CE - 050012333000202200716021AUTOQUEDECIDE20220915110737

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-02

Demandante: JUAN FELIPE GÓMEZ ARBELÁEZ Y OTROS

Demandado: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

– USPEC Y OTROS

Referencia: GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA – INCIDENTE DE

DESACATO

La Sala decide1 el grado jurisdiccional de consulta frente a la providencia del 10 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que dispuso:

PRIMERO: DECLARAR que los señores Dr. ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ, Director General de la USPEC, BG. TITO YESID CASTELLANOS TUAY , Director General del INPEC y CR. D ARIO

ANTONIO BALEN TRUJILLO , Director del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PESEBRE incurrieron en desacato a la orden judicial proferida por esta corporación, mediante el fallo de tutela No. 141 del 14 de julio de 2022, conforme a lo expuesto.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER multa de 1

SMLMV a cada uno de los señores Dr. ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ, Direc tor General de la USPEC, BG. TITO YESID CASTELLANOS TUAY , Director General del INPEC y CR. DARIO

SMLMV a cada uno de los señores Dr. ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ, Direc tor General de la USPEC, BG. TITO YESID CASTELLANOS TUAY , Director General del INPEC y CR. DARIO

ANTONIO BALEN TRUJILLO , Director del ESTABLECIMIENTO

PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PESEBRE.

TERCERO: DISPONER que la multa se deberá consignar en la cuenta

No. 3-0820000640-8 -Convenio 13474 - cuenta CSJ - multas y sus rendimientosCUN del Consejo Superior de la Judicatura, en el Banco Agrario de Colombia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, so pena de ser c obrada coactivamente.

1 Se advierte qu e, el 18 de agosto de 2022, ingresó el e xpediente al despacho de la magistrada ponente para elaborar el proyecto de providencia correspondiente.Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-02

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I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El señor Juan Felipe Gómez Arbeláez y otros instauraron acción de tutela contra la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, el Ministerio de Defensa Nacional , el Ministerio de Justicia y del Derecho , el Ministerio de Salud y Protección Social , el Establecimiento Penitenciario y Carcelario «El Pesebre» y el Instituto Nacional de

Penitenciario y Carcelario – INPEC, el Ministerio de Defensa Nacional , el Ministerio de Justicia y del Derecho , el Ministerio de Salud y Protección Social , el Establecimiento Penitenciario y Carcelario «El Pesebre» y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la integridad personal

Mediante providencia del 14 de julio de 20 22, el Tribunal Administrativo de Antioquia amparó los derechos fundamentales invocados y, como consecuencia , resolvió:

[….] ORDENAR a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) y a la DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PESEBRE que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia y en adelante, adopten las medidas adecuadas y necesarias para ej ercer las funciones de vigilancia y control respecto a las condiciones de manipulación y entrega de los alimentos a los internos del Complejo Carcelario y Penitenciario El Pesebre de Puerto Triunfo – Antioquia, con el fin de que estos cumplan los requerimi entos nutricionales y las normas de protocolo de tratamiento higiénico […].

En escrito del 21 de julio de 2022, el señor Juan Felipe Gómez Arbeláez promovió un incidente de desa cato, para lo cual manifestó que las entidades no han dado cumplimiento a la s entencia de tutela y vienen suministrándole los alimentos en

un incidente de desa cato, para lo cual manifestó que las entidades no han dado cumplimiento a la s entencia de tutela y vienen suministrándole los alimentos en estado de descomposición, sin azúcar y mal elaborados.

2. Trámite e informes rendidos

Mediante providencia del 22 de julio de 20 22, el Tribunal Administrativo de Antioquia dio apertura al inci dente de desacato en contra d e los señ ores Andrés Ernesto Díaz Hernández , director general de la USPEC, Tito Yesid Castellanos Tuay, director general del INPEC , y Darío Antonio Ballén Trujillo, director del Establecimiento Penitenciario El Pesebre de Puerto T riunfo (Antioquia). Allí dispuso también que los notificaran para que rindieran el respectivo informe.Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-02

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2.1. La Dirección General del INPEC sostuvo que no está dentro de sus funciones las relacionadas con la entrega o supervisión de la alimentación de las personas privadas de la libertad, dado que esa competencia le fue asignada a la USPEC.

