CE - 050012333000202000390011SENTENCIA20230629180641

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: EJECUTIVO Radicación: 05001-23-33-000-2020-00390-01 (1984-2022)

Demandante: Martha Elena Tuberquia Mazo

Demandado: E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel

Temas: Ejecutivo – reintegro laboral, emolumentos durante los primeros 6 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel contra la sentencia proferida el 25 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia , por medio de la cual declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad ejecutada y dispuso seguir adelante la ejecución.

ANTECEDENTES

• La demanda1

La señora Martha Elena Tuberquia Mazo interpuso demanda ejecutiva con el fin de que se cumplan las sentencias proferidas el 18 de abril de 2012 y el 7 de noviembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, respectivamente, mediante las cuales se ordenó:

que se cumplan las sentencias proferidas el 18 de abril de 2012 y el 7 de noviembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, respectivamente, mediante las cuales se ordenó: i) el reintegro al mismo cargo que venía desempeñando en el momento de ser desvinculada o a otro de igual o superior categoría y; ii) el reconocimiento y pago de los haberes dejados de percibir desde la fecha del retiro hasta aquella en que se haga efectivo el reintegro.

1 Folios 1 a 8.2

Radicación: 05001-23-33-000-2020-00390-01 (1984-2022) Demandante: Martha Elena Tuberquia Mazo Como consecuencia de lo anterior solicitó que se librara mandamiento ejecutivo en los siguientes términos: i) por la suma de $53.421.721, por concepto de capital pendiente del pago liquidado por la demandada; ii) por la suma de $71.775.554, por concepto de intereses moratorios liquidados en los términos del artículo 177 del CCA2, desde el 15 de enero de 2015 y hasta la presentación de la demanda; iii) por los intereses que se causen desde la fecha de liquidac ión que se presenta con la demanda sobre la suma de $53.421.721 (1.º de febrero de 2020) y hasta el pago efectivo del anterior valor y; iv) condenar a la entidad demandada a las costas y agencias en derecho en el presente trámite.

• Hechos

La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente manera:

Que mediante las sentencias proferidas el 18 de abril de 2012 y el 7 de noviembre

agencias en derecho en el presente trámite.

• Hechos

La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente manera:

Que mediante las sentencias proferidas el 18 de abril de 2012 y el 7 de noviembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, respectivamente, se condenó a la Empresa Social del Estado, Hospital Manuel Uribe Ángel a reintegrar a la señora Tuberquia Mazo y al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

Que por Resolución 013 del 14 de enero de 2015, la ejecutada dio cumplimiento deficitario del pago, porque no se liquidó por concepto de intereses de mora ninguna suma de dinero; que no se liquidaron los salarios y prestaciones dejados de percibir de los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia y; que no se liquidaron los intereses a las cesantías hasta el año 2008.

Que p resentó reclamación por el pago efectuado, pero no s e obtuvo respuesta , tampoco se canceló ninguna suma de dinero con ocasión de la petición.

• Fundamentos de derecho de la demanda ejecutiva

Como tales se señalaron los artículos 192, 195 y 297 del CPACA;3 1653 del CC.4

La actora sostuvo que las referidas normas respaldaban sus pretensiones , por cuanto el fundamento para reclamar la liquidación y el pago de intereses de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, es lo señalado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 20 de

2 Código Contencioso Administrativo. 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

señalado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 20 de

2 Código Contencioso Administrativo. 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 4 Código Civil.3

Radicación: 05001-23-33-000-2020-00390-01 (1984-2022) Demandante: Martha Elena Tuberquia Mazo octubre de 2014, radicado número 52001 -23-31-000-2001-01371-02, consejero ponente: doctor Enrique Gil Botero.

Que e xiste amplia jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la aplicación del artículo 1653 en materia contenciosa administrativa.

• Contestación de la demanda

La E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en las siguientes excepciones:5

1. Pago total de la obligación demandada . Dice que el 15 de enero de 2015 la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado canceló a la demandante la suma de $200.530.668 correspondiente a los saldos a su favor.

1. Cumplimiento de la obligación demandada . Que la liquidación se realizó por parte de la E.S.E. desde la fecha de retiro, es decir, el 21 de octubre de 2003 hasta el 14 de marzo de 2014, en virtud de que la ejecutante presentó escrito manifestando su voluntad de no reintegrarse al cargo el 14 de enero d e 2015 , salarios que no devengó más allá de la fecha señalada por causas exclusivas a la demandante y que por obvias razones no le son exigibles cancelar.

manifestando su voluntad de no reintegrarse al cargo el 14 de enero d e 2015 , salarios que no devengó más allá de la fecha señalada por causas exclusivas a la demandante y que por obvias razones no le son exigibles cancelar.

