CE-08001-23-31-000-2006-02522-02(0922-13)

REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL NIVEL TERRITORIAL - Fijación. Competencia / PENSION DE JUBILACIONDebe sujetarse a las normas legales que regulan el régimen pensional / AUTONOMIA UNIVERSITARIA - Los entes autónomos están sometidos a la normatividad legal constitucional Del recuento, se desprende que antes de la Constitución de 1991, la competencia para fijar el régimen prestacional tanto de empleados nacionales como de los empleados territoriales estaba exclusivamente atribuida a la ley, de manera que correspondía privativamente al Congreso de la República su determinación, sin distinción del sector al cual pertenecieran, y que a partir de la expedición de la Carta Política actual, el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel territorial lo determina el Gobierno de conformidad con la ley, en virtud de la competencia conjunta derivada del artículo 150 - numeral 19 - literal e) del Ordenamiento Superior y habilitada por el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, dictada en desarrollo de aquel. PENSION DE JUBILACION - Reconocimiento con base en convención colectiva / DERECHO ADQUIRIDO - Situación pensional definida antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 / CONVALIDACION - Pensión de jubilación De conformidad con el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, sin lugar a dudas las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993 con fundamento en disposiciones territoriales sobre pensiones extralegales continuarían vigentes; asimismo, quienes antes de su entrada en rigor obtuvieren los requisitos para pensionarse conforme a tales ordenamientos,

tendrían derecho a la pensión en las condiciones allí establecidas, en aras de garantizar los derechos adquiridos. Respecto de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se tiene fue expedida y publicada en el Diario Oficial No. 41.148 el 23 de diciembre de 1993, por lo que de manera general sus efectos se surten a partir de dicha fecha; sin embargo, frente al Sistema General de Pensiones se consagraron dos situaciones de excepción frente a su aplicación inmediata, consistente la primera, en el régimen de transición consignado en el artículo 36 de dicho ordenamiento, que buscó amparar la expectativa de los trabajadores que hubiesen cumplido determinada edad y tiempo de servicios; y la segunda, en un periodo de vigencia diferido establecido por el Legislador en el artículo 151, en virtud del cual, se determinó que el sistema regiría integralmente a partir del 1° de abril de 1994, con excepción de los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, para los cuales entraría a regir a mas tardar el 30 de junio de 1995 o en la fecha en que así lo determinase la respectiva autoridad territorial. Quiere ello decir, que las situaciones jurídicas que en materia pensional se consolidaron con base en disposiciones municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1995 o antes de la fecha en que hubiese entrado a regir el Sistema General en cada entidad territorial, se deben garantizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 citado.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 146

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION A

Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil catorce (2014) Radicación número: 08001-23-31-000-2006-02522-02(0922-13)

Actor: UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO Demandado: LYRA MERCEDES CAMACHO DE COTES Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 5 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso instaurado por la Universidad del mismo Departamento contra la señora Lyra Mercedes Camacho de Cotes.

I. ANTECEDENTES

1. LA ACCIÓN Por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., la Universidad del Atlántico solicitó al Tribunal Administrativo del Departamento, la nulidad de la Resolución No. 818 de 9 de mayo de 1997, proferida por el Rector del ente universitario a través de la cual reconoció a la señora Lyra Mercedes Camacho de Cotes, una pensión de jubilación1.

A título de restablecimiento del derecho, la Universidad del Atlántico pidió que se ordene la reliquidación, pago y reintegro de todas las sumas pagadas como consecuencia del acto administrativo que reconoció la pensión de jubilación, hasta la fecha de ejecutoria de la providencia que declare su nulidad en los términos de los artículos 176 y 178 del Decreto 01 de 1984. 1 Se refiere la demanda a la señora Lira Camacho, pero de acuerdo a copia de la cédula de ciudadanía

obrante a folio 37 su nombre correcto es Lyra Camacho.

2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS Los hechos que sustentan las pretensiones de la acción se resumen en los siguientes términos2: La señora Lyra Mercedes Camacho de Cotes, se vinculó a la Universidad del Atlántico el día 15 de abril de 1975 hasta el 15 de marzo de 1995, desempeñándose como docente catedrático con 8 horas semanales, desde el 15 de abril de 1975 hasta el 30 de marzo de 1976; con 12 horas semanales, desde el 31 de marzo de 1976 hasta el 21 de junio de 1976 y con 10 horas semanales desde el 22 de junio de 1976 hasta el 19 de agosto de 1986.

Que el cargo y las funciones desempeñadas por el lapso laborado fueron las de un docente que es un empleado público, de conformidad con lo establecido por los artículos 72 y 77 de la Ley 30 de 1992, que rige a partir del 28 de diciembre de 1992, en concordancia con los artículos 10 y 12 de la Ley 4ª de 1992 y el artículo 1° del Decreto Reglamentario No. 10 de 1986. Que la demandada laboró para la Universidad como docente de tiempo completo desde el 20 de agosto de 1986 hasta el 15 de abril de 1995. Añadió, que antes de la vigencia de las normas enunciadas, regía el Decreto 080 de 1980, en cuyos artículos 91, 93, 97, 98 y 122 clasificó al personal que prestaba sus servicios en las universidades como empleados públicos y

trabajadores oficiales y excluyó a los docentes de cátedra de la clasificación de empleados públicos, al vincularlos con contratos de prestación de servicios. Que la demandada nació el 5 de abril de 1943 y se le otorgó la pensión a través de acto administrativo el día 9 de mayo de 1997, con la edad de 54 años; se le reconoció una mesada pensional por un valor de $2’.084.295 equivalente al 100% de su salario promedio devengado en el último año, al cual se le agregaron sumas convencionales, que debían estar excluidas de la constitución del salario promedio para materializar el monto pensional. Que la pensión de la accionada debió tramitarse conforme a lo señalado por las Leyes 33 y 62 de 1985, al encontrarse beneficiada por el periodo 2 Ver folios 3-4. de transición estipulado en el Decreto 813 de 1994 y que los factores a tener en cuenta debieron ser los señalados en el Decreto 1158 de 1994.

3. DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

Citó como normas violadas el preámbulo y los artículos 4°, 55, 58, 69, 83, 123, 125 y 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política; el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, en concordancia con el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, el Decreto 813 de 1994; el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los

artículos 72, 77, 79 y 123 de la Ley 30 de 1992; los artículos 10° y 12 de la Ley 4ª de 1992; los artículos 3°, 4°, 414, 416 y 467 del C.S.T., el artículo 1° del Decreto Reglamentario 10 de 1996 y el Decreto 3135 de 1968. Como concepto de la violación, la parte demandante expuso en síntesis, que el reconocimiento pensional a favor de la señora Lyra Mercedes Camacho de Cotes, configura una violación directa de la ley, como quiera que desconoce el tope y los factores de liquidación prestacional, previstos en las normas superiores invocadas como quebrantadas. Añadió, que la resolución acusada vulnera los preceptos constitucionales y en especial el artículo 4° en tanto que le otorgó a la demandada la calidad de trabajadora oficial, cuando en realidad se trató de una empleada pública al tenor de lo señalado por los artículos 233 y 304 del Decreto 1222 de 1986 y que se le aplicó un régimen pensional al cual no tenía derecho pues debió pensionarse con la edad y el tiempo que exige el artículo 1° de la Ley 33 de 1985. Que se vulnera directamente el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, por cuanto en la liquidación pensional se incluyeron diferentes factores extralegales que se encuentran establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo de 1976, suscrita entre los sindicatos de profesores y trabajadores de la universidad

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA3 3 Visible a folios 160-161.

El curador ad litem de la señora Lyra Mercedes Camacho de Cotes, se opuso a las pretensiones del libelo, con base en que el acto demandado se encuentra revestido de legalidad y fue la propia Universidad la que tomó en cuenta los valores para liquidar y ordenar el porcentaje que recibe la demandada como pensión de jubilación. Que no aparece demostrado que la demandada haya situado a la administración en condiciones de inferioridad, a través de engaño o de artimañas que hubieren llevado a la Universidad a producir un acto contrario a la realidad existente, pues la pensionada prestó sus servicios a la entidad, cumplió con el tiempo exigido y cuando dispuso jubilarse ésta le concedió el derecho y tomó como guarismo para su liquidación lo que consideró era legal; que por ello no se le puede obligar a devolver lo que se ha recibido de buena fe, máxime cuando esto se ha percibido por mandato de un acto administrativo revestido de legalidad, hasta cuando se demuestre lo contrario.

II. LA SENTENCIA APELADA4

El Tribunal Administrativo del Atlántico denegó las pretensiones de la demanda. Consideró, que la Universidad del Atlántico jamás ha contado con la competencia para regular el régimen pensional de sus empleados, pues durante la vigencia de la Constitución Nacional de 1886 como con la llegada de la Constitución Política de 1991, se estableció una competencia excluyente entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, miembros del Congreso y de la Fuerza Pública, a través de leyes marco y los respectivos reglamentos. A pesar de lo anterior, afirmó que ha sido frecuente que entidades

territoriales hayan procedido a reconocer pensiones extralegales a sus empleados, en condiciones más ventajosas a las reguladas en las leyes expedidas para la generalidad de servidores públicos. Sostuvo que dichos reconocimientos de carácter individual, fueron amparados por el artículo 146 de la 4 Folios 222 a 241. Ley 100 de 1993, declarado exequible parcialmente por la Corte Constitucional en sentencia C - 410 de 1997, que purgó la ilegalidad de las pensiones reconocidas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley (30 de junio de 1995). Citó en extenso la sentencia de la Sección Segunda de ésta Corporación de 29 de septiembre de 2011, dentro del expediente radicado con el No. 080012331000200502866-03 y la sentencia de ésta Subsección con ponencia de quien se ocupa de esta providencia, de 7 de abril de 2011, dentro del proceso radicado con el número interno 2073-07 y concluyó, que las situaciones jurídicas consistentes en el goce de los derechos pensionales extralegales, vale decir, adquiridos sin justo título cuyos beneficiarios son empleados públicos de la Universidad del Atlántico si se consolidaron o adquirieron hasta el 30 de junio de 1995, quedaron avaladas por voluntad del Legislador y que si sucedió posteriormente, entonces los actos creadores del estado de pensionado serían ilegítimos y devendría su declaratoria de nulidad. En tal sentido, concluyó que con base en el artículo 9° de la Convención Colectiva de 1976, se profirió la Resolución No. 818 de 9 de mayo de

1997, por medio de la cual se resolvió en su artículo primero reconocer y pagar a la señora demandada la pensión de jubilación a partir de la fecha de retiro del servicio. Que como aquella prestó sus servicios al Estado en el período comprendido del 15 de abril de 1975 al 31 de abril de 1997, para un total de 22 años y 16 días, el derecho se consolidó el 31 de abril de 1990 aunque su reconocimiento se haya producido el 9 de mayo de 1997, al cumplir los 15 años de servicios al Estado y, aunque la resolución fuera expedida por fuera de los parámetros legales dentro de los que debió fundarse, quedó saneada por virtud del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 sobre situaciones jurídicas definidas, razón por la que debían denegarse las pretensiones de la demanda.

III. LA APELACIÓN5

Inconforme con la decisión adoptada, la parte actora interpuso oportunamente recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 5 En escrito que obra a folios 259 y s.s. del expediente. Indicó que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 sólo se refiere a las pensiones consagradas en disposiciones municipales y departamentales antes del 23 de diciembre de 1993 y por ende no cobija las consagradas en convenciones colectivas. Que en el caso de la Universidad del Atlántico no se cumplen los supuestos del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, al tratarse de una convención colectiva, que además no era aplicable a los empleados públicos y conjuntamente, la autonomía universitaria no permite a la Universidad del Atlántico aplicar normas pensionales distintas a las previstas por la ley.

Las pensiones reconocidas en forma contraria al ordenamiento no confieren un derecho sino solo una apariencia que puede ser desvirtuada en cualquier tiempo y el artículo 146 no fue creado para cobijar situaciones nacidas en contra del mandato legal constitucional.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN La apoderada de la demandada presentó alegatos de conclusión en escrito obrante a folios 279 a 286, en el que indicó primordialmente que la señora Lyra Mercedes Camacho de Cotes se trató de una trabajadora oficial en virtud del Acuerdo 02 de 1976, razón por la que le era aplicable el artículo 9° literal b) la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la Universidad del Atlántico y los Sindicatos ASPU, SINTRAUA y ASPROINPES. Que como tenía definido su status pensional antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la legalidad de la pensión de jubilación se encontraba amparada por el artículo 146 de citada norma.

La parte actora guardó silencio.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La intervención procesal del señor Procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado, se orientó a la confirmación de la sentencia apelada y tomó como punto de partida la sentencia de la Corte Constitucional C-410 de 1997, con ponencia del Magistrado Dr. Hernando Herrera Vergara para señalar, que el principio de los derechos adquiridos contenido en el artículo 58 de la Constitución Política es aplicable porque aquellos se garantizan siempre y cuando se hayan adquirido conforme a la ley, supuesto que se cumple en este caso porque la pensionada adquirió su status antes de la entrada en vigencia de la Ley

100 de 1993. Dijo que el Acuerdo No. 002 de 1976 que aprobó la aplicación de la convención colectiva a favor de los empleados públicos para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, es una normatividad que, si bien no fue expedida por la Asamblea Departamental, fue proferida por un ente territorial razón por la cual se encuentra en los presupuestos del artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA De acuerdo con el enfoque planteado en el recurso, corresponde a la Sala revisar la legalidad del acto demandado, en orden a determinar si el derecho pensional de la señora Lyra Mercedes Camacho de Cotes, debe regirse por las normas generales anteriores a la Ley 100 de 1993, que regulan el régimen prestacional de los empleados públicos como lo sostiene la parte demandante, o por el contrario, tiene derecho a seguir percibiendo la pensión mensual vitalicia de jubilación en los términos que le fueron reconocidos.

Para dar solución al problema planteado, resulta necesario precisar algunos aspectos sobre el régimen prestacional de los empleados públicos del orden departamental y la competencia para su regulación. 11.. CCoommppeetteenncciiaa ppaarraa rreegguullaarr eell rrééggiimmeenn pprreessttaacciioonnaall ddee llooss eemmpplleeaaddooss ppúúbblliiccooss ddeell oorrddeenn tteerrrriittoorriiaall.. La Constitución Política de 1886, estableció inicialmente en su artículo 62, la competencia del Legislador para fijar, entre otros asuntos

relacionados con la función pública, las condiciones de jubilación y la clase de servicios civiles o militares que darían derecho a pensión del tesoro público. A partir de la reforma constitucional de 1968 (Acto legislativo No. 01 del 11 de diciembre de 1968), la competencia para fijar tanto las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos del orden nacional, como el régimen prestacional de los empleados públicos se radicó exclusivamente en el Congreso de la República, tal como quedó establecido en el numeral 9° del artículo 76 de la Carta; por su parte, el numeral 21 del artículo 120 ibídem, autorizó al Presidente de la República para fijar la asignación salarial de los empleos del orden nacional central, dentro de las escalas de remuneración fijadas por el Congreso de la República de conformidad con el numeral 9° del artículo 76. Ahora, con la expedición de la Constitución Política de 1991, corresponde al Congreso mediante la expedición de leyes marco, señalar las normas generales, objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y el régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19 literales e) y f), el cual dispone: “ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las Leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: [...]

19. Dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: [...] e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de

los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública: f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en la Corporaciones públicas territoriales, y éstas no podrán arrogárselas. [...]” (Resalta la Sala). Se presenta entonces, una competencia compartida entre el Legislador y el Ejecutivo para efectos salariales y prestacionales; aquel mediante la ley marco determina unos parámetros generales, conforme a los cuales, éste último habrá de fijar todos los elementos propios del régimen salarial y prestacional respecto de los empleados públicos. En desarrollo de lo anterior fue expedida la Ley 4ª de 1992, por medio de la cual el Gobierno quedó habilitado para fijar mediante decreto, entre otros, el régimen prestacional de los empleados de las entidades territoriales, de conformidad con lo prescrito en el artículo 12 de la citada ley; y en su parágrafo único se dispuso, que el Gobierno señalaría el límite máximo salarial de estos servidores, guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional; asimismo, se proscribió cualquier potestad reguladora que en materia prestacional se pretendiera por parte de las corporaciones públicas territoriales. Señala la norma al respecto: “Artículo 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad.

Parágrafo: El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos

servidores guardando equivalencia con cargos similares en el orden nacional.” En idéntico sentido, se pronunció el Legislador en el artículo 77 de la Ley 30 de 1992, al disponer: “Artículo 77. El régimen salarial y prestacional de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4a de 1992, los Decretos Reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan.” Del análisis de las normas enunciadas se concluye, que la determinación del régimen prestacional de los empleados públicos territoriales compete al Gobierno Nacional, de acuerdo con los parámetros señalados por el Legislador. En cuanto al régimen salarial, el Gobierno señala el límite máximo salarial de los servidores públicos territoriales teniendo en cuenta su equivalencia con los del orden nacional. El artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-315 del 19 de julio de 1995, Magistrado Ponente Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, en la cual se dijo que esta atribución del Gobierno no pugna con la que el constituyente expresamente otorgó a las entidades territoriales para fijar las escalas de remuneración y los emolumentos de los empleos de sus dependencias, siempre y cuando se entienda que tal facultad está referida, en forma exclusiva, a la fijación del régimen prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales. En suma, el Presidente de la República puede establecer, para el

sector territorial, los regímenes salariales y prestacionales de los empleados públicos y señalar las prestaciones mínimas de los trabajadores oficiales, pero debe sujetarse a la ley marco expedida por el Congreso, que en nuestro caso es la Ley 4ª de 1992.6 Del recuento anterior, se desprende que antes de la Constitución de 1991, la competencia para fijar el régimen prestacional tanto de empleados nacionales como de los empleados territoriales estaba exclusivamente atribuida a la ley, de manera que correspondía privativamente al Congreso de la República su determinación, sin distinción del sector al cual pertenecieran, y que a partir de la expedición de la Carta Política actual, el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel territorial lo determina el Gobierno de conformidad con la ley, en virtud de la competencia conjunta derivada del artículo 150 - numeral 19 - literal e) del Ordenamiento Superior y habilitada por el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, dictada en desarrollo de aquel. Así se concluye, que ni en vigencia de la Constitución de 1886 ni a partir de la Carta de 1991, podían las entidades territoriales o las universidades públicas expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento en acuerdos internos o extralegales, pues no tenían facultades para ello; sin embargo para analizar el caso concreto, es menester revisar el contexto normativo general que 6 Sentencia del 19 de mayo de 2005. Rad. No. Interno: 4396 - 2002.- C. P. Dr. Jesús María Lemus

Bustamante. reguló el derecho pensional de los empleados territoriales paralelo a la expedición de dichos acuerdos, en aras de establecer la posible aplicación de los mismos. 22.. MMaarrccoo jjuurrííddiiccoo aapplliiccaabbllee eenn mmaatteerriiaa ppeennssiioonnaall aa llooss eemmpplleeaaddooss tteerrrriittoorriiaalleess.. El régimen jubilatorio aplicable a los empleados territoriales antes de la entrada en vigencia de la Constitución actual, se define entonces bajo las siguientes normas, dependiendo de la fecha de consolidación del status pensional: En principio, la norma aplicable para los empleados de los niveles departamental y municipal era la Ley 6ª de 1945, ordenamiento que establecía como requisito para tener derecho a la pensión, sin distingo de sexo, llegar a la edad de 50 años y haber laborado 20 años de servicio continuos o discontinuos para el Estado. Posteriormente, el requisito de edad para dichos empleados fue modificado, primero por la Ley 33 de 1985 que lo fijó en 55 años sin importar el sexo, y luego por la Ley 71 de 1988 que señaló, en tratándose de pensiones por aportes, en 55 años para mujeres y 60 años para hombres. El parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, exceptuó de la aplicación del régimen allí contenido a los empleados oficiales (del orden nacional y territorial) que a la fecha de su promulgación -febrero 13 de 1985hubieren cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio, para los cuales se

continuarían aplicando las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad, esto es, para el caso de los empleados territoriales, la Ley 6° de 1945. Con la expedición de la Ley 100 de 1993, se organizó el Sistema General de Pensiones, conservando todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores, para quienes a la fecha de vigencia de la misma hubiesen cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encontraran pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes, en todos los órdenes de los sectores público, oficial, semioficial y del sector privado en general. Dicho sistema determinó como requisitos pensionales para el régimen de prima media con prestación definida, el haber cumplido 55 años de edad para las mujeres y 60 años para los hombres, con una cotización mínima de 1000 semanas en cualquier tiempo.7 Para reducir los efectos del tránsito legislativo y garantizar el derecho pensional de algunos empleados se previó el régimen de transición dispuesto en el artículo 36 ibídem, en virtud del cual la edad para acceder a la pensión, el tiempo de servicio, el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión se determinaría por el régimen anterior al que se encontraran afiliados quienes al momento de entrar en vigencia el Sistema de Seguridad Social Integral, hubieren cumplido treinta y cinco (35) años de edad, si son mujeres y cuarenta (40) años si fueren hombres o hubieren acumulado por lo menos quince (15) años de servicios cotizados. El panorama normativo anterior define, según el caso, el régimen

pensional aplicable a los empleados públicos del orden departamental, municipal y distrital; sin embargo, no puede desconocerse que con posterioridad a la expedición de la Carta Política de 1991, el Legislador, teniendo en cuenta que en el nivel territorial coexistían regímenes prestacionales extralegales contrarios al ordenamiento superior y a la Ley, y a fin de salvaguardar los derechos pensionales consolidados con fundamento en éstos, decidió avalar las situaciones atípicas que así se presentaron como una expresión del contenido del artículo 53 de la Constitución Política de 1991, en cuanto a la protección de los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas preexistentes, lo cual quedó consignado en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 en los siguientes términos: "Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o sus organismos descentralizados, continuarán vigentes. También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, 7 ARTICULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSION DE VEJEZ. Para tener derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta (60) años de edad si es hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1.000) semanas en cualquier tiempo. (…)”

hayan cumplido [o cumplan dentro de los dos años siguientes] los requisitos exigidos en dichas normas. Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo. Las disposiciones de este artículo regirán desde la sanción de la presente Ley". (Se destaca)8 De conformidad con el artículo transcrito, sin lugar a dudas las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993 con fundamento en disposiciones territoriales sobre pensiones extralegales continuarían vigentes; asimismo, quienes antes de su entrada en rigor obtuvieren los requisitos para pensionarse conforme a tales ordenamientos, tendrían derecho a la pensión en las condiciones allí establecidas, en aras de garantizar los derechos adquiridos. Respecto de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se tiene fue expedida y publicada en el Diario Oficial No. 41.148 el 23 de diciembre de 1993, por lo que de manera general sus efectos se surten a partir de dicha fecha; sin embargo, frente al Sistema General de Pensiones se consagraron dos situaciones de excepción frente a su aplicación inmediata, consistente la primera, en el régimen de transición consignado en el artículo 36 de dicho ordenamiento, que buscó amparar la expectativa de los trabajadores que hubiesen cumplido determinada edad y tiempo de servicios; y la segunda, en un periodo de vigencia diferido establecido por el Legislador en el artículo 151, en virtud del cual, se determinó que el sistema regiría integralmente a partir del 1° de abril de 1994, con excepción de los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital,

para los cuales entraría a regir a mas tardar el 30 de junio de 1995 o en la fecha en que así lo determinase la respectiva autoridad territorial. Quiere ello decir, que las situaciones jurídicas que en materia pensional se consolidaron con base en disposiciones municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1995 o antes de la fecha en que hubiese entrado a regir el Sistema General en cada entidad territorial, se deben g