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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 05001 23 33 000 2021 02131 01 (4749-2023)

Demandante: Universidad de Antioquia

Demandado: Jesús Hernando Castaño Gutiérrez

Temas: Apelación de auto que decreta medida cautelar de suspensión provisional

AUTO INTERLOCUTORIO __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra el auto del 26 de abril de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, mediante el cual se decretó una medida cautelar de suspensión provisional.

1. Antecedentes

1.1. Pretensiones de la demanda y solicitud de medida cautelar

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ,1 la Universidad de Antioquia, por conducto de apoderado judicial, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa 392 del 5 de julio de 2001, expedida por dicha institución

Contencioso Administrativo ,1 la Universidad de Antioquia, por conducto de apoderado judicial, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa 392 del 5 de julio de 2001, expedida por dicha institución educativa, a través de la cual ordenó pagarle al señor Jesús Hernando Castaño Gutiérrez el valor equivalente al ingreso base de liquidación que consagra el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1 En adelante CPACA.2

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02131 01 (4749-2023) Demandante: Universidad de Antioquia Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar al demandado a restituirle las sumas pagadas hasta el 31 de octubre de 2021, derivadas del acto enjuiciado, correspondientes a $ 269.164.787,18 COP, más los valores que se ocasionen con posterioridad, hasta que la sentencia se encuentre en firme.

Por otra parte, l a entidad accionante, en acápite especial de la demanda, pidió la suspensión provisional de la Resolución Administrativa 392 del 5 de julio de 2001, por considerar que viola los artículos 48 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1, inciso 6, del Acto Legislativo 01 de 2005; 10 de la Ley 4.ª de 1992; «18, inciso 3°, y 228 (sic)» de la Ley 30 de 1992; 131 (en concordancia con el D ecreto 2337 de 1996) y 151 (en concordancia con el artículo 5 del Decreto 1068 de 1995)

inciso 3°, y 228 (sic)» de la Ley 30 de 1992; 131 (en concordancia con el D ecreto 2337 de 1996) y 151 (en concordancia con el artículo 5 del Decreto 1068 de 1995) de la Ley 100 de 1993; y 1 del Decreto 1158 de 1994. Lo anterior, por las siguientes razones:

1. La Universidad de Antioquia no tenía la facultad para incluir las primas de servicios, de navidad y de vacaciones como factores de cotización, porque no estaban previstas en la normativa vigente para tal efecto.

1. Sin ser la entidad competente para reconocer mesadas pensionales, asumió temporalmente un pago que le correspondía d irectamente a la administradora de pensiones, tal y como lo estableció, en su momento, el artículo 14 del Decreto 692 de 1994 y, hoy en día, el artículo 5 del Decreto 1068 de 1995, ya que, por virtud del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, era obligación de todo empleador efectuar la afiliación de su personal al Sistema General de Seguridad Social, a más tardar el 30 de junio de 1995.

Aunado a lo anterior, « el Decreto 2337 de 1996, al establecer el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional en las Universidades oficiales e instituciones de educación superior de naturaleza territorial, señaló claramente la destinación del mismo, el cual estarí a dirigido a quienes al 31 de diciembre de 1996, hubieran alcanzado la edad y el tiempo de servicios y a quienes faltándoles la edad, no se hubieran afiliado al Sistema, supuestos que no se cumplen en el presente caso, motivo por el que a la Universidad

de diciembre de 1996, hubieran alcanzado la edad y el tiempo de servicios y a quienes faltándoles la edad, no se hubieran afiliado al Sistema, supuestos que no se cumplen en el presente caso, motivo por el que a la Universidad de Antioquia no le asiste obligación pensional alguna, de manera total ni3

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02131 01 (4749-2023) Demandante: Universidad de Antioquia parcial, pues ningún sentido tendría haber efectuado la afiliación, pagado las cotizaciones y participado en la financiación de la prestación económica con el bono pensional, si pese a ello la obligación prestacional persistiera».2

1. Aunque la interpretación que en su momento se dio sobre el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 procuró brindar protección y favorabilidad a los exservidores de la institución, lo cierto es que no le asistía a la universidad la obligación de asumir el pago aludido, por lo que se está causando un detrimento patrimonial, ya que las sumas reconocidas a través del acto administrativo demandado se sufragan mes a mes.

