CE-08001-23-31-000-2005-02932-01(19595)-2014

EXCEPCIONES DE FONDO EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – Normativa / EXCEPCIONES DE FONDO EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – Momento en que se resuelven / EXCEPCIONES DE FONDO EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – Oportunidad procesal para interponerlas / EXCEPCIONES DE FONDO EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – Objeto / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN INTERPUESTA EN RECURSO DE APELACIÓN – Efectos. Es inoportuna, por cuanto, como antes se advirtió, es la contestación de la demanda y no el recurso de apelación, la oportunidad procesal para plantearla / DECLARATORIA DE OFICIO DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – Alcance. Puede ser declarada de oficio por el juez, pues sería inadmisible que vencido el plazo señalado por la ley para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se conociera de las pretensiones de la demanda / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Término / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Momento en que inicia el término / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – No prosperidad / EXEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA – No prosperidad En relación con las excepciones dentro del proceso contencioso administrativo, ha determinado la doctrina que "en realidad todas las excepciones son de fondo en

cuanto que, como no existen las previas, cuyo objetivo es sanear el procedimiento, entonces todas se dirigen, en una u otra forma, directa o indirectamente, contra el fondo de la pretensión". Las excepciones de fondo no son solamente las propuestas por la parte demandada, sino también cualquier otra que el fallador encuentre probadas, en armonía con el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se resuelven en la sentencia con todas las consecuencias que de ello se deriven. Sobre el particular, el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, dispone: "Artículo 164. En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda, cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos. En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la "reformatio in pejus” (Negrillas ajenas al texto). De la norma transcrita se concluye que las excepciones de fondo se propondrán en la contestación de la demanda, cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos, y se decidirán en la sentencia. (…) [L]a excepción de caducidad de la acción propuesta por el apelante, es inoportuna, por cuanto, como antes se advirtió, es la contestación de la demanda y no el recurso

de apelación, la oportunidad procesal para plantearla. Sin embargo, la caducidad puede ser declarada de oficio por el juez, pues sería inadmisible que vencido el plazo señalado por la ley para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se conociera de las pretensiones de la demanda, razón por la cual, la Sala analizará si la demanda fue presentada dentro de la oportunidad legal. Respecto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho el artículo 136 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 44 de la Ley 446, establece que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Observamos pues, que la Ley establece un plazo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto administrativo que se pretende demandar en el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En el asunto sub lite, la Sala encuentra que la Resolución 061 del 18 de agosto de 2005, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 009 del 14 de febrero de 2005, fue notificada personalmente el 22 de agosto del mismo año, de tal forma que los cuatro (4) meses para interponer la demanda vencían el 23 de diciembre de 2005. El apoderado del municipio de Soledad – Atlántico radicó en la Administración Seccional de Administración Judicial - Oficina Judicial de Barranquilla, la demanda

de nulidad y restablecimiento del derecho el 14 de octubre de 2005, como se observa en el folio 21. Todo lo anterior nos conduce a concluir que la acción incoada no ha caducado, ya que el plazo establecido en la ley para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, no se encontraba vencido el día en que el municipio interpuso la demanda. Respecto a la excepción de falta de legitimación material en la causa por pasiva, la Sala advierte que, como se verá más adelante, sí es el Distrito de Barranquilla el obligado a pagar el ICA a favor del municipio de Soledad en los términos del Acuerdo 003 de 1967. Por lo tanto, esta excepción tampoco está llamada a prosperar.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 304 / DECRETO 01 DE 1984 (CCA) – ARTÍCULO 164 / DECRETO 01 DE 1984 (CCA) – ARTÍCULO 136 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 44

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO – Normativa / IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO – Hecho generador / IMPUESTO DE INDUSTRIA Y

COMERCIO EN ACTIVIAD DE SERVICIOS – Alcance / SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS – Normativa / SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – Enunciación / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – Alcance. Esta gravada con el impuesto de industria y comercio /

LIQUIDACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS – Procedimiento / PROCESO CONCURSAL – Finalidad [D]e conformidad con la Ley 14 de 1983, el impuesto de industria y comercio recae sobre las actividades comerciales, industriales y de servicios que se realizan en los distritos especiales y en los municipios, ya sea en forma permanente o transitoria, sea o no, en establecimientos de comercio. Dicen las normas pertinentes de la ley en mención: “ARTÍCULO 32. El Impuesto de Industria y Comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. (...) Artículo 36. Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas actividades: expendio de bebidas y comidas; servicio de restaurante, cafés, hoteles, casas de huéspedes, moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación comercial, tales como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compra - venta y administración de inmuebles; servicios de publicidad, interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, portería, servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánica, automoviliarias y afines, lavado, limpieza y teñido, salas de cine y arrendamiento

de películas y de todo tipo de reproducciones que contengan audio y vídeo, negocios de montepios y los servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho. (…) Según el artículo 14 de la Ley 142 de 1994, son servicios públicos domiciliarios los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural y distribución de gas combustible. El artículo 24 ibídem, dispuso que los departamentos y los municipios podían gravar a las empresas de servicios públicos con tasas, contribuciones o impuestos, que sean aplicables a los demás contribuyentes que cumplan funciones industriales o comerciales. (…) [L]a prestación de servicios públicos domiciliarios, tales como los de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible, está gravada con el impuesto de industria y comercio. (…) [S]e establece que para la liquidación de las empresas de servicios públicos domiciliarios se aplicarán, en cuanto sean pertinentes, las normas relativas a la liquidación de instituciones financieras, procedimiento que se encuentra contenido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, actualizado mediante el Decreto 663 de 1993 y modificado mediante la Ley 510 de 1999. (…) Por su parte, el artículo 293, numeral 1, del mencionado Estatuto, señala que el proceso de liquidación forzosa administrativa (de una entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria y, por remisión, de una empresa de servicios públicos domiciliarios) es un proceso concursal y universal que tiene

por finalidad esencial la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad, hasta la concurrencia de sus activos, preservando la igualdad entre los acreedores, sin perjuicio de las disposiciones legales que confieren privilegios de exclusión y preferencia a determinada clase de créditos. El numeral 2° del mismo artículo precisa que las impugnaciones y objeciones que se originen en las decisiones del liquidador, relativas a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general, las que por su naturaleza constituyan actos administrativos, corresponderá dirimirlas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se precisa que los actos administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso liquidatorio. En consecuencia, el control de legalidad de las resoluciones que rechazaron la reclamación presentada por el Municipio de Soledad – Atlántico están sometidas al conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; por lo tanto, es esta jurisdicción la encargada de analizar si la actuación administrativa del liquidador de la EDT E.S.P. se ajustó a las disposiciones legales y si la acreencia a cargo de esa empresa y a favor del municipio de Soledad puede hacerse efectiva. [A]dvierte la Sala que el artículo 13 del Acuerdo 003 de 1967 no ha sido modificado y mantiene vigencia frente a las normas legales de liquidación forzosa de las entidades sometidas a la vigilancia de

la Superintendencia de Servicios Públicos. (…) [L]a Sala concluye que sí es procedente, como lo ordenó el a-quo, exigirle al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, el pago de la acreencia rechazada por la agente liquidadora de la EDT, por concepto del impuesto de industria y comercio por los periodos gravables 1998 a 2003. Asimismo, de las disposiciones antes transcritas, relativas al proceso concursal de las empresas de servicios públicos domiciliarios, la Sala advierte que, contrario a lo afirmado por el municipio apelante, el a-quo no desconoció las normas referidas, pues son las aplicables para dirimir el asunto sometido a debate.