1. Inexistencia del título ejecutivo -La parte actora debió demandar el acto administrativo mediante el cual se dio cumplimiento a la sentencia judicial.

Que si la parte demandante no se encontraba de acuerdo con los valores liquidados y reconocidos en el act o administrativo mediante el cual se dio cumplimiento a la orden judicial, debió demandar dicho acto y no presentar una demanda ejecutiva con fundamento en unas sentencias judiciales.

1. Inexistencia de la obligación demandada. Que l a entidad ejecutada d io cumplimiento a la decisión contenida en las sentencias que se adosaron como base del recaudo ejecutivo y procedió a pagar a la demandante el valor de las condenas ordenadas en las sentencias.

1. Falta de causa para pedir. Que la liquidación efectuada se realizó entre el 21 de octubre de 2003 y el 14 de marzo de 2014, fecha de ejecutoria de la sentencia, atendiendo a que la demandante no acudió a reintegrarse al cargo dispuesto mediante Resolución 642 del 3 de junio de 2014, reconociéndose los intereses de mora liquidados del 14 de marzo de 2014 (ejecutoria de la sentencia) al 14 de enero de 2015.

5 Folios 112 a 122vto.4

Radicación: 05001-23-33-000-2020-00390-01 (1984-2022) Demandante: Martha Elena Tuberquia Mazo vi) Abuso del derecho. Que la presentación de la demanda ejecutiva constituye un

Radicación: 05001-23-33-000-2020-00390-01 (1984-2022) Demandante: Martha Elena Tuberquia Mazo vi) Abuso del derecho. Que la presentación de la demanda ejecutiva constituye un abuso del derecho por parte de la demandante, teniendo en cuenta que, con el pago realizado a su favor por concepto de salarios y prestaciones sociales adeudadas, se cubre la totalidad de la obligación a cargo de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe

Ángel de Envigado.

1. Enriquecimiento sin causa. Que e n caso de que se realic e el pago que pretende la parte actora, conllevará a un enriquecimiento ilegal e injustificado de ésta, lo cual debe ser castigado conforme con la Ley.

1. Prescripción frente a la obligación. Que a tendiendo a que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia data del 18 de abril de 2012, confirmada por el Consejo de Estado el 7 de noviembre de 2013, quedando ejecutoriada el 14 de marzo de 2014 y la instauración del proceso ejecutivo por la parte demandante se realizó tan s ólo el 13 de febrero de 2020, se configuró la prescripción con fundamento en lo estipulado en el artículo 164 literal K de la Ley 1437 de 2011.

• La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia , mediante sentencia del 25 de febrero de 2022, declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad ejecutada y dispuso seguir adelante la ejecución , expresando que l as únicas excepciones susceptibles de estudio corresponden a las que denominó la ejecutada como «Pago total de la obligación demandada y Prescripción frente a la obligación », mientras

dispuso seguir adelante la ejecución , expresando que l as únicas excepciones susceptibles de estudio corresponden a las que denominó la ejecutada como «Pago total de la obligación demandada y Prescripción frente a la obligación », mientras que, frente a las demás propuestas serán rechazadas, por no estar enlistadas en el numeral 2.° del artículo 442 como viables para ser endilgadas dentro de un proceso ejecutivo, por tratarse del cob ro de obligaciones contenidas en una providencia judicial.

Que aun cuando la parte demandante denominó la excepción como «Prescripción frente a la obligación », la misma fue sustentada bajo el amparo del artículo 164 literal k) de la Ley 1437 de 2011, al aducir además que habían trascurrido 5 años desde la ejecutoria de la sentencia y la presentación de la demanda; razón por la cual se trataba de la alegación de la caducidad de la acción ejecutiva y no de una prescripción como forma de extinguir las obligaciones según los artículos 2353 y 2512 del Código Civil.5

Radicación: 05001-23-33-000-2020-00390-01 (1984-2022) Demandante: Martha Elena Tuberquia Mazo Que los cinco años para solicitar la ejecución de la sentencia fenecieron el 14 de septiembre de 2020, que la presente demanda ejecutiva fue radicada el 5 de febrero de 2020. Por lo tanto, la parte demandante presentó la demanda de la referencia siete meses y nueve días antes de que venciera el término de que trata el literal k) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Que respecto de los intereses a las cesantías, la ESE ejecutada en la Resolución

siete meses y nueve días antes de que venciera el término de que trata el literal k) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Que respecto de los intereses a las cesantías, la ESE ejecutada en la Resolución núm. 013 de 2015, se limitó a indicar «Intereses a la cesantía: 12% anual a partir de 2008 (sobre la cesantía causada en 2007) », sin embargo, no especifica por qué el reconocimiento es únicamente a partir del año 2008, faltando por reconocer el lapso comprendido entre octubre de 2003 y el año 2008 , en la forma peticionada por la parte ejecutante.

