CE-08001-23-33-000-2014-00937-01(5898-18)-2020

SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA – Requisitos / PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA – Improcedencia La solicitud de pruebas en segunda instancia, sólo procede cuando: (i) las partes las pidan de común acuerdo; (ii) habiendo sido decretadas en la primera instancia se dejaron de practicar por razones no imputables a quien las pidió, y siempre que el objeto sea practicarlas, o cumplir con los requisitos que falten para su perfeccionamiento; (iii) versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir las pruebas en primera instancia, siempre que se pretenda demostrar o desvirtuar hechos; (iv) se trate de pruebas que no se pudieron solicitar en la primera instancia por fuerza mayor, o caso fortuito, o por obra de la parte contraria; y (v) con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3.º y 4.º del artículo 212 ibídem, las cuales se deberán solicitar dentro del término de ejecutoria del auto que las ordene. En este caso, la solicitud no reúne los requisitos exigidos por la norma, toda vez que no fue formulada de manera mancomunada con la parte demandada; dichas pruebas (inspección y dictamen) fueron negadas en primera instancia y tampoco versan sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para ser aportadas, de manera que la Sala constata que esta solicitud pretende aportar pruebas que en su momento no se solicitaron.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 212

HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN DOCENTE / RELIQUIDACIÓN DE

RETROACTIVO SALARIAL – Improcedencia / CARGA DE LA PRUEBA Es claro que sí se atendió al valor del salario contemplado en las citadas ordenanzas y se ordenó la indexación de las sumas reconocidas sin que se vislumbre el presunto error expresado por el demandante, ni tampoco se muestra evidente de qué forma la entidad incurrió en una errónea liquidación frente a los factores que efectivamente devengó (bonificaciones por servicios prestados y por recreación, las primas de servicios, de vacaciones, técnica, de navidad, las cesantías y los intereses a las mismas, la indemnización por vacaciones, los días de descanso compensatorio no disfrutados y dejados de cancelar). En efecto, no existe una explicación por parte del demandante acerca de la forma en que se incurrió en errores en la liquidación, sino únicamente el argumento del supuesto desconocimiento de las ordenanzas, sobre el cual insistió al subsanar la demanda y frente al cual elaboró un esquema de las supuestas diferencias salariales adeudadas, que, advierte la Sala, son incluso menores a las que sí le reconoció la entidad, siendo por tanto más favorables al demandante aquellas relacionadas en la liquidación realizada por la Secretaría de Educación departamental. En este sentido, tal y como lo aseguró el a quo, el apoderado debió cumplir una carga argumentativa que le permitiera al fallador conocer cuáles fueron las pautas normativas que desconoció u omitió la Secretaría de Educación, pero no pretender a través de un dictamen pericial que se descubra una supuesta irregularidad de la cual no se conoce su origen. Conviene recordar que es a la

parte demandante a quien le incumbe indicar las normas que considera infringidas y exponer el concepto de esa violación, así como los vicios atribuidos al acto administrativo, sin que le corresponda al Juez efectuar un control integral de legalidad de los actos acusados, y asumir los roles y obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone a las partes.

HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN DOCENTE / RECONOCIMIENTO DE

TRABAJO SUPLEMENTARIO – Improcedencia / FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA El reconocimiento de horas extras y días compensatorios, no guarda relación con el proceso de homologación y nivelación salarial surtido en el Departamento del Atlántico, y no se deriva de este automáticamente. Contrario a ello, constituye una pretensión independiente al citado proceso, sobre la cual el demandante debe solicitar a la entidad el pago de las sumas dejadas de pagar, de acuerdo con los cronogramas de trabajo, y la autorización previa del empleador, lo cual debe hacerse a través de resolución motivada, es decir, que debe provocarse un pronunciamiento previo de la administración sobre esta pretensión específica.

HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN DOCENTE / RELIQUIDACIÓN DE

CESANTÍAS RETROACTIVAS – Improcedencia / DOCENTE OFICIAL

BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE LIQUIDACIÓN RETROACTIVA DE LAS CESANTÍAS En lo que se refiere a la reliquidación de las cesantías e intereses a las cesantías comparte la Sala la apreciación del Tribunal frente a que, como no ha finalizado la relación laboral, el derecho se sigue causando por lo que era apenas viable que

no se incluyera en la liquidación el citado emolumento laboral, el cual, en el sistema de retroactividad, impone el pago al trabajador al momento de finalizar su relación laboral, salvo en casos de retiros parciales. Y en el sistema anualizado se deben liquidar anualmente al empleado, a través de acto administrativo que puede cuestionarse en vía administrativa y que deben ser consignadas en el fondo administrador de cesantías junto con sus intereses correspondientes. HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN DOCENTE / RECONOCIMIENTO DE INTERESES DE MORA – Improcedencia El apoderado del demandante solicitó se le reconozcan y paguen los intereses moratorios producto del reajuste salarial de homologación desde 2003 y hasta enero de 2014. Frente al tema, tal como lo ha señalado la Subsección en asuntos similares por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben estar consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte el cobro de estos para los casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que reconoce el derecho. En el sub lite se impone colegir que tampoco se generó a cargo de la entidad el pago de intereses moratorios, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos, en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si no se dijo nada al respecto en la resolución que reconoció el retroactivo, como tampoco hay norma que expresamente lo consagre, no procede en consecuencia el reconocimiento de los intereses moratorios.NOTA DE

RELATORÍA: En relación con la homologación y nivelación salarial del personal docente endosado por la Nación a las entidades territoriales, ver: C. de E., Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 7 de diciembre de 2004, radicación: 1607.

Sobre la improcedencia del reconocimiento de los intereses de mora tratándose del pago de las diferencias salariales por la homologación de docentes territoriales, ver: C. de E., Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 23 de agosto de 2018, radicación: 4