraciones

Cuestiones previas

1. Del acto demandado. Configuración del silencio administrativo negativo.

Acto ficto o presunto.

La figura del silencio administrativo ha sido concebida con la finalidad de garantizar a los ciudadanos su derecho fundamental de petición y el acceso a la administración de justicia. Ocurre cuando, presentada una petición ante la administración pública,9

Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022) Demandante: Celia del Socorro Arias Arango transcurre el término establecido en la ley y esta no resuelve lo pertinente o lo hace sin decidir de fondo la petición, caso en el cual se configura un acto ficto, cuyo efecto jurídico consiste en que se tiene por tomada una decisión por parte de la administración, ya sea positiva o negativa, según sea el caso.1

sin decidir de fondo la petición, caso en el cual se configura un acto ficto, cuyo efecto jurídico consiste en que se tiene por tomada una decisión por parte de la administración, ya sea positiva o negativa, según sea el caso.1

En lo que respecta al silencio administrativo negativo el CPACA lo reguló en el artículo 83 de la siguiente manera:

Artículo 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.

En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que esta se hubiere de cidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión.

La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda (Resalta la Sala).

De conformidad con la normativa se configura el silencio administrativo negativo cuando han pasado tres meses desde la presentación de la petición sin que la entidad emita el acto administrativo contentivo de la respuesta y lo notifique en debida forma. En virtud de esta figura, con el acto ficto o presunto que de ella se deriva se entiende que la respuesta de la administración es negativa.

Puede configurarse en relación con la petición inicial y también respecto de la

debida forma. En virtud de esta figura, con el acto ficto o presunto que de ella se deriva se entiende que la respuesta de la administración es negativa.

Puede configurarse en relación con la petición inicial y también respecto de la interposición de los recursos en sede administrativa. En este último evento, recibe la denominación de silencio administrativo procesal o adjetivo y se materializa una vez vencidos dos meses desde que se incoó la impugnación respectiva sin que se hubiese notificado la decisión, tal como lo dispone el artículo 86 del CPACA.

1 Consejo de Estado . Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Radicación: 25000 -23-26-0001995-01143-01(14850). Actor: Bernardo Niño Infante. Demandado: Fondo Rotatorio de La Policía Nacional.

Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Bogotá, D. C. 8 de marzo de 2007.10

Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022) Demandante: Celia del Socorro Arias Arango Ahora, de acuerdo con el inciso 3 del artículo 83 ibidem, ante la ocurrencia del silencio administrativo negativo e l administrado puede (i) esperar hasta que la entidad emita el pronunciamiento respectivo, (ii) presentar los recursos en contra del acto ficto o presun to, o (iii) solicitar la nulidad de este a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.2

De igual manera, por mandato de la norma enunciada, la ocurrencia del silencio administrativo negativo no exonera de responsabilidad a la administración de responder la pe tición, salvo que el interesado (i) hubiese presentado los recursos

De igual manera, por mandato de la norma enunciada, la ocurrencia del silencio administrativo negativo no exonera de responsabilidad a la administración de responder la pe tición, salvo que el interesado (i) hubiese presentado los recursos contra el acto ficto presunto o que (ii) habiendo demandado la nulidad de este no se hubiese notificado el auto admisorio de la demanda.

Ocurrido el primer supuesto, la administración debe resolver el recurso interpuesto y de materializarse el segundo pierde la competencia para pronunciarse, caso en el cual le corresponde a la Jurisdicc ión de lo Contencioso Administrativo definir la controversia.

En el presente caso, se pretende la nulidad del acto ficto que se configuró por el silencio de la administración frente a la petición de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, p resentada el 30 de julio de 2019 ante el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, la cual, según los hechos de la demanda, a la fecha de presentación de esta aún no había sido resuelta. Sin embargo, la entidad demandada manifestó que sí dio respuesta a tal solicitud, por medio del Oficio S2020-026016-SEGEN del 28 de mayo de 2020, cuya copia allegó con la contestación.

Al respecto, se observa que la mencionada solicitud fue recibida en la entidad el 31 de julio de 2019, mientras que la respu esta data del 20 de mayo de 2020. Por su parte, la demanda fue radicada en el Tribunal el 18 de diciembre de 2019 y admitida

2 Consejo de Estado . Sala de lo Contencioso Administrativo . Sección Segunda . Subsección A. Radicación:

parte, la demanda fue radicada en el Tribunal el 18 de diciembre de 2019 y admitida

2 Consejo de Estado . Sala de lo Contencioso Administrativo . Sección Segunda . Subsección A. Radicación: 05001-23-33-000-2013-01457-01(0569-14). Actor: Mariela Oliva Castaño de Cadavid . Demandado: Municipio de Caucasia Antioquia. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Bogotá, D.C. 03 de marzo de 2016.11

Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022) Demandante: Celia del Socorro Arias Arango el 5 de octubre de 2020, una vez se subsanaron las falencias señaladas en el auto inadmisorio del 24 de enero de 2020.3

El citado acto expreso, aportado por la accionada, con el cual se dio respuesta a la petición de reconocimiento pensional, fue expedido antes de la admisión de la demanda y, por ende, de su notificación. Es decir, cuando la entidad aún tenía competencia para hacerlo. Sin embargo, no existe constancia de envío ni de recibido por la interesada o por su apoderado.

