CE - 050012333000202101747011AUTOQUERESUEL20230801164959

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de Control de Protección de los Derechos e Inte reses Colectivos Núm. único de radicación: 050012333000202101747-01

Actor: Personería de Vigía del Fuerte

Demandados: Municipio Vigía del Fuerte ; Departamento de Antioquia ; Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABÁ1; Unidad Nacional para la Gestión de l Riesgo de Desastres2; Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica 3; y Nación - Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio4

Asunto: Resuelve los recursos de a pelación interpuestos contra un auto que decretó una medida cautelar

AUTO INTERLOCUTORIO

La Sala procede a resolver los recursos de a pelación interpuesto s por el Municipio de Vigía del Fuerte5 y la Gobernación de A ntioquia6 contra el auto de 10 de febrero de 2022 proferido por el Tribunal Administr ativo de Antioquia, por medio del cual se decretó una medida cautelar.

1 El artículo 24 de la Ley 65 de 26 de d iciembre de 1968 creó la Corporación Regional d e Desarrollo de Urabá, como establecimiento público descentralizad o. El artículo 23 de la Ley 99 de 22 d e diciembre de 1993 establece que las Corpo raciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público,

Urabá, como establecimiento público descentralizad o. El artículo 23 de la Ley 99 de 22 d e diciembre de 1993 establece que las Corpo raciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica. A su tur no, el artículo 40 d e la Ley 99 transformó la Corporación Autón oma Regional d el Urabá en la Corporación para el Desarrollo So stenible del Urabá – CORPOURABA y dispuso que e sta se org anizará como una Corporación Autónoma Regional. 2 El Decreto 4147 de 3 de noviembre de 20 11 di spuso en su artículo 1 la c reación de l a Un idad Administrativa Espe cial denominada Unidad Na cional para l a Gestión del Riesgo de Desastres, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio pro pio, del nivel des centralizado, de la Rama Ejecutiva, del orden nacional, ads crita al Departame nto Admini strativo de la Presidencia de la República. 3 Los artículos 38 y 56 de la Ley 489 de 29 de dici embre de 1998 establece n que la Rama Ejecutiva del Poder Público en el sector central y en el orden nacional está integrada, entre otros, por la Presidencia de la República, la cual estará integrada por el conjunto de servicios auxiliares del Presidente de la República y su régimen será el de un Departamento Administrativo. 4 El artículo 14 de la Ley 1444 de 4 de mayo de 2011 dispuso la creación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyos o bjetivos y funciones serán los esc indidos del M inisterio de Ambiente, Vivienda y

4 El artículo 14 de la Ley 1444 de 4 de mayo de 2011 dispuso la creación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyos o bjetivos y funciones serán los esc indidos del M inisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de acuerdo con el artículo 11 de esa misma ley. A su turno, el artículo 38 de la Ley 489 establece que la Rama Ejecutiva del Poder Público en el sector central y en el orden nacional está integrada, entre otros, los ministerios. 5 Cfr. Índice 2 Sistema de Gestión Judicial SAMAI ED_102APELACIONVIGIADEL(.pdf) NroActua 2. 6 Cfr. Índice 2 Sistema de Gestión Judicial SAMAI ED_100GOBERNACIONAPELAA(.pdf) NroActua 2.2

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La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes ; ii) Consideraciones de la Sa la; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El señor Giver Daniel Cuesta Mosquera, actuando en calidad de Personero Municipal de Vigía del Fuerte , presentó demanda, en ejercicio del respectivo medio de cont rol, contra el Municipio de Vigía del Fuerte, el Departamento de Antioquia, la Corporación p ara el Desarrollo Sostenible del Urabá , la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Presidencia de la República

Antioquia, la Corporación p ara el Desarrollo Sostenible del Urabá , la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda , Ciudad y Territorio con el objeto de que se protejan los derechos e intereses colectivos: i) a la seguridad y salubridad pública; ii) a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y iii) al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, presuntamente vulnerados por las entidades accionadas.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones7:

“[…] PRIMERO: Ordenar al (sic) La Alcaldía del Municipio de Vigía del Fuerte, que en coordinación con el Departamento de Antioquia , Presidencia de la República, Unidad Nacional para l a Gestión del Riesgo de Desastres, CORPOURABÁ, Ministerio de vivienda ciudad y territorio, y las entidades del orden Nacional responsables frente a la atenci ón y prevención de riesgos, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentar ias: adelanten las gestiones administrativas, presupuestales y financieras ante las autoridades competentes para obtener la reubicación definitiva de la comu nidad de la Playa Murrí (sic), teniendo en cuenta los principios de concurrencia, subsidiaridad y c oordinación previstos en la Ley 1523 y las competencias establecidas en el Decreto Ley 4819 de 2010 y así evitar que se sigan vulnerando los derechos e intereses c olectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la realizació n de las construcciones, edificaciones y desarrollo urbanos respetando las

de 2010 y así evitar que se sigan vulnerando los derechos e intereses c olectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la realizació n de las construcciones, edificaciones y desarrollo urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes de este corregimiento.

SEGUNDO: Ordenar al (sic) La Alcaldía del Municipio de Vigía del Fuerte, que en coordinación con el Departamento de Antioquia , Presidencia de la República, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, CORPOURABÁ, Ministerio de vivienda ciudad y territorio, estructuren y gestionen u n Plan d e Acción, con actividades a corto, mediano y largo plazo, encaminadas a proteger la vida, bienes e integridad personal de los habitantes de la comun idad de La Playa Murrí (sic) y así evitar la consumación de riesgos que afecten su derechos e interés colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles.

7 Cfr. Índice 2 Sistema de Gestión Judicial SAMAI ED_002ACCIONPOPULARPD(.pdf) Nr oActua 2.3

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Dicho plan deberá conformar mesas técnicas que contribuyan a su estructuración.

TERCERO: Ordenar a Corpouraba que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentari as y en desarrollo de los principios de

Dicho plan deberá conformar mesas técnicas que contribuyan a su estructuración.

TERCERO: Ordenar a Corpouraba que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentari as y en desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiaridad positiva: i) apoye al Municipio de Vigía del Fuerte e n la implementación de los procesos de gestión de riesgo y en los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo; ii) realice actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres en Vigía del Fuerte, en coordinación c on el Municipio, así como con las autoridades competentes; y iii) asista al Municipio de Vigía del Fuerte y a las demás autoridades que tengan competencias en materia de prevención del riesgo en este territorio, en aspectos medio ambientales en la prevenci ón y atención de emergencias y desastres.

CUARTO: Las demás que considere usted señor Juez, con el objetivo de proteger a los habitantes del corregimiento de la Playa Murrí (sic) y sus derechos a la vida, seguridad y prevención de desastres previsibles técnica mente y el derecho a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollo urbanos […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora fundamentó su solicitud en los siguientes hechos:

3.1. Señaló que el corregimiento de La Playa de Murrí está ubicad o en la cuenca del Rio Murrí, en el Municipio de Vigía del Fuerte, con una población cercana a las 507 personas, que integran aproximadamente 152 familias. Agregó que esta comunidad ha sufrido durante varios años las inclemencias de l clima,

cuenca del Rio Murrí, en el Municipio de Vigía del Fuerte, con una población cercana a las 507 personas, que integran aproximadamente 152 familias. Agregó que esta comunidad ha sufrido durante varios años las inclemencias de l clima, que han ocasionado crecidas del rio y afectado en forma directa esa comunidad.

3.2. Manifestó que el Municipio Vigí a del Fuert e es una de las zona s más lluviosas del mundo, con una precipitación promedio de 369 milímetros, lo cual ocasiona constantes crecientes y aumentos en el caudal del rio Murrí, afectando con ello la seguridad y calidad de vida de los habitantes.

3.3. Indicó que en el transcurso del año 2020 se presentaron varias crecientes y que cinco de ellas ocasionaron graves daños a 20 familias de la comunidad , al punto que 20 casas fueron devastadas y arra sadas por el rio. Asimismo, que, en el transcurso del año 2021, 3 crecientes ocasionaron d años a 15 viviendas, poniendo nuevamente en peligro la vida de los habitantes del corregimiento de La Playa de Murrí.

