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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 05001 23 33 000 2021 02143 01 (4602-2022)

Demandante: Universidad de Antioquia

Demandado: Marco Antonio Vallejo Ocampo

Temas: Apelación de auto que decreta medida cautelar de suspensión provisional

AUTO INTERLOCUTORIO __________________________________________________________________ Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra el auto proferido el 31 de marzo de 2022, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, mediante el cual se decretó una medida cautelar de suspensión provisional.

1. Antecedentes 1.1. La demanda 1.1.1. Pretensiones En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,1 la Universidad de Antioquia, por conducto de apoderado judicial, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa 550 del 16 de noviembre de 200 5, expedida por dicha institución educativa, a través de la cual ordenó pagarle al señor Marco Antonio Vallejo

formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa 550 del 16 de noviembre de 200 5, expedida por dicha institución educativa, a través de la cual ordenó pagarle al señor Marco Antonio Vallejo Ocampo el valor equivalente al IBL que dispone el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó

1 En adelante CPACA.2

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02143 01 (4602-2022) Demandante: Universidad de Antioquia condenar al accionado a restituirle las sumas pagadas con ocasión al acto enjuiciado, desde el 28 de mayo de 200 5 hasta el 31 de octubre de 2021, correspondientes a $ 210.077.173 COP, más los valores que se ocasionen con posterioridad y hasta que la sentencia se encuentre en firme. 1.1.2. La solicitud de medida cautelar La entidad, en acápite especial de la demanda, pidió la suspensión provisional de la Resolución Administrativa 550 del 16 de noviembre de 2005, al considerar que viola directamente los artículos 48 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1.º, inciso 6.º, del Acto Legislativo 01 de 2005; 10 de la Ley 4.ª de 1992; 18 inciso 3°, 131 (en concordancia con el Decreto 2337 de 1996) y 151 (en concordancia con el artículo 5 del Decreto 1068 de 1995) de la Ley 100 de 1993; y 1.º del Decreto 1158 de 1994. De igual modo, argumentó lo siguiente:

concordancia con el artículo 5 del Decreto 1068 de 1995) de la Ley 100 de 1993; y 1.º del Decreto 1158 de 1994. De igual modo, argumentó lo siguiente: i) La Universidad de Antioquia no tenía la facultad para incluir las primas de servicios, navidad y vacaciones como factores de cotización, porque no estaban previstas en la normativa vigente para tal efecto. ii) Sin ser la entidad competente para reconoce r mesadas pensionales, asumió temporalmente un pago que le correspondía directamente a la administradora de pensiones, tal y como lo estableció, en su momento, el artículo 14 del Decreto 692 de 1994 y, hoy en día, el artículo 5.º del Decreto 1068 de 1995, ya que, por virtud del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, era obligación de todo empleador efectuar la afiliación de su personal al Sistema General de Seguridad Social, a más tardar el 30 de junio de 1995. Aunado a lo anterior, « el Decreto 2337 de 1996, al establecer el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional en las Universidades oficiales e instituciones de educación superior de naturaleza territorial, señaló claramente la destinación del mismo, el cual estaría dirigido a quienes al 31 de diciembre de 1996, hubieran alcanzado la edad y el tiempo de servicios y a quienes faltándoles la edad, no se hubieran afiliado al Sistema, supuestos que no se cumplen en el presente caso, motivo por el que a la Universidad de Antioquia no le asiste obligación pensional alguna, de manera total ni parcial, pues ningún sentido tendría haber efectuado la afiliación, pagado las cotizaciones y participado en la financiación de3

caso, motivo por el que a la Universidad de Antioquia no le asiste obligación pensional alguna, de manera total ni parcial, pues ningún sentido tendría haber efectuado la afiliación, pagado las cotizaciones y participado en la financiación de3

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02143 01 (4602-2022) Demandante: Universidad de Antioquia la prestación económica con el bono pensional, si pese a ello la obligación prestacional persistiera».2 iii) Aunque la interpretación que en su momento se dio sobre el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 procuró brindar protección y favorabilidad a los exservidores de la institución, lo cierto es que no le asistía a la universidad la obligación para asumir el pago aludido, por lo que se está causando un detrimento patrimonial, ya que las sumas reconocidas a través del acto administrativo demandado se sufragan mes a mes. iv) El Consejo de Estado , en varias oportunidades, ha aceptado la tesis de suspender temporalmente los actos administrativos expedidos por la Universidad de Antioquia, mediante los cuales se han reconocido las diferencias pensionales iguales a las que estableció la resolución acusada. 1.1.3. Oposición a la medida cautelar El señor Marco Antonio Vallejo Ocampo , por conducto de apoderad a judicial, se opuso a la medida cautelar deprecada por la Universidad de Antioquia, en síntesis, con base en los siguientes argumentos: i) La solicitud precautoria está encaminada a desvirtuar la presunción de legalidad de un acto administrativo diferente al demandado, esto es, la Resolución

con base en los siguientes argumentos: i) La solicitud precautoria está encaminada a desvirtuar la presunción de legalidad de un acto administrativo diferente al demandado, esto es, la Resolución 12094 de 1999, y no la Resolución Administrativa 550 del 16 de noviembre de 2005. ii) No es cierto que la mencionada Resolución 550 del 16 de noviembre de 2005 desconoce el Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez que este último dispone una protección respecto de las situaciones jurídicas consolidadas antes de su entrada en vigor, entre ellas, la mesada pensional que ha percibido el señor Vallejo Ocampo por más de 17 años , la cual hace parte de su patrimonio . P or lo tanto, resulta inmodificable por las partes. iii) Emitir un pronunciamiento sobre la suspensión provisional pedida, sin que se lleve a cabo un d ebate probatorio previo, daría lugar a emitir un prejuzgamiento. Además, n o se acreditó la afectación al erario , pues el pago de los derechos prestaciones derivados de la subrogación se han garantizado financieramente mediante un contrato de encargo fiduciario.

2 Página 16 de la demanda visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado.4

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02143 01 (4602-2022) Demandante: Universidad de Antioquia iv) La universidad, al reconocer las diferencias pensionales que no concedió el Instituto de los Seguros Sociales (hoy Colpensiones), estuvo conforme al principio de favorabilidad y a los artículos 5 y 45 del Decreto 1045 de 1978. v) No está claramente probado el perjuicio irremediable, el cual es un requisito

de favorabilidad y a los artículos 5 y 45 del Decreto 1045 de 1978. v) No está claramente probado el perjuicio irremediable, el cual es un requisito indispensable para decretar la medida cautelar invocada. 1.2. El auto apelado El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, por auto del 31 de marzo de 2022,3 suspendió provisionalmente la Resolución Administrativa 550 del 16 de noviembre de 2005 , emitida por la Universidad de Antioquia, bajo las siguientes consideraciones: i) El ente universitario no tenía competencia para reconocer la diferencia que estimaba que existía entre lo pagado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales y lo que debía sufragarse conforme al inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. ii) Al contrastar el ac to administrativo enjuiciado y las normas que se estiman vulneradas, se puede concluir que este viola directamente el ordenamiento jurídico. 1.3. El recurso de apelación Inconforme con la anterior decisión , el señor Marco Antonio Vallejo Ocampo , por conducto de apoderada judicial, formuló recurso de alzada y expuso, en síntesis, las siguientes razones de oposición: i) El tribunal no hizo alusión a los argumentos esbozados en el escrito de oposición de la solicitud de suspensión provisional , ni sopesó la situación jurídica del demandado con los derechos pensionales que protege la Constitución Política, y que la Corte Con stitucional ha garantizado a través de su jurisprudencia, en el sentido de que la disminución de los ingresos que percibe un pensionado vulnera y afecta su mínimo vital y el de su grupo familiar.

y que la Corte Con stitucional ha garantizado a través de su jurisprudencia, en el sentido de que la disminución de los ingresos que percibe un pensionado vulnera y afecta su mínimo vital y el de su grupo familiar. ii) No se mencionó que la Universidad de Antioquia hubiese probado, aunque fuera sumariamente, «el perjuicio al erario público (sic) que la norma impugnada le causa», puesto que llegó a dicha conclusión «sin argumentos ni pruebas».

3 Índice 2 de la plataforma SAMAI.5

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02143 01 (4602-2022) Demandante: Universidad de Antioquia iii) Con la providencia impugnada se anticipó la decisión de fondo, lo cual afecta gravemente sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, pues el momento oportuno para definir si el ente universitario es o no competente para reco nocer unas diferencias pensionales, es en la sentencia. Por ende, hubo prejuzgamiento. iv) Se desconoció el derecho a la igualdad, ya que el tribunal ha denegado solicitudes de suspensión provisional idénticas a la deprecada en el sub lite. 1.4. Traslado del recurso El apoderado de la Universidad de Antioquia solicitó ratificar el auto impugnado, por las siguientes razones: i) Arguyó que e l ente universitario no puede expedir actos de reconocimiento pensional, pues con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 , se trasladó esa competencia al entonces Instituto de Seguros Sociales. ii) Precisó que se debe aplicar el precedente del Consejo de Estado a través del

pensional, pues con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 , se trasladó esa competencia al entonces Instituto de Seguros Sociales. ii) Precisó que se debe aplicar el precedente del Consejo de Estado a través del cual ha confirmado el decreto de medidas cautelares similares a la que hoy ocupa la atención de la Sala.4