En efecto, el artículo 67 del CPACA dispone que las decisiones que pongan término a una actuación administrativa deben notificarse personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse y que en esta diligencia se entregará al interesado copia del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. No obstante, en ninguna parte del expediente se encuentra prueba de

del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. No obstante, en ninguna parte del expediente se encuentra prueba de la notificación personal del Oficio S-2020-026016-SEGEN del 28 de mayo de 2020, mediante alguna de las modalidades a que se refiere la norma.

En este orden, no queda duda de que se configuró el silencio administrativo negativo y, por ende, el acto demandable es el acto ficto , pues, se repite, si bien la entidad emitió pronunciamiento cuando aún tenía competencia para hacerlo, lo cierto es que este no tuvo la virtualidad de producir efectos jurídicos, por cuanto no fue notificado a la interesada.

1. Competencia del superior para resolver el recurso de apelación contra la sentencia.

El Código General del Proceso, en su artículo 320, prevé que el recurso de apelación tiene como objeto «que el superior examine la cuestión decidida,

3 Documento 4 del archivo «demanda digital».12

Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022) Demandante: Celia del Socorro Arias Arango únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión». Dicho recurso puede ser interpuesto por la parte a la que le haya sido desfavorable la decisión y su ejercicio materializa el principio de doble instancia consagrado en el artículo 31 de la Constitución Política de 1991.

A quien recurre le asiste la carga procesal de expresar lo motivos de inconformidad frente a la decisión de primera instancia, «pues dichas objeciones son las que

Política de 1991.

A quien recurre le asiste la carga procesal de expresar lo motivos de inconformidad frente a la decisión de primera instancia, «pues dichas objeciones son las que realmente deben ser analizadas y resueltas en la providencia de segunda instancia».4 La sustentación que se haga delimita el pronunciamiento del ad quem, dado que así lo ordena el artículo 328 del Código General del Proceso al señalar que «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante».

De ahí la necesidad de que sea sustentado, en tanto es la forma de dar a conocer las razones de disenso sobre los razonamientos hechos por el a quo en la providencia. Empero, es necesario que la sustentación se efectúe de la forma adecuada y en ella se plasmen no sol o los aspectos que se consideran lesivos al derecho o interés en discusión, sino, además, los motivos de inconformidad en concreto respecto a la decisión del a quo, lo que en suma determinará el objeto de análisis del ad quem y su competencia frente al caso.5

Este requisito permite desarrollar el principio de congruencia que debe cobijar toda decisión judicial, en la medida en que esta debe existir entre los argumentos esbozados en el recurso y los fundamentos del fallo que se impugna. Si bien este principio, por mandato del artículo 281 del CGP, hace alusión a la concordancia que debe existir entre la sentencia, los hechos y las pretensiones de la demanda como límite al juez para resolver el litigio, también se extiende al momento en que se recurre una pr ovidencia, de modo que en el recurso «se aleguen las

debe existir entre la sentencia, los hechos y las pretensiones de la demanda como límite al juez para resolver el litigio, también se extiende al momento en que se recurre una pr ovidencia, de modo que en el recurso «se aleguen las

4 Véase la sentencia del 10 de octubre de 2019, expediente 4719 -16, consejero Ponente: William Hernández Gómez 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de abril de 2011. Radicación 13001-2331-000-2004-00202-02(0417-10).13

Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022) Demandante: Celia del Socorro Arias Arango inconformidades que motivan su interposición, las cuales deben estar dirigidas a controvertir las razones expuestas en la providencia apelada».6

De esta manera, el marco conformado por la sentencia y el recurso de apelación es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda instancia y, en esa medida, el superior no tiene la libertad de suponer otros motivos que, a su juicio, debieron ser invocados en contra de la decisión.7 Si una de las partes está inconforme con la sentencia, es su responsabilidad atacar la decisión poniendo a disposición, tanto del juez como de la parte favorecida con la sentencia, las razones que, en su criterio, dejan sin fundamento la providencia judicial.8

De no presentarse el recurso en esas condiciones, no es posible para el juez su estudio de fondo, toda vez que carecería de fundamento, en tanto que un escrito de apelación que no contenga argumentos tendientes a desvirtuar las razones que

De no presentarse el recurso en esas condiciones, no es posible para el juez su estudio de fondo, toda vez que carecería de fundamento, en tanto que un escrito de apelación que no contenga argumentos tendientes a desvirtuar las razones que fundamentan el fallo de primera instancia impide un reexamen de estos, de carácter oficioso, por parte de la segunda instancia.9

Pues bien, la Sala encuentra que en el libelo la actora solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en calidad de cónyuge d el sargento segundo de la Policía Nacional, José Fredy Rincón Castiblanco, de conformidad con el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993, por resultar más favorable que el especial, previsto en el Decreto 1212 de 1990, en tanto que el causante no completó el tiempo de servicio exigido para acceder a la asignación de retiro.

El Tribunal denegó las pretensiones de la demanda, al encontrar que para la fecha del fallecimiento, el exti