FUENTE FORMAL: LEY 14 DE 1983 – ARTÍCULO 32 / LEY 14 DE 1983 – ARTÍCULO 36 / LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 14 / LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 24 / DECRETO 663 DE 1993 – ARTÍCULO 293 NUMERAL 1 / LEY 510 DE 1999 / DECRETO 663 DE 1993 – ARTÍCULO 293 NUMERAL 2 / ACUERDO 003 DE 1967 – ARTÍCULO 13

FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS – Normativa / FIRMEZA DE

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS – Eventos / VÍA GUBERNATIVA – No

agotamiento / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS – Noción En cuanto a la firmeza de los actos administrativos, el Código Contencioso Administrativo, señala lo siguiente: “- ARTICULO 62. FIRMEZA DE LOS ACTOS

ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme: 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. 2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos. 4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos. - ARTICULO 63. AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA. El agotamiento de la vía gubernativa acontecerá en los casos previstos en los numerales 1 y 2 del artículo anterior, y cuando el acto administrativo quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de queja.” Aplicando las disposiciones anteriores al caso que nos ocupa, se tiene que la Resolución N° 002/2003 del 22 de agosto de 2003, por medio de la cual el municipio de Soledad determinó a la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla EDT. E.S.P., el impuesto de industria y comercio por los años gravables 1998 a 2002, vigencias fiscales 1999 a 2003, quedó en firme porque contra ella no se interpuso el correspondiente recurso de reconsideración; así las cosas, al no haberse agotado la vía gubernativa, tampoco podía ser demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Según la presunción de legalidad de los actos administrativos, estos están ajustados a derecho mientras no se demuestre lo contrario, siendo de obligatorio cumplimiento, tanto para las autoridades como para los particulares, desde el mismo momento en el que empieza su vigencia y mientras no sean excluidos del ordenamiento jurídico, bien

sea por declaratoria de inconstitucionalidad o de ilegalidad. Surge de lo anterior que el acto administrativo de determinación del impuesto de industria y comercio, esto es, la Resolución N° 002/2003 del 22 de agosto de 2003, goza de presunción de legalidad por cuanto no fue declarada nula por autoridad judicial, razón por la cual, obliga a su cumplimiento. Por lo tanto, podía el municipio de Soledad, como en efecto lo hizo, presentar, con base en ese acto administrativo debidamente ejecutoriado y en firme, la reclamación por el impuesto de industria y comercio, que por valor de $2.665.593.589 le adeudaba la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla.

FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 (CCA) – ARTÍCULO 62 / DECRETO 01 DE 1984 (CCA) – ARTÍCULO 63

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ

Bogotá D. C., treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014) Radicación número: 08001-23-31-000-2005-02932-01(19595)

Actor: MUNICIPIO DE SOLEDAD – ATLANTICO Demandado: EMPRESA DISTRITAL DE TELECOMUNICACIONES DE BARRANQUILLA EDT E.S.P. EN LIQUIDACION NACIONSUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS; DISTRITO ESPECIAL,

INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA; BARRANQUILLA

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BATELSA Y COLOMBIANA DE

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

FALLO Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla contra la sentencia del 2 de noviembre de 2011 del Tribunal Administrativo del Atlántico1, proferida dentro del proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que dispuso: “1°. Declárase probada la excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva formulada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 1 Folios 90 a 101 del cuaderno principal 2°. Declárase probada la excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva formulada por la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones S.A. ESP (TELECOM). 3° Declárase la nulidad del literal c) del numeral 13.1 del artículo Décimo Tercero de la Resolución No. 009 del 14 de febrero de 2005, “por medio de la cual se decide sobre las reclamaciones presentadas, los créditos aceptados y rechazados, señalando la naturaleza de los mismos, su cuantía, la prelación para el pago y las preferencias o privilegios que la ley establece”, expedida por la Liquidadora de la EDT. 4°. Declárase la nulidad de la Resolución No. 61 de 18 de agosto de 2005, “por medio de la cual se resuelve recurso de reposición interpuesto por el Municipio de Soledad contra la Resolución No. 009 de fecha 14 de febrero de 2005, la cual

