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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de Control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos Núm. único de radicación: 050012333000202300646-01

Actor: Néstor Abdón López Úsuga, en calidad de Personero Municipal de

Uramita.

Demandada: Municipio de Uramita - Concejo Municipal de Uramita; Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá - CORPOURABA; Departamento de Antioquia - Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia; Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD; y la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Asunto: Resuelve sobre el recurso de apelación interpuesto contra un auto que decretó una medida cautelar

AUTO INTERLOCUTORIO

Este Despacho procede a resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por el Departamento de Antioquia contra el auto de 9 de agosto de 2023, mediante el cual la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo de Antioquia decretó una medida cautelar.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes, ii) Consideraciones; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

Demanda

medida cautelar.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes, ii) Consideraciones; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El señor Néstor Abdón López Úsuga, en calidad de Personero Municipal de Uramita, Antioquia, presentó demanda, en ejercicio del respectivo medio de control, con el objeto de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos: i) al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en2

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la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; ii) al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; iii) a la seguridad y salubridad públicas i v) a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y v) a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes1.

2. El actor formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1PROTEGER los derechos e intereses colectivos invocados como transgredidos por el suscrito, relacionados con el goce a un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y La realización de las construcciones,

seguridad y salubridad pública, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos r espetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, previstos en los literales a), d), g), h), l) y m) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998.

2ORDENAR QUE DE MANERA INDIVID UAL, CONJUNTA O SOLIDARIA las entidades accionadas, ejecuten las medidas de carácter administrativo, financiero, presupuestal o de cualquier índole, acudiendo al principio de subsidiariedad con las entidades del orden Nacional, para:

AContinuar la canalización que se dejó en etapa 1 entre los años 2011 y 2012 en el barrio Santa Ana de Uramita, finalizándola hasta donde esta desemboca en el Riosucio. BRealizar mantenimiento preventivo a la canalización que se dejó en etapa 1 entre los años 2011 y 2012 en el barrio Santa Ana de Uramita, a fin que no se siga deteriorando y previniendo que se pueda derrumbar CRealizar los estudios que sean necesarios, para identificar las viviendas que están en alto riesgo conforme los hechos de la demanda, para proceder a reubicar aquellas que el estudio determine, que lo ameritan, además que dicha reubicación sea en condiciones de la reubicación, sea en iguales o mejores viviendas a las que hoy tienen cada ciudadano a reubicar.

3Las demás ordenes que el honorable despacho considere pertinentes […]”.

Presupuestos fácticos

en iguales o mejores viviendas a las que hoy tienen cada ciudadano a reubicar.

3Las demás ordenes que el honorable despacho considere pertinentes […]”.

Presupuestos fácticos

3. El actor manifestó, en síntesis, que el Municipio de Uramita y la Gobernación de Antioquia ejecutaron un proyecto de canalización de la quebrada La Encalichada, finalizando solo la etapa 1 ; es decir, que el proyecto no abarcó todo el trayecto del curso del agua por el barrio Santa Ana. Como consecuencia de la omisión de la finalización del proyecto, la falta de mantenimiento de la etapa desarrollada, de la canalización y su evidente deterioro por el paso del tiempo , se siguen presentando inundaciones y a las viviendas ubicadas en el lugar donde

1 Cfr. Índice 2 SAMAI. Archivo denominado: ED_002DEMANDA(.pdf) NroActua 23

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culminó la canalización se le han venido socavando los cimientos, hasta la desembocadura de la quebrada en el Riosucio.

4. Señaló también que las viviendas ubicadas al costado de la carretera principal del barrio Santa Ana, fueron construidas debajo de la montaña, por lo que, en varias ocasiones, han sufrido daños por desprendimiento de rocas o por la caída de animales sobre las edificaciones.

5. Afirmó que la comunidad ha elevado múltiples solicitudes a las autoridades

que, en varias ocasiones, han sufrido daños por desprendimiento de rocas o por la caída de animales sobre las edificaciones.

5. Afirmó que la comunidad ha elevado múltiples solicitudes a las autoridades encargadas de solucionar la problemática, pero no han sido atendidas positivamente, y aun cuando la Personería misma ha requerido actuaciones de las entidades públicas, se responde con la indicación de acciones de mitigación, sin concretarse ninguna, ni se adelantan acciones reales para disminuir el riesgo, tales como la continuidad en la canalización de la quebrada o la reubicación de la población.

La solicitud de medida cautelar

6. La parte actora , en el mismo escrito de la demanda, solicitó que se

decretaran las siguientes medidas cautelares:

“[…] III

MEDIDA CAUTELAR

Honorables Magistrados:

Como ya fue explicado, en los hechos de la demanda, la no finalización de la canalización, produce que haya socavación de las viviendas que se encuentran al costado de la quebrada, produciendo peligro de colapso, al punto que algunas personas han tomado medidas de mitigación por sus propios medios, como esta que se presenta en la foto:4

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Los que hicieron los propietarios de la residencia, fue vaciar rocas a fin que de alguna manera se mitigue el riesgo y la quebrada no siga socavando su vivienda, pero no todos los habitantes del barrio tienen la misma posibilidad, pues gran parte de ellos

Los que hicieron los propietarios de la residencia, fue vaciar rocas a fin que de alguna manera se mitigue el riesgo y la quebrada no siga socavando su vivienda, pero no todos los habitantes del barrio tienen la misma posibilidad, pues gran parte de ellos escasamente tienen para alimentarse una vez al día, por lo que económicamente les sería imposible realizar cualquier obra de mitigación por sus propios medios.

En lo que respecta a las viviendas que están al lado izquierdo del Riosucio, estas desde el año 2017 están esperando la reubicación que la Alcaldía Municipal incluso ya les había socializado, pero que a hoy no se ha materializado, continuando el riesgo de desprendimiento de rocas, lo que torna necesario adoptar también medidas de mitigación al respecto.

MEDIDA SOLICITADA

Es por lo anterior, que respetuosamente solicito como medida provisional a su despacho:

1Ordenar a la Gobernación de Antioquia / DAGRAN, que realice visita técnica al barrio Santa Ana, para que determinen l as medidas que provisionalmente puedan mitigar los riesgos expuestos en el escrito de demanda y que lo decidido sea de obligatorio cumplimiento para la Alcaldía Municipal de Urami ta, esto mientras se adopta una decisión definitiva, con base en las peticiones del escrito de demanda.

2Ordenar a la Alcaldía Municipal, que realice limpieza a la quebrada, para que esta quede libre de escombros y basura que por ha sido arrojada por la comunidad, a falta de capacitación del ente territorial.

3Ordenar a la Alcaldía Municipal y/o Corpourabá, realizar capacitación a la comunidad sobre la importancia de no arrojar basuras y escombros en

comunidad, a falta de capacitación del ente territorial.

3Ordenar a la Alcaldía Municipal y/o Corpourabá, realizar capacitación a la comunidad sobre la importancia de no arrojar basuras y escombros en quebrada, además que estas charlas se realicen de m anera periódica […]” (Destacado fuera de texto).

Trámite de la medida cautelar

Intervención del Departamento de Antioquia

7. El Departamento de Antioquia presentó escrito el 25 de julio de 2023 2 en el que manifestó que la parte accionante no aportó prueba alguna que permita constatar las afectaciones que manifiesta en los hechos. Indicó que de los fundamentos invocados para solicitar la medida cautelar no se aprecia directamente una vulneración inminente, que amerite el decreto de dicha medida, y que la solicitud o pretensión de la medida propiamente se corresponde más con un decreto de pruebas; lo que impide hacer el respectivo análisis que demuestre la vulneración alegada, a efectos de ordenar una interven ción provisional para mitigar en forma temporal los riesgos.

2 Cfr. Índice 2 SAMAI. Archivo denominado: ED_019PRONUNCIAMIENTOME(.pdf) NroActua 25

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7.1. Asimismo, señaló que los documentos aportados como pruebas con el escrito de la demanda no permiten inferir que la actuación administrativa adelantada por el Departamento de Antioquia trasgredió la Constitución y la Ley.

7.1. Asimismo, señaló que los documentos aportados como pruebas con el escrito de la demanda no permiten inferir que la actuación administrativa adelantada por el Departamento de Antioquia trasgredió la Constitución y la Ley.

7.2. Finalmente, precisó que en estos eventos son los entes municipales los encargados de realizar la atención de los riesgos y convocar al ente Departamental y Nacional cuando desborde su capacidad.

7.3. Adicionalmente, el Departamento de Antioquia, presentó escrito el 27 de julio de 2023 3, por el que allegó un complemento al pronunciamiento sobre la medida cautelar presentado el 25 de julio de 2023 indicado supra. Al memorial presentado se anexó informe técnico realizado por un profesional adscrito al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de AntioquiaDAGRAN-, mismo que el Departamento de Antioquia solicitó al Tribunal Administrativo de Antioquia tener en cuenta al momento de pronunciarse sobre la medida cautelar y así exonerar de la misma al Departamento. El escrito de complementación fue aportado por fuera de la oportunidad procesal correspondiente.

Intervención del Municipio de Uramita

8. El Municipio de Uramita presentó escrito de 25 de julio de 20234 en el que afirmó que, el primer numeral de la solicitud de la medida cautelar está dirigida a otra entidad, por lo que no se pronunciará al respecto.

9. En cuanto a las órdenes relativas a la limpieza de la quebrada y capacitación de la comunidad para que no arroje basuras, señaló que la entidad territorial atiende lo pedido y para ello, durante el mes de agosto de 2023 estará

9. En cuanto a las órdenes relativas a la limpieza de la quebrada y capacitación de la comunidad para que no arroje basuras, señaló que la entidad territorial atiende lo pedido y para ello, durante el mes de agosto de 2023 estará adelantando la jornada de limpieza en conjunto con la comunidad y, asimismo, adelantará la capacitación con CORPOURABÁ. Actuaciones en relación con las cuales afirmó que, una vez surtidas, se enviarán las respectivas constancias.

Auto apelado y sus fundamentos

10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 9 de agosto de

20235, resolvió:

3 Cfr. Índice 2 SAMAI. Archivo denominado: ED_031COMPLEMENTOPRONUN(.pdf) NroActua 2 4 Cfr. Índice 2 SAMAI. Archivo denominado: ED_027PRONUNCIAMIENTOME(.pdf) NroActua 2 5 Cfr. Índice 2 SAMAI. Archivo denominado: ED_046AUTORESUELVEMEDID(.pdf) NroActua 26

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“[…] RESUELVE

PRIMERO. Decretar la siguiente medida cautelar:

ORDENAR al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ANTIOQUIA -DAGRANla revisión y estudios requeridos para afrontar los riesgos asociados a la canalización y ubicación de las viviendas del barrio Santa Ana de Uramita, y con base en ellos elabore los diseños y

DE DESASTRES DE ANTIOQUIA -DAGRANla revisión y estudios requeridos para afrontar los riesgos asociados a la canalización y ubicación de las viviendas del barrio Santa Ana de Uramita, y con base en ellos elabore los diseños y proyectos necesarios para la prevención y/o mitigación de situaciones ocasionadas por eventos naturales que afecten la integridad física de la comunidad, o la infraestructura de la población.

En el informe deberán indicar las conclusiones y recomendaciones de tipo integral de las acciones a tomar en los diferentes eventos que se presenta en el barrio Santa Ana de Uramita, asociados a la canalización de la quebrada la Encalichada y la ubicación de las viviendas.

Para lo anterior, se cede el término de 2 meses contados a partir de la notificación de la presente decisión.

SEGUNDO. Por Secretaría se librarán los oficios respectivos

TERCERO. Denegar los otros puntos de la solicitud cautelar […]”.

10.1. El Tribunal Administrativo del Antioquia consideró que, en el caso sub examine, se encontraba probada la amenaza a los derechos colectivos invocados por el Personero del Municipio de Uramita, materializado en el riesgo de la comunidad por la ubicación del barrio Santa Ana con ocasión de la alerta que supone el desbordamiento de la quebrada la Encalichada y la caída de materiales de las montañas aledañas.

10.2. Estimó que el Personero Municipal de Uramita , en consonancia con el artículo 282 de la Constitución Política, se encuentra facultado para interponer acciones populares y al formar parte del Ministerio Público, debe actuar en defensa de los derechos colectivos. Adicionalmente, que de conformidad con el

artículo 282 de la Constitución Política, se encuentra facultado para interponer acciones populares y al formar parte del Ministerio Público, debe actuar en defensa de los derechos colectivos. Adicionalmente, que de conformidad con el artículo 12 de la Ley 472, el personero cuenta con la titularidad para reclamar la protección de los derechos colectivos invocados.

10.3. Indicó que hay serios motivos para considerar que, de no otorgarse la medida, los efectos de la sentencia serían nugator ios, por cuanto, bien podría acaecer la situación que se quiere evitar con la postulación de la medida cautelar y en el evento de accederse a las pretensiones, ya no tendría un efecto útil la orden contenida en las pretensiones de la demanda que consiste e n la canalización de la quebrada y la reubicación de la población susceptible de ello.

10.4. Asimismo, consideró que el registro fotográfico allegado con la demanda, el cual, observado en conjunto con la s demás pruebas aportadas en esa etapa7

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procesal, otorgan certeza del lugar de los hechos y el deterioro del cauce de la corriente de agua que socava los cimientos de algunas viviendas en la actualidad, al igual que permite constatar la caída de rocas y tierra en algunos sectores, que afecta en forma actual e inmi nente a la comunidad, por lo que el Tribunal Administrativo de Antioquia encontró mérito para la intervención de la administración con el fin de mitigarlos porque la prueba que demuestra que sería

afecta en forma actual e inmi nente a la comunidad, por lo que el Tribunal Administrativo de Antioquia encontró mérito para la intervención de la administración con el fin de mitigarlos porque la prueba que demuestra que sería más lesivo al interés público negar la medida a concederla. Asimismo, encontró probado que se causaría un perjuicio irremediable para la comunidad asentada en las márgenes de la corriente de agua, porque “[…] en cualquier momento podría darse la creciente y arrastrar materiales con consecuencias funestas para la c olectividad, así como por la caída de materiales de las montañas que la rodean […]”.

10.5. En ese orden, explicó que “[…] [n]ecesario resulta la determinación del riesgo y sus posibles soluciones, para posteriormente, emitirse las órdenes que resulten necesarias para su mitigación o remedio definitivo […]” y explicó, por un lado, que la medida cautelar a proferir “[…] está emparentada con el literal “d” del artículo 25 de la Ley 472 de 1998, esto es, con la realización de “los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo”, en atención a que los informes y pronunciamientos de las entidades que afirman la existencia del riesgo datan de los años 2016 y 2019, por lo que se desconocen las dimensiones de la afectación a los derechos colectivos y las acciones necesarias para afrontar los riesgos […]”; y, por el otro, que “[…] dado que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA cuenta con una agencia especializada en el asunto bajo examen, el Departamento Administrativo de

colectivos y las acciones necesarias para afrontar los riesgos […]”; y, por el otro, que “[…] dado que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA cuenta con una agencia especializada en el asunto bajo examen, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia DAGRAN-, en su dependencia de la Unidad de Reducción del Riesgo, será comisionada para realizar el respectivo informe de la situación y medidas a implementar en el barrio Santa Ana […]”.

Recurso de apelación

11. El Departamento de Antioquia interpuso recurso de apelación el 14 de agosto de 20236 contra el auto indicado supra, en el que sostuvo que, la Ley 1523 de 20127 asignó a las administraciones municipales la competencia inicial para resolver los temas de afectación a la población y, en términos generales, para la

6 Cfr. Índice 2 SAMAI. Archivo denominado: ED_049RECURSODPTOANTIOQ(.pdf) NroActua 2 7 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.8

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atención de desastres naturales antropogénicos, al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres –CMGRD-. A demás, agregó que la administración municipal es la responsable directa de implementar e integrar en su planificación acciones estratégicas y prioritarias en materia de riesgos y desastres.

del Riesgo de Desastres –CMGRD-. A demás, agregó que la administración municipal es la responsable directa de implementar e integrar en su planificación acciones estratégicas y prioritarias en materia de riesgos y desastres.

11.1. Resaltó que es el Municipio de acuerdo a su Plan de ordenamiento territorial (POT) quien debería tener incluidas las valoraciones de la condición de riesgo como parte de los determinantes ambientales que definen el ajuste y actualización de ese instrumento de ordenación terr itorial, por lo que el Departamento no es en primera instancia competente para intervenir en un asunto que el Municipio debe resolver con autonomía en función del ordenamiento territorial en el que se deberían incluir dichos estudios, no siendo entonces competente el Departamento en el tema.

11.2. Sobre el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia -DAGRAN-, entidad adscrita al Departamento de Antioquia, precisó que el mismo fue reglamentado por la Ordenanza núm. 41 de 1995 y el Decreto 2021070000777 de 16 de febrero de 2021. Agregó que dentro de las funciones del Departamento Administrativo no se encuentran las de formulación de proyectos y explicó que se trata de un órgano consultor y de apoyo a los entes municipales sin que, reitera, cuente con personal dentro de su planta de cargos para formular proyectos de gestión del riesgo.

11.3. En el escrito afirmó que se atribuyen funciones y responsabilidades al Departamento de Antioquia que no se encuentran en el ordenamiento , teniendo en cuenta que su deber misional está orientado a colaborar subsidiariamente con los entes locales, pero sin arrogarse sus competencias y adicionalmente

Departamento de Antioquia que no se encuentran en el ordenamiento , teniendo en cuenta que su deber misional está orientado a colaborar subsidiariamente con los entes locales, pero sin arrogarse sus competencias y adicionalmente manifestó que, en virtud del principio de subsidiariedad, el Departamento de Antioquia tiene el deber de acudir en ayuda de los municipios que lo conforman, solo cuando estos no tengan los medios para enfrentar las situaciones de riesgo que los afectan.

11.4. Señaló que la orden que se impartió en la providencia que accedió a la medida cautelar no es urgente, como para no esperar al fallo de instancia en el que se determine el verdadero alcance del riesgo a los derechos , por cuanto el problema se viene presentando mucho antes del año 2016; y agregó que no está claro como los estudios son relevantes para mitigar el riesgo planteado.9

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La concesión del recurso de apelación

12. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 4 de septiembre de 2023 , resolvió conceder, en efecto devolutivo, el recurso de apelación interpuesto por el Departamento de Antioquia contra el auto de 9 de agosto de

2023.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

13. El Despacho abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo de las medidas cautelares en el medio de control de protección de los derechos e

13. El Despacho abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo de las medidas cautelares en el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos; iv) el marco normativo sobre la competencia de los entes territoriales en materia de gestión del riesgo de desastres; v) la competencia de los municipios y departamentos en materia de gestión de riesgo; vi) el marco normativo sobre los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en el ejercicio de la función pública por las autoridades administrativas; y vii) el análisis del caso concreto.

Competencia

14. Vistos los artículos: i) 1258 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20119, sobre la expedición de providencias , en especial el literal “h” del numeral 2 ; ii) 150 10 ibidem, sobre competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación; iii) 24311 ibidem, sobre apelación; y iv) 24412 ibidem, sobre trámite de recurso de apelación contra autos: la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para resolver e l recurso de apelación interpuesto por el Departamento de Antioquia contra el auto de 9 de agosto de 202313 proferido por la Sala Unitaria de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante el cual, decretó una medida cautelar.

Problema jurídico

15. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación

interpuesto por el Departamento de Antioquia:

8 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el

15. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación

interpuesto por el Departamento de Antioquia:

8 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 9 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 10 Modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080. 11 Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080. 12 Modificado por el artículo 64 de la Ley 2080. 13 Cfr. Índice 2 SAMAI. Archivo denominado: ED_046AUTORESUELVEMEDID(.pdf) NroActua 210

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15.1. Si se encuentra probada, en esta etapa del proceso, la existencia de una situación de amenaza de l derecho e interés colectivo a la prevención de desastres previsibles técnicamente en relación con los habitantes del Barrio Santa Ana del Municipio de Uramita, ubicados a orillas de la quebrada Encalichada.

15.2. Si, teniendo en cuenta las competencias y principios que rigen la gestión del riesgo de desa stres, el Departamento de Antioquia, a través del

Encalichada.

15.2. Si, teniendo en cuenta las competencias y principios que rigen la gestión del riesgo de desa stres, el Departamento de Antioquia, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de AntioquiaDAGRAN, es competente para cumplir la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el auto de 9 de agosto de 2023 en cuanto ordenó: i) la revisión y estudios requeridos para afrontar los riesgos asociados a la canalización y ubicación de las viviendas del barrio Santa Ana del Municipio de Uramita; ii) la elaboración de los diseños y proyectos necesarios para la prevención y/o mitigación de situaciones ocasionadas por eventos naturales que afecten la integridad física de la comunidad, o la infraestructura de la población; y iii) la elaboración del informe con las conclusiones y recomendaciones de las acciones a tomar asociados a la canalización de la quebrada la Encalichada y la ubicación de las viviendas.

16. En este orden de ideas, la Sala establecerá si se debe confirmar, modificar o revocar el auto de 9 de agosto de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Marco normativo de las medidas cautelares en el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos

17. Vistos: i) los artículos 25 y 26 de la Ley 472, sobre las medidas cautelares en las acciones populares; y el parágrafo del artículo 229 de la Ley 1437, sobre procedencia de medidas cautelares.

18. Antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, decretar, debidamente motivadas, las

procedencia de medidas cautelares.

18. Antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado, respecto de las cuales no opera el principio de taxatividad. En particular, de manera enunciativa, la norma indica que se podrán decretar las siguientes:11

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18.1. Ordenar la cesación inmediata de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando.

18.2. Ordenar que se ejecuten los actos necesarios cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina s ea consecuencia de la omisión del demandado.

18.3. Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas.

18.4. Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medias urgentes a tomar para mitigarlo.

19. El decreto y práctica de las medidas previas no suspenderá el curso del proceso y, cuando se trate de una amenaza por razón de una omis ión atribuida a una autoridad o persona particular, el juez deberá ordenar el cumplimiento inmediato de la acción que fuere necesaria, para lo cual otorgará un término

proceso y, cuando se trate de una amenaza por razón de una omis ión atribuida a una autoridad o persona particular, el juez deberá ordenar el cumplimiento inmediato de la acción que fuere necesaria, para lo cual otorgará un término perentorio. Si el peligro es inminente podrá ordenar que el acto, la obra o la acción la ejecute el actor o la comunidad amenazada, a costa de la parte demandada.

20. El artículo 26 de la Ley 472 establece que el auto que decrete las medidas previas será notificado simultáneamente a la parte demandada con la admi