1. El Consejo de Estado, en varias oportunidades, ha aceptado la tesis de suspender temporalmente los actos administrativos expedidos por la Universidad de Antioquia, mediante los cuales se han reconocido las diferencias pensionales iguales a las que estableció la resolución acusada.

1.2. Oposición a la solicitud de medida cautelar

El señor Jesús Hernando Castaño Gutiérrez , por conducto de apoderad o judicial, se opuso a la solicitud de suspensión provisional presentada por la Universidad de Antioquia,3 con base en los motivos que se exponen a continuación:

El señor Jesús Hernando Castaño Gutiérrez , por conducto de apoderad o judicial, se opuso a la solicitud de suspensión provisional presentada por la Universidad de Antioquia,3 con base en los motivos que se exponen a continuación:

1. El Acto Legislativo 01 de 2005 garantiza los derechos adquiridos y fue expedido con posterior idad a la resolución atacada, por lo cual no puede tener efectos retroactivos.

1. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, era obligación de la Universidad de Antioquia hacer los aportes pensionales. Por ende, no puede excusarse en el hecho de qu e el Instituto de Seguros Sociales 4 se negó a recibir los aportes correspondientes a «las primas».

2 Índice 2 de la plataforma Samai del Consejo de Estado. 3 Ibidem. 4 En adelante ISS.4

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02131 01 (4749-2023) Demandante: Universidad de Antioquia iii) La Resolución Administrativa 392 del 5 de julio de 2001 no establece un régimen salarial y prestacional en la Universidad de Antioquia, pues este se encuentra previsto en la ley. Además, en el presente asunto no se debe aplicar el Decreto 1158 de 1994, sino el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1. La institución universitaria demandante siempre tuvo como salario mensual de cotización el señalado por la Ley 4.ª de 1992.

1. Conforme al contrato interadministrativo de concurrencia celebrado en el año 2002, el fondo del pasivo pensional debe tener los recursos económicos para

de cotización el señalado por la Ley 4.ª de 1992.

1. Conforme al contrato interadministrativo de concurrencia celebrado en el año 2002, el fondo del pasivo pensional debe tener los recursos económicos para pagar la cuota parte de la pensión de vejez.

1. El artículo 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993 goza de cosa juzgada constitucional, ya que fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-168 de 1995.

1. Para el «1 de julio de 1995», el demandado tenía más de 50 años de edad y acumulaba más de 20 años de servicio, razón por la cual es beneficiari o del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, circunstancia que constituye un derecho adquirido.

1. Decretar la medida precautoria sin que se haya desarrollado el debate probatorio implicaría proferir una sentencia anticipada e incurrir en prejuzgamiento. Adicionalmente, no está demostrado el perjuicio irremediable que se causaría si no se concede la suspensión provisional del acto acusado. En cambio, si se accede a la cautela, se afectaría el derecho a la seguridad social del señor Castaño Gutiérrez.

1. Si la Universidad de Antioquia manifiesta que no tenía competencia para realizar el pago de la pensión, el funcionario que adoptó la decisión habría comprometido su responsabilidad penal y disciplinaria.

1. La figura de la subrogación, propia del derecho civil, es pertinente para resolver este caso.5

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02131 01 (4749-2023)

1. La figura de la subrogación, propia del derecho civil, es pertinente para resolver este caso.5

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02131 01 (4749-2023)

Demandante: Universidad de Antioquia

1.3. El auto apelado

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, por auto del 26 de abril de 2023 ,5 decretó la suspensión provisional de la Resolución Administrativa 392 del 5 de julio de 2001 , expedida por la Universidad de Antioquia, por las siguientes razones:

1. De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 1068 de 1995, los servidores públ icos vinculados a las universidades oficiales debían s er afiliados al Sistema General de Seguridad Social, a más tardar el 30 de junio de 1995, fecha a partir de la cual el reconocimiento y pago de las pensiones estaría a cargo de las entidades que administraran los respectivos aportes.

1. La Universidad de Antioquia no tenía competencia para reconocer la pensión del demandado. Por lo tanto, la continuidad de los pagos podría afectar las finanzas de dicha institución.

1. El decreto de la medida cautelar no vulnera los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del señor Castaño Gutiérrez, pues este cuenta con una pensión de vejez reconocida por el ISS.

