CE-08001-23-31-000-2004-00827-01(18396)-2011

PROCEDIMIENTO DE AFORO – Se inicia con el emplazamiento para declarar. Municipio de Soledad / LIQUIDACION DE AFORO – Procede por una sola vez. Determina el impuesto a cargo / BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO – Su determinación es importante para que el contribuyente pueda ejercer su derecho de defensa. Su indeterminación da lugar a la nulidad del acto Que el procedimiento de aforo se inicia con el emplazamiento para declarar, previa comprobación del incumplimiento por parte del contribuyente obligado, que haya omitido presentar su declaración. Una vez adelantado este procedimiento previo, y ante la persistencia en la omisión de declarar, la Administración Tributaria está facultada para determinar oficialmente el impuesto a cargo del contribuyente, mediante liquidación de aforo que procede por una sola vez. Así pues, es del caso advertir que, independientemente de los motivos o inconvenientes que tuvo la Administración para determinar con claridad y precisión la base gravable del tributo, es claro que con la decisión de revocar la liquidación de aforo de 12 de diciembre de 2000, quedó en evidencia la irregularidad que en esa oportunidad detectó la demandada respecto de uno de los elementos que debe contener la liquidación de aforo, como es la base de cuantificación del tributo, la cual resulta fundamental para que el contribuyente pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción, y es por esta razón, que la omisión de este elemento o la ausencia de explicación sobre la forma como se llegó a la base gravable, generaba causal de nulidad del acto de determinación del tributo y vulneraba el derecho de defensa y contradicción

lo que impedía que la Administración Municipal pudiera mantener los efectos del acto de la liquidación de aforo y en esa medida, como la misma demandada lo reconoció y lo decidió, debía revocarse el acto recurrido. LIQUIDACION OFICIAL – La falta de requisitos no puede ser endilgada a la falta de información suministrada por el contribuyente / PROCESO DE COBRO – Es independiente del de determinación del impuesto. No se pueden iniciar procesos de cobro sobre proceso terminados / OMISION DE BASES GRAVABLES – Hace que sea nulo el acto de determinación del tributo / BASE GRAVABLE – Elemento esencial del tributo Por consiguiente, la Resolución 0030 de 12 de diciembre de 2000 constituyó un acto definitivo proferido dentro del proceso de determinación del impuesto de alumbrado público por el período de enero de 1998 a abril de 2000, el cual, fue revocado por la Administración al decidir el recurso de reconsideración (Resolución 004/01 de 6 de junio de 2001), acto administrativo contra el cual no procedía recurso alguno, motivo por el cual, una vez notificado, quedó en firme, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo y creó una situación favorable al contribuyente que no es posible desconocer sin vulnerar el debido proceso. Es de mencionar, que para la Sala no es de recibo lo afirmado por la Administración, en el sentido de que la actuación iniciada posteriormente, resulta viable porque la revocatoria del acto tuvo como “fin realizar una nueva liquidación con base en mayores soportes técnicos, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa que tiene el contribuyente en el sentido de que se le haga una liquidación lo más

precisa posible con base en la información de la que dispone el Municipio de Soledad, ya que TEBSA en ningún momento ha aportado la que le corresponde pese a los requerimientos hechos, dificultándose así la recolección de pruebas, más no pudiéndose inferir de esto que el proceso esté concluido”. Lo anterior no es de recibo porque, de una parte, al proferirse un acto de liquidación oficial del impuesto, la Administración Tributaria debe ser diligente y cuidadosa en que el mismo cumpla con todos los requisitos señalados por el legislador, so pena de incurrir en causal de nulidad que invalide la actuación, y de otra, porque no es excusa que la deficiencia detectada en una actuación de la Administración, sea atribuida a la falta de información por parte del contribuyente, cuando es sabido que ésta cuenta con mecanismos eficaces para poder ejercer en debida forma su facultad de fiscalización. Tampoco es admisible el argumento según el cual, resulta viable proferir una nueva liquidación de aforo “al no concluirse legalmente el proceso de cobro”, porque como lo ha sostenido la Sala, el procedimiento de cobro coactivo no tiene por finalidad la declaración o constitución de obligaciones o de derechos, sino hacer efectiva mediante su ejecución, las obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, previamente definidas a favor de la entidad territorial y a cargo de los contribuyentes en el respectivo título ejecutivo. Por lo tanto, la Liquidación de Aforo es una actuación previa e independiente a los actos que se susciten en el proceso tendiente a ejecutar su cobro. Conforme con lo anterior, observa la Sala que en la liquidación de

