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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 05001 23 33 000 2021 01275 01 (0073-2023)

Demandante: Universidad de Antioquia

Demandado: Carlos Alberto Bernal Parra

Temas: Apelación de auto que decreta medida cautelar de suspensión provisional

AUTO INTERLOCUTORIO __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra el auto del 25 de octubre de 2022, proferido p or el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante el cual se decretó una medida cautelar de suspensión provisional.

1. Antecedentes

1.1. Pretensiones de la demanda y solicitud de medida cautelar

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ,1 la Universidad de Antioquia, por conducto de apoderada judicial, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa 201 del 20 de mayo de 2005 , expedida por dicha institución educativa, a través de la cual ordenó pagarle al señor Carlos Alberto

apoderada judicial, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa 201 del 20 de mayo de 2005 , expedida por dicha institución educativa, a través de la cual ordenó pagarle al señor Carlos Alberto Bernal Parra el valor equivalente al ingreso base de liquidación que consagra el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1 En adelante CPACA.2

Radicación: 05001 23 33 000 2021 01275 01 (0073-2023) Demandante: Universidad de Antioquia Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar al demandado a restituirle las sumas pagadas , derivadas del acto enjuiciado, hasta el 31 de mayo de 2021, correspondientes a $ 261.238.240 COP, más los valores que se ocasionen con posterioridad , hasta que la sentencia se encuentre en firme.

Por otra parte, l a entidad accionante, en acápite especial de la demanda, pidió la suspensión provisional de la Resolución Administrativa 201 del 20 de mayo de 2005, por considerar que viola los artículos 48 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1, inciso 6, del Acto Legislativo 01 de 2005; 10 de la Ley 4.ª de 1992; «18 inciso 3°, y 228 (sic)» de la Ley 30 de 1992; 131 (en concordancia con el Decreto 2337 de 1996) y 151 (en concordancia con el artículo 5 del Decreto 1068 de 1995) de la Ley 100 de 1993; y 1 del Decreto 1158 de 1994. Lo anterior, por las siguientes

2337 de 1996) y 151 (en concordancia con el artículo 5 del Decreto 1068 de 1995) de la Ley 100 de 1993; y 1 del Decreto 1158 de 1994. Lo anterior, por las siguientes razones:

1. La Universidad de Antioquia no tenía la facultad para incluir las primas de servicios, de navidad y de vacaciones como factores de cotización, porque no estaban previstas en la normativa vigente para tal efecto.

1. Sin ser la entidad competente para reconocer mesadas pensionales, asumió temporalmente un pago que le correspondía directamente a la administradora de pensiones, tal y como lo estableció, en su momento, el artículo 14 del Decreto 692 de 1994 y, ho y en día, el artículo 5 del Decreto 1068 de 1995, ya que, por virtud del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, era obligación de todo empleador efectuar la afiliación de su personal al Sistema General de Seguridad Social, a más tardar el 30 de junio de 1995.

Aunado a lo anterior, « el Decreto 2337 de 1996, al establecer el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional en las Universidades oficiales e instituciones de educación superior de naturaleza territorial, señaló claramente la destinación del mismo, el cual estaría dirigido a quienes al 31 de diciembre de 1996, hubieran alcanzado la edad y el tiempo de servicios y a quienes faltándoles la edad, no se hubieran afiliado al Sistema, supuestos que no se cumplen en el presente caso, motivo por e l que a la Universidad de Antioquia no le asiste obligación pensional alguna, de manera total ni parcial, pues ningún sentido tendría haber efectuado la afiliación, pagado las3

que no se cumplen en el presente caso, motivo por e l que a la Universidad de Antioquia no le asiste obligación pensional alguna, de manera total ni parcial, pues ningún sentido tendría haber efectuado la afiliación, pagado las3

Radicación: 05001 23 33 000 2021 01275 01 (0073-2023) Demandante: Universidad de Antioquia cotizaciones y participado en la financiación de la prestación económica con el bono pensional, si pese a ello la obligación prestacional persistiera».2

1. Aunque la interpretación que en su momento se dio sobre el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 procuró brindar protección y favorabilidad a los exservidores de la institu ción, lo cierto es que no le asistía a la universidad la obligación de asumir el pago aludido, por lo que se está causando un detrimento patrimonial, ya que las sumas reconocidas a través del acto administrativo demandado se sufragan mes a mes.

1. El Consejo de Estado, en varias oportunidades, ha aceptado la tesis de suspender temporalmente los actos administrativos expedidos por la Universidad de Antioquia, mediante los cuales se han reconocido las diferencias pensionales iguales a las que estableció la resolución acusada.