Que l a demandante en lo que se refiere a intereses moratorios pretende el reconocimiento de los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, sin embargo, en la Resolución núm. 013 de 2015 la demandada no efectuó reconocimiento alguno de este período y se limitó tan sólo a reconocerlos hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia.

Que los salarios y prestaciones sociales que debían cancelarse a la demandante fueron reconocidos desde la fecha de retiro, el 21 de octubre de 2003 , y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, el 14 de marzo de 2014, faltando por reconocer los 6 meses siguientes desde la ejecutoria de la sentencia, lo que significa que la entidad demandada todavía adeuda por concepto de salarios y prestaciones sociales lo correspondiente al período comprendido entre el 15 de marzo de 2014 y el 14 de septiembre de 2014.

Se ordenó seguir adelante la ejecución contra la E.S.E. Hospital Manuel Uribe

sociales lo correspondiente al período comprendido entre el 15 de marzo de 2014 y el 14 de septiembre de 2014.

Se ordenó seguir adelante la ejecución contra la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, en los términos del auto del 12 de marzo de 2020, por medio del cual se libró mandamiento ejecutivo.

• Los recursos de apelación

• La parte demandante indicó que el disenso únicamente se refiere a un punto que no se resolvió en la providencia, concretamente, no estaba de acuerdo con la decisión de no reconocer intereses a partir de la fecha de ejecutoria del auto que libró mandamiento de pago, pues considera que los mismos sí proceden.6

Radicación: 05001-23-33-000-2020-00390-01 (1984-2022) Demandante: Martha Elena Tuberquia Mazo Que no se discute que pasados seis meses de la ejecutoria de la sentencia dejaron de causarse los intereses de mora, por cuanto a la parte actora no le fue posible acreditar que entregó a la entidad demandada la documentación exigida para el pago de la condena, pero eso no debería impedir que, con el mandamiento de pago, se generen nuevamente intereses porque si se libró un mandamiento de pago es porque existe una obligación insoluta y, en esa misma medida, una vez se requiere la intervención de la ad ministración de justicia para el pago de esa obligación, naturalmente el deudor debe asumir las consecuencias de su no pago, como lo es, entre otras, el pago de intereses.6

• La E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia, sustentando que se equivoca la sentencia de primera instancia

entre otras, el pago de intereses.6

• La E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia, sustentando que se equivoca la sentencia de primera instancia al realizar una aplicación indebida de lo rituado en el artículo 177 del CCA (Decreto 01 de 1984), ordenándose el pago por concepto de salarios y prestaciones sociales de la demandante entre el 15 de marzo de 2014 y el 14 de septiembre de 2014, toda vez que con ello se contrar ía la teoría jurídica del enriquecimiento sin causa, por cuanto se tiene probado que la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado convocó a su reintegro a la ejecutante, señora Martha Elena Tuberquia Mazo , mediante la Resolución núm. 642 del 3 de junio de 2014, demandante que jamás apareció a reintegrarse a su cargo, por lo que no puede desconocerse que s ólo hasta el 14 de enero de 2015 se manifestó por parte de la señora Tuberquía Mazo su voluntad de no reintegrarse al cargo.

Que la sentencia ordena seguir adelante la ejecución en los términos del auto que libró el mandamiento de pago proferido el 12 de marzo de 2020, en el cual se contempló lo siguiente: «1.1. Por los intereses a las cesantías que debían cancelarse año tras año a la demandante, desde el año siguiente a la fecha de desvinculación hasta el año 2008»; sin embargo, los valores de los intereses a la s cesantías correspondiente al año 2007 en adelante se encuentran incluidos en la liquidación que le fue debidamente pagada a la señora Martha Elena Tuberquia Mazo, por consiguiente, bajo ninguna forma, precisa, es posible ordenar que se

cesantías correspondiente al año 2007 en adelante se encuentran incluidos en la liquidación que le fue debidamente pagada a la señora Martha Elena Tuberquia Mazo, por consiguiente, bajo ninguna forma, precisa, es posible ordenar que se pague nuevamente intereses a la cesantías correspondiente a los años 2007 y 2008, dado que ello constituiría un pago de lo no debido.

• Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 31 de mayo de 2022, por reunir los requisitos legales y en concordancia con lo regulado en el ordinal 3.° del artículo 322 del CGP y el parágrafo 2.º del artículo 243 del CPACA, se admitieron los recursos de apelación presentados por los recurrentes

6 Citó como fundamento la sentencia del 10 de octubre de 2019, consejero ponente: doctor Martín Bermúdez Muñoz, radicado interno núm. 62424.7

Radicación: 05001-23-33-000-2020-00390-01 (1984-2022) Demandante: Martha Elena Tuberquia Mazo contra la sentencia de primera instancia. Asimismo, se indicó que , una vez ejecutoriada la mencionada providencia, la secretaría pasar ía el expediente al Despacho para dictar sentencia , por lo que no se desarrolló etapa de alegatos de conclusión en segunda instancia.

La Sala decide, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

• El problema jurídico

Conforme a los recursos de apelación interpuesto s por la s partes , el problema jurídico se circunscribe a establecer si debe ordenarse el pago por concepto de salarios y prestaciones sociales de la demandante entre el 15 de marzo de 2014 y

Conforme a los recursos de apelación interpuesto s por la s partes , el problema jurídico se circunscribe a establecer si debe ordenarse el pago por concepto de salarios y prestaciones sociales de la demandante entre el 15 de marzo de 2014 y el 14 de septiembre de 2014 . Si hay lugar a ordenar el pago de los intereses a las cesantías que debían cancelarse año tras año a la demandante, desde el año siguiente a la fecha de desvinculación hasta el año 2008 . Y si deben reconocerse intereses moratorios a partir de la fecha de ejecutoria del auto que libró el mandamiento de pago.

• Generalidades del proceso ejecutivo

El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión judicial. En efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina tít ulo ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:

Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las provid encias que en procesos de

provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las provid encias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]. (Resaltado fuera del texto).8

Radicación: 05001-23-33-000-2020-00390-01 (1984-2022) Demandante: Martha Elena Tuberquia Mazo Por su parte, el artículo 297 del CPACA establece que constit uyen título ejecutivo, entre otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago, conforme lo dispone el 430 del CGP.

Por su parte, el ejecutado puede presentar las excepciones de mérito en ejercicio legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.

Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».7

• El caso concreto

Se encuentran establecidos los siguientes hechos:

ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».7

• El caso concreto

Se encuentran establecidos los siguientes hechos:

• El 18 de abril de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la demandante contra la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, mediante la cual dispuso lo siguiente:8

FALLA: […] SEGUNDO: ORDÉNESE a la entidad demandada a reintegrar a la señora MARTHA ELENA TUBERQUIA MAZO al mismo cargo que venía desempeñando en el momento de ser desvinculada o a otro de igual superior categoría.

TERCERO: ORDÉNESE a la parte demandada a reconocer y pagar a la señora MARTHA ELENA TUBERQUIA MAZO, los haberes dejados de percibir desde la fecha del retiro hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre 2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el profesor, Eduardo J. Coutere, en su obra Fundament os de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”». 8 Folios 13 a 24.9

el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”». 8 Folios 13 a 24.9

Radicación: 05001-23-33-000-2020-00390-01 (1984-2022)

Demandante: Martha Elena Tuberquia Mazo

[…]

QUINTO: ORDÉNESE el respectivo descuento de las sumas actualizadas e indexadas que hubiese cancelado la entidad demandada al actor, a título de indemnización o liquidación de prestaciones.

[…]

• El 7 de noviembre de 2013, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia, modificó los ordinales primero y quinto de la siguiente forma:

[…] 1º.- MODIFÍCASE el numeral primero de la sentencia de 18 de abril de 2012, proferida por la Sala de Descongestión – Subsección Laboral del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de inaplicar el Acuerdo No. (sic) 01 4 de 15 de octubre de 2003, expedido por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado (Antioquia).

2º. MODIFÍCASE el numeral quinto de la misma providencia, en el sentido de ordenar descontar de la condena únicamente la suma que le fue pagada a la actora a título de indemnización por la supresión de su cargo, debidamente indexada.

• El 14 de marzo de 2014, quedó ejecutoriado el anterior fallo, según lo hizo constar

el Tribunal Administrativo de Antioquia.9

indemnización por la supresión de su cargo, debidamente indexada.