Explicó que, de conformidad con la Resolución 243 de 2020, el INPEC tiene como función hacer seguimiento a los requisitos higiénicos, sanitarios y nutricionales en la cadena de procesamiento, preparación y distribución de alimentos dentro de los establecimientos de reclusión, para lo cual participa en el Comité de Seguimiento al Suministro de la Alimentación –COSAL– y en el Grupo de Alimentación de la Dirección de Atención Tratamiento –DIRAT–.

establecimientos de reclusión, para lo cual participa en el Comité de Seguimiento al Suministro de la Alimentación –COSAL– y en el Grupo de Alimentación de la Dirección de Atención Tratamiento –DIRAT–.

Adujo que ante las limitaciones competenciales del INPEC ha requerido constantemente a la USPEC para que garantice el cumplimiento de las obligaciones establecidas al operador y, concretamente, en el centro penitenciario Puerto Triunfo ha convocado en los últimos meses a la USPEC y a la interventoría para que se impusieran las sanciones por los incumplimientos en la prestación del servicio de alimentación, lográndose la implementación de planes de acción orientados al mejoramiento de las condiciones que se brindan los alimentos.

2.2. La directora regional noroeste del INPEC, a la cual se encuentra adscrit o el establecimiento carcelario El P esebre de Puerto Triunfo, señaló que la provisión de los alime ntos de las pe rsonas privadas de la libertad en establecimientos de reclusión del orden nacional corresponde a la USPEC, que es la encargada de suscribir los contratos con los operadores y contratistas.

Agregó que existe un Comité de Seguimiento al Suministro de la Alimentación – COSAL–, como órgano encargado de realizar la inspección, el control y la vigilancia del suministro de los alimento s, diferente a la vigilancia de las obligaciones del contratista, función que compete a la USPEC.

Sostuvo que, el 7 de julio de 2022, informó a los establecimientos carcelarios que el antiguo operador prestaría servicios hasta el 10 de julio de 2022, dado que se

obligaciones del contratista, función que compete a la USPEC.

Sostuvo que, el 7 de julio de 2022, informó a los establecimientos carcelarios que el antiguo operador prestaría servicios hasta el 10 de julio de 2022, dado que se celebró un nuevo contrato el 6 de julio de 2022 , para que suministrara la alimentación de la población carcelaria, de acuerdo con la oferta técnica mínima y las mejores condiciones para garantizar la salud y la calidad de vida d e los reclusos.Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-02

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Por último, dijo que el COSAL de Puerto Triunfo hace seguimiento durante cuatro sesiones al me s, salvo que se presente a lguna eventualidad, y que en estos momentos solo era posible aportar el acta del pasado 1º de julio , que fue la remitida por el centro carcelario.

2.3. El director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario El Pesebre de Puerto Triunfo señaló que, el 11 de julio de 2022, inició la prestación del servicio de alimentos con un nuevo contratista.

Puntualizó que, el 1º de julio de 2022, se recibió una novedad por cuan to quien promovió el incidente de desacato no acep tó la alimentación suministrada, sin embargo, los documentos y foto s anexadas permitían evidenciar que la presentación y las cantidades se ajustaban al tipo de dieta asignada y que el menú coincidía con el fijado.

embargo, los documentos y foto s anexadas permitían evidenciar que la presentación y las cantidades se ajustaban al tipo de dieta asignada y que el menú coincidía con el fijado.

3. La decisión objeto de consulta y actuaciones posteriores

3.1. Mediante auto del 10 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró que el director general de la USPEC , el director general del INPEC y el director del establ ecimiento penitenciario de Puerto Triunfo incurrieron en desacato a la sentencia del 14 de julio de 2022 y, como consecuencia, a cada uno le impuso una multa equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente.

A juicio del Tribunal, de las respuestas remitidas por las ac cionadas no se logró advertir que se ajustaran al cumplimiento del fallo de tutela, dado que corresponden actuaciones realizadas con anterioridad a las órdenes, sin que se hubieran acreditado acciones o gestiones posteriores que dieran cuenta del cumplimiento de las órdenes de tutela impartidas.