3.4. Afirmó que la administración municipal ha citado a comités de gestión de riesgo tras las recurrentes temporadas de ll uvias, en el cual, se ha planteado la solución de la reubicación de la comu nidad de La Playa de Murrí , en una zona más alta, donde no haya afectaciones por el incremento del caudal del rio. Expuso que, en el comité de gestión del riesgo de 17 de noviembre de 2020, con intervención d el Secretario de Gobierno, se dejó clara la preocupación por la4

Expuso que, en el comité de gestión del riesgo de 17 de noviembre de 2020, con intervención d el Secretario de Gobierno, se dejó clara la preocupación por la4

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situación que atraviesa el corregimiento y las medidas necesarias para afrontar la problemática.

3.5. Señaló que las autoridades, administración municipal, la Personería y la Gobernación de Antioquia, realizaron visita a la comunidad el 4 de diciembre de 2020, para la verificación del terreno previsto para la reubicación y presentación de la propuesta para la construcción de las futuras viviendas. Agregó que, luego de dicha visita, no se han tenido informes o detalles sobre avances de la reubicación.

3.6. Afirmó que la Personería Municipal ha solicitado información y pronunciamiento de las entidades accionad as sobre la solicitud de reubicación del corregimiento de La Play a de Murrí y que a la fecha de la presentación de la demanda solo habían sido contestada por la Unidad Nacional para la Gestión de l Riesgo de Desastres, por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá.

3.7. Por último, expresó que es evidente la preocupación de la comunidad por nuevos hechos que pongan en riesgo los derechos colectivos y que pueda revestir de mayor gravedad y agreg ó que el Municipio de Vigía del Fuerte no

3.7. Por último, expresó que es evidente la preocupación de la comunidad por nuevos hechos que pongan en riesgo los derechos colectivos y que pueda revestir de mayor gravedad y agreg ó que el Municipio de Vigía del Fuerte no cuentan con albergues para ate nder a l a población, en caso de emergencia por una creciente súbita del rio Murrí , lo cual, según señala, implica que la reubicación es la medida más eficaz para proteger los derechos de los habitantes del corregimiento de La Playa de Murrí.

La solicitud de medida cautelar

4. La parte actora solicitó que se decretara la siguiente medida cautelar8:

“[…] La Ley 472 de 1998, en su artículo 25 señala:

[…]

Para prevenir un daño inminente y un perjuicio irremediable de los derechos colectivos de la población de La Playa Murrí (sic) y al estar plenamente probado el peligro que corre esta población ante un desastre natural, pues están ubicados en una zona de alto riesgo (en el cauce del rio Murrí que constantemente incremente sus aguas) señor juez le solicito el decreto medidas urgentes para la reubicación de los habitantes del corregimiento mencionado.

El Estado colombiano no ha aplicado políticas públicas dirigidas a la prevención de los desastres naturales sufridos por los habitantes del corregimiento de La Pl aya de Murrí, así mismo ha om itido planificar, prever y/o asistir en un eventual caso a las víctimas de estas catástrofes naturales. Su población se ve afectada con la

de Murrí, así mismo ha om itido planificar, prever y/o asistir en un eventual caso a las víctimas de estas catástrofes naturales. Su población se ve afectada con la

8 Cfr. Índice 2 Sistema de Gestión Judicial SAMAI ED_002ACCIONPOPULARPD(.pdf) Nr oActua 2.5

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inundación del rio murrí de forma constante, expuestos a un desastre inminente, debido a que en medio de la ola inver nal las precipitaciones de agua aumentan y el rio Murrí aumenta su caudal. Los habitantes de este corregimiento se encuentran en un estado de debilidad manifiesta y con la reubicación inmediata se busca la prevención de una cat ástrofe como las ocurridas en Mocoa, Armero o la ocurrida recientemente en el Corregimiento de Baraudo del vecino departamento del Chocó.

Hay elementos de prueb a idóneos y validos que demuestran el riesgo que sufren los pobladores, estos le permitirán señ or juez motivar debidamente la decisión de disponer la medida cautelar para la protección de tales derechos […]”9.