1.2. Oposición a la solicitud de medida cautelar

El señor Carlos Alberto Bernal Parra, por conducto de apoderado judicial, se opuso a la solicitud de suspensión provisional presentada por la Universidad de Antioquia,3 con base en los motivos que se exponen a continuación:

1. El Acto Legislativo 01 de 2005 garantiza los derechos adquiridos y fue expedido con posterior idad a la resolución atacada, por lo cual no puede

con base en los motivos que se exponen a continuación:

1. El Acto Legislativo 01 de 2005 garantiza los derechos adquiridos y fue expedido con posterior idad a la resolución atacada, por lo cual no puede tener efectos retroactivos.

1. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, era obligación de la Universidad de Antioquia hacer los aportes pensionales. Por ende, no puede excusarse en el hecho de qu e el Instituto de Seguros Sociales 4 se negó a recibir los aportes correspondientes a las primas de vacaciones, de navidad y de servicio.

1. La Resolución Administrativa 201 del 20 de mayo de 2005 no establece un régimen salarial y prestacional en la Universidad de Antioquia, pues este se

2 Índice 2 de la plataforma Samai del Consejo de Estado. 3 Ibidem. 4 En adelante ISS.4

Radicación: 05001 23 33 000 2021 01275 01 (0073-2023) Demandante: Universidad de Antioquia encuentra previsto en la ley. Además, en el presente asunto no se debe aplicar el Decreto 1158 de 1994, sino el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1. La institución universitaria demandante siempre tuvo como salario mensual de cotización el señalado por la Ley 4.ª de 1992.

1. Conforme al contrato interadministrativo de concurrencia, celebrado el 12 de julio de 2002, el fondo del pasivo pensional debe tene r las cotizaciones que realizó el trabajador, por lo cual es necesario acudir a dicho fondo para que la pensión se pague de manera completa.

julio de 2002, el fondo del pasivo pensional debe tene r las cotizaciones que realizó el trabajador, por lo cual es necesario acudir a dicho fondo para que la pensión se pague de manera completa.

1. El artículo 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993 goza de cosa juzgada constitucional, ya que fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-168 de 1995.

1. Para el «1 de julio de 1995», el demandado tenía más de 50 años de edad y acumulaba más de 20 años de servicio, razón por la cual es beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, circunstancia que constituye un derecho adquirido.

1. Decretar la medida precautoria sin que se haya desarrollado el debate probatorio implicaría proferir una sentencia anticipada e incurrir en prejuzgamiento. Adicionalmente, no está demostrado el perjuicio irremediable que se causaría si no se concede la suspensión provisional del acto acusado. En cambio, si se accede a la cautela, se afectaría el derecho a la seguridad social del señor Bernal Parra.

1. Si la Universidad de Antioquia manifiesta que no tenía competencia para realizar el pago de la pensión, el funcionario que adoptó la decisión habría comprometido su responsabilidad penal y disciplinaria.

1. La figura de la subrogación, propia del derecho civil, es pertinente para resolver este caso.

1.3. El auto apelado5

Radicación: 05001 23 33 000 2021 01275 01 (0073-2023)

Demandante: Universidad de Antioquia

resolver este caso.

1.3. El auto apelado5

Radicación: 05001 23 33 000 2021 01275 01 (0073-2023) Demandante: Universidad de Antioquia El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, por auto del 25 de octubre de 2022 ,5 decretó la suspensión provisional de la Resolución Administrativa 201 del 20 de mayo de 2005 , expedida por la Universidad de

Antioquia, por las siguientes razones:

1. De acuerdo con el Decreto 1068 de 1995, los docentes de las universidades oficiales debían ser afiliados al Sistema General de Seguridad Social, a más tardar el 30 de junio de 1995. Desde esa fecha, la respectiva administradora de pensiones era la entidad encargada de reconocer las prestaciones económicas previstas en la Ley 100 de 1993.

1. El acto administrativo acusado fue expedido con desconocimiento de las competencias de la Universidad de Antioquia. Por ende, la continuación de los pagos genera un detrimento en las finanzas de la mencionada institución educativa.

1. El decreto de la medida cautelar no afecta el derecho a la seguridad social del demandado, dado que él seguirá percibiendo la mesada pensional que le paga la entidad de previsión correspondiente.

1.4. Los recursos de reposición y apelación

Inconforme con la anterior decisión , el apoderado judicial del señor Carlos Alberto Bernal Parra interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, 6 los cuales sustentó en los siguientes términos:

1. En este caso colisiona la gara ntía fundamental a la seguridad social de l

Bernal Parra interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, 6 los cuales sustentó en los siguientes términos:

1. En este caso colisiona la gara ntía fundamental a la seguridad social de l demandado y un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual debe atender las disposiciones constitucionales, que son superiores.