aforo demandada, se incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 5º del artículo 442 del Estatuto de Rentas del Municipio de Soledad – Atlántico, porque aunque la Administración discriminó el impuesto de alumbrado por cada uno de los meses en discusión, omitió señalar la forma como llegó a la suma determinada, es más, ni siquiera señaló la tarifa aplicable. Aspecto que se pretendió subsanar al decidir el recurso de reconsideración, en donde, por cada período, se discriminó el “Consumo de Generadores Auxiliares en Kwhmes”, el “Valor de energía auto-consumida descontado por el mercado mayorista” y la “Capacidad de Generación instalada en Mwh” (sic), se aplicó la tarifa correspondiente1 y, en consecuencia, se liquidó un impuesto menor al determinado en la liquidación de aforo. Lo anterior, deja entrever que la Administración omitió señalar uno de los elementos que debe contener la liquidación de aforo, como es la base de cuantificación del tributo, la cual, como se dijo con anterioridad, resulta indispensable para que el contribuyente pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción, motivo por el cual, la irregularidad cometida en el sub examine, que no puede ser subsanada en acto posterior al decidir el recurso de reconsideración, constituye causal de nulidad del acto de determinación del tributo y violación al debido proceso, lo que genera la nulidad de los actos enjuiciados. 1 Conforme al artículo 1º del Acuerdo 032 de 1996 que prevé una tarifa conforme a la categoría y al rango de consumo y al artículo 1º del Acuerdo 008 de 1998, que señala una tarifa única del 13% para el

sector industrial.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejera Ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil once (2011) Radicación numero: 08001-23-31-000-2004-00827-01(18396)

Actor: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P.

Demandado: MUNICIPIO DE SOLEDAD FALLO La Sala decide el recuso de apelación interpuesto por el Municipio de Soledad contra la sentencia de 25 de junio de 2009, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad de los actos administrativos demandados que liquidaron el impuesto de alumbrado público a cargo de la empresa TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P., por el período de enero de 1998 a diciembre de 2000. En la mencionada providencia se dispuso: “Primero.- Declárase la nulidad de las Resoluciones Nos 001/002 del 29 de octubre de 2002 y 001/AP del 15 de Mayo de 2003, mediante las cuales la Secretaría de Impuestos del Municipio de Soledad liquidó el impuesto de alumbrado público correspondiente a los períodos gravables de enero de 1998 a diciembre de 2000, a la

sociedad Termobarranquilla S.A. E.S.P. Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, Termobarranquilla S.A. E.S.P. no tiene obligaciones pendientes por concepto de impuesto (sic) alumbrado público en el Municipio de Soledad correspondiente a los períodos gravables de enero de 1998 a

diciembre de 2000.”2 ANTECEDENTES El 7 de junio de 2000, la Secretaría de Impuestos del Municipio de Soledad (Atlántico), expidió el emplazamiento para declarar 0089/00, por concepto del impuesto de alumbrado público de los períodos gravables de enero de 1998 a abril de 2000.3 2 Folios 312-313. 3 Folios 48-50. El 1º de diciembre de 2000, se profirió la Resolución 0027, mediante la cual se liquidó oficialmente el impuesto de alumbrado público a cargo de TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. –TEBSApor los períodos gravables de enero de 1998 a abril de 20004, decisión que fue revocada a través de la Resolución 0029 de 12 de diciembre de 2000, en razón a que la sociedad fue emplazada como usuario no regulado, siendo su calidad la de usuario regulado del servicio de energía. Por medio de la Resolución 0030 de 12 de diciembre de 2000, se liquidó oficialmente en la suma de $717.281.967, el impuesto de alumbrado público a cargo de TEBSA, por el período gravable de enero de 1998 a abril de 20005, decisión que fue revocada a través de la Resolución 004/01 de 6 de junio de 2001, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el contribuyente6. El 21 de diciembre se emplazó nuevamente a TEBSA con el fin de que presentara la declaración a su cargo por los periodos gravables correspondientes a los meses desde enero de 1998 hasta diciembre de 20007. Mediante la Resolución 001/02 de 29 de octubre de 2002, se liquidó en la