Trámite de la medida cautelar

5. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió auto el 30 de septiembre de 2021 en el que resolvió sobre la admisión de la demanda y el traslado de l a medida cautelar. Se pronunciaron el Departamento de Antioquia, el Municipio de

2021 en el que resolvió sobre la admisión de la demanda y el traslado de l a medida cautelar. Se pronunciaron el Departamento de Antioquia, el Municipio de Vigía del Fuerte, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá , la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Min isterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Auto de 10 de febrero de 2022

6. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió auto de 10 de febrero de

2022 en el que resolvió lo siguiente:

“[…] Primero. Se DECRETA la medida cautelar consistente en: ORDENAR al Municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia), en coordinación con el Departamento de Antioquia, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias que: i) que, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de este auto efectúe un censo, que contenga el número de familias que habitan en esta zona que sean beneficiarias de la medida de reubicación, ii) adelante en el término de dos (2) meses las gestiones administrativas, técnicas y presupuestales neces arias an te las autoridades c ompetentes y establezca un plan de acción con su respectivo cronograma de ejecución, de modo para que a más tardar dentro de un (1) año siguiente, efectúe la reubicación definitiva de los habitantes del corregimiento de la Playa Murrí (sic) por encontrarse en un a zona en riesgo de desastre.

SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia), elaborar un programa o un plan de reubicación temporal que pueda ejecutarse en caso de

en riesgo de desastre.

SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia), elaborar un programa o un plan de reubicación temporal que pueda ejecutarse en caso de presentarse un desastre que ponga en peli gro la v ida e integridad de las personas que habitan en ese sector, en el marc o de la estrategia municipal para la gestión del riesgo de desastres, en el término máximo de tres (3) meses, contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

TERCERO: ORDENAR al Municipio de Vigía del Fuerte que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, realice un monitoreo permanente de las viviendas que se encuentran en riesgo y adopte las medidas que se requieran ante una eventual emergencia.

9 Transcripción literal del texto de la solicitud de medica cautelar.6

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CUARTO: Realizadas las ac tividades correspondientes, dentro de los c inco (5) días siguientes ambas entidades se servirán informar al Tribunal sobre las tareas cumplidas.

QUINTO: VINCULAR a la EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA – VIVA en la presente acción constitucional, como la entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado, conforme a los argumentos dados en la parte motiva de la presente providencia.

Por lo que se procederá por med io de la secretaria del Tribunal a notificar a l

administrativa encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado, conforme a los argumentos dados en la parte motiva de la presente providencia. Por lo que se procederá por med io de la secretaria del Tribunal a notificar a l buzón electrónico de dicha entidad, esta providencia, para que proceda de conformidad […]”10.

8.1. El Tribunal consideró que las pruebas aportadas en esta etapa procesal evidenciaban la realizació n de comités y ge stiones de reubicación de los habitantes del corregimiento de La Playa de Murrí , adelantadas con ocasión de los sucesos naturales que ha vivido la comunidad por las crecientes del caudal del rio, en los años 2020 y 2021, y la amenaza de inundación y socavación de las orillas del afluente hídrico.

8.2. El Tribunal destacó que el Municipio de Vigía del Fuerte no ha adoptado programas y acciones concretas de acuerdo con el cron ograma de ejecución , el cual no demostró un plazo cierto y determinado para que se materialice el proceso de reubicación d e la po blación de La Playa de Murrí ; de igual forma, evidenció que la administración no ha adquirido un predio o al menos iniciado el proceso de tr ámite de la licencia de cons trucción, no ha adelantado la construcción de a lgún pro grama o proyecto de vivien da, ni demostró un cronograma que haga factible que la reubicación de los habitantes del corregimiento tenga lugar en un plazo cierto y determinado.

8.3. Consideró consecuencialmente que, por un lado, de acuerdo a la Ley 1523 de 24 de abril de 201211 y atendien do a la responsabilidad que tienen los

corregimiento tenga lugar en un plazo cierto y determinado.