1.4. Los recursos de reposición y apelación

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado judicial del señor Jesús Hernando Castaño Gutiérrez interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación,6 los cuales sustentó en los siguientes términos:

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado judicial del señor Jesús Hernando Castaño Gutiérrez interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación,6 los cuales sustentó en los siguientes términos:

1. En este caso colisiona la gara ntía fundamental a la seguridad social del demandado y un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual debe atender las disposiciones constitucionales, que son superiores.

1. Para decretar la suspensión provisional, el a quo debía verificar la apariencia de buen derecho y el perjuicio por la mora. Además, tenía que realizar un juicio de ponderación de intereses en el cual se concluyera que resultaba

5 Índice 2 de la plataforma Samai del Consejo de Estado. 6 Ibidem.6

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02131 01 (4749-2023) Demandante: Universidad de Antioquia más gravoso para el interés público negar la cautela que concederla. En todo caso, se decretó la suspensión provisional sin un debate probatorio previo.

1. En el auto apelado no se analizó la figura de la subrogación, vigente en el derecho civil.

1.5. El traslado de los recursos de reposición y apelación

La Universidad de Antioquia, por intermedio de apoderad o judicial, solicitó desestimar los recursos interpuestos por la parte demandada,7 por las razones que se resumen a continuación:

1. Según el artículo 231 del CPACA, la procedencia de la suspensión provisional no está supeditada a un j uicio de proporcionalidad o de ponderación de intereses.

se resumen a continuación:

1. Según el artículo 231 del CPACA, la procedencia de la suspensión provisional no está supeditada a un j uicio de proporcionalidad o de ponderación de intereses.

1. El a quo sí analizó por qué se transgredieron las normas invocadas en la demanda y en la solicitud de medida cautelar. Adicionalmente, el Consejo de Estado ha confirmado este tipo de decisiones en casos similares.

1.6. Decisión del recurso de reposición

Por auto del 6 de junio de 2023,8 el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, decidió no reponer el proveído del 26 de abril de 2023 , por razones similares a las que expuso en esta última providencia. Por consiguiente, concedió el recurso de apelación propuesto por la parte demandada, en el efecto devolutivo.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

Consiste en determinar si se cumplieron o no todos los requisitos para que el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Cuarta de Oralidad, decretara la suspensión provisional de la Resolución Administrativa 392 del 5 de julio de 2001 , expedida por la Universidad de Antioquia, a través de la cual ordenó pagarle al señor

7 Ibidem. 8 Ibidem.7

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02131 01 (4749-2023) Demandante: Universidad de Antioquia Jesús Hernando Castaño Gutiérrez el valor equivalente al in greso base de liquidación que consagra el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a fin de

Demandante: Universidad de Antioquia Jesús Hernando Castaño Gutiérrez el valor equivalente al in greso base de liquidación que consagra el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a fin de establecer si se debe confirmar o revocar el auto del 26 de abril de 2023, proferido por el aludido tribunal.

Para efectos metodológicos, el estudio del presente asunto se realizará en el siguiente orden: i) la medida cautelar de suspensión provisional dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos de las universidades estatales; iii) competencia para reconocer la pensión de jubilación de los servidores públicos; y iv) solución del caso concreto.

2.2. La medida cautelar de suspensión provisional dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Los artículos 229 a 241 del CPACA regularon las medidas cautelares que se pueden decretar en los procesos declarativos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las cuales tienen como finalidad «proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia». 9 Igualmente, las mencionadas disposiciones normativas establecieron que la solicitud de la medida debe estar debidamente sustentada.

Por su parte, el artículo 230 del CPACA precisó que las medidas cautelares pueden ser de naturaleza preventiva, conservativa, anticipativa o de suspensión y deben relacionarse directa y necesariamente con las pretensiones de la demanda.

Ahora bien, dentro del catálogo de medidas se incluyó la suspensión provisional de

ser de naturaleza preventiva, conservativa, anticipativa o de suspensión y deben relacionarse directa y necesariamente con las pretensiones de la demanda.