suma de $334.995.489, el impuesto de alumbrado público a cargo de TEBSA, por los períodos gravables de enero de 1998 a diciembre de 20008, decisión contra la cual, la sociedad interpuso recurso de reconsideración. El recurso interpuesto fue decidido mediante la Resolución 001AP de 15 de mayo de 2003, así: “ARTÍCULO PRIMERO.- Corregir la Resolución liquidación de aforo No. 001 de octubre 29 de 2002 en el sentido de incluir a Termobarranquilla S.A. –TEBSAdentro de la categoría industrial a la cual se aplica, a partir de junio de 1998 según el Acuerdo 008 de 1998, una tarifa del 13% sobre el valor del consumo de energía para la determinación del impuesto de Alumbrado Público. ARTÍCULO SEGUNDO.- En razón de lo anterior, la liquidación del impuesto de Alumbrado Público adeudado por Termobarranquilla S.A. correspondiente a los períodos gravables de Enero a Diciembre de 1998, Enero a Diciembre de 1999 y Enero a Diciembre de 2000, causado en la Jurisdicción del Municipio de Soledad (Atlántico), con 4 Folios 118-119. 5 Folios 52-53. 6 Folios 134-143 7 De esta actuación no se allegó copia al proceso, pero a ella se hace referencia en la Liquidación Resolución 001 de 29 de octubre de 2002, por medio de la cual se decidió el recuso de reconsideración. (fl. 28). 8 Folios 28-31. observancia de lo previsto en los Acuerdos 032 de mayo 2 de 1996

y 008 de mayo 15 de 1998, correspondiente a un valor de trescientos once millones ochocientos veintinueve mil cuatrocientos sesenta y tres pesos ($311.829.46.oo), (…)”9 LA DEMANDA La actora, en ejercicio de la acción establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 001/02 de 29 de octubre de 2002 y 001 AP de 15 de mayo de 2003, por medio de las cuales el Municipio de Soledad (Atlántico) liquidó oficialmente el impuesto de alumbrado público a cargo de TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. TEBSA, por el período gravable de enero de 1998 a diciembre de 2000. A título de restablecimiento del derecho, solicita que se declare que TEBSA no tiene obligaciones pendientes por concepto de impuesto de alumbrado público en el Municipio de Soledad, por los períodos gravables anotados.10 Citó como normas violadas las siguientes:  Artículos 2, 29, 95-9, 338 y 363 de la Constitución Política.  Acuerdos Municipales 032 de 2 de mayo de 1996, 008 de 15 de mayo de 1998, 041 de 10 de diciembre de 1998 y 011 de 27 de diciembre de 2000, expedidos por el Concejo Municipal de Soledad – Atlántico. El concepto de violación se desarrolla en los siguientes cargos de ilegalidad: Expedición de los actos administrativos de manera irregular y con exceso de competencia Afirma que los actos administrativos demandados fueron expedidos de manera

