CE-08001-23-31-000-2003-02906-01-2010

TASA ESPECIAL DE SERVICIOS ADUANEROS - Improcedencia del cobro por inexequibilidad de la norma que le servía de sustento / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 13 de noviembre de 2008, Radicación 2003-00805 C.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta; y de Corte Constitucional, C-992 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLITICA – ARTICULO 4 / LEY 633 DE 2000 – ARTICULO 56 / LEY 633 DE 2000 – ARTICULO 57 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTICULO 89 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 513 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 863 – INCISO 3 / ESTATUTO ADUANERO –

ARTÍCULO 557

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil diez (2010) Radicación número: 08001-23-31-000-2003-02906-01

Actor: WEAHTERFORD COLOMBIA LIMITED

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Referencia: AUTORIDADES NACIONALES Se decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la Sentencia de 26 de enero de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo del

Atlántico, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho propuesta contra la Resolución 1098 de 2003 (22 de mayo), por medio de la cual la División de Liquidación de la Administración de Aduanas Nacionales –Barranquilla, negó la solicitud de liquidación oficial de corrección de declaraciones de importación, y contra la Resolución 1993 de 2003 (12 de septiembre), mediante la cual la División Jurídica confirmó dicha decisión.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1.1. Pretensiones - Que se declare nula la Resolución Nº 1098 de 2003 (22 de mayo), mediante la cual la División de Liquidación de la Administración de Aduanas Nacionales – Barranquilla, negó la solicitud de liquidación oficial de corrección de las declaraciones de importación 0901701052633-5 de 14 de marzo de 2001, 0901701052897-2 de 9 de abril de 2001, 0901701053074-2 de 18 de mayo de 2001, 0901701053246-2 de 22 de junio de 2001, 0901701053336-7 de 11 de julio de 2001, 0901701053548-1 de 14 de agosto de 2001 y 0901701053791 -5 de 26 de septiembre de 2001. - Que se declare nula la Resolución Nº 1993 de 2003 (12 de septiembre), mediante el cual la División Jurídica de la Administración de Aduanas Nacionales –Barranquilla, confirmó la Resolución 1098 de 2003 (22 de mayo). - Que, a título de restablecimiento del derecho, se modifiquen las declaraciones de

importación, en el sentido de eliminar de ellas los valores liquidados por concepto de “Tasa Especial por los Servicios Aduaneros” (TESA) y se ordene la devolución de las sumas pagadas por ese concepto junto con los intereses correspondientes. 1.2. Hechos - La Tasa Especial por los Servicios Aduaneros, fue creada por medio de la Ley 633 de 2000 (29 de diciembre) cuyo artículo 56 dispuso lo siguiente: “Créase una tasa especial como contraprestación por el costo de los servicios aduaneros prestados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los usuarios, que será equivalente a un punto dos por ciento (1.2%) del valor FOB de los bienes objeto de importación”. - De conformidad con el artículo 57 de la misma ley, la administración y control de la Tasa Especial por los Servicios Aduaneros -en adelante TESA-, estaría a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 029 de 2001, inició el recaudo de la tasa a partir del mes de enero de 2001. - La Corte Constitucional, mediante sentencia C-992 de 19 de septiembre de 2001 declaró inexequibles los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, por encontrarlos contrarios al artículo 338 de la Constitución Política. Tal providencia fue notificada por edicto el 23 de octubre de 2001. - Posteriormente y con fundamento en lo artículos 513 del Decreto 2685 de 1999 y 438 de la Resolución 4240 de 2000, el demandante radicó ante la Administración de Aduanas de Bogotá solicitud de liquidación oficial de corrección sobre las