Ahora bien, dentro del catálogo de medidas se incluyó la suspensión provisional de los actos administrativos, la cual se encamina a conjurar temporalmente sus efectos y, en lo que concierne al medio de control de simple nulidad, puede decretarse por violación de las disposiciones indicadas en la demanda o en el escrito que contenga la solicitud de la medida, cuando tal violación surja: a) del análisis del acto enjuiciado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o b) del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

9 Artículo 229 del CPACA.8

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02131 01 (4749-2023)

Demandante: Universidad de Antioquia

A su turno, esta corporación ha aclarado que al tenor de lo dispuesto en el Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo) la medida precautoria solo procedía cuando existiera una «manifiesta infracción» 10 de las normas superiores por parte de la disposición enjuiciada, mientras que bajo el marco regulatorio del CPACA11 no se exige que esta sea evidente, ostensible, notoria, palmaria, a simple vista o «prima facie».12 En tal sentido, se ha concluido:

Así mismo esta Corporación ha señalado que el CPACA «amplió el campo de análisis que debe adelantar el juez competente y el estudio de los argumentos y fundamentos que se deriven de la aplicación normativa o cargos formulados contra el acto administrativo demandado que podrán servir de apoyo a la decisión de suspensión

que debe adelantar el juez competente y el estudio de los argumentos y fundamentos que se deriven de la aplicación normativa o cargos formulados contra el acto administrativo demandado que podrán servir de apoyo a la decisión de suspensión provisional, dando efectivamente prelación al fondo sobre la forma o sobre aspectos eminentemente subjetivos», lo cual, implica el estudio de la vulneración respectos (sic) de las normas superiore s invocadas junto la interpretación y aplicación desarrollada jurisprudencialmente en sentencias proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción.13

En este orden de ideas, el juez de lo contencioso administrativo, previo análisis del contenido del acto acusado, de las normas invocadas como vulneradas y de los elementos probatorios allegados con la solicitud de medida cautelar, está facultado para determinar si la decisión atacada vulnera el ordenamiento jurídico y, en caso afirmativo, suspender el acto para que no produzca efectos.

Igualmente, debe tenerse en cuenta que lo anteriormente descrito corresponde a un estudio o análisis preliminar que vers a sobre los planteamientos y pruebas que fundamenten la solicitud de la medida, es decir, se trata de una percepción previa y sumaria que, por regla general, se adopta en una etapa inicial del proceso.

10 «Artículo 152. El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos: 1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida. 2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por

la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida. 2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud. 3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el pe rjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor». 11 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 12 Ver entre otras las providencias del: (1) 24 de enero de 2014, expedido por el Consejero Mauricio Fajardo en el Expediente No. 11001-03-26-000-2013-00090-00 (47694); (2) 29 de enero de 2014 proferido por el Consejero Jorge Octavio Ramírez, emitido en el Expediente No. 11001-03-27-000-2013-00014- (20066); (3) de 30 de abril de 2014, proferido por el Consejero Carlos Alberto Zambrano, en el Expediente 11001-03-26-000-2013-0009000 (47694); (4) de 21 de mayo de 2014, emitido por la Consejera Carmen Teresa Ort iz en el Expediente No. 11001-03-24-000-2013-0534-00 (20946); (5) de 28 de agosto de 2014, proferido dentro del Expediente 1100103-27-000-2014-0003-00 (20731), con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez; y (6) 17 de marzo de

2015, emitido en el expe diente 11001-03-15-000-2014-03799-00, consejera de estado Sandra Lisset Ibarra. Todas ellas citadas en el auto del 18 de agosto de 2017, Radicación número: 11001 -03-25-000-2016-0103100(4659-16), magistrada ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez, auto de 25 de enero de 2018, Radicación: 11001 -03-25-000-201700433-00 (2079-2017).9

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02131 01 (4749-2023) Demandante: Universidad de Antioquia Entonces, la decisión sobre la medida comporta un primer acercamiento al debate, en el que se realizan interpretaciones normativas y valoraciones, pero sin que ello afecte o comprometa el contenido de la sentencia que debe poner fin a la cuestión litigiosa. Además, el artículo 229 del CPACA dispone que la decisión sobre la medida cautelar «no implica prejuzgamiento».

Los argumentos hasta aquí expuestos también se predican de la suspensión provisional dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; sin embargo, en la medida en que la pr etensión se oriente «al restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos».14

Sobre este aspecto vale indicar que al fallador de la medida precautoria se le dio un amplio margen para valorar los elementos de juicio allegados por las partes para

la existencia de los mismos».14

Sobre este aspecto vale indicar que al fallador de la medida precautoria se le dio un amplio margen para valorar los elementos de juicio allegados por las partes para definir la procedencia de la suspensión provisional, pero siempre bajo un marco mínimo probatorio, es decir, que al menos debe existir prueba sumaria de los perjuicios alegados por el dem andante. En tal sentido, el Consejo de Estado ha expuesto:

Sobre el perjuicio y su demostración sumaria, esta Corporación ha reiterado que “la prueba sumaria es un mecanismo demostrativo no sometido a controversia” sin que puedan aceptarse hechos evidentes porque ello “no puede suplir la exigencia legal, la que no quiere dejar el extremo a la calificación subjetiva del juzgador y/o a la simple afirmación de la demanda”15.