decidió las reclamaciones oportunamente presentadas”, expedida por la Liquidadora de la EDT. 5°. A título de restablecimiento del derecho ordénase al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla pagar al Municipio de Soledad el valor del Impuesto de Industria y Comercio, correspondiente a los períodos gravables de 1998 hasta abril de 2003, por valor de $2.665.593.589.oo M.cte más los intereses moratorios desde que se hizo exigible la obligación, causados por la entonces Empresa Distrital de Telecomunicaciones (EDT). 6°. Sin costas. (…)” ANTECEDENTES El 30 de diciembre de 2002, la Secretaría Municipal de Impuestos de Soledad – Atlántico emplazó a la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla EDT. E.S.P., en adelante EDT, para que dentro del término de un mes presentara las declaraciones del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, correspondientes a los períodos gravables 1998, 1999, 2000, 2001, y 2002, vigencias fiscales 1999, 2000, 2001, 2002 y 20032. El 22 de agosto 2003, la misma Secretaría profirió la Resolución N° 002/03, por medio de la cual liquidó oficialmente el impuesto aludido3; la mencionada resolución fue notificada el 26 de agosto del mismo año, según Guía de Servientrega N° 7 347236984. El 21 de mayo de 2004, mediante la Resolución SSPD N° 1621, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la liquidación forzosa

de la empresa; el día 26 del mismo mes y año la gerente liquidadora convocó a los acreedores a hacerse parte en el proceso. 2 Folios 102 del cuaderno principal 3 Folios 104 a 107 del cuaderno principal 4 Folio 108 del cuaderno principal El 9 de junio de 2004, la Administración Municipal de Soledad se hizo parte en el proceso de liquidación forzosa y presentó la reclamación por el impuesto de industria y comercio, por valor de $2.665.593.589. El 14 de febrero de 2005, la Gerente Liquidadora de la EDT E.S.P., profirió la Resolución N° 009, en la cual rechazó la reclamación presentada por el Municipio5, decisión que fue confirmada por la Resolución N° 61 del 18 de agosto de 2005, en sede del recurso de reposición interpuesto. LA DEMANDA El municipio demandante, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, formuló las siguientes pretensiones6: “3.1 QUE SON NULOS los Actos Administrativos contenidos en las Resoluciones Nos. 009 de Febrero 14 de 2.005, POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE SOBRE

LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS, LOS CRÉDITOS ACEPTADOS Y

RECHAZADOS, SEÑALANDO LA NATURALEZA DE LOS MISMOS, SU

CUANTÍA, LA PRELACION PARA EL PAGO Y LAS PREFERENCIAS O

PRIVILEGIOS QUE LA LEY ESTABLECE. En el artículo DECIMO TERCERO:

CRÉDITOS RECHAZADOS PARA INTEGRAR LA MASA DE LA LIQUIDACION, en

lo desfavorable a los derechos e intereses del Municipio de Soledad, Numeral 13.1. Literal c), y la Resolución No. 61 de Agosto 18 de 2.005, por medio de la cual se resuelve recurso de reposición interpuesto por el Municipio de Soledad contra la Resolución No. 009 de Fecha 14 de Febrero de 2.005, la cual decidió las reclamaciones oportunamente presentadas. Los Actos Administrativos demandados fueron expedidos por la Gerente Liquidadora de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla EDT. ESP. en liquidación. 3.2 Que como consecuencia de la prosperidad de la anterior pretensión, se RESTABLEZCA EL DERECHO a favor del Municipio de Soledad y mediante sentencia se ordene a los demandados CANCELAR EL VALOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS GRAVALES 1.998 hasta Abril de 2.003, por valor de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS, ($2.665.593.589.oo), M.cte. más los intereses causados y moratorios desde que se hizo exigible la obligación tributaria a la tasa más alta permitida como valor del dinero en el tiempo y la INDEXACION MONETARIA a manera de actualización y/o corrección monetaria de capital. La sentencia deberá ORDENAR EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE INTERESES sobre el capital debido, por cuanto para este caso no es APLICABLE EL CONCEPTO O CRITERIO DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, por