3.2. En el trámite del grado jurisdiccional de consulta se recibieron memoriales del 24 de agosto en los cuales se remitieron diferentes ac tas de reuniones de seguimiento llevadas a cabo en los meses de julio y ag osto de 2022, dirigidas a verificar la situación alimentaria de los detenidos en la Cá rcel El Pesebre de Puerto Triunfo, Antioquia.Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-02

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala es c ompetente para conocer de la consulta de la providencia por medio de la cual se sancionó a los señores Andrés Ernesto Díaz Hernández , en su condición de director genera l de la USPEC ; Tito Yesid Castellanos Tuay , como director general del INPEC, y Darío Antonio Ballén Trujillo, en calidad de director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario El Pesebre de Puerto Triunfo , de conformidad con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

2. Generalidades del grado jurisdiccional de consulta

El artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, consagra la acción de tutela como un procedimiento preferente y sumario de protección inmediata de los derechos fundamentales de t odas las personas, cuando estos resulten vulnerados por la a cción u omisión de cualquier autoridad pública o «contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respect o de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión».

Una vez protegido un derecho fundamental que resultare vulnerado, el juez constitucional debe velar por el inmediato y juicioso cumplimiento de la orden impartida en el fallo de tutela.

Los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 establecen lo siguiente:

Artículo. 27. Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela,

impartida en el fallo de tutela.

Los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 establecen lo siguiente:

Artículo. 27. Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.

Si no lo hiciere dent ro de las cuarenta y ocho h oras siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a l o ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.

Lo ant erior sin perjuicio de la r esponsabilidad penal del funciona rio en su caso.Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-02

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En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.

Artículo. 52. Desacato. La persona que in cumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 sa larios mínimos mensuales, sa lvo que en este decreto ya se hubiere señalado una

proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 sa larios mínimos mensuales, sa lvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de l os tres días siguientes si debe revocarse la sanción.

Así las cosas, resulta claro que el juez de tutela debe adoptar todas las medidas que estime necesarias para obtener el cumplimiento del fallo, ba jo el entendido de que con e llo se busca el restablecim iento del derecho fundamental vio lado. Inclusive, si lo considera del caso, el juez está facultado para imponer sanción por desacato.

Cabe señalar que la sanción por desacato es solo una consecuencia posible del incumplimiento del fallo de tutela. De ahí que el citado artículo 27 estable zca que el juez «podrá» sancionar por desacato al responsable y al superior que no cumplieren con la tutela. En todo caso, dicho poder sancionatorio es diferente de la facultad para hacer cumplir el fallo de tutela, aunque los dos pueden coexistir sin que sean excluyentes.

Ahora bien, tanto el incumplimiento del fallo como el desacato se refieren al tema de la responsabilidad, pero mientras que el simple incumplimiento de la sentencia trata de una responsabilidad de tipo ob jetivo, el desacato implica la co mprobación de una responsabilidad subjetiva.

En efecto, para la verificación del incumplimiento de una sentencia de tutela basta

trata de una responsabilidad de tipo ob jetivo, el desacato implica la co mprobación de una responsabilidad subjetiva.

En efecto, para la verificación del incumplimiento de una sentencia de tutela basta con que el juez encuentre demostrado q ue la orden impartida no se ha materializado y que, por tanto, el derecho permanece viol ado o b ajo amenaza. Esto es, que el responsable se ha sustraído de la obligación de cumplir con las órdenes dictadas en el fallo de tutela. En estos casos, no interesa indagar sobre el grado de cu lpa o negligencia de la aut oridad o del funcionario encargad o d e cumplir, pues de lo que se trata es de tomar medidas para que el amparo de los derechos fundamentales sea finalmente cumplido en los plazos otorgados.Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-02

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En cambio, como lo han sostenido la Cor te Constitucional y esta Co rporación, en el desacato se busc a e stablecer la responsabilidad subjetiva del funcionario o funcionarios que, en principio, han debido cumplir con las órdenes dadas en el fallo de tutela. Ahí sí juega n un papel importante todos los elementos propios del régimen sancionatorio, verbigracia : l os g rados y la modalidad de culpa o negligencia con que hubiere actuado el funcionario, las posibles circunstancias de justificación, agravación o atenuación de la conducta, etcétera2.

De otr a parte, el segundo inciso d el artículo 52 del Decreto Ley 259 1 d e 1 991

justificación, agravación o atenuación de la conducta, etcétera2.

De otr a parte, el segundo inciso d el artículo 52 del Decreto Ley 259 1 d e 1 991 prevé que las sanciones impuestas por el juez de tutela, en el trámite incidental de desacato, deben ser consultadas al superior jerárquico, quien dispone de tres días para resolver si l a sanción impuesta debe re vocarse o, en su defecto, decida s i debe ser confirmada. Ello obliga al juez que va a decidir la consulta a verificar si se ha presentado una violación de la Constitución o de la ley y asegurar que la sanción sea la adecuada, dada s las circunstancias espec íficas de cada caso, en aras de ga rantizar e l goce efectivo del derecho tutelado por la sentencia. En el evento en que el juez de la consulta encuentre que no se ha incurrido en incumplimiento deberá revocar la sanción por ser improcedente.

3. Caso concreto

De entrada, la Sala advierte que no comparte la decisión del a quo en cuanto restó mérito y alcance a las actuaciones de splegadas por el I NPEC y el USPEC , relacionadas con la supervisión de la garantí a de alimentación de los reclusos , pues, con independencia de que algunas de las gestiones se hubieran realizado antes de la sentencia, queda cla ro qu e di chas autoridades vienen ejecutando dentro del margen de competencia que c orresponde a cada una de ellas, una serie de actividades para cumplir con la verificación de las condiciones de cantidad y calidad de alimentación de los internos en el establecimiento carcelario El Pesebre de Puerto Triunf o, circunstancia que impide configurar una conducta

serie de actividades para cumplir con la verificación de las condiciones de cantidad y calidad de alimentación de los internos en el establecimiento carcelario El Pesebre de Puerto Triunf o, circunstancia que impide configurar una conducta subjetiva que imponga el deber de sancionar o mantener vigente la declaratoria de desacato.

2 Sobre la diferencia entre el trámite de cumplimiento de l fallo de tut ela y el incidente de desacato, se pueden c onsultar, entre otras providencias, la sentencia T -280 de 2017 de la Corte Constitucional, M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís, y el auto del 24 de agosto de 2017, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, M.P. (e) Stella Jeannette Carvajal Basto.Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-02

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Aunque pareciera contra dictorio y problemátic o estimar que se constate el cumplimiento de una orden que no existía cuando se inició la ejecución de labores de verificación, esa no puede ser la razón para desconocer ese hecho.

Ahora bien, esta Subsecci ón no ignora que e sa dific ultad, en principio , resulta imputable al INP EC y a la USPE C; la primera, porque, en lugar de revelar esos hechos como medio de defensa en el trámite de la t utela, enfiló su estrategia en afirmar que no er a competente en el manejo de alimentación de los int ernos, y solo hasta que se abrió el incidente de desacato y se impuso la sanción por parte

afirmar que no er a competente en el manejo de alimentación de los int ernos, y solo hasta que se abrió el incidente de desacato y se impuso la sanción por parte del Tribunal, el INPEC aportó documentos que evidencian que en los meses de mayo, juni o, julio y a gosto ejecutó actos tendientes a cumplir con el deber normativo de seguimiento a los requisitos higiénicos, sanitarios y nutricionales en la cadena de procesamiento, preparación y distribución de alimentos dentro de los establecimientos de reclusión.

Algo similar puede decirse de la USPEC, que, aunque injustificadamente guardó silencio en el trámite de la tutela y el incidente de desacato, de las pruebas que en esta instancia aportó el IN PEC también se deduce que en general vienen ejecutando actuaciones para restablecer y garantizar el derecho de la alimentación de los reclusos.