irregular por parte de la Secretaría de Impuestos del Municipio de Soledad – Atlántico, porque respecto del impuesto de alumbrado público por los períodos gravables de enero de 1998 y abril de 2000, ya existían procedimientos de determinación, los cuales se encuentran legalmente concluidos. Explica que a TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. le fue determinado el impuesto de alumbrado público por los períodos gravables de enero de 1998 a abril de 2000, mediante el procedimiento de liquidación de aforo. Pone de presente que en dicho procedimiento, se expidieron los siguientes actos administrativos: - Emplazamiento para declarar 0089/00 de 7 de junio de 2000. 9 Folios 33-47. 10 Folio 2. - Resolución (liquidación de aforo) 0030 de 12 de diciembre de 2000, mediante la cual se determinó un impuesto de alumbrado público en la suma de $717.281.967. - Resolución 0004/01 de 6 de junio de 2001, por medio de la cual se revocó la liquidación de aforo. La anterior actuación configura una situación jurídica consolidada a favor de TEBSA, que no puede ser modificada por las autoridades tributarias. Expone que pese a lo anterior, el 29 de octubre de 2002, la Secretaría Municipal de Impuestos profirió la Liquidación de Aforo Resolución No. 001/002 por el impuesto de alumbrado público correspondiente al período de enero de 1998 a diciembre de 2000, y así contravino lo previsto en el artículo 146 del Acuerdo 041 de 1998 – Código de Rentas del Municipio de Soledad-, según el

cual, la autoridad tributaria municipal no está facultada para practicar más de una liquidación de aforo. Sostiene que, en el Municipio de Soledad, conforme con las normas municipales y en aplicación de los principios de certeza y legalidad, las autoridades tributarias tan sólo están facultadas para adelantar un proceso de determinación por cada tributo y para cada período gravable y, en esa medida, si realizan más de una vez el proceso de determinación del tributo para un mismo período gravable, se incurre en un exceso de competencia y en la violación al debido proceso, lo que genera la nulidad de los respectivos actos. Aduce que, contrario a lo dicho por la Administración, la Resolución No. 0004/001 de 6 de junio de 2001, mediante la cual se revocó la liquidación de aforo (Resolución No. 0030 de 2000), sí puso fin a la actuación de determinación del impuesto de alumbrado público por el período de enero de 1998 a abril de 2000. Resalta que dicha revocatoria impide que por el mismo impuesto y período, se vuelva a realizar una nueva determinación del impuesto, formulando una nueva liquidación de aforo, cualquiera que fuera la información que le sirva de soporte al segundo acto liquidatorio, lo que deja sin sustento el argumento de la demandada, según el cual, la revocatoria tuvo “como fin realizar una nueva liquidación con base en mayores soportes técnicos, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa”11. Agrega que, conforme con el artículo 442 del Acuerdo 041 de 1998, el acto de liquidación del impuesto y la resolución de recursos son nulos, entre otros

eventos, cuando correspondan a procedimientos legalmente concluidos, máxime, si se tiene en cuenta que la Resolución No. 0004 de 2001 le es completamente favorable a la sociedad y, por ende, no puede ser modificada sin el consentimiento del interesado (art. 73 C.C.A.). En este orden de ideas, concluye que es improcedente la modificación oficial del acto administrativo que decidió favorablemente el recurso de 11 Folio 9. reconsideración interpuesto por TEBSA contra la Resolución No. 0004/01 de 2001 y, por ende, la actuación demandada resulta nula al pretender modificar, sin consentimiento del interesado, una situación jurídica individual que se consolidó. Omisión en la determinación de la base gravable y en la explicación de los criterios de valoración de ese elemento del tributo Transcribe apartes de la Resolución 001/002 de 2002 y sostiene que la base gravable para la cuantificación del tributo de cada uno de los 36 meses que se aforan, es “la energía generada mensualmente para consumo propio y con base en la capacidad de las máquinas de generación”12. Agrega que, en este último caso, se refleja el monto máximo de generación de energía que tiene TEBSA y no los autoconsumos. Revela que la Administración incurre en un equívoco, por cuanto la energía generada y autoconsumida no constituye base gravable de la “tasa” de alumbrado público. En gracia de discusión, manifiesta que en todo caso, los actos demandados están viciados de nulidad, porque la Administración no expone ni prueba en forma alguna cómo estableció la energía generada y consumida por la

