CE - 050012333000202300733011SENTENCIA20230901161226

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Título
CE - 050012333000202300733011SENTENCIA20230901161226
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 050012333000-2023-00733-01

Referencia: Acción de tutela

Actoras: CARMEN LILIANA SALDARRIAGA MOLINA Y OTRA.

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA. NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. LA PARTE ACTORA NO PUEDE PRETENDER QUE A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE

TUTELA SE HAGA PARTE DENTRO UN PROCESO ORDINARIO QUE SE

ENCUENTRA EN CURSO Y MENOS EN NOMBRE PROPIO. DERECHO DE

POSTULACIÓN. ADICIONALMENTE, PUEDE ACUDIR A LA COMISIÓN

NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, ESCENARIO IDÓNEO PARA

ANALIZAR LAS INCONFORMIDADES QUE TRAE EN CUANTO A LOS

APODERADOS JUDICIALES.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA NO DISCRIMINACIÓN.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 1o. de agosto de 2023, proferida en primera instancia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1 que rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia, por falta del requisito general de la subsidiariedad.

por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1 que rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia, por falta del requisito general de la subsidiariedad.

1 En adelante el TRIBUNAL.2

Número único de radicación: 050012333000-2023-00733-01

Actoras: CARMEN LILIANA SALDARRIAGA MOLINA Y OTRA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora CARMEN LILIANA SALDARRIAGA MO LINA, actuando en nombre propio y como agente oficiosa de la señora DORA DEL SOCORRO SALDARRIAGA MOLINA , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la no discriminación, los cuales, estima vulnerados por el JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN 2 y los señores ANA MARÍA LÓPEZ MONSALVE y JUAN JOSÉ GÓMEZ ARANGO3, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 050013333012-202100372-01.

I.2.- Hechos

Indicó que han sido víctimas por hechos de homicidio, abandonos, explotación laboral y ahora desplazamiento intraurbano.

00372-01.

I.2.- Hechos

Indicó que han sido víctimas por hechos de homicidio, abandonos, explotación laboral y ahora desplazamiento intraurbano.

2 En adelante el JUZGADO. 3 Abogados designados en amparo de pobreza.3

Número único de radicación: 050012333000-2023-00733-01

Actoras: CARMEN LILIANA SALDARRIAGA MOLINA Y OTRA.

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Resaltó que está a cargo de su madre biológica, la señora DORA SALDARRIAGA MOLINA , quien se encuentra con movilidad reducida y a sus 78 años de edad presenta afectaciones de salud ocasionadas por los vecinos circundantes de su vivienda, quienes han empezado a hostigarlas y perjudicarlas en su estado de salud.

Informó que en el año 2019 se inició una demolición colindante a su propiedad, lo que les ocasionó afectaciones a la salud por la exposición al polvo y por el humo de una quema de escombros que se realizó en el patio de su inmueble.

Afirmó que solicitó el amparo de pobreza previsto en el artículo 151 del Código General del Proceso4, con el fin de promover el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que otorgaron la licencia de construcción para la realización de las obras al lado de su residencia, solicitud que fue atendida favorablemente en proveído de 3 de septiembre de 2021

control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que otorgaron la licencia de construcción para la realización de las obras al lado de su residencia, solicitud que fue atendida favorablemente en proveído de 3 de septiembre de 2021 por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN5, a través del cual se le asignó al abogado JUAN JOSÉ GÓMEZ ARANGO como apoderado judicial.

4 En adelante CGP. 5 Proceso identificado con el número único de radicación 050013333004-2021-00233-00.4

Número único de radicación: 050012333000-2023-00733-01

Actoras: CARMEN LILIANA SALDARRIAGA MOLINA Y OTRA.

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Adujo que, por lo anterior, la señora DORA SALDARRIAGA MOLINA promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el MUNICIPIO DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 202150038484 de 13 de abril de 2021, por medio de la cual se confirmó la Resolución núm. C4 -00012 de 4 de enero de 2021, expedida por la Curaduría Urbana de Medellín que otorgó licencia de c onstrucción en las modalidades de obra nueva, demolición total y aprobación de planos para propied ad horizontal a

enero de 2021, expedida por la Curaduría Urbana de Medellín que otorgó licencia de c onstrucción en las modalidades de obra nueva, demolición total y aprobación de planos para propied ad horizontal a la compañía Golden Tree Construction Corporation, lo cual colinda con su propiedad.

Destacó que el abogado JUAN JOSÉ GÓMEZ ARANGO ha demostrado desidia y “pereza” para adelantar el proceso , además, que favoreció en las excepciones propuestas a la entidad accionada, comoquiera que no se contactó con ella sino hasta una semana antes de radicar la solicitud de conciliación prejudicial; sumado a ello , tampoco fue posible reunirse con el mencionado apoderado judicial pues este nunca se acercó a su vivienda para conocer el estado en que se encontraba.

Refirió que a la demanda le fue asignado el número único de5

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radicación 2021 -00372-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que, a su juicio, no le ha permitido manifestarse sobre su situación, siendo callada en varias oportunidades.

Indicó que el JUZGADO encontró probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada, por lo que dio traslado para alegar de conclusión con el fin de darle aplicación a la sentencia

situación, siendo callada en varias oportunidades.

Indicó que el JUZGADO encontró probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada, por lo que dio traslado para alegar de conclusión con el fin de darle aplicación a la sentencia anticipada, ingresando el proceso al despacho el 19 de agosto de 2022.

Relató que la señora DORA DEL SOCORRO SALDARRIAGA presentó en nombre propio solicitud de medida cautelar de urgencia ante el JUZGADO, aduciendo que se estaban llevando a cabo actividades de construcción sin los requisitos legales, pues pese a que se concedió la licencia de construcción demandada, se tienen procesos policivos pendientes por atender, lo que afecta su integridad y patrimonio, solicitud que fue atendida por la autoridad judicial accionada en auto de 15 de febrero de 2023, a través del cual resolvió no pronunciarse al respecto, toda vez que no se actuó mediante apoderado judicial, por lo que no le era dable actuar en causa propia.

Aseveró que su apoderado judicial presentó solicitud de medida6

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cautelar, la cual fue resuelta por el JUZGADO en providencia de 24 de abril de 2023, en el sentido de denegarla, decisión confirmada por

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cautelar, la cual fue resuelta por el JUZGADO en providencia de 24 de abril de 2023, en el sentido de denegarla, decisión confirmada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en proveído de 19 de julio de la presente anualidad.

Manifestó que el 31 de mayo de 2023 se incendió el mencionado inmueble quedando inhabitable, situación que fue patrocinada por su abogado, el señor JUAN JOSÉ GÓMEZ ARANGO , comoquiera que este nunca prestó ayudas para elevar las medidas cautelares correspondientes con las que se hubiera evitado la tragedia en la que casi fallecen.

Comentó que han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación por constreñimiento ilegal con fines de desplazamiento forzado , entre otros , en las cuales se ha dejado constancia de los vejámenes de los que han sido víctimas por parte de sus vecinos, lo que ha perjudicado su tranquilidad y salud.

De otra parte, aseveró que solicitó de conformidad con el artículo 151 del CGP un nuevo amparo de pobreza con el fin de iniciar demanda de reparación directa contr a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, con el fin de que se declarara a dicha entidad responsable por los daños causados con su retiro del cargo7

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de Química Farmacéutica el cual ejercía en carrera administrativa, lo que le ocasionó “muerte profesional definitiva”.

Advirtió que dentro del proceso identificado con el número único de radicación 050013333020-2022-00572-00 el JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante auto de 22 de marzo de 2023, concedió el amparo de pobreza solicitado y designó a la abogada ANA MARÍA LÓPEZ MONSALVE para materializar su derecho de acceso a la administración de justicia.

Afirmó que la abogada ANA MARÍA LÓPEZ MONSALVE no ha cumplido a cabalidad con su función de apoderada judicial pues carece de idoneidad e imparcialidad para el asunto, lo que le ha impedido promover la demanda, máxime cuando ha sido intimidada bajo amenazas para que no haga uso de los mecanismos judiciales que tiene a su alcance.

Finalmente, bajo una redacción confusa y sin un orden cronológico de las situaciones que acusa , puso de presente que su antiguo empleador, esto es, el señor JUAN PABLO REYES VILLAMIZAR de REYES & REYES ABOGADOS S.A.S. ha sido responsable de los

de las situaciones que acusa , puso de presente que su antiguo empleador, esto es, el señor JUAN PABLO REYES VILLAMIZAR de REYES & REYES ABOGADOS S.A.S. ha sido responsable de los vejámenes que ahora sufre, lo que le ha impedido volver a ejercer su profesión de Química Farmacéutica.8

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I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora , el JUZGADO vulnero sus derechos fundamentales invocados al omitir pronunciarse de fondo respecto de la medida cautelar solicitada por la señora DORA DEL SOCORRO SALDARRIAGA, comoquiera que se obstaculizó su acceso a la administración de justicia bajo un exceso ritual manifiesto, máxime cuando fue el abogado JUAN JOSÉ GÓMEZ ARANGO quien se abstuvo de ejercer en debida forma s u condición de apoderado judicial.

Relató que el JUZGADO también ha incurrido en un exceso ritual manifiesto al impedirle actuar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , toda vez que a pesar de que es propietaria del inmueble objeto de debate, no se le ha permitido intervenir dentro del mismo, discriminándola sin motivo alguno, desconociendo que es parte interesada.

restablecimiento del derecho , toda vez que a pesar de que es propietaria del inmueble objeto de debate, no se le ha permitido intervenir dentro del mismo, discriminándola sin motivo alguno, desconociendo que es parte interesada.

Añadió que la autoridad judicial accionada ha pasado por alto los elementos probatorios entregados al expediente, por lo que impedirles acceder directamente a la justicia resulta caprichoso y discriminatorio.9

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Lo anterior, toda vez que estaba debidamente acreditada la afectación a la salud y a la integridad de su madre , lo que es evidente, pues antes del año 2021, esto es, antes del inicio de las obras, la señora DORA DEL SOCORRO no necesitaba del uso de silla de ruedas ni de equipos de oxígeno, a diferencia de la actualidad en la que presenta una grave degeneración pulmonar; además, agregó un amplio documental fotográfico que daba cuenta del estado del inmueble.

Por último, aseveró que las actuaciones de los abogados JUAN JOSE GÓMEZ ARANGO y ANA MARÍA LÓPEZ MONSALVE dentro de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y reparación directa resultan contrarios al ejercicio de la profesión, de tal forma que no presentan idoneidad ni imparcialidad para actuar en calidad

procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y reparación directa resultan contrarios al ejercicio de la profesión, de tal forma que no presentan idoneidad ni imparcialidad para actuar en calidad de apoderados judiciales.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende lo siguiente:

“[…] ► DECRETE AMPARO DEL DERECHO A LA NO

DISCRIMINACIÓN DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO EN

CURSO SIENDO QUE SOY LA CUIDADORA, ACUDIENTE Y

RESPONSABLE POR LA DEMANDANTE ADULTA MAYOR EN ESTADO10

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DE INDEFENSIÓN Y DEBILIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA MANIFIESTA,

EN CONTRA DEL ABOGADO ACCIONADO JUAN JOSÉ GOMEZ

ARANGO Y DEL DESPACHO 12 ADMINISTRATIVO Y SE ACEPTE Y ADMITA QUE SEA YO QUIEN RESPONDA ANTE EL APODERADO Y EL DESPACHO POR ELLA Y SEA ATENDIDA POR ELLO S EN SUS DERECHOS QUE ACTUALMENTE COMO PROPIETARIA TAMBIÉN ME AFECTAN A MI EN LEGÍTIMO DERECHO POR HABER PERDIDO TODOS MIS BIENES Y LA PARTE DEL INMUEBLE QUE POR LEY ME

CORRESPONDE CON EL COLAPSO DEL MISMO FAVORECIDO Y

AFECTAN A MI EN LEGÍTIMO DERECHO POR HABER PERDIDO TODOS MIS BIENES Y LA PARTE DEL INMUEBLE QUE POR LEY ME

CORRESPONDE CON EL COLAPSO DEL MISMO FAVORECIDO Y

FACILITADO POR LAS ACCIONADAS.

► DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN

CONCORDANCIA CON LOS HECHOS NARRADOS EN LA PRESENTE

ACCIÓN QUE RESULTAN OFENSIVOS Y CONSTITUCIONALMENTE

INADMISIBLES EN CONTRA DE UNA ADULTA MAYOR Y SU FAMILIA

CUIDADORA VIOLENTANDOLA COMO DEMANDANTE CON ABUSO

DE SU SITUACIÓN DE DEBILIDAD MANIFIESTA Y

FAVORECIMIENTO A LOS DEMANDADOS Y OTROS INTERESADOS

EN LA DEM ANDA 050013333012202100372 A FIN DE QUE SE

REHAGA EL TRÁMITE DESDE EL MOMENTO EN QUE EL ABOGADO

DESIGNADO AQUÍ ACCIONADO OMITIÓ AL DESPACHO

NOTIFICARSE CON ACEPTAMIENTO DEL ENCARGO DENTRO DE

LOS TÉRMINOS LEGALES DEL AMPARO DE POBREZA OTORGADO

PARA POSTERIORMENTE INCURRIR EN TODA SUERTE DE

DEFICIENCIAS DEFENSIVAS CON O SIN CULPA O DOLO QUE LE

CAUSARON RUINA A SU INMUEBLE Y PERDIDA MASIVA DE SUS

BIENES Y DERECHO AL TRABAJO.

► DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN

CONCORDANCIA CON LOS HECHOS NARRADOS EN LA PRESENTE

ACCIÓN QUE EVIDENCIAN GRAVES VICIOS DE NULIDAD AL

PRETENDER DESCONOCER NO SOLO QUE LA DEMANDANTE DORA

CONCORDANCIA CON LOS HECHOS NARRADOS EN LA PRESENTE

ACCIÓN QUE EVIDENCIAN GRAVES VICIOS DE NULIDAD AL

PRETENDER DESCONOCER NO SOLO QUE LA DEMANDANTE DORA

SALDARRIAGA MOLINA RESIDE DESDE HACE 54 AÑOS EN EL

INMUEBLE SOBRE EL CUAL EL DESPACHO ALEGA NO TENER

DERECHOS, SINO QUE ME PRETENDEN DESCONOCER A MI COMO

LEGÍTIMA INTERVINIENTE AL SER PROPIETARIA COMO CONSTA

EN DOCUMENTOS LEGALES.

► DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN

CONCORDANCIA CON LOS HECHOS NARRADOS EN LA PRESENTE

ACCIÓN QUE EVIDENCIAN GRAVES VICIOS DE NULIDAD AL PRETENDER DESCONOCER QUE LA DEMANDA FUE RADICADA DESDE EL 17 DE AGOSTO DE 2021 ANTE EL JUZGADO CUARTO

ADMINISTRATIVO Y QUE NO PORQUE EL ABOGADO DESIGNADO

SE DESCUIDÓ, HACE QUE SUS EFECTOS NO OCURRAN DESDE ESA

FECHA PRETENDIENDO AVALAR LAS EXCEPCIONES DE

CADUCIDAD ALEGADAS POR LA DEMANDADA PLANEACIÓN QUE INDICA QUE LOS TÉRMINOS EMPEZARON A CORRER EL 28 DE AGOSTO DE 2021 EN OCASIÓN AL ESCRITO CON EL CUAL EL

ACCIONADO REINICIO DEMANDA EL 15 DE DICIEMBRE DE 202111

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Actoras: CARMEN LILIANA SALDARRIAGA MOLINA Y OTRA.

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ANTE EL JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO ACCIONADO Y QUE PRETENDE NO TENER EN CUENTA NADA DE LO QUE VENGA CON MI NOMBRE O DE LO QUE ALEGUE LA DEMANDANTE SINO LO QUE

ACERTADA O DESACERTADAMENTE LE INDIQUE EL ABOGADO QUE

HASTA AHORA NI CONOCEMOS EN PERSONA.

► DECRETE AMPARO DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACI ÓN Y ACCESO A LA ADMINISTRACI ÓN DE JUSTICIA EN CONTRA DE LA ABOGADA ACCIONADA ANA MARÍA LÓPEZ MONSALVE Y SE ACEPTE Y ADMITA SU RENUNCIA DESIGNANDO A OTRO EN MI AMPARO DE POBREZA DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DADO QUE A TODAS LUCES POR LO QUE NOTIFICÓ AL DESPACHO EL 24 DE JULIO DE

2023 INCONGRUENTE Y BAJO FALSEDAD TESTIMONIAL ABSURDA,

NO SE MUESTRA COMPETENTE, NI CUERDA, NI ACTÚA DE BUENA FE, COHERENTE, NI MUCHO MENOS IMPARCIAL PARA LLEVAR A CABO EL ENCARGO QUE LE FUE DELEGADO POR EL ESTADO PARA

QUE OTRO PROFESIONAL RESPONSABLE LO ASUMA

OTORGANDOLE LOS TÉRMINOS LEGALES QUE A ELLA DESDE EL

CABO EL ENCARGO QUE LE FUE DELEGADO POR EL ESTADO PARA

QUE OTRO PROFESIONAL RESPONSABLE LO ASUMA

OTORGANDOLE LOS TÉRMINOS LEGALES QUE A ELLA DESDE EL

INICIO LE FUERON OTORGADOS EN RESPETO A MI DERECHO DE

ACCESO A LA JUSTICIA PERO QUE DILIPENDIÓ PARA

ENTROMETERSE Y TRATAR DE I NFLUIR SOBRE OTROS TRÁMITES

PERSONALES Y FAMILIARES BAJO EXTRALIMITACION DE

FUNCIONES Y DEJÁNDOSE AMEDRENTAR POR MI EX JEFE JUAN

PABLO REYES VILLAMIZAR.

► ORDENAR A LA ABOGADA ACCIONADA ANA MARÍA LÓPEZ

MONSALVE DEVOLVER AL DESPACHO COMPETENTE TODOS LOS ARCHIVOS, DVDS, OFICIOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE SOBRE MI PROCESO TIENE EN SU PODER PARA QUE LE SEAN

ENTREGADOS A UN NUEVO DEFENSOR AUXILIAR Y NO

ENTROMETERSE MÁS NI TRATAR DE INFLUIR SOBRE OTROS

TRÁMITES PERSONALES Y FAMILIARES, NI SOBRE OTROS

ABOGADOS QUE LLEVAN NUESTRAS DEFENSAS O PROCESOS

LEGALES O PENALES.

► DECRETE AMPARO DE TODOS LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

QUE EN CONCORDANCIA CON LOS HECHOS NARRADOS EN LA

PRESENTE ACCIÓN EVIDENCIE AMENAZADOS O VIOLENTADOS EN

CONTRA DE MI PERSONA CON EFECTOS PERJUDICIALES SOBRE

TERCEROS O EN CONTRA DE MI DIGNIDAD HUMANA CON

AFECTACIÓN A LA CALIDAD DE VIDA DE MI FAMILIA EN

SITUACIÓN DE VEJEZ.

[…]”.

TERCEROS O EN CONTRA DE MI DIGNIDAD HUMANA CON

AFECTACIÓN A LA CALIDAD DE VIDA DE MI FAMILIA EN

SITUACIÓN DE VEJEZ.

[…]”.

I.5.- Defensa12

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I.5.1.- El JUZGADO manifestó que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de deb ate se han surtido todas las etapas procesales pertinentes, de acuerdo con el procedimiento establecido en el CPACA , por lo que el trámite está en turno para emitir la sentencia correspondiente.

I.5.2.- El señor JUAN JOSÉ GÓMEZ ARANGO informó que todas y cada una de las actuaciones judiciales desplegadas en su condición de apoderado judicial se han realizado conforme a lo establecido en el CPACA, dentro de los términos para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que exige la norma y atendiendo a los parámetros que como profesional del derecho le son obligados.

Luego de rendir informe de las actuaciones llevadas a cabo dentro del proceso ordinario, en aras de evidenciar el cumplimiento de sus deberes, precisó que ha realizado su labor respetando el debido proceso y las formalidades procesales, pero evitando desgastar innecesariamente a la administración de justicia.

del proceso ordinario, en aras de evidenciar el cumplimiento de sus deberes, precisó que ha realizado su labor respetando el debido proceso y las formalidades procesales, pero evitando desgastar innecesariamente a la administración de justicia.

Finalmente, agregó que no se pronunciará en cuanto a las inconformidades expuestas por la parte actora, pues ellas se basan en apreciaciones y valoraciones personales que ni tienen verificación13

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alguna.

I.5.3.- La señora ANA MARÍA LÓPEZ MONSALVE puso de presente que realizadas las gestiones para efectuar la defensa judicial de la señora CARMEN LILIANA , determinó que existe una inviabilidad jurídica para promover el medio de control de reparación directa contra la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , comoquiera que, a su juicio, está acreditado el carácter innecesario e inocuo de la demanda por desgastar la administración de justicia, a la luz de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia T374 de 2021.

Destacó que, debido a lo anterior, presentó memorial ante el JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, por medio del cual solicitó que se considere que el medio

374 de 2021.

Destacó que, debido a lo anterior, presentó memorial ante el JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, por medio del cual solicitó que se considere que el medio de control de reparación directa es inocuo por constituir un desgaste sin fundamento, pues no se advierte actuación alguna por parte de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO que permita evidenciar algún daño antijuridico a la actora , sin que a la fecha haya sido resuelta tal petición.

Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, por cuanto la vulneración alegada no tiene vocación de prosperidad.14

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II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 1o. de agosto de 2023, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por considerar que no se cumple con el requisito general de la subsidiariedad.

Para lo anterior, destacó que por cuestiones metodológicas y teniendo en cuenta lo confuso del escrito de tutela, dividió en dos partes el examen de amparo, esto es, de una parte, las actuaciones realizadas por el JUZGADO y, de otra , las realizadas por los abogados.

Afirmó que al examinar las primeras cuatro pretensiones

partes el examen de amparo, esto es, de una parte, las actuaciones realizadas por el JUZGADO y, de otra , las realizadas por los abogados.

Afirmó que al examinar las primeras cuatro pretensiones encaminadas a que se amparen sus garantías al debido proceso y al acceso a la administración de justicia que consideran vulnerados al no dejarlas actuar en causa propia y al no darle trámite a los escritos presentados en el JUZGADO con la finalidad de rehacer el trámite procesal para que no opere el fenómeno de la caducidad , encontró que no se cumple con el requisito general de la subsidiariedad, comoquiera que dichos asuntos deben adelantarse a través de su apoderado judicial dentro del proceso ordinario.

Agregó que, tal como se explicó en una acción de tutela promovida15

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por la señora DORA DEL SOCORRO SALDARRIAGA con anterioridad a la presente , en la cual, aun cuando no se advierte identidad de partes ni hechos, si se cuestionó el tema de la caducidad y de la defensa en causa propia, frente a la cual se le explicó que para ello existe un sistema reglado que prescribe que quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de apoderado inscrito, por lo que la conducta del JUZGADO se encuentra ajustada a derecho.

para ello existe un sistema reglado que prescribe que quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de apoderado inscrito, por lo que la conducta del JUZGADO se encuentra ajustada a derecho.

Ahora, en lo que respecta a las actuaciones de los abogados, resaltó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para revisar los reproches de carácter personal y particular en contra de los apoderados judiciales, en la medida en que ello es competencia de la Comisión de Disciplina Judicial que mediante el proceso pertinente, deberá estudiar las acciones y omisiones que, a su juicio, atentaron contra sus intereses.

Señaló que en cuanto a la solicitud tendiente a que se admita la renuncia de la abogada ANA MARÍA LÓPEZ MONSALVE , afirmó que tal pretensión es improcedente, toda vez que es dentro del proceso que deben elevarse tales peticiones y no ante este mecanismo constitucional, máxime cuando no se advierte vulneración alguna de los derechos fundamentales deprecados.16

Número único de radicación: 050012333000-2023-00733-01

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Sumado a lo anterior, comentó que si considera que el actuar de los abogados se encuadran en conductas delictivas, pueden acudir al proceso penal, juez natural ante el cual deben ser ventiladas dichas inconformidades.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

abogados se encuadran en conductas delictivas, pueden acudir al proceso penal, juez natural ante el cual deben ser ventiladas dichas inconformidades.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La señora CARMEN LILIANA SALDARRIAGA MOLINA, actuando en nombre propio y aclarando que no presentaba el escrito en calidad de agente oficioso de la señora DORA DEL SOCORRO SALDARRIAGA MOLINA , impugnó la sentencia proferida en primera instancia indicando que:

Resaltó que acudió a la acción de tutela de la referencia para que se proteja su derecho fundamental a la no discriminación y no actuando en calidad de agente oficioso, por lo que solicita que se estudie la vulneración alegada de la que ha sido v íctima por los accionados, máxime cuando se le remite a las vías ordinarias, siendo las mismas inadecuadas para resolver el asunto.

Reiteró que ha sido objeto de humillaciones y maltratos por parte de la abogada ANA MARÍA LÓPEZ MONSALVE, quien con su trato cruel la ha revictimizado de manera ostensible , por lo que solicita17

Número único de radicación: 050012333000-2023-00733-01

Actoras: CARMEN LILIANA SALDARRIAGA MOLINA Y OTRA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

que tal asunto sea analizado de fondo.

Precisó que la sentencia de primera instancia carece de todo

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que tal asunto sea analizado de fondo.

Precisó que la sentencia de primera instancia carece de todo razonamiento, en la medida en que minimiza los hechos al punto de pensar que el trámite de rehacer se limite únicamente a la caducidad, pues dentro del proceso ordinarios se han presentado una serie de fallas y dilaciones que deben ser objeto de examen , incluyendo la necesidad de que se ordenen las medidas cautelares solicitadas.

Anotó que los hechos que motivaron la tutela tampoco se ajustan a los expuestos por el a quo , pues se realizó una indebida interpretación ignorando las pruebas obrantes en el expediente y dejándose “ influenciar negativamente de profesionales de oficio y contra los cuales me encuentro en estado de indefensión absoluta dejándose llevar de prejuicios y estigmas parcializados en mi contra”, pues lo pretendido es promover una acción de reparación directa por los años de campaña difamatoria y desdibujada de la que ha sido víctima.

Recalcó que ha sido testigo de l actuar reticente del abogado JUAN JOSÉ GÓMEZ ARANGO, pues éste no ha comprendido que la señora DORA DEL SOCORRO es una persona con movilidad reducida, tergiversando el sentido real de la demanda de nulidad y18

Número único de radicación: 050012333000-2023-00733-01

Actoras: CARMEN LILIANA SALDARRIAGA MOLINA Y OTRA.

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restablecimiento del derecho, en la cual también se le ha ocasionado perjuicios a su persona, por lo que está legitimada en la causa para actuar en dicho trámite.

Añadió que el JUZGADO no admite prueba o documento alguno de su parte, lo que resulta inverosímil, pues es la hija y cuidadora de la señora DORA DEL SOCORRO , lo que, además, se traduce en un actuar discriminatorio, por lo que la autoridad judicial accionada “[…] ha actuado única y exclusivamente por lo que ha dicho el abogado de oficio y a medias, pues permitió el perjuicio irremediable “mandando a callar”, lo que, a su vez, la desconoce como cuidadora, pasando por alto que también resultó atropellada con la p érdida de todos sus bienes y patrimonio […]”.

Aseveró que el JUZGADO ha sido inane a los pedimentos, lo que generó que ocurriera una tragedia que se hubiera podido prevenir , por lo que el abogado ha mostrado que su único objetivo es entorpecer su derecho y mentir sobre los elementos probatorios aportados, lo que demuestra que no cuenta con ningún ti

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