1. Para decretar la suspensión provisional, el a quo debía verificar la apariencia de buen derecho y el perjuicio por la mora. Además, tenía que realizar un juicio de ponderación de intereses en el cual se concluyera que resultaba

5 Ibidem. 6 Ibidem.6

Radicación: 05001 23 33 000 2021 01275 01 (0073-2023) Demandante: Universidad de Antioquia más gravoso para el interés público negar la cautela que concederla. En todo caso, la medida precautoria se decretó sin un debate probatorio previo.

1. En el auto apelado no se analizó la figura de la subrogación, vigente en el derecho civil.

1.5. El traslado de los recursos de reposición y apelación

La apoderada judicial de la Universidad de Antioquia se opuso a la prosperidad de los recursos de reposición y apelación, bajo el entendido de que i) la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional no está condicionada a un juicio de proporcionalidad o de ponderación de intereses ; ii) el tribunal analizó las normas superiores invocadas como vulneradas; iii) no se afecta el derecho a la seguridad social del demandado, pues este percibe una mesada pensional ; y iv) los argumentos que desarrolló el a quo son similares a los que ha expuesto el Consejo

superiores invocadas como vulneradas; iii) no se afecta el derecho a la seguridad social del demandado, pues este percibe una mesada pensional ; y iv) los argumentos que desarrolló el a quo son similares a los que ha expuesto el Consejo de Estado en casos similares.7

1.6. Decisión del recurso de reposición

Por auto del 15 de noviembre de 2022,8 el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, decidió no reponer el proveído del 25 de octubre de 2022, por razones similares a las que expuso en esta última providencia. Por consiguiente, concedió el recurso de apelación propuesto por la parte demandada, en el efecto devolutivo.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

El consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez no participa en la presente decisión porque le fue aceptado un impedimento dentro del presente asunto, cuando se desempeñaba como magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia.9

7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Ver auto del 13 de julio de 2021, el cual se encuentra en el índice 5 de la plataforma Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia.7

Radicación: 05001 23 33 000 2021 01275 01 (0073-2023)

Demandante: Universidad de Antioquia

2.2. Problema jurídico

Consiste en determinar si se cumplieron o no todos los requisitos para que el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Primera de Decisión , decretara la suspensión provisional de la Resolución Administrativa 201 del 20 de mayo de 2005,

Consiste en determinar si se cumplieron o no todos los requisitos para que el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Primera de Decisión , decretara la suspensión provisional de la Resolución Administrativa 201 del 20 de mayo de 2005, expedida por la Universidad de Antioquia, a través de la cual ordenó pagarle al señor Carlos Alberto Bernal Parra el valor equivalente al ingreso base de liquidación que consagra el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a fin de establecer si se debe confirmar o revocar el auto del 25 de octubre de 2022, proferido por el aludido tribunal.

Para efectos metodológicos, el estudio del presente asunto se realizará en el siguiente orden: i) la medida cautelar de suspensión provisional dentro del medio de control de nulidad y restabl ecimiento del derecho; ii) competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos de las universidades estatales; iii) competencia para reconocer la pensión de jubilación de los servidores públicos; y iv) solución del caso concreto.

2.3. La medida cautelar de suspensión provisional dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Los artículos 229 a 241 del CPACA regularon las medidas cautelares que se pueden decretar en los procesos declarativos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las cuales tienen como finalidad «proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia». 10 Igualmente, las mencionadas disposiciones normativas establecieron que la solicitud de la medida debe estar debidamente sustentada.

Por su parte, el artículo 230 del CPACA precisó que las medidas cautelares pueden

Igualmente, las mencionadas disposiciones normativas establecieron que la solicitud de la medida debe estar debidamente sustentada.

Por su parte, el artículo 230 del CPACA precisó que las medidas cautelares pueden ser de naturaleza preventiva, conservati va, anticipativa o de suspensión y deben relacionarse directa y necesariamente con las pretensiones de la demanda.

10 Artículo 229 del CPACA.8

Radicación: 05001 23 33 000 2021 01275 01 (0073-2023) Demandante: Universidad de Antioquia Ahora bien, dentro del catálogo de medidas se incluyó la suspensión provisional de los actos administrativos, la cual se encamina a conjurar temporalmente sus efectos y, en lo que concierne al medio de control de simple nulidad, puede decretarse por violación de las disposiciones indicadas en la demanda o en el escrito que contenga la solicitud de la medida, cuando tal violación surja: a) del análisis del acto enjuiciado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o b) del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

A su turno, esta corporación ha aclarado que al tenor de lo dispuesto en el Decreto 01 de 1984 ( Código Contencioso Administrativo) la medida precautoria solo procedía cuando existiera una «manifiesta infracción» 11 de las normas superiores por parte de la disposición enjuiciada, mientras que bajo el marco regulatorio del CPACA12 no se exige que esta sea evidente, ostensible, notoria, palmaria, a simple vista o «prima facie».13 En tal sentido, se ha concluido:

Así mismo esta Corporación ha señalado que el CPACA «amplió el campo de análisis

CPACA12 no se exige que esta sea evidente, ostensible, notoria, palmaria, a simple vista o «prima facie».13 En tal sentido, se ha concluido:

Así mismo esta Corporación ha señalado que el CPACA «amplió el campo de análisis que debe adelantar el juez competente y el estudio de los argumentos y fundamentos que se deriven de la aplicación normativa o cargos formulados contra el acto administrativo demandado que podrán servir de apoyo a la decisión de suspensión provisional, dando efectivamente prelación al fondo sobre la forma o sobre aspectos eminentemente subjetivos», lo cual, implica el estudio de la vulneración respectos (sic) de las normas superiore s invocadas junto la interpretación y aplicación desarrollada jurisprudencialmente en sentencias proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción.14

En este orden de ideas, el juez de lo contencioso administrativo, previo análisis del contenido del a cto acusado, de las normas invocadas como vulneradas y de los elementos probatorios allegados con la solicitud de medida cautelar, está facultado

11 «Artículo 152. El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos: 1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida. 2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud. 3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el pe rjuicio que la ejecución del acto

confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud. 3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el pe rjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor». 12 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 13 Ver entre otras las providencias del: (1) 24 de enero de 2014, expedido por el Consejero Mauricio Fajardo en el Expediente No. 11001-03-26-000-2013-00090-00 (47694); (2) 29 de enero de 2014 proferido por el Consejero Jorge Octavio Ramírez, emitido en el Expediente No. 11001-03-27-000-2013-00014- (20066); (3) de 30 de abril de 2014, proferido por el Consejero Carlos Alberto Zambrano, en el Expediente 11001-03-26-000-2013-0009000 (47694); (4) de 21 de mayo de 2014, emitido por la Consejera Carmen Teresa Ort iz en el Expediente No. 11001-03-24-000-2013-0534-00 (20946); (5) de 28 de agosto de 2014, proferido dentro del Expediente 1100103-27-000-2014-0003-00 (20731), con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez; y (6) 17 de marzo de 2015, emitido en el expe diente 11001-03-15-000-2014-03799-00, consejera de estado Sandra Lisset Ibarra.

Todas ellas citadas en el auto del 18 de agosto de 2017, Radicación número: 11001 -03-25-000-2016-0103100(4659-16), magistrada ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez, auto de 25 de enero de 2018, Radicación: 11001 -03-25-000-201700433-00 (2079-2017).9

Radicación: 05001 23 33 000 2021 01275 01 (0073-2023) Demandante: Universidad de Antioquia para determinar si la decisión atacada vulnera el ordenamiento jurídico y, en caso afirmativo, suspender el acto para que no produzca efectos.

Igualmente, debe tenerse en cuenta que lo anteriormente descrito corresponde a un estudio o análisis preliminar que versa sobre los planteamientos y pruebas que fundamenten la solicitud de la medida, es decir, se trata de una percepción previa y sumaria que, por regla general, se adopta en una etapa inicial del proceso. Entonces, la decisión sobre la medida comporta un primer acercamiento al debate, en el que se realizan interpretaciones normativas y valoraciones, pero sin que ello afecte o comprometa el contenido de la sentencia que debe poner fin a la cuestión litigiosa. Además, el artículo 229 del CPACA dispone que la decisión sobre la medida cautelar «no implica prejuzgamiento».

Los argumentos hasta aquí expuestos también se predican de la suspensión provisional dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; sin embargo, en la medida en que la pretensión se oriente «al resta blecimiento del

Los argumentos hasta aquí expuestos también se predican de la suspensión provisional dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; sin embargo, en la medida en que la pretensión se oriente «al resta blecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos».15

Sobre este aspecto vale indicar que al fallador de la medida precautoria se le dio un amplio margen para valorar los elementos de juicio allegados por las partes para definir la procedencia de la suspensión provisional, pero siempre bajo un marco mínimo probatorio, es decir, que al menos debe existir prueba sumaria de los perjuicios alegados por el demandante. En tal sentido, el C onsejo de Estado ha expuesto:

Sobre el perjuicio y su demostración sumaria, esta Corporación ha reiterado que “la prueba sumaria es un mecanismo demostrativo no sometido a controversia” sin que puedan aceptarse hechos evidentes porque ello “no puede suplir la exigencia legal, la que no quiere dejar el extremo a la calificación subjetiva del juzgador y/o a la simple afirmación de la demanda”16.

2.4. Competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos de las universidades estatales

15 Artículo 231 del CPACA. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Stella

Jeannette Carvajal Basto (E), providencia de 26 de julio de 2017, Radicación: 11001 -03-27-000-2015-0000400(21605), Actor: Consorcio Aseo Capital, S. A.10

Radicación: 05001 23 33 000 2021 01275 01 (0073-2023) Demandante: Universidad de Antioquia El artículo 62 de la Constitución Política de 1886, consagró la competencia del legislador para fijar, entre otros asuntos, las condiciones de jubilación en todos los órdenes y la clase de servicios que darían derecho a la pensión del tesoro púb lico,

en los siguientes términos:

Artículo 62. La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro público.

Con ocasión de la reforma constitucional efectuada a través del Acto Legislativo 01 de 1968, la competencia para fijar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos del orden nacional y el régimen prestacional de los empleados públicos se radicó exclusivamente en el Congreso de la República, así:

Artículo 76. Es función del Congreso reformar la Constitución por medio de actos legislativos, hacer las leyes y ejercer el control político sobre los actos de Gobierno y de la administración de acuerdo con los numerales 3º y 4º del artículo 103.

Por medio de las leyes ejerce las siguientes atribuciones:

legislativos, hacer las leyes y ejercer el control político sobre los actos de Gobierno y de la administración de acuerdo con los numerales 3º y 4º del artículo 103.

Por medio de las leyes ejerce las siguientes atribuciones:

[…]

9. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos, y f ijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales.

[…].17

Por su parte, el artículo 41 del mencionado acto legislativo modificó el artículo 120 de la Constitución Política de 1886, y en su numeral 21 consagró la autorización al presidente de la República para fijar la asignación salarial de los empleos del orden nacional central, dentro de las escalas de remuneración delimitadas por el Congreso de la Re pública de conformidad con el numeral 9 del artículo 76 previamente transcrito.

Posteriormente, la Constitución Política de 1991 le asignó al Congreso de la República la competencia para dictar las normas generales y señalar los objetivos y criterios que debe tener en cuenta el Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de la siguiente manera:

17 Constitución Política de 1886, artículo 76.11

Radicación: 05001 23 33 000 2021 01275 01 (0073-2023)

Demandante: Universidad de Antioquia

Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce r las siguientes funciones:

[…]

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales

Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce r las siguientes funciones:

[…]

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

[…]

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;

[…].

En desarrollo de la anterior norma constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 4.ª de 1992,18 la cual dispuso, entre otras cosas, lo siguiente:

Artículo 1. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico;

[…].

Artículo 2. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:

a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;

b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;

c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo;

[…].

Artículo 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo

c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo;

[…].

Artículo 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

Más adelante, el artículo 77 de la Ley 30 de 1992, por la cual se organizó el servicio público de educación superior, estableció que «[e]l régimen salarial y prestacional

18 «[m]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política»12

Radicación: 05001 23 33 000 2021 01275 01 (0073-2023) Demandante: Universidad de Antioquia de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4ª de 1992, los decretos reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan».

Con base en lo anterior, se concluye que, ni a la luz de la Carta Política de 1886 ni a partir de la Constitución de 1991 las universidades públicas pueden expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento en normas distintas a las emitidas por

Con base en lo anterior, se concluye que, ni a la luz de la Carta Política de 1886 ni a partir de la Constitución de 1991 las universidades públicas pueden expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento en normas distintas a las emitidas por el Congreso de la República y/o el Gobierno nacional, según la época, pues no tienen facultades para ello.

2.5. La competencia para reconocer la pensión de jubilación de los servidores públicos

Antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, el artículo 75 del Decreto 1848 de 1969 19 regulaba la competencia para el reconocimiento de la pensión de jubilación de los servidores públicos en el sentido de que la aludida función estaba radicada en la entidad de previsión a la que estuvo afiliado el servidor; empero, si tal afiliación no se verificó o no existía, la carga prestacional correspondía a la última entidad pública empleadora.

Posteriormente, en desarrollo del artícu