sociedad. Se limita a afirmar que fue certificada por el Centro Nacional de Despacho, sin exponer la forma como se valora cada kilovatio de la energía generada y consumida por TEBSA, sin especificar la tarifa aplicada y la cuantificación del tributo, y sin ofrecer una sustentación legal de sus afirmaciones, lo que implica la violación del derecho de defensa y el desconocimiento del artículo 417 del Acuerdo 041 de 1998 (contenido de la liquidación de aforo). Por lo anterior, concluye que la omisión en la cuantificación de la base gravable, la indicación de la tarifa aplicada y la explicación de los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la decisión, genera la nulidad de la actuación, por desconocimiento del artículo 442 del Acuerdo 041 de 1998 expedido por el Municipio de Soledad. Finalmente, destaca que si bien es cierto, en la Resolución No. 001 AP de 2003 (que decide el recurso de reconsideración), la Administración suministra más detalles acerca de la base gravable y la forma de determinación del impuesto que se pretende cobrar, esto no subsana el vicio en el que se incurrió en la liquidación de aforo. Falsa motivación al considerar que la sociedad es contribuyente del impuesto de alumbrado público como consumidor de energía eléctrica Aduce que TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el Municipio de Soledad, pero en su condición de 12 Folio 10. usuario regulado, y no, como lo hace ver la Administración, con base en los consumos de energía eléctrica generada por sí misma (autoconsumo). Para el efecto, explica que TEBSA es una empresa de servicios públicos

domiciliarios cuyo objeto social consiste en la generación de energía como actividad complementaria del servicio público domiciliario de energía pública que, por su naturaleza jurídica y las actividades que desarrolla, está sometida a las Leyes 142 de 1994 y 143 de 1994, a las normas que las reglamentan y a las normas que expida la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Agrega que, la energía eléctrica generada por esa empresa, se destina en su mayor parte para la ejecución del objeto social, y es vendida a CORELCA en virtud de un contrato celebrado con dicha entidad. Es por lo anterior, que los consumos de energía constituyen materia prima para el desarrollo de la actividad industrial de la empresa y, por lo tanto, esa generación no está directamente relacionada con el hecho generador del impuesto de alumbrado público. Explica que la única energía que se puede tomar como referencia para cuantificar la base gravable del impuesto de alumbrado público, es la del Sistema de Transmisión Nacional, el cual está conformado por la energía entregada por los generadores, y es la fuente de la cual recibe energía todo el universo de usuarios del sector energético, que está dividido en usuarios regulados13 y usuarios no regulados14. Revela que en su calidad de usuario regulado, TEBSA adquiere energía de la Electrificadora del Caribe S.A., la cual es distribuida, entre otros, en el Municipio de Soledad, a las tarifas establecidas por la CREG. Hecho que se encuentra probado dentro del expediente. En este orden de ideas, concluye que: - En los acuerdos municipales, aplicables en este caso, no se prevé que los autoconsumos constituyan base gravable del impuesto de

alumbrado público, como tampoco se señala el tipo de acto mediante el cual se deben liquidar los autoconsumos para efectos del impuesto de alumbrado público. - En este asunto no es posible valorar los kilovatios hora consumidos, por cuanto no existe una norma legal que permita fijarle un precio a tales autoconsumos y, por lo tanto, calcular una base gravable respecto de los mismos. Falsa motivación por cuantificación del impuesto con fundamento en bases gravables equivocadas 13 Aquellos cuyas compras de electricidad están sujetas a las tarifas establecidas por la CREG. 14 Aquellos cuyas compras de electricidad se realizan a precios acordados libremente, de acuerdo con su nivel de demanda. Aduce que de conformidad con los Acuerdos 32 de 1996 y 008 de 1998, expedidos por el Concejo Municipal de Soledad, la base gravable de la tasa de alumbrado público para los usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica se determina en función de las categorías residencial, comercial e industrial, estableciendo para cada categoría rangos de kilovatios hora consumidos. Añade que el artículo 1º del Acuerdo 8 de 1998 establece que la base gravable de la “tasa” de alumbrado público para los usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica es el “valor consumo de energía”, el cual se determina de acuerdo con los kilovatios consumidos por el valor de kilovatio. Para los usuarios regulados la base gravable se establece por la electrificadora que les suministra la energía (en este caso, la Electrificadora del Caribe S.A.), la cual informa el consumo de energía, la valoración de tal energía y toma este