efecto del proceso de LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, si tenemos en cuenta que la LIQUIDADORA RECHAZÓ EL CRÉDITO FISCAL reclamado oportunamente por el Municipio de Soledad sin fundamento legal, es decir, EXCLUYÓ DE LA MASA DE ACREEDORES, al municipio sin justa causa, desconociendo sus derechos e intereses y por tal motivo no le es aplicable dicho principio jurisprudencial, es decir, mediante una clara VÍA DE HECHO, vulneró los derechos e intereses del municipio de Soledad. 5 Folios 23 a 81 del cuaderno principal 6 Folios 7 a 19 del cuaderno principal 3.3 Que se condene en COSTAS Y GASTOS del proceso a los demandados. 3.4 Que la sentencia favorable al Municipio de Soledad ordene a los demandados darle cumplimiento en términos del precepto legal consagrado en los Arts. 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo”. Invocó como normas violadas los artículos 29 de la Constitución Política; 24, numeral 24.1 de la Ley 142 de 1994; 51 de la Ley 383 de 1997; 28, 36 y 38 del Acuerdo Municipal 041 de 1998 y 2.494, 2.495 numeral 6 y 2.496 del Código Civil. Para desarrollar el concepto de la violación expuso los siguientes cargos: Nulidad de los actos administrativos demandados por violación del derecho al debido proceso. Manifestó que los actos administrativos demandados violaron el derecho al debido proceso porque se fundamentaron en hechos que debieron discutirse en la vía

gubernativa. Que la Administración Municipal de Soledad determinó el impuesto de industria y comercio a cargo de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones, mediante la Resolución N° 002/2003 del 22 de agosto de 2003 pero la empresa no hizo uso del recurso de reconsideración que contra ella procedía, ni acudió ante la jurisdicción contenciosa, por lo que la actuación administrativa adquirió firmeza y fuerza ejecutiva y ejecutoria. Falsa motivación y violación de normas superiores. Aseveró que la actuación administrativa se fundamenta en motivos inexistentes; que la gerente liquidadora de la EDT aplicó la sentencia del Consejo de Estado 13400 del 2 de octubre de 2003, referida a los periodos gravables 1993 y 1997, que solo aplica a los periodos mencionados. Que la liquidadora no puede argumentar las mismas falencias que sirvieron de fundamento jurídico a la sentencia mencionada, por cuanto para los años gravables 1998 a 2002, vigencias fiscales 1999 a 2003, el Municipio fundamentó sus actos en el Acuerdo 041 de 1998, que estableció como hecho generador del impuesto de industria y comercio la prestación de servicios públicos domiciliarios. Se refirió a la sentencia del Consejo de Estado, 8707 del 6 de marzo de 1998, para precisar que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio y que si las leyes o los acuerdos no las excluyeron, mal puede la liquidadora de la EDT. E.S.P., en liquidación, afirmar que esa empresa no es sujeto pasivo del gravamen.

Prelación de créditos. Precisó que, de conformidad con los artículos 2. 494, 2. 495 numeral 6 y 2. 496 del Código Civil, es obligación del liquidador atender los créditos privilegiados y de primera clase, que comprenden entre otros, los créditos del fisco y de las municipalidades por impuestos, condición que no fue atendida por la liquidadora de la empresa demandada. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El proceso se fijó en lista por el término de diez (10) días, para que los demandados contestaran la demanda. El plazo corrió del 16 al 29 de enero de 2007; el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla7 contestó el 30 de enero de 2007 y Barranquilla Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Batelsa8, el 6 de febrero del mismo año, es decir, por fuera del término legal. Empresa Distrital De Telecomunicaciones de Barranquilla EDT E.S.P. en Liquidación. En la oportunidad legal, el apoderado de la EDT en Liquidación, en escrito de contestación a la demanda, se opuso a las pretensiones de la misma9. Propuso la excepción de inexistencia de la obligación por falta de nacimiento del derecho reclamado, en virtud de que la EDT nunca ostentó la calidad de sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio en el Municipio de Soledad. Afirmó que no se violó el debido proceso, porque la gerente liquidadora expidió y notificó en debida forma los actos administrativos demandados que decidieron sobre las reclamaciones. Manifestó que la Ley de Servicios Públicos estableció la facultad que tienen los

municipios de gravar las empresas de servicios públicos con impuestos municipales, siempre y cuando estas sean sujetos pasivos de los mismos. Que el Consejo de Estado, en la sentencia 0113400 del 2 de octubre de 2003, declaró 7 Folios 756 a 759 del cuaderno de anexos 8 Folios 511 a 516 del cuaderno de anexos 9 Folios 739 a 741 del cuaderno de anexos que la EDT de Barranquilla no era sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio. Advirtió que los acuerdos municipales mencionados por el Municipio de Soledad no señalan que el servicio de telefonía esté gravado con el impuesto de industria y comercio. Nación - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios La Superintendencia de Servicios Públicos se opuso a las pretensiones10 de la demanda y solicitó negar las súplicas. Propuso las siguientes excepciones: - Falta de legitimación en la causa por pasiva. Afirmó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no debe reparar al Municipio de Soledad, toda vez que los hechos de la demanda no son de su responsabilidad, dada la naturaleza del proceso de liquidación y las competencias del liquidador. Precisó que en los casos de toma de posesión y liquidación de las empresas de servicios públicos la ley autoriza al Superintendente para designar un liquidador y no resulta de su particular competencia tomar decisiones diferentes a las propias de la medida de intervención. Indicó que el liquidador dirige la actuación bajo su exclusiva responsabilidad; que actúa como representante legal de la intervenida. Asimismo, que es de su

competencia adelantar, bajo su inmediata dirección y responsabilidad, los procesos de liquidación forzosa administrativa de entidades vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Agregó que es función del liquidador, y no de la Superintendencia, emplazar a los acreedores de la empresa intervenida, fijar el respectivo aviso, decidir sobre las reclamaciones, objeciones, etc. Que la empresa intervenida es una persona jurídica diferente que no está bajo las órdenes de la entidad; que además, no ordenó, ni tiene facultad legal para decidir sobre las reclamaciones presentadas por los acreedores de la intervenida, particularmente en lo que tiene que ver con el Municipio de Soledad. - Ineptitud de la demanda por falta de requisitos legales. 10 Folios 749 a 755 del cuaderno de anexos Afirmó que cuando se impugna un acto administrativo debe indicarse la norma violada y el concepto de la violación. Indicó que sólo en un hecho de la demanda se indica que la actuación adelantada por la EDT ha sido permitida y cohonestada por la Superintendencia; que en los demás hechos no se hace ningún pronunciamiento que comprometa la responsabilidad de la entidad ni se indican los fundamentos de derecho en que se basa la acción. Que, por lo tanto, existe una ineptitud de la demanda por no cumplir con los requisitos legales; que en consecuencia, el juez debe emitir un fallo inhibitorio. Colombiana Telecomunicaciones S.A. E.S.P. La apoderada de la empresa Colombiana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P., en escrito de contestación a la demanda, se opuso a las pretensiones de la misma11.

Propuso la excepción de falta de legitimidad por pasiva. Advirtió que no está llamada a responder por las obligaciones fiscales a cargo de la EDT, porque no tuvo ninguna participación o injerencia en la emisión de los actos administrativos demandados; que, además, al momento de ser expedidos, no tenía vínculo con la empresa demandada o con la empresa Barranquilla Telecomunicaciones S.A. E.S.P. en liquidación. Agregó que no conoce los antecedentes de los actos administrativos demandados; que no participó en su expedición; que además no es sujeto pasivo de los impuestos que se reclaman y que a la fecha en que se causaron, Colombiana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P. no había nacido a la vida jurídica. LA SENTENCIA APELADA Mediante sentencia del 2 de noviembre de 201112, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró probada la excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva, formulada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y por Colombiana Telecomunicaciones S.A.; asimismo anuló los actos administrativos demandados y a título de restablecimiento del derecho ordenó al 11 Folios 470 a 482 del cuaderno de anexos 12 Folios 275 a 294 cuaderno principal Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla pagar al Municipio de Soledad la suma de $2.665.596.589, más los intereses moratorios desde que se hizo exigible la obligación. Las razones aducidas en la decisión son las siguientes: Indicó que entre el Municipio de Soledad y la EDT existió litigio sobre el mismo

objeto que se debate, referente a la legalidad del cobro del impuesto de industria y comercio por los períodos gravables 1993 a 1997, que fue resuelto por el Consejo de Estado mediante la sentencia 13400 del 2 de octubre de 2003, en la que se declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, que sirvieron de fundame