2. Consideraciones 2.1. Problema jurídico Consiste en determinar si se cumplieron o no todos los requisitos para que el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Tercera de Oralidad , decretara la suspensión provisional de la Resolución Administrativa 550 del 16 de noviembre de 2005, a través de la cual se ordenó pagarle al señor Marco Antonio Vallejo Ocampo el valor equivalente al IBL que consagra el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a fin de establecer si se debe revocar o confirmar el auto del 31 de marzo de 2022, proferido por el aludido tribunal.

Para efectos metodológicos, el estudio del presente asunto se realizará en el siguiente orden: i) la medida cautelar de suspensión provisional dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) competencia para fijar el

4 Al respecto, citó las siguientes providencias expedidas por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) auto del 27 de enero de 2017, expediente 05001 23 33 000 2014 01906 01 (2598-2015) y ii) auto del 9 de febrero de 2017, expediente 05001 23 33 000 2015 00110 01 (2912-2015) M. P., Lisset Ibarra Vélez.6

01 (2598-2015) y ii) auto del 9 de febrero de 2017, expediente 05001 23 33 000 2015 00110 01 (2912-2015) M. P., Lisset Ibarra Vélez.6

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02143 01 (4602-2022) Demandante: Universidad de Antioquia régimen prestacional de los empleados públicos de las universidades estatales; iii) competencia para reconocer la pensión de jubilación de los servidores públicos; y iv) solución del caso concreto. 2.2. La medida cautelar de suspensión provisional dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Los artículos 229 a 241 del CPACA regularon las medidas cautelares que se pueden decretar en los procesos declarativos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las cuales tienen como finalidad «proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia». 5

Igualmente, las mencionadas disposiciones normativas establecieron que la solicitud de la medida requiere estar debidamente sustentada. Por su parte, el artículo 230 del CPACA precisó que las medidas cautelares pueden ser de naturaleza preventiva, conservativa, anticipativa o de suspensión y deben relacionarse directa y necesariamente con las pretensiones de la demanda. Ahora bien, dentro del catálogo de medidas se incluyó la suspensión provisional de los actos administrativos, la cual se encamina a conjurar temporalmente sus efectos y, en lo que concierne al medio de control de simple nulidad, puede decretarse por violación de las disposiciones indicadas en la demanda o en el escrito que contenga

los actos administrativos, la cual se encamina a conjurar temporalmente sus efectos y, en lo que concierne al medio de control de simple nulidad, puede decretarse por violación de las disposiciones indicadas en la demanda o en el escrito que contenga la solicitud de la medida, cuando tal violación surja: a. del análisis del acto enjuiciado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o b. del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. A su turno, esta Corporación ha aclarado que al tenor de lo dispuesto en el Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo) la medida precautoria solo procedía cuando existiera una «manifiesta infracción» 6 de las normas superiores por parte de la disposición enjuiciada, mientras que bajo el marco regulatorio del

5 Artículo 229 del CPACA. 6 «Artículo 152. El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos: 1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida. 2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud. 3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor».7

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02143 01 (4602-2022) Demandante: Universidad de Antioquia CPACA7 no se exige que esta sea evidente, ostensible, notoria, palmaria, a simple

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02143 01 (4602-2022) Demandante: Universidad de Antioquia CPACA7 no se exige que esta sea evidente, ostensible, notoria, palmaria, a simple vista o «prima facie».8 En tal sentido, se ha concluido: Así mismo esta Corporación ha señalado que el CPACA «amplió el campo de análisis que debe adelantar el juez competente y el estudio de los argumentos y fundamentos que se deriven de la aplicación normativa o cargos formulados contra el acto administrativo demandado que podrán servir de apoyo a la decisión de suspensión provisional, dando efectivamente prelación al fondo sobre la forma o sobre aspectos eminentemente subjetivos», lo cual, implica el estudio de la vulneración respectos