resultado como base gravable de la tasa en mención. Respecto de la base gravable de los usuarios no regulados, precisa que no está expresamente definida, y el “valor de consumo de energía” corresponde al precio acordado en el contrato de suministro de energía celebrado con la comercializadora de energía. Es decir, que las normas que regulan la tasa de alumbrado público, aplicables al caso concreto, no establecen cómo se determina la base gravable de los consumos de energía generada por el mismo consumidor (autoconsumo), lo cual es perfectamente lógico, ya que los mismos no constituyen base gravable de la “tasa” en mención. Indica que TEBSA es contribuyente de la “tasa” de alumbrado público, en su calidad de usuario regulado del servicio público domiciliario de energía eléctrica y que satisfizo el pago del tributo en virtud de dicha calidad, mediante las facturas que le envió Electrocaribe S.A. por los períodos de enero de 1998 a diciembre de 2000, en las cuales consta, además del pago del consumo de energía, el del impuesto de alumbrado público. En gracia de discusión, y de considerarse que la energía generada y consumida por TEBSA constituye base gravable del tributo, tal como lo sostiene la Administración, aduce que en la liquidación oficial de revisión se omitió explicar y probar los kilovatios autoconsumidos respecto de cada uno de los meses del año 1998 a 2000, aspecto que es fundamental para determinar la base gravable del impuesto, sobre la cual se debe aplicar la tarifa. Insiste en que ni en los acuerdos municipales como tampoco en las

resoluciones de la CREG se establecen las reglas que fijen el valor por kilovatio hora de energía consumida, correspondiente a energía propia generada. En ausencia de estas reglas, no es posible cuantificar en moneda legal la base gravable y, por ende, obtener el monto a pagar. Finalmente, sostiene que el autoconsumo no puede constituir la base gravable del impuesto de alumbrado público, porque aquél es materia prima del proceso productivo del generador y tan sólo se entrega al Sistema de Transmisión Nacional la energía neta generada, que equivale a la energía bruta menos los consumos de dicha energía para el proceso productivo, menos las pérdidas por transformación o eficiencia. Lo anterior quiere decir, que los autoconsumos no están directamente relacionados con la naturaleza del impuesto de alumbrado público, contrario a lo que sucede con la energía, que es la que se toma del Sistema de Transmisión Nacional para el funcionamiento de las luminarias mediante las cuales se presta el servicio de alumbrado público. LA OPOSICIÓN El Municipio de Soledad no intervino en esta etapa procesal.15 LA SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 25 de junio de 2009, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, declaró que TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. no tiene obligaciones pendientes por concepto del impuesto de alumbrado público en el Municipio de Soledad, por los períodos gravables de enero de 1998 a diciembre de 2000.16 El a quo, luego de relacionar las actuaciones adelantadas por la Administración Tributaria, dentro de las cuales se encuentran las Resoluciones Nos. 0030 de

2000, 0004 de 2001, 001 de 2002 y 001 de 2003, concluye que respecto de un mismo tributo y período gravable, la demandada efectuó, en dos oportunidades diferentes, la liquidación de aforo del impuesto de alumbrado público a cargo de TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P., lo que a todas luces atenta contra el derecho al debido proceso que debe regir todas las actuaciones administrativas. Precisa que al resolverse el recurso de reconsideración a través de la Resolución No. 004 de 2001, debía entenderse agotada la vía gubernativa, no sólo porque contra esa decisión no procedía recurso alguno, sino por disposición expresa del artículo 431 del Acuerdo 031 de 1998. Agrega que resulta contrario a derecho que la Administración, una vez revocado un acto administrativo, proceda a revivir el procedimiento, con el argumento de que existen mayores soportes técnicos, porque de esta manera se vulnera el principio de seguridad jurídica. Aunado a lo anterior, precisa que el hecho que la Administración hubiera efectuado nuevamente el procedimiento de acuerdo con los parámetros legales, por sí sólo no colma de validez o legalidad la nueva actuación, dado que, esta situación no legitima la irregularidad cometida por la entidad territorial al desconocer la conclusión de la sede administrativa. 15 Folio 239. 16 Folios 304-313. Por lo expuesto, concluye que, en este caso, se violó el debido proceso, razón por la cual, procede la declaratoria de nulidad de los actos demandados. Finalmente y en aras de dar una mayor comprensión del problema jurídico