• El 14 de marzo de 2014, quedó ejecutoriado el anterior fallo, según lo hizo constar

el Tribunal Administrativo de Antioquia.9

• El 3 de junio de 2014, por Resolución 642, la demandada ordenó el reintegro al cargo de la señora Martha Elena Tuberquia Mazo.10

• El 14 de enero de 2015, la demandante manifestó al gerente del Hospital Manuel Uribe Ángel que renunciaba a la posibilidad de reintegrarse al cargo de auxiliar de enfermería.11

• Por Resolución 013 del 14 de enero de 2015, la demandada reconoció y ordenó a favor de la señora Tuberquia Mazo el pago por concepto de capital e intereses , la suma de $200.530.668.12

9 Folio 9. 10 Folios 63. 11 Folios 98vto. 12 Folios 92 a 94.10

Radicación: 05001-23-33-000-2020-00390-01 (1984-2022) Demandante: Martha Elena Tuberquia Mazo - El 15 de enero de 2015 se consignó por parte del hospital a la señora Martha Elena, a través de Bancolombia, la cantidad de $200.530.668.13

a) Los salarios y prestaciones sociales de la demandante entre el 15 de marzo de 2014 y el 14 de septiembre de 2014

La parte demandada señaló que no es procedente el pago por concepto de salarios y prestaciones sociales de la demandante entre el 15 de marzo de 2014 y el 14 de septiembre de 2014, por cuanto se tiene probado que la E.S.E. Hospital Manuel

La parte demandada señaló que no es procedente el pago por concepto de salarios y prestaciones sociales de la demandante entre el 15 de marzo de 2014 y el 14 de septiembre de 2014, por cuanto se tiene probado que la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado convocó a su reintegro a la ejecutante, señora Martha Elena Tuberquia Mazo, mediante la Resolución núm. 642 del 3 de junio de 2014, voluntad administrativa que no fue acatada por la demandante, por lo que no puede desconocerse que s ólo hasta el 14 de enero de 2015 , por parte de la señora Tuberquía Mazo, se manifestó su voluntad de no reintegrarse al cargo.

La Sala aclara que la discusión en el presente asunto no consiste en el régimen aplicable cuando se trata de un reintegro laboral, esto es, si la normativa reguladora de la situación bajo estudio es el artículo 177 del CCA o el artículo 192 del CPACA, por cuanto la E.S.E. demandada únicamente invoca que la demandante no tiene derecho al pago de salarios y prestaciones sociales entre el 15 de marzo de 2014 y el 14 de septiembre de 2014, dado que esta manifestó su voluntad de no reintegrarse al cargo el 14 de enero de 2015.

Bajo este contexto, a continuación, se estudi ará el artículo 177 del CCA, el cual preceptúa al respecto:

Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Cuando se condene a la Nación, a

por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada. […] Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales co ndenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.

<Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorias después de este término.

13 Folio 96vto.11

Radicación: 05001-23-33-000-2020-00390-01 (1984-2022) Demandante: Martha Elena Tuberquia Mazo <Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.

hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.

<Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998> En asuntos de carácter laboral, cuando se condene a un reintegro y dentro del término de seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, éste no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo. (Subrayas fuera de texto).

Es de subrayar que cuando la disposición señala que en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo, se refiere a que la entidad expide la voluntad administrativa de cumplimiento y notifica a la persona interesada sobre el reintegro ordenado en la sentencia. En otros términos, de no llegarse a presentar la anterior actuación administrativa, la condenada pagará sí o sí todo tipo de emolumentos durante los primeros 6 meses.

Pues bien, en el ordinal tercero de la providencia del 18 de abril de 2012 se ordenó «a la parte demandada a reconocer y pagar a la señora MARTHA ELENA TUBERQUIA MAZO, los haberes dejados de percibir desde la fecha del retiro hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro».14

Asimismo, en la Resolución 013 del 14 de enero de 2015 se encuentra que la señora Martha Elena Tuberquia Mazo «fue convocada a reincorporarse mediante Resolución 642 del 3 de junio de 2014 que ordenó su reintegro y se le envió correspondencia certificada

Martha Elena Tuberquia Mazo «fue convocada a reincorporarse mediante Resolución 642 del 3 de junio de 2014 que ordenó su reintegro y se le envió correspondencia certificada a la dirección reportada por su apoderado en la ciudad de New Jersey (USA) el 21 de mayo15 de 2014, sin haberse obtenido respuesta de la funcionaria, sólo hasta el día de hoy cuando presenta un escrito manifestando su voluntad de no reintegrase al cargo».16

Igualmente, figura en el expediente que el 14 de enero de 2015 la demandante manifestó al gerente del Hospital Manuel Uribe Ángel que renunciaba a la posibilidad de reintegrarse al cargo de auxiliar de enfermería.17

14 Folio 23vto. 15 Mes citado textualmente de la mencionada voluntad administrativa. 16 Folio 92. 17 Folios 98vto.12

Radicación: 05001-23-33-000-2020-00390-01 (1984-2022) Demandante: Martha Elena Tuberquia Mazo Bajo este contexto , se señala que la parte demandada no demostró durante el trámite del proceso