Así pues, aunque el INPEC omitió referirse en el proceso principal (expediente de tutela con radicado 05001-23-33-000-2022-00716-00/01) a las acciones que venía ejecutando, relacionadas con sus com petencias en ma teria de seg uimiento a ciertos aspectos de la alimentación de l as personas privadas de la libertad ; y el USPEC h a si do ab solutamente indiferente en este trámite constitucional, ningún sentido tendr ía mantene r forz osamente una sanción por desaca to cuando al trámite incidental se aportó información que acredita que dicha s entidades sí han adoptado medidas encaminadas a «ejercer las fun ciones de vigilancia y control respecto a las condici ones de manipulación y entrega de los alimentos a los

trámite incidental se aportó información que acredita que dicha s entidades sí han adoptado medidas encaminadas a «ejercer las fun ciones de vigilancia y control respecto a las condici ones de manipulación y entrega de los alimentos a los internos del Complejo Carcelario y Penitenciario El Pesebre de Puerto Triunfo – Antioquia, con el f in de que estos cumplan los requerimientos nutrici onales y las normas de protocolo de tratamiento higiénico».

Incluso, en sede de consulta se aport aron diferentes actas de seguimiento con fecha de 12, 19, 27 y 28 de julio ; 4, 12 y 18 de agosto de 2022 , todas ellas referidas a la verificación de las cond iciones de alim entación de los reclusos . PorRadicación: 05001-23-33-000-2022-00716-02

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ejemplo, el acta del 12 de julio de 2022 da cuenta de que se recomendó real izar un llamado al contratist a para re parar el refrigerado r y «así prestar un mejor servicio de alime ntos», otra contiene la divulgación de los horarios de entrega o suministro de los alimentos y de la socializaci ón de los ciclos de los 21 menús establecidos.

Valga destacar que también existe un acta de reunión del 11 de agosto de 2022 , celebrada con el accionante y pr omotor del incidente de desacato, Juan Feli pe Gómez Arbeláez, para consta tar las situaciones concretas de su inconformidad

celebrada con el accionante y pr omotor del incidente de desacato, Juan Feli pe Gómez Arbeláez, para consta tar las situaciones concretas de su inconformidad con la alimen tación. En ese informe se ob serva el desacuerdo del actor porque afirma no poder consumir carne, pero allí la entidad también deja constancia de que no existe tal prohibición en su dieta, porque en ella se restringió únicamente el consumo de lácteos, comidas irritantes y una dieta alta en fibra. Con todo, ese es un aspecto que, en realidad , desborda la orden de t utela, porque en ella no se establecieron condiciones específicas para cada re cluso, ni la definici ón de una dieta concreta, sino que los al imentos cumplieran los requerimientos nutricionales e higiénicos, de acuerdo con los protocolos que se hubiesen adoptado.

De otra parte, se advierte que desde el 6 de julio de 2022 la USPEC celebró un contrato con un nuevo contr atista para prestar el servicio de alimentación de la población carcelaria de Puerto Triunfo, a partir del 11 de julio d e 2022; además, emitió los lineamiento s de un ciclo de 21 m enús a entregar y sus r espectivos horarios. Este hecho da cuenta de una clara intención de preservar el derecho a la alimentación reclamado en el escrito de tutela.

De esta manera , se observ a que las accionadas han venido cumpliendo las funciones que encajan dentro de la orden de supervisión de las co ndiciones salubres de la alimentación, no solo previo a la decisión de tutela –como el cambio de contratista–, sino con posterioridad a aquella, razón suficiente para revocar la sanción impuesta al dir ector gen eral del INPEC , al director del Establecimiento

salubres de la alimentación, no solo previo a la decisión de tutela –como el cambio de contratista–, sino con posterioridad a aquella, razón suficiente para revocar la sanción impuesta al dir ector gen eral del INPEC , al director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario El Pesebre de Puerto Triunfo y al Director General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC–.

Como consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-02

Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez y otros Demandado: INPEC y otros Grado jurisdiccional de consulta – incidente de desacato

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RESUELVE:

PRIMERO. Revocar la providencia consultada, proferida por e l 10 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en cuanto impuso sanción por desacato a los señores Tito Yesid Castellanos Tuay, Darío Antonio Balen Trujillo y Andrés E rnesto Díaz Hernández , en su orden , director general del INPEC y director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario El Pesebre de Puerto Triunfo, y al director general de la USPEC , de conformidad con lo e xpuesto en la parte motiva.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes por el medio más expedito.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN

Firmado electrónicamente

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN

Firmado electrónicamente

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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