2.3. Competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos de las universidades estatales

El artículo 62 de la Constitución Política de 1886, consagró la competencia del legislador para fijar, entre otros asuntos, las condiciones de jubilación en todos los órdenes y la clase de servicios que darían derecho a la pensión del tesoro público, en los siguientes términos:

Artículo 62. La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los

14 Artículo 231 del CPACA. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Stella

calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los

14 Artículo 231 del CPACA. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto (E), providencia de 26 de julio de 2017, Radicación: 11001 -03-27-000-2015-0000400(21605), Actor: Consorcio Aseo Capital, S. A.10

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02131 01 (4749-2023) Demandante: Universidad de Antioquia casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro público.

Con ocasión de la reforma constitucional efectuada a través del Acto Legislativo 01 de 1968, la competencia para fijar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos del orden nacional y el régimen prestacional de los empleados públicos se radicó exclusivamente en el Congreso de la República, así:

Artículo 76. Es función del Congreso reformar la Constitución por medio de actos legislativos, hacer las leyes y ejercer el control político sobre los actos de Gobierno y de la administración de acuerdo con los numerales 3º y 4º del artículo 103.

Por medio de las leyes ejerce las siguientes atribuciones:

[…]

9. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públi cos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así

[…]

9. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públi cos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales.

[…].16

Por su parte, el artículo 41 del mencionado acto legislativo modificó el artículo 120 de la Constitución Política de 1886, y en su numeral 21 consagró la autorización al presidente de la República para fijar la asignación salarial de los empleos del orden nacional central, dentro de las escalas de remuneración delimitadas por el Congreso de la Re pública de conformidad con el numeral 9 del artículo 76 previamente transcrito.

Posteriormente, la Constitución Política de 1991 le asignó al Congreso de la República la competencia para dictar las normas generales y señalar los objetivos y criterios que debe tener en cuenta el Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de la siguiente manera:

Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce r las siguientes funciones:

[…]

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

16 Constitución Política de 1886, artículo 76.11

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02131 01 (4749-2023)

Demandante: Universidad de Antioquia

[…]

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;

[…].

Demandante: Universidad de Antioquia

[…]

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;

[…].

En desarrollo de la anterior norma constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 4.ª de 1992,17 la cual dispuso, entre otras cosas, lo siguiente:

Artículo 1. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico;

[…].

Artículo 2. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:

a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;

b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;

c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo;

[…].

Artículo 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

Más adelante, el artículo 77 de la Ley 30 de 1992, por la cual se organizó el servicio

Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

Más adelante, el artículo 77 de la Ley 30 de 1992, por la cual se organizó el servicio público de educación superior, estableció que «[e]l régimen salarial y prestacional de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4ª de 1992, los decretos reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan».

17 «[m]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política»12

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02131 01 (4749-2023) Demandante: Universidad de Antioquia Con base en lo anterior, se concluye que, ni a la luz de la Carta Política de 1886 ni a partir de la Constitución de 1991 las universidades públicas pueden expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento en normas distintas a las emitidas por el Congreso de la República y/o el Gobierno nacional, según la época, pues no tienen facultades para ello.

2.4. La competencia para reconocer la pensión de jubilación de los servidores públicos

Antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, el artículo 75 del Decreto 1848

tienen facultades para ello.

2.4. La competencia para reconocer la pensión de jubilación de los servidores públicos

Antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, el artículo 75 del Decreto 1848 de 1969 18 regulaba la competencia para el reconocimiento de la pensión de jubilación de los servidores públicos en el sentido de que la aludida función estaba radicada en la entidad de previsión a la que estuvo afiliado el servidor; empero, si tal afiliación no se verificó o no existía, la carga prestacional correspondía a la última entidad pública empleadora.

Posteriormente, en desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política de 1991, la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral y estableció la obligatoriedad de afiliar al sistema a todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.19

Por su parte, el artículo 1 del Decreto 691 de 1994, 20 incorporó a los siguientes servidores al sistema general