CE - 050012333000202200530011SENTENCIA20220621083928

1

Radicado: 05001 23 33 000 2022 00530 01

Accionante: María Nubia Henao Castrillón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 05001-23-33-000-2022-00530-01

Demandante: MARÍA NUBIA HENAO CASTRILLÓN

Demandado: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

MEDELLÍN

Tema: Principio de subsidiariedad: Improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial por violación del debido proceso, cuanto la parte actora no agotó los mecanismos de defensa judicial ordinarios procedentes, como era para el caso el recurso de reposición.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta en contra de la sentencia de 6 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora María Nubia Henao Castrillón, en nombre propio, presentó acción de tutela en c ontra del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de

de Antioquia, Sala Quinta de Decisión.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora María Nubia Henao Castrillón, en nombre propio, presentó acción de tutela en c ontra del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad y debido proceso, que estimó vulnerados por el auto del 22 de abril de 2022 , mediante el cual no se accedió a la entrega de los títulos judiciales dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el número único 05001-23-31-000-2005-07586-00, con ocasión de la petición presentada el 18 de abril de 2022.2

Radicado: 05001 23 33 000 2022 00530 01

Accionante: María Nubia Henao Castrillón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La parte accionante en la presente actuación constitucional formuló las siguientes pretensiones1:

“1. Que se RECONOZCA la protección de mis derechos constitucionales y fundamentales

2. Que como consecuencia del numeral primero se ORDENE al Juzgado Sexto Administrativo la entrega del título en el proceso referenciado de acuerdo al memorial de la Abogada María Cecilia Ospina Macías y al derecho de petición de la actora.

3. Que se compu lse copia a la Sala disciplinaria para que investigue, procese y sancione el actuar parcializado del tutelado con relación a beneficiar lo pertinente a

actora.

3. Que se compu lse copia a la Sala disciplinaria para que investigue, procese y sancione el actuar parcializado del tutelado con relación a beneficiar lo pertinente a

la abogada Luz Marina López Loaiza.”

En ese orden, el accionante, para sustentar las anteriores pretensiones, argumentó lo siguiente:

“El Juzgado Sexto Administrativo publica por estado en fecha ABRIL 25 DE 2022 un Auto denominado RESUELVE SOLICITUDES sin anunciar su calidad de SUSTANTACIÒN O INTERLOCUTORIO, para así presentar los recursos de Ley.

3. En este auto el Juzgado decide: ... Además, habrá́ de tenerse en cuenta la decisión que en segunda instancia profiera el Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral, respecto del proceso ejecutivo que conoció́ el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, por lo que una vez finalizado ese trámite, el despacho resolverá́ sobre la solicitud antes relacionada...

Genera falta de SEGURIDAD JURIDICA lo argumentado por el tutelado vulnerando así la Constitución Política y la Ley en PREVARICATO POR ACCIÒN Y PREVARICATO POR OMISIÒN, toda vez, que no existe Ejecutivo alguno, ya que se pretendió́ liderar un EJECUTIVO SINGULAR desde el Juzgado Octavo Administ rativo hasta que ante actuaciones judiciales se decretó́ la NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, por corresponder a la JURISDICCIÓN ORDINARIA; y con relación al Ejecutivo en el Juzgado Sexto Laboral se decret ó́ igualmente la nulidad de todo lo actuado y se ordenó́ el ARCHIVO, así las cosas, no existe una orden judicial basada en derecho

Juzgado Sexto Laboral se decret ó́ igualmente la nulidad de todo lo actuado y se ordenó́ el ARCHIVO, así las cosas, no existe una orden judicial basada en derecho que le permita al tutelado retener los títulos, solo la petición d e la abogada LUZ MARINA LOPEZ LOAIZA quien comete FRAUDE A RESOLUCI ÒN JUDICIAL al peticionar la retención de los títulos, y que argumenta sustitución de poder de nuestra apoderada judicial titular quien fallece en Diciembre de 2009, PODER DE SUSTITUCIÓN ORIGINAL QUE DESAPARECI Ó DEL EXPEDIENTE EN CUSTODIA EN JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO, después de realizarse estudio grafológico que confirma falsedad en firma y al presentar la denuncia penal SPOA 050016000248201306863 que actualmente lidera la Fiscal 121.”

Por último, como fundamento de derecho transcribió los artículos 1, 6, 13 y 29 de la Constitución Política, y los artículos 413 y 414 del Código Penal.

1 Escrito de tutela cargado en el aplicativo SAMAI.3

Radicado: 05001 23 33 000 2022 00530 01

Accionante: María Nubia Henao Castrillón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. De la admisión de la acción de tutela

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, en auto de 28 de abril de 2022, admitió la solicitud de amparo, ordenó notificar

2.1. De la admisión de la acción de tutela

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, en auto de 28 de abril de 2022, admitió la solicitud de amparo, ordenó notificar al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín.

2.2. De la contestación de la acción de tutela

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín dio respuesta a la presente acción de tutela indicando lo siguiente:

Señaló el despacho acusado que era cierto que el 22 de abril de 2022 se resolvieron solicitudes en auto notificado por estado del 25 de abril de 2022 a las partes, mediante mensaje de comunicación de estados.

Explicó que el 18 de abril de 2022 la demandante María Nubia Henao Castrillón radicó solicitud de entrega de títulos judiciales invocando el derecho de petición, el cual se resolvió mediante providencia del 22 de abril de 2022 dentro de los términos legales y con las garantías constitucionales, en observancia de los principios de autonomía judicial y seguridad jurídica.

Aclaró que los dineros que solicita la parte demandante no están a órdenes del juzgado accionado, puesto que la parte condenada en el proceso de reparación directa realizó los depósitos judiciales a órdenes del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín; por lo tanto, se procedió a solicitar la conversión de títulos a dicho juzgado.

Informó, por una parte, que en el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín cursa un proceso ejecutivo2 el cual se adelantó con ocasión de un incidente de regulación de honorarios entre la abogada Luz Marina López

Informó, por una parte, que en el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín cursa un proceso ejecutivo2 el cual se adelantó con ocasión de un incidente de regulación de honorarios entre la abogada Luz Marina López Loaiza y parte de los demandantes , en el cual se encuentra pendiente

2 Radicado 05001-31-05-006-2018-00564-004

Radicado: 05001 23 33 000 2022 00530 01

Accionante: María Nubia Henao Castrillón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

resolver en segunda instancia la apelación interpuesta contra la negativa del mandamiento de pago . Y por otra, señ aló que se radicó ante el despacho accionado una solicitud de no entrega de títulos judiciales hasta tanto se haga efectivo el pago de honorarios o autorizar el desglose de los mismos.

Concluyó explicando que la decisión de entrega r los títulos depende de la conversión que de éstos haga el Juzgado Octavo Administrativo, y de las decisiones relacionadas con el incidente de honorarios que cursa e n el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín. De lo anterior se le informó a la actora en el auto de 22 de abril de 2022 y, en consecuencia, considera el juzgado accionado que no se han emitido decisiones que vulneren los derechos fundamentales invocados y, por ende, debe ser negada la tutela.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión , mediante

derechos fundamentales invocados y, por ende, debe ser negada la tutela.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión , mediante sentencia de 6 de mayo de 2022, resolvió declarar improcedente la acción constitucional presentada, con base en lo siguiente:

“En este sentido, ciertamente la parte actora tenía la oportunidad de interponer recursos contra las decisiones, que según ella la perjudican y dado que nos los interpuso, esto tornaría improcedente la presente tutela. En suma a ello, tampoco se avizora perjuicio irremediable, dado que no se configura un pelig ro que amenace algún derecho fundamental o que lo afecte grave e inminentemente, lo cual haga pertinente que se adopten medidas impostergables.