8.3. Consideró consecuencialmente que, por un lado, de acuerdo a la Ley 1523 de 24 de abril de 201211 y atendien do a la responsabilidad que tienen los alcaldes12 y gobernadores13 en materia de gestión del riesgo de desastre; y, por el otro, que e l informe técnico realizado por el DAGRAN indica que el asentamiento de La Playa de Murrí representa un escenario de riesgo por la amenaza de inundación y procesos de socavación de orillas en las márgenes del afluente hídrico, se encontraba probada una “[…] amenaza de desastre respecto de las familias y viviendas que se encuentran ubicadas en esta zona; por lo tanto, su reubica ción co nstituye la forma de protección de los derechos e intereses

10 Cfr. Índice 2 Sistema de Gestión Judicial SAMAI. 11 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desa stres y se esta blece el Sistema Nacional del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”. 12 El artículo 14 de la Ley 1523 prevé que los a lcaldes como jefes de la a dministración local representan al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastr es y, como cond uctores del desarrollo local, s on responsables directos de la implementación de los procesos de gestión del riesgo 13 los artículos 12 y 13 de la Ley 1523, los gobernadores son conductores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción.7

del Riesgo de Desastres a nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción.7

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colectivos invocados en la demanda pues se encuentra dentro del objeto y la causa petendi del proceso. […]”

8.4. En consecuencia, el despacho concluyó qu e, ant e la ame naza, se ordenaría al Municipio de Vigía del Fuerte, en coordinación con el Departamento de Antioquia, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, que: i) a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esa provid encia efectúe un censo que contenga el número de familias que habitan en esta zona y que sean beneficiarias de la medida de reubicación; ii) adelante las gestiones administrativas, técnicas y presupuestales necesarias ante las autoridades competentes y establezca un plan de acción con su respectivo cronograma de ejecución, de modo para que a más tardar dentro de un (1) año siguiente, efectúe la reubicación definitiva de los habitantes del corregimiento de La Playa de Murrí, por encontrarse en una zona en riesgo de desastre.

8.5. Asimismo, ordenó al Municipio , por un lado, elaborar un programa o plan de reubicación temporal que pueda ejecutarse en el evento de presentarse un desastre que ponga en peligro la vida e integridad de las persona s que habitan

8.5. Asimismo, ordenó al Municipio , por un lado, elaborar un programa o plan de reubicación temporal que pueda ejecutarse en el evento de presentarse un desastre que ponga en peligro la vida e integridad de las persona s que habitan en ese sector, en el marco de la estrategia municipal para la gestión del riesgo de desastres; y, por el otro, que realice un monitoreo permanente de las viviendas que se encuentran en riesgo y adopte la s medidas que se requieran ante una eventual emergencia.

Recursos de apelación

Recurso de apelación presentado por el Municipio de Vigía del Fuerte

7. El Municipio de Vigía del Fuerte interpuso recurso de apelación contra el auto proferido el 10 de febrero de 2022 y solicitó revocar el auto que decretó la medida cautelar, por impr ocedente, lo cual sustentó con fundamento en los

siguientes argumentos:

7.1. Señaló que no se cumplen los presupuestos del inciso segundo del artículo 2.°14 de la Ley 472 de 5 de agosto de 199815, ni el artículo 9° ibídem16; y que, por

14Artículo 2° Acciones Populares. Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se eje rcen para evit ar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agrav io sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. 15 Por la cual se desarrolla el a rtículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.8

cuando fuere posible. 15 Por la cual se desarrolla el a rtículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.8

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ello, las medidas solicitad as por la parte actora no cump len con los requisitos y condiciones que dispone la ley para acceder a ellas. Al respecto, agregó que, por un lado, lo ordenado constituiría la sentencia misma y que, en este caso, no se ha debatido ni probado el peligro inminente a los derechos e intereses colectivos, ni los demás elementos de la acción popular ; entre ellos, la competencia de otras entidades como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ; y, por el otro, que entre las funciones del Municipio no se encuentra la d e construir vivienda y que solamente le corresponde prestar ayuda o realizar aportes para programas de vivienda, en armonía con las competencias del Gobierno Nacional.

7.2. Indicó que se debió llamar a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como entidad nacional encargada para los casos de riesgos y desastres de la Nación, porque “[…] LOS RIOS SON NACIONALES Y SI DE ALLÍ PREVIENE EL DAÑO es menester que la Nación sea vinculada por dicha entidad […]”, al igual que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

7.3. Por último, explica que la atención del riesgo de desastre no solo se encuentra en cabeza del Municipio sino tamb ién de la Unidad Nacional de

[…]”, al igual que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

7.3. Por último, explica que la atención del riesgo de desastre no solo se encuentra en cabeza del Municipio sino tamb ién de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y que, por ello, “[…] de mantenerse tal medida se requiere la vinculación de oficio de la UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES […] y el Departamento [ …] como línea de apoyo [ …]” y que , de igual forma, s e debe esperar a conocer la perspectiva de “VIVA” en materia de reubicación del corregimiento.

Recurso de apelación presentado por el Departamento de Antioquia

8. El Departamento de Antioquia interpuso recurso de apelación, el cual fue corregido y aclarado, en el que solicitó “[…] revocar el auto que decreto la medida cautelar por improcedente […]” y que fundamentó en los siguientes argumentos:

8.1. Señaló que, teniendo en cuenta los fines y motivos de las acciones populares, previstas en los artículos 2.° y 9.° de la Ley 472 , la medida cautelar solicitada por el actor no reúne las condiciones y requisitos de ley para que se hubiere accedido a ella.

8.2. Manifiesta, p or un lado , que son las entidades municipales las competentes, de conformidad con la Constitución Política; la ley, en especial, la 388 de 1997; y los planes de or denamiento territorial, para resolver los asuntos

16 ARTÍCULO 9º. Procedencia de las Acciones Populares. Las ac ciones populare s pro ceden contra toda

388 de 1997; y los planes de or denamiento territorial, para resolver los asuntos

16 ARTÍCULO 9º. Procedencia de las Acciones Populares. Las ac ciones populare s pro ceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.9

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de su población en su territorio en materia de reubicación, distribución y definición de zonas de riesgo y prevención, no permitiendo asentamientos urbanos que pongan en riesgo a sus habitantes.

8.3. Por el ot ro, q ue la orden impartida por el Tri bunal implica que el Departamento no s olo debe adelantar las gestiones administrativas, técnicas y presupuestales, sino también labores de reubicación del corregimiento, lo cual es competencia exclusiva del Municipio.

8.4. Indicó q ue se debe esperar al de sarrollo del debate probatorio con el objeto de establecer la necesidad o no de la reubicación y que ello correspondería a una decisión definitiva, propia de la sentencia, debido a que en este caso no se ha probado el peligr o inminente, ni los demás sup uestos de la acción popular, entre ellos , la c ompetencia de otras entidades llamadas a proteger los derechos, como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

8.5. Afirmó que el Departamento no ostenta entre sus func iones la de

acción popular, entre ellos , la c ompetencia de otras entidades llamadas a proteger los derechos, como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

8.5. Afirmó que el Departamento no ostenta entre sus func iones la de “CONSTRUIR VIVIENDA” y que sus compe tencias se limitan a ayudar o ap ortar para los programas de vivienda en los municipios, en armonía con el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres porque “[…] los RIOS SON NACIONALES Y SI DE ALLÍ PREVIENE EL DAÑO es menester que la N ación sea v inculada por dicha entidad […]”, al igual que el Ministerio de Vivienda , C iudad y Territorio, autoridad respecto de la cual no se impartieron órdenes.

8.6. Agregó que en este caso no hay prueb a de que el Municipio de Vigía del Fuerte hub iere solicitado al Depar tamento de Antioquia apoyo para reubicar el Corregimiento de La Playa de Murr í. Lo que sí solicitó fue ayuda para el mejoramiento de vivienda.

8.7. Anotó que la solicitud no indica cuál es la “violación al medio ambiente y cuál es el da ño causado en forma inmi nente”, porque solamente se limita a indicar eventuales da ños futuros e inciertos. Agregó, por un lado, que la ge