(sic) de las normas superiores invocadas junto la interpretación y aplicación desarrollada jurisprudencialmente en sentencias proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción.9 En este orden de ideas, el juez de lo contencioso administrativo, previo análisis del contenido del act o acusado, de las normas invocadas como vulneradas y de los elementos probatorios allegados con la solicitud de medida cautelar, está facultado para determinar si la decisión atacada vulnera el ordenamiento jurídico y, en caso afirmativo, suspender el acto para que no produzca efectos. Igualmente, debe tenerse en cuenta que lo anteriormente descrito corresponde a un estudio o análisis preliminar que versa sobre los planteamientos y pruebas que fundamenten la solicitud de la medida, es decir, se trata de una percepción previa y sumaria qu e, por regla general, se adopta en una etapa inicial del proceso. Entonces, la decisión sobre la medida comporta un primer acercamiento al debate,

fundamenten la solicitud de la medida, es decir, se trata de una percepción previa y sumaria qu e, por regla general, se adopta en una etapa inicial del proceso. Entonces, la decisión sobre la medida comporta un primer acercamiento al debate, en el que se realizan interpretaciones normativas y valoraciones, pero sin que ello afecte o comprometa el contenido de la sentencia que debe poner fin a la cuestión litigiosa. Además, el artículo 229 del CPACA dispone que la decisión sobre la medida cautelar «no implica prejuzgamiento». Los argumentos hasta aquí expuestos también se predican de la suspensión provisional dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho;

7 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 8 Ver entre otras las providencias del: (1) 24 de enero de 2014, expedido por el Consejero Mauricio Fajardo en el Expediente No. 11001 -03-26-000-2013-00090-00 (47694); (2) 29 de enero de 2014 proferido por el Consejero Jorge Octavio Ramírez, emitido en el E xpediente No. 11001-03-27-0002013-00014- (20066); (3) de 30 de abril de 2014, proferido por el Consejero Carlos Alberto Zambrano, en el Expediente 11001-03-26-000-2013-00090-00 (47694); (4) de 21 de mayo de 2014,

emitido por la Consejera Carmen Teresa Ort iz en el Expediente No. 11001 -03-24-000-2013-053400 (20946); (5) de 28 de agosto de 2014, proferido dentro del Expediente 11001 -03-27-000-20140003-00 (20731), con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez; y (6) 17 de marzo de 2015, emitido en el expe diente 11001-03-15-000-2014-03799-00, consejera de estado Sandra Lisset Ibarra. Todas ellas citadas en el auto del 18 de agosto de 2017, Radicación número: 11001 -03-25000-2016-01031-00(4659-16), magistrada ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez, auto de 25 de enero de 2018, Radicación: 1100103-25-000-2017-00433-00 (2079-2017).8

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02143 01 (4602-2022) Demandante: Universidad de Antioquia sin embargo, en la medida en que la pretensión se oriente «al restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos».10

Sobre este aspecto vale indicar que al fallador de la medida precautoria se le dio un amplio margen para valorar los elementos de juicio allegados por las partes para definir la procedencia de la suspensión provisional, pero siempre bajo un marco mínimo probatorio, es decir, que al menos debe existir prueba sumaria de los

un amplio margen para valorar los elementos de juicio allegados por las partes para definir la procedencia de la suspensión provisional, pero siempre bajo un marco mínimo probatorio, es decir, que al menos debe existir prueba sumaria de los perjuicios alegados por el demandante. En tal sentido, el Consejo de Estado ha expuesto: Sobre el perjuicio y su demostración sumaria, esta Corporación ha re iterado que “la prueba sumaria es un mecanismo demostrativo no sometido a controversia” sin que puedan aceptarse hechos evidentes porque ello “no puede suplir la exigencia legal, la que no quiere dejar el extremo a la calificación subjetiva del juzgador y/o a la simple afirmación de la demanda”11. 2.3. Competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos de las universidades estatales El artículo 62 de la Constitución Política de 1886 consagró la competencia del legislador para fijar, entre otros asuntos, las condiciones de jubilación en todos los órdenes y la clase de servicios que darían derecho a la pensión del tesoro público, en los siguientes términos:

Artículo 62. La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro público.

Con ocasión de la reforma constitucional efectuada a través del Acto Legislativo 01 de 1968, la competencia para fijar las escalas de remuneración de las distintas

público.

Con ocasión de la reforma constitucional efectuada a través del Acto Legislativo 01 de 1968, la competencia para fijar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos del orden nacional y el régimen prestacional de los empleados públicos se radicó exclusivamente en el Congreso de la República, así:

Artículo 76. Es función del Congreso reformar la Constitución por medio de actos legislativos, hacer las leyes y ejercer el control político sobre los actos de Gobierno y de la administración de acuerdo con los numerales 3º y 4º del artículo 103.

10 Artículo 231 del CPACA. 11 Consejo de Es tado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto (E), providencia de 26 de julio de 2017, Radicación: 11001 -0327-000-2015-00004-00(21605), Actor: Consorcio Aseo Capital, S. A.9

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02143 01 (4602-2022) Demandante: Universidad de Antioquia Por medio de las leyes ejerce las siguientes atribuciones:

(…)

9. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales.

(…).12

Por su parte, el artículo 41 del mencionado acto legislativo modificó el artículo 120 de la Constitución Política de 1886, y en su numeral 21 consagró la autorización al

como el régimen de sus prestaciones sociales.

(…).12

Por su parte, el artículo 41 del mencionado acto legislativo modificó el artículo 120 de la Constitución Política de 1886, y en su numeral 21 consagró la autorización al presidente de la República para fijar la asignación salarial de los empleos del orden nacional central, dentro de las escalas de remuneración delimitadas por el Congreso de la República de conformidad con el numeral 9 del artículo 76 previamente transcrito.

Posteriormente, la Constitución Política de 1991 le asignó al Con greso de la República la competencia para dictar las normas generales y señalar los objetivos y criterios que debe tener en cuenta el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de la siguiente manera:

Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce r las siguientes funciones:

(…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

(…)

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;

(…).

En desarrollo de la anterior norma constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 4.ª de 1992,13 la cual dispuso, entre otras cosas, lo siguiente:

12 Constitución Política de 1886, artículo 76. 13 «[m]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los

12 Constitución Política de 1886, artículo 76. 13 «[m]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política»10

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02143 01 (4602-2022) Demandante: Universidad de Antioquia Artículo 1. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico;

(…).

Artículo 2. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:

a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;

b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;

c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo;

(…).

b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;

c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo;

(…).

Artículo 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Le y o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

Más adelante, el artículo 77 de la Ley 30 de 1992, por la cual se organizó el servicio público de educación superior, estableció que «[e]l régimen salarial y prestacional de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4ª de 1992, los decretos reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan».

Con base en lo anterior, se concluye que, ni a la luz de la Carta Política de 1886 ni a partir de la Constitución de 1991 las universidades públicas pueden expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento en normas distintas a las emitidas por el Congreso de la República y/o el Gobierno Nacional, según la época, pues no tienen facultades para ello. 2.4. La competencia para reconocer la pensión de jubilación de los servidores públicos Antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, el artículo 75 del Decreto 1848 de 1969 14 regulaba la competencia para el reconocimiento de la pensión de

14 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968».11

de 1969 14 regulaba la competencia para el reconocimiento de la pensión de

14 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968».11

Radicación: 05001 23 33 000 2021 02143 01 (4602-2022) Demandante: Universidad de Antioquia jubilación de los servidores públicos en el sentido de que la aludida función estaba radicada en la entidad de previsión a la que estuvo afiliado el servidor; empero, si tal afiliación no se verificó o no existía, la carga prestacional correspondía a la última entidad pública empleadora.

Posteriormente, en desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política de 1991, la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral y estableció la obligatoriedad de afiliar al sistema a todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.15 Por su parte, el artículo 1 del Decreto 691 de 1994, 16 incorporó a los siguientes servidores al sistema general de pensiones: a) los servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas; y b) los servidores públicos del Congreso de la República, de la rama judicial, del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la Nación, de la organización electoral y de la Contraloría General de la República. A su turno, el artículo 14 del Decreto 692 de 1994 17 estableció que «[s]erá responsable del pago de las pensiones o prestaciones económ icas a que haya lugar, la administradora que haya recibido o le corresponda recibir el monto de las cotizaciones del período en el cual ocurre el siniestro o hecho que da

responsable del pago de las pensiones o prestaciones económ icas a que haya lugar, la administradora que haya recibido o le corresponda recibir el monto de las cotizaciones del período en el cual ocurre el siniestro o hecho que da lugar al pago de la pensión o prestación correspondiente (se resalta)». Ahora, el Dec reto 1068 de 1995 18 determinó el límite temporal para que los servidores públicos del orden departamental, municipal y distrital seleccionaran el régimen pensional al cual querían afiliarse, esto es: prima media con prestación definida o ahorro individual con solidaridad;19 y, además, el artículo 2 ibidem precisó

15 Artículo 15. Serán afiliados al sistema general de pensiones: 1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, salvo la