56. Lo anterior encuentra justificación en el análisis de las decisiones que presuntamente vulneran los derechos de la parte actora, las cuales no se sugiere ninguna irregularidad procesal, ni arbitrariedad y, por tanto, no está́ llamado el juez constitucional por el hecho de que la parte actora no comprenda el procedimiento que se está́ adelantando o que este disconforme con el mismo, a interferir en el curso normal de las actuaciones judiciales.

57. Lo anterior, dado que se acreditó que la decisión de no entregar el título judicial a la solicitante, en primer lugar, resultaba imposible físicamente si se observa el momento en el que fue solicitado: cuando no se había constituido tal depósito a órdenes de ese Despacho, por ello se solicitó́ la conversión. Además, se debe tener en cuenta que la entrega del dinero relativo a la condena no ha sido pacífica, pues acumula varias controversias y no puede el juez de conocimiento desconocer que

órdenes de ese Despacho, por ello se solicitó́ la conversión. Además, se debe tener en cuenta que la entrega del dinero relativo a la condena no ha sido pacífica, pues acumula varias controversias y no puede el juez de conocimiento desconocer que está pendiente de decisión en segunda instancia, el recurso contra la providencia que desató la regulación de honorarios en el proceso de reparación directa que hoy conoce el Juzgado Sexto Administrativo de Medellín.5

Radicado: 05001 23 33 000 2022 00530 01

Accionante: María Nubia Henao Castrillón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

58. Del recuento que se ha hecho se concluye que el Juzgado Sexto Administrativo de Medellín ha obrado diligentemente, con apego a la legalidad y ha dado respuesta a las solicitudes que han elevado los demandantes, su apoderada y la abogada Luz Marina López Loaiza, es decir, se ha atendido todas las intervenciones oportunamente, sin discriminación, sin dilaciones y con claridad.

(…)

61. No resulta válido acudir a la acción de tutela para propiciar promover litigios paralelos o instancias adicionales a las que dentro del ámbito de las facultades conferidas a los sujetos procesales en desarrollo de los diferentes asuntos sometidos a conocimiento de la autoridad judicial puede n ejercer para hacer valer sus derechos. Máxime en el caso en el que nos ocupa, en el cual de la argumentación lacónica y lo que se probó́ en el proceso no dan cuenta de actuación irregular que afecte algún derecho fundamental.”

IV. IMPUGNACIÓN

derechos. Máxime en el caso en el que nos ocupa, en el cual de la argumentación lacónica y lo que se probó́ en el proceso no dan cuenta de actuación irregular que afecte algún derecho fundamental.”

IV. IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión adoptada, la señora María Nubia Henao Castrillón impugnó el fallo de primera instancia y solicitó revocarlo, por considerar que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, no interpretó en debida forma los hechos de la acción de tutela , para lo cual argumentó lo siguiente:

“No fue mi interés encuadrar la Demanda Especial de Acción de Tutela, porque no es necesario, ya que estoy actuando de buena fe, y principalmente porque ostento la categoría de Constituyente Primario, y siendo un derecho constitución (sic) el amparo de Demanda Especial de Acción de Tutela, puedo acudir a esa institución jurídica cada vez que lo requiera, ante la vulneración de mis derechos constitucionales y fundamentales por los servidores públicos, en especial ante la actuación realizada por la tutelada que es FALTA DE JURISDICCI ÒN; Por lo cual, pregunto?, le e s dable a los Servidores Públicos, hacer libre interpretación de la Constitución y la Ley, permitiéndose desconocer los derechos del Constituyente Primario y tomar plenas decisiones que afectan sus garantías constitucionales, porque; Así las cosas, se hace necesario el amparo, ya que se desvirtúa totalmente la CONFIANZA LEG ÍTIMA sobre los principios de LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD JURÍDICA, en relación a la protección de los derechos constitucionales y fundamentales de los asociados, siendo esta la razón, por la que presente (sic) la

la CONFIANZA LEG ÍTIMA sobre los principios de LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD JURÍDICA, en relación a la protección de los derechos constitucionales y fundamentales de los asociados, siendo esta la razón, por la que presente (sic) la Demanda Especial de Acción de Tutela causal de este Recurso de apelación, debido a la vulneración de mis derechos constitucionales y fundamentales como una V ÍA DE HECHO con DA ÑO de PERJUICIO IRREMEDIABLE generada por los Servidores Públicos responsables de cumplir la Constitución y la Ley, al desconocer el debido proceso, (…); Toda vez, que si se está́ causando un perjuicio irremediable al no conceder oportunamente y de acuerdo a los requisitos de Ley cumplidos por la actora, la entrega del TITULO JUDICIAL permitiendo así la consumación de un daño en el tiempo, porque como en la oralidad no se aplica el principio de celeridad, no tiene memoria en que tiempo pueda recibir la actora el resultado de un Recurso de Apelación afectando también la devaluación del dinero retenido.

(…)6

Radicado: 05001 23 33 000 2022 00530 01

Accionante: María Nubia Henao Castrillón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El juez de tutela solicito la remisión de todo el expediente, aclarando la actora que solo se impetro sobre la actuación judicial de fecha Abril 22 de 2022 , proceso que además cuenta con suficientes actuaciones judiciales a la falta del debido proceso (…)” (subrayás de la Sala)

que solo se impetro sobre la actuación judicial de fecha Abril 22 de 2022 , proceso que además cuenta con suficientes actuaciones judiciales a la falta del debido proceso (…)” (subrayás de la Sala)

De otra parte, la accionante señaló que “Vulnera la tutelada la Constitución Política y la Ley al desconocer los fundamentos de derecho que sustentan mi petición”, y como sustento procedió a citar como normas vulneradas el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1755 de 2015.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

Conforme a lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. La señora María Nubia Henao Castrillón presentó una petición el 18 de abril de 2022 ante el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín con el objetivo de que le hicieran entrega del título valor que había sido solicitado por parte de la apoderada judicial en el mes de diciembre de 2021, sin recibir respuesta directa a la fecha de la presentación de la tutela, y según ella la decisión fue notificada por conducta concluyente a través de otro apoderado judicial.

5.2.2. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín dio

y según ella la decisión fue notificada por conducta concluyente a través de otro apoderado judicial.

5.2.2. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín dio respuesta a la anterior petición mediante auto del 22 de abril de 2022, informando que la entrega total de dineros dependía de la conversión de títulos que debe hacer el Juzgado Octavo Administrativ o, y las decisiones7

Radicado: 05001 23 33 000 2022 00530 01

Accionante: María Nubia Henao Castrillón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

relacionadas con el incidente de honorarios que cursa en el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín.

5.2.3. Inconforme con la respuesta dada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín mediante el auto del 22 de abril de 2022, la señora María Nubia Henao Castrillón elevó la presente solicitud de tutela alegando la vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad y debido proceso.

5.2.4. En proveído de 6 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión , decidió en primera instancia declarar improcedente el amparo solicitado.

5.2.5. La señora María Nubia Henao Castrillón impugnó el referido fallo.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

La parte actora, en su inicial escrito de tutela, invocó como violados los

5.2.5. La señora María Nubia Henao Castrillón impugnó el referido fallo.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

La parte actora, en su inicial escrito de tutela, invocó como violados los derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad y debido proceso, que consideró vulnerados por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín al momento de dictar el auto de fecha 22 de abril de 2022, por medio del cual no accedió a la petición de entrega de títulos a favor de los demandantes dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado único 05001-23-31-000-2005-07586-00.

El juez constitucional de primera instancia declaró improcedente el amparo solicitado, frente a los derechos fundamentales “ a la dignidad humana, igualdad y debido proceso”, en atención a que, dentro del análisis realizado, se evidenció que no se había cumplido con el requisito general de subsidiariedad, por cuanto la parte actora no interpuso los recursos en contra de la decisión tomada por el despacho judicial accionado.

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora, en su escrito de impugnación, reiteró que en el auto acusado dentro del proceso de8

Radicado: 05001 23 33 000 2022 00530 01

Accionante: María Nubia Henao Castrillón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

reparación directa se vulneraron los derechos fundamentales “a la dignidad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

reparación directa se vulneraron los derechos fundamentales “a la dignidad humana, igualdad y debido proceso”, y que su finalidad no consistía en abrir nuevamente el debate jurídico como una tercera instancia, sino que se le entregaran los títulos solicitados por cuanto le ocasionaban un perjuicio irremediable.

5.3.1. Cuestión previa

La parte actora manifestó en el escrito de impugnación que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín vulneró el artículo 23 de la Constitución Política, referente al derecho de petición, por cuanto no le notificó de manera personal la respuesta dada a la petición del 18 de abril de 2022, puesto que la respuesta la había dictado a través de auto del 22 de abril de 2022, del cual la peticionaria conoció por conducta concluyente a través de otro apoderado judicial.

Por lo anterior , la Sala pro cedió a revisar de manera detalla da el escrito tutelar advirtiendo que en ese momento la accionante no hizo referencia a la posible vulneración del derecho fundamental de petición , no obstante lo cual, al momento de presentar el escrito de impugnación, sí invocó como lesionado el artículo 23 de Constitución Política3, siendo este un argumento nuevo sobre el cual la parte demandada no tuvo la oportunidad de manifestarse en su momento. Bajo esta consideración, es improcedente que en esta instancia se haga un pronunci amiento al respecto, por una parte, en garantía del derecho fundamental al debido proceso y al principio de

nuevo sobre el cual la parte demandada no tuvo la oportunidad de manifestarse en su momento. Bajo esta consideración, es improcedente que en esta instancia se haga un pronunci amiento al respecto, por una parte, en garantía del derecho fundamental al debido proceso y al principio de contradicción del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín que ostenta la calidad de accionando en el presente trámite y , por la otra, en cumplimiento del principio de congruencia4 en la sentencia que debe atender el juez de segunda instancia.

3 ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. 4 CONSEJO DE ESTADO - SECCION SEGUNDA SUBSECCIÓN “B” Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS Rad. 25000 -23-42-000-2014-01139-01(2458-15) “el principio de congruencia se erige como una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial, en el sentido que al juez9

Radicado: 05001 23 33 000 2022 00530 01

Accionante: María Nubia Henao Castrillón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Sin perjuicio de lo anterior , antes de resolver de fondo la presente acción constitucional, la Sala hará una br eve referencia a las peticiones que se elevan ante despachos judiciales, y en qué medida esa situación puede dar

www.consejodeestado.gov.co

Sin perjuicio de lo anterior , antes de resolver de fondo la presente acción constitucional, la Sala hará una br eve referencia a las peticiones que se elevan ante despachos judiciales, y en qué medida esa situación puede dar lugar a la vulneración del derecho fundamental de petición.

5.3.1.1. De las peticiones ante las autoridades judiciales

El artículo 23 de la Constitución Política garantiza a todas las personas el derecho de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particula r y a tener una respuesta pronta y eficaz, en la que se aborde el fondo del asunto planteado. La plena satisfacción del derecho de petición exige que la respuesta abarque todos los puntos planteados por el solicitante, sin que por ello se exija que ésta se resuelva de forma favorable a sus intereses.

Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho de petición no es procedente en tratándose de actuaciones jurisdiccionales, pues las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro del proceso, en asuntos relacionados con la litis, tienen un trámite regulado en los respectivos códigos de procedimiento. Por tal razón, “el derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal.”5.

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido a las reglas fijadas en la ley para su trámite, “lo que significa que las disposiciones legales contempladas

la ley procesal.”5.

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido a las reglas fijadas en la ley para su trámite, “lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a

de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, l o probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como pretensión tiene el deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión” 5 Corte Constitucional, sentencia T-377 de 2000.10

Radicado: 05001 23 33 000 2022 00530 01

Accionante: María Nubia Henao Castrillón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio (artículo 29 C.P).”6.

Así mismo, la Corte Constitucional 7 ha señalado que debe disting uirse claramente entre i) los actos de carácter estrictamente judicial, los cuales deben tramitarse y resolverse con sujeción a las normas procesales propias de cada juicio, y ii) los actos administrativos que pueda tener a su cargo el juez, respecto de los cuales son aplicables las normas que rigen la actividad

deben tramitarse y resolverse con sujeción a las normas procesales propias de cada juicio, y ii) los actos administrativos que pueda tener a su cargo el juez, respecto de los cuales son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Al respecto, esta Sala advierte que en el presente asunto no es posible alegar la vulneración del derecho fundamental de petición, como quiera que la solicitud de entrega de títulos a favor de los demandantes, tiene un trámite reglado en el ordenamiento jurídico y debe resolverse con sujeción al debido proceso judicial, tal como lo ha señalado esta Sección en oportunidades anteriores8.

Aclarado este aspecto, se procederá con la verificación de los requisitos de procedencia de la presente acción de tutela contra providencias judiciales

5.3.2 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Ahora bien, es importante señalar que, dentro del escrito de tutela, l a accionante invoc ó como derechos fundamentales vulnerados la dignidad humana y la igualdad. No obstante, al revisar detalladamente la tutela y el escrito de impugnación, se advierte que no expuso argumento alguno dirigido a explicar las razones específicas por la cual estimaba que la providencia acusada infringió el núcleo esencial de est os derechos que permitieran a la Sala realizar el estudio correspondiente.

6 Corte Constitucional, sentencia T-334 de 1995. 7 Ibídem. 8 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de junio de 2019, radicado: 11001 -036 Corte Constitucional, sentencia T-334 de 1995. 7 Ibídem. 8 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de junio de 2019, radicado: 11001 -0315-000-2019-01855-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E1). Sentencia de 17 de noviembre de 2017, radicado: 11001-03-15-000-2017-02583-00, C.P.: María Elizabeth García González.11

Radicado: 05001 23 33 000 2022 00530 01

Accionante: María Nubia Henao Castrillón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En este punto es pertinente señalar que, frente al derecho fundamental a la igualdad, se tiene que uno de los eventos en los cuales puede resultar vulnerado es cuando las autoridades judicial es profieren decisiones sin tener en cuenta el precedente judicial o cuando se da un tratamiento equivalente a supuestos fácticos diferentes. Sin embargo, en este evento, la parte actora no indicó los motivos por los que considera que esta garantía fue afectada por el auto controvertido, más aún, ni siquiera señaló que haya sido desconocido algún precedente en particular.

Igual situación ocurre con el derecho fundamental a la dignidad humana, por cuanto la tutelante no acreditó estar sometida a un trato degradante o humillante que afectara su integridad física o moral de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional9.

Bajo el anterior contexto, la Sala analizará si, en relación con la solicitud de

humillante que afectara su integridad física o moral de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional9.

Bajo el anterior contexto, la Sala analizará si, en relación con la solicitud de amparo del derecho fundamental al debido proceso , se cumplen los requisitos generales fijados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela e n contra de providencias judiciales, en especial el requisito de subsidiariedad, por haber sido este el criterio bajo el cual el juez de primera instancia decidió la improcedencia de esta acción.

5.3.2.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de

9 Corte Constitucional, sentencia T -030 de 24 de enero de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la dignidad humana como intangibilid