esbozado en la demanda, aduce que de aceptarse la nueva actuación, la liquidación de aforo estaría viciada de nulidad, porque la Administración, en su actuación, omitió determinar la base para la cuantificación del tributo, en razón a que se limitó a exponer que la información suministrada por el Centro de Despacho de ISA reposa en sus archivos y allí podrá ser revisada. De esta manera, se contravino lo dispuesto en el artículo 417 del Acuerdo 041 de 1998, lo que conlleva la nulidad de los actos enjuiciados. EL RECURSO DE APELACIÓN La parte demandada17 manifiesta que no comparte la decisión de primera instancia en cuanto concluyó que: (i) la Administración de Impuestos del Municipio de Soledad no podía iniciar el procedimiento que dio lugar a los actos administrativos demandados y (ii) la omisión en la determinación de la base gravable para la cuantificación del tributo. Afirma que el Tribunal omitió verificar y considerar la base gravable contenida en el artículo 2º de la parte resolutiva de la Resolución 001 AP de 15 de mayo de 2003, en donde quedó plasmado un cuadro que discrimina la liquidación del impuesto, y que comprueba el cumplimiento de lo previsto en el artículo 412 del Acuerdo 041 de 1998. En lo que tiene que ver con las consideraciones del a quo respecto del nuevo procedimiento que adelantó la Administración, señala que éstas resultan un tanto ambiguas, si se tiene en cuenta que, en un principio, se adujo que esta circunstancia daba lugar a la nulidad de los actos demandados y,

posteriormente, se cambia este argumento para afirmar que la decisión de nulidad obedece a la omisión en la base gravable para la cuantificación del tributo. No obstante lo anterior, y para controvertir lo dicho por el Tribunal, precisa que el artículo 817 del Estatuto Tributario, aplicable a este asunto por expresa remisión de los artículos 66 de la Ley 383 de 1998 y 59 de la Ley 788 de 2002, prevé como única forma para impedir que la Administración inicie un nuevo procedimiento, que la acción de cobro de las obligaciones fiscales haya prescrito; circunstancia que para la época de los hechos no era predicable. Agrega que la revocatoria de la Resolución No. 0030 de 12 de diciembre de 2000 a través de la Resolución No. 0004 de 6 de junio de 2001, no constituye una decisión que haya puesto fin al proceso, en razón a que la revocatoria no se hizo con exclusión o exoneración del tributo, dado que, la decisión de la 17 Folios 342-356. Administración se fundamentó en razones que tienen que ver con la base gravable del tributo; circunstancia que quedó expuesta en el mismo acto de revocatoria, en los siguientes términos: “Sin embargo, comparte este Despacho la inquietud del recurrente respecto a la precisión y exactitud práctica de la determinación aquí realizada. Quizás el municipio ha debido ejercer con mayor fortaleza su facultad de fiscalización e inspección, pero en ello fue renuente el contribuyente, quien no atendió debidamente los requerimientos formales e informales del municipio respecto a compartir la información que legalmente está obligado a entregar. No obstante, ello no es óbice para entender

que no se ha establecido y se valoró con suficiencia la base gravable dentro de esta actuación y, por consiguiente, solo por este hecho se aceptará el presente argumento y, por ende, se revocará la Resolución 0030 de 2.004”18 (Negrilla y subraya de la parte