declaraciones de importación en las que había liquidado y pagado la TESA. - Su solicitud fue resuelta por la División de Liquidaciones de la Administración Nacional de Aduanas –Barranquilla, que mediante Resolución 1098 de 2003 (22 de mayo) denegó la solicitud, argumentando que la Corte Constitucional no le otorgó efectos retroactivos a la decisión contenida en la sentencia C-992 de 2001. - Inconforme con dicha decisión, la demandante interpuso recurso de reconsideración que fue resuelto por la División Jurídica de la Administración Nacional de Aduanas –Barranquilla, mediante Resolución 1993 de 2003 (12 de septiembre) confirmando la Resolución 1098 de 2003. 1.3 Concepto de la Violación El demandante considera que la decisión adoptada por la DIAN -Barranquilla, mediante las resoluciones 1098 de 2003 (22 de mayo) y 1993 de 2003 (12 de septiembre), contraría lo dispuesto en los artículos 4º y 338 de la Constitución Política, 45 de la Ley 270 de 1996; 513 del Decreto 2685 de 1999 y 438 de la Resolución DIAN 4240 de 2000. De conformidad con el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, corresponde a la Administración de Aduanas expedir liquidación oficial de corrección cuando quiera que se presenten errores relacionados con las tarifas dentro de la declaración de importación. Asimismo, el artículo 438 de la Resolución DIAN 4240 de 2000, dispone que la liquidación oficial de corrección procede cuando se busca establecer el monto real de los tributos aduaneros, en los casos en que se aduce

pago en exceso. El artículo 338 de la Constitución Política señala que la finalidad de las tasas es la recuperación de los costos prestados por el Estado, siendo elementos esenciales de las mismas la divisibilidad del servicio, la prestación efectiva del servicio, la destinación exclusiva del producido de la tasa a la prestación del servicio y la limitación del monto del recaudo a la recuperación del costo del servicio. La TESA no reúne ninguno de los elementos esenciales mencionados, como quiera que no existe un servicio específico al cual pueda vincularse su pago, de manera que su fijación desconoce el principio de legalidad y, por ende, su cobro y recaudo genera un pago en exceso de los tributos aduaneros. WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED, transfirió al Estado un total de treinta y siete millones ochocientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos ($37.885.654.00) por concepto de la tasa especial liquidada las declaraciones de importación citadas y, auncuando la norma que la creaba estaba vigente para el momento en que éstas fueron presentadas, lo cierto es que no podía cobrarse, por cuanto no existía un servicio específico prestado por el Estado que beneficiara a los obligados al pago de la tasa. Por consiguiente, es evidente que el Estado no contaba con un título jurídico válido que le permitiese conservar el valor pagado por concepto de la TESA, de modo que la liquidación oficial de corrección devenía procedente, siendo nulas las resoluciones acusadas que la denegaron. Afirmó que pese a que la norma estuviese formalmente vigente, le cabía la excepción de inconstitucionalidad por no existir un hecho generador del tributo,

excepción que sólo podía invocarse, a través de la solicitud de liquidación oficial de corrección. Por consiguiente y de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política, es menester dar prevalencia al orden constitucional e inaplicar por inconstitucional la norma irregular. Advirtió que la excepción de inconstitucionalidad no fue alegada extemporáneamente, puesto que no podía haberse propuesto al momento de dar cumplimiento a la liquidación, en tanto ello habría conducido al rechazo de la declaración de importación e imposibilitado el levante de la mercancía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de la Resolución 029 de 2001. De otro lado, manifestó que la excepción de inconstitucionalidad es diferente e independiente de los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de una norma por la Corte Constitucional, ya que el propósito de la primera es obtener, en un caso concreto y particular, la inaplicación de normas que son abiertamente incompatibles con el ordenamiento constitucional, mientras que la segunda persigue un estudio general de la constitucionalidad de las mismas. Por último, adujo que no pretende que se otorguen efectos retroactivos a la sentencia C-992 de 2001 sino que a la luz del artículo 4º de la Constitución Política, se inapliquen por inconstitucionales los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000 y que, en consecuencia, se reconozca el mayor valor pagado en la declaración de importación, por concepto de la TESA.

2. LA CONTESTACIÓN La Administración de Aduanas Nacionales –Barranquilla, mediante apoderado, se

opuso a las pretensiones del demandante, argumentando que a través de la Resolución 0029 de 2001 (2 de enero), la DIAN reglamentó la liquidación, pago y recaudo de la Tasa Especial de Servicios Aduaneros (creada por el artículo 56 de la Ley 633 de 2000), acto administrativo que se presume ajustado a derecho hasta tanto se demuestre lo contrario. Así pues, corresponde a las autoridades y a los particulares dar cumplimiento a las leyes y actos administrativos desde el momento en que entran en vigencia y mientras no sean declarados inexequibles o ilegales por la autoridad competente. Arguye que las sentencias que declaran la inexequibilidad de una norma, tienen efectos hacia futuro, siendo válidas las situaciones jurídicas consolidadas durante el tiempo que estuvo vigente la norma, salvo que la Corte Constitucional module expresamente los efectos del fallo haciéndolos retroactivos, lo que no ocurrió con la sentencia C-992 de 2001. De otro lado, aseguró que la demandante no pagó en exceso, puesto que en la declaración de importación liquidó la tasa especial por servicios aduaneros, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0029 de 2001 (2 de enero) y en los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, esto es, el 1.2% del valor FOB de los bienes objeto de importación. Consideró que la demandante no puede alegar la excepción de inconstitucionalidad, puesto que al momento de presentar las declaraciones de importación en las que liquidó la TESA, la Ley 633 de 2000 y particularmente los

artículos 56 y 57, se consideraban ajustados a derecho.

II. LA SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante providencia de 26 de enero de 2005, negó las súplicas de la demanda y sostuvo que las sentencias de inexequibilidad producen efectos hacia futuro, respetando los efectos jurídicos consolidados bajo la vigencia de la norma declarada inconstitucional; de modo que no asiste razón a la demandante cuando propone la excepción de inconstitucionalidad con ocasión de las declaraciones de importación, puesto que al momento de presentarlas, la Ley 633 de 2000 se encontraba vigente y no podía exceptuarse del pago de la tasa allí contemplada.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN El apoderado del demandante, sostiene que la sentencia recurrida contraría los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, como quiera que en ella no se analizaron los cargos propuestos en la demanda.

En efecto, la solicitud de liquidación oficial de corrección presentada ante la Administración de Aduanas Nacionales –Barranquilla, no tuvo como fundamento la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000 por la Corte Constitucional, sino la ausencia del hecho generador de la tasa especial por servicios aduaneros y la consecuente necesidad de inaplicar, por tal hecho, la norma creadora de la tasa, por ser manifiestamente contraria al artículo 338 de la Constitución. Por otra parte, argumenta que no puede predicarse la existencia de una situación jurídica consolidada respecto de declaraciones de importación susceptibles de ser

corregidas o revisadas por la Administración de oficio o a iniciativa del importador, máxime cuando, de acuerdo con el artículo 131 del Decreto 2685 de 1999 las declaraciones sólo adquieren firmeza pasados tres (3) años contados a partir de su presentación y aceptación. Finalmente, alega que la sentencia C-992 de 2001 (19 de septiembre), surte efectos a partir del 20 de septiembre de 2001, esto es, el día siguiente de la fecha en que fue adoptada la decisión y no desde el día siguiente a su notificación o ejecutoria. Así lo expuso la Corte Constitucional en sentencia T-832 de 20031 (22 de septiembre).

IV. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA 4.1. La DIAN, mediante apoderado, señaló que los funcionarios administrativos no tienen la prerrogativa de inaplicar la ley o los actos administrativos dentro de la actuación administrativa o la vía gubernativa, por cuanto según expuso la Corte Constitucional en sentencia C-137 de 2000 (26 de enero), “(…)no hay en la Constitución un texto expreso que se refiera al ejercicio de la excepción de ilegalidad, ni a la posibilidad de que los particulares o las autoridades administrativas, por fuera del contexto de un proceso judicial, invoque dicha excepción para sustraerse de la obligación de acatar los actos administrativos”.

Asimismo, manifiesta que la excepción de inconstitucionalidad sólo opera respecto de normas que se encuentren vigentes al momento en que se alega dicha excepción, pues de lo contrario se afectaría el principio constitucional de vigencia de las leyes en el tiempo.

Acerca de la fecha a partir de la cual surte efectos la sentencia C-992 de 2001, expuso que no es posible omitir la notificación de las sentencias de constitucionalidad y desconocer efectos a tal actuación procesal, por cuanto a través de ella se otorga publicidad a las decisiones proferidas por la Corte Constitucional. En tal sentido, es claro que los términos del cumplimento de la sentencia, empiezan a correr desde el día siguiente a la ejecutoria de la notificación por edicto y no desde su adopción. 4.2. La demandante reiteró los argumentos expuestos en el recuso de apelación. 4.3. El Ministerio Público guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES Corresponde a la Sala determinar si había lugar a acceder a la solicitud de devolver 1 M.P. Jaime Córdoba Triviño. los pagos realizados por la demandante entre el 14 de marzo y el 26 de septiembre de 2001 por concepto de la tasa especial por servicios aduaneros, creada mediante los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-992 de 19 de septiembre de 2001.

Estos artículos disponían: “Artículo 56. Tasa Especial por los servicios aduaneros.

Créase una tasa especial como contraprestación por el costo de los servicios aduaneros prestados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los usuarios, que será equivalente al uno punto dos por ciento (1.2%) del valor FOB de los bienes objeto de importación. Esta tasa no será aplicable para las importaciones de bienes

provenientes directamente de países con los que se tenga acuerdo de libre comercio, siempre y cuando dichos países ofrezcan una reciprocidad equivalente, ni a los usuarios del Plan Vallejo, ni a las importaciones de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional que realice la Fuerza Pública. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante Resolución fijará los mecanismos de control para garantizar el pago de dicha tasa, así como la forma y los plazos para su cancelación. Parágrafo. En ningún caso el valor previsto en el inciso primero de este artículo podrá ser inferior al consignado en las declaraciones de importación. Artículo 57. Administración y control. Para el control de la tasa especial por los servicios aduaneros, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales contará con las facultades de investigación, determinación, discusión, y cobro previsto en las normas aduaneras vigentes, en el Estatuto Tributario, y sus reglamentos. Teniendo en cuenta que esta tasa es un ingreso corriente sujeto a lo previsto por el inciso 2 del parágrafo del artículo 357 de la Constitución Política, y que no constituye en ningún caso un impuesto, créase el Fondo de Servicios Aduaneros, el cual se financiará con los recursos que recaude la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de la misma. Los recursos de dicho Fondo se destinarán a recuperar los costos incurridos por la Nación en la facilitación y modernización de las operaciones de comercio exterior, mediante el uso de su infraestructura física y administrativa y para la financiación de los costos laborales y de capacitación de la DIAN.

El Fondo de Servicios Aduaneros será administrado por la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.” Por su parte, el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999 establece que la autoridad aduanera puede expedir la Liquidación Oficial de Corrección cuando se presenten los siguientes errores en las declaraciones de importación: “ARTÍCULO 513.- LIQUIDACIÓN OFICIAL DE CORRECCIÓN. La autoridad aduanera podrá expedir Liquidación Oficial de Corrección cuando se presenten los siguientes errores en las declaraciones de importación: subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad o tratamientos preferenciales. Igualmente se podrá formular Liquidación Oficial de Corrección cuando se presente diferencia en el valor aduanero de la mercancía, por averías reconocidas en la inspección aduanera.” (negrilla fuera de texto) Asimismo, el artículo 438 de la Resolución 4240 de 2000 «Por la cual reglamenta el Decreto 2685 de 1999» dispone que la Liquidación Oficial de Corrección procederá, a solicitud de parte en los siguientes casos: “a) Se presenten diferencias en el valor aduanero de la mercancía, por averías reconocidas en la inspección aduanera. En estos casos, se deberá anexar a la solicitud, copia de la Declaración de Importación y del Acta de Inspección, donde conste la observación efectuada por el funcionario aduanero competente, sobre la avería o el faltante, reconocidos en la inspección. b) Cuando se trate de establecer el monto real de los tributos

aduaneros, en los casos en que se aduzca pago en exceso.” Esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre asuntos similares al referido en la demanda de la referencia, esto es, sobre acciones de nulidad y restablecimiento del derecho a través de las cuales se pretende que se declare la nulidad parcial de declaraciones de importación en las que se incluyó la liquidación de la tasa especial de servicios aduaneros declarada inexequible, mediante sentencia C-992 de 2001. En tales ocasiones, los demandantes alegaban que (i) a la luz del artículo 4º de la Constitución Política, los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000 debían inaplicarse por ser manifiestamente contrarios a la Constitución, en tanto no establecían un servicio específico al cual se pudiera vincular el pago; que (ii) no podía hablarse de situación jurídica consolidada respecto de las declaraciones de importación en las que se liquidó la TESA, toda vez que éstas era susceptibles de corrección por la DIAN y, por ende, no se encontraban en firme; y que (iii) la sentencia C-992 de 19 de septiembre 2001 surtía efectos a partir del día siguiente a la fecha en que fue proferida, es decir, a partir del 20 de septiembre de 2001. Cada uno de los argumentos fue estudiado por esta Sala en sentencia de 13 de noviembre de 20082, providencia que se reitera en este caso, en vista de que los fundamentos jurídicos expuestos por el actual demandante son coincidentes. Respecto de la excepción de inconstitucionalidad y la inexistencia de una situación jurídica consolidada, en la mencionada sentencia la Sala señaló lo siguiente:

“De otra parte, para la actora es claro que el establecimiento y recaudo de la TESA es inconstitucional, independientemente de los efectos que a su fallo le dio la Corte Constitucional, pues considera que en realidad se trató de un impuesto y no de una tasa, dado que no recibió contraprestación alguna en su favor. Sobre el particular, la Sala considera que una cosa es que el artículo 56 de la Ley 633 de 2000 haya sido declarado inexequible por no haber especificado concretamente qué servicios aduaneros eran objeto de la tasa especial, y otra muy distinta es que tales servicios no hubieran sido prestados por la DIAN a la actora, si se tiene en cuenta que la misma sí puso en actividad el andamiaje aduanero, en la medida en que para llevar a buen término la importación y consecuente nacionalización de la mercancía amparada con las declaraciones de importación cuya corrección oficial fue negada mediante las resoluciones acusadas, por ejemplo, necesitó de la intervención de funcionarios de la DIAN e hizo uso de sus instalaciones, lo cual, precisamente, constituye una contraprestación por el pago de la TESA. De todas maneras, como la inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000 la fundamentó la Corte Constitucional en que la indeterminación de los servicios aduaneros prestados hace que ‘…la tasa por los servicios aduaneros se asimile a un impuesto sobre las importaciones’, lo cual constituye cosa juzgada, no entra la Sala a pronunciarse sobre dicho aspecto, como sí lo hace respecto de que tal fundamento no modifica en manera alguna los efectos hacia el futuro de dicha inexequibilidad ni la

consecuente consolidación de las situaciones anteriores a ella, pues es la Corte Constitucional y no ninguna otra autoridad judicial o administrativa la competente para señalar que los efectos de sus fallos son hacia atrás o hacia el futuro. En consecuencia, no es de recibo alegar que en este caso no se pretenden desconocer los efectos hacia el futuro que la Corte Constitucional otorgó a la inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, sino aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto de una situación no consolidada por cuanto la actora en sede administrativa solicitó la liquidación oficial de corrección por haberle sido aplicada una norma inconstitucional, pues, se reitera, por virtud de los efectos del fallo de inexequibilidad la situación de la actora quedó consolidada 2 M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Expediente Nº 2003-00805. Actor: Pharmacia Inter American Corporation, Esta providencia fue reiterada en la sentencia de 26 de noviembre de 2009, M.P. María Claudia Rojas Lasso (E), Expediente Nº 2003-03958, Actor: HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A. cuando pagó por concepto de la TESA el 1.2% del valor FOB de la mercancía establecido en el artículo 56, vigente para el momento de dicho pago. Además, es impreciso sostener en el asunto examinado que la situación jurídica de la actora no estaba consolidada por existir la posibilidad de solicitar la corrección oficial, pues no existe una causal que diga que se puede solicitar la corrección cuando un tributo fue pagado con fundamento en

una norma que con posterioridad fue declarada inexequible; las causales que dan lugar a solicitar liquidación oficial de corrección son, entre otras, el pago de lo no debido o el exceso en el pago, cuestiones una y otra que no se presentaron en el caso de la actora por estar vigente el artículo 56 al momento del pago. Es importante destacar que pretender aplicar la excepción de inconstitucionalidad a una situación anterior consolidada cuando la norma objeto de tal excepción ya ha sido declarada inconstitucional con efectos hacia el futuro es simple y llanamente desconocer dichos efectos futuros, razón por la cual sólo es posible aplicar una excepción de inconstitucionalidad con posterioridad a un fallo de inexequibilidad cuando se respeten los efectos fijados por la Corte en el respectivo fallo, máxime cuando tal excepción de inconstitucionalidad la plantea el administrado con posterioridad al fallo de inexequibilidad, como en el asunto que se examina, pues qué sentido tiene plantearla para un caso particular, cuando ya el organismo competente la declaró con efectos erga omnes y hacia el futuro.” (subrayas fuera del texto) En cuanto a los efectos de la sentencia C-992 de 2001 y el momento a partir del cual debe entenderse que los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000 perdieron vigencia en razón de su declaratoria de inexequibilidad, en la misma providencia, la Sala apuntó: “Sin embargo, respecto de los pagos efectuados por la actora por concepto de la TESA entre el 20 de septiembre y el 22 de octubre de 2001, la Sala estima que se configuró el pago de lo no debido,

si se tiene en cuenta que la misma Corte Constitucional fijó su posición respecto de cuándo sus fallos empiezan a producir efectos jurídicos, entre otras, en la sentencia C973 de 7 de octubre de 2004, actor, Francisco José Vergara Carulla, Magistrado Ponente, Dr. Rodrigo Escobar Gil: <<Esta Corporación en diversas oportunidades ha establecido que cuando en una sentencia no se ha modulado el alcance del fallo, los efectos jurídicos se producen a partir del día siguiente a la fecha en que la Corte ejerció, en el caso específico, la jurisdicción de que está investida, esto es, ‘a partir del día siguiente a aquél en que tomó la decisión de exequibilidad o inexequibilidad y no a partir de la fecha en que se suscribe el texto que a ella corresponde o el de su notificación o ejecutoria’. En aras de salvaguardar la integridad y supremacía del Texto Constitucional y de asegurar la vigencia de la garantía fundamental de la seguridad jurídica, concluye, por una parte, que las sentencias de constitucionalidad producen efectos desde el día siguiente a su adopción, siempre y cuando sean debidamente comunicadas por los medios ordinarios adoptados por esta Corporación (Ley 270 de 1996, artículo 56), y por el otro, sujeta las instituciones de la notificación y el término de ejecutoria contados a partir de la desfijación del edicto (Decreto 2067 de 1991, artículo 16), para delimitar el plazo dentro del cual los ciudadanos pueden interponer el incidente de nulidad contra el fallo de constitucionalidad por vulnerar el debido proceso (Decreto 2067 de 1991, artículo 49)>>”3

De conformidad con lo anterior, es claro que no prosperan las pretensiones de la demanda respecto de la TESA liquidada en las declaraciones de importación presentadas entre el 14 de marzo y el 19 de septiembre de 2001, puesto que en ese lapso los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000 se encontraban vigentes y, por ende, correspondía a la demandante pagar la tasa especial por servicios aduaneros como en efecto lo hizo. No ocurre lo mismo con la declaración de importación Nº 0901701053791 -5 de 26 de septiembre de 2001 presentada por WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED, como quiera que para esa fecha los artículos que facultaban a la DIAN para exigir y recaudar la TESA habían perdido vigencia luego de ser declarados inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-992 de 19 de septiembre de 2001, decisión que surtió efectos a partir del día siguiente a la fecha en que fue proferida, es decir, a partir del 20 de septiembre de 2001. Por consiguiente, la Sala declarará la nulidad parcial de las Resoluciones 1098 de 2003 (22 de mayo) y 1993 de 2003 (12 de septiembre), por cuanto a través de ellas la DIAN se negó a devolver el mayor valor pagado por WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED por concepto de la tasa especial por servicios aduaneros en la declaración de importación Nº 0901701053791 -5 de 26 de septiembre de 2001. Asimismo y a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la DIAN que devuelva la suma de dinero correspondiente a la TESA liquidada y pagada por la demandante con la declaración de importación Nº 0901701053791 -5 de 26 de

septiembre de 2001. 3 Providencia de 13 de noviembre de 2008. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Expediente Nº 2003-00805. Actor: Pharmacia Inter American Corporation. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, FALLA: REVÓCASE la sentencia dictada el 26 de enero de 2006 por el Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, DECLÁRASE la nulidad parcial de las Resoluciones 1098 de 2003 (22 de mayo) y 1993 de 2003 (12 de septiembre), en cuanto las Divisiones de Liquidación y Jurídica de la Administración Nacional de Aduanas de Barranquilla negaron la solicitud de liquidación oficial de corrección de la declaraciones de importación Nº 0901701053791 -5 de 26 de septiembre de 2001, detallada en los actos acusados. A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la DIAN devolver a la actora la suma pagada por concepto de la Tasa Especial por Servicios Aduaneros correspondiente a la declaración de importación Nº 0901701053791 -5 de 26 de septiembre de 2001 detallada en los actos acusados, suma que deberá ser indexada teniendo en cuenta para el efecto lo previsto en el artículo 178 del C.C.A. Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de veintinueve (29) de julio de dos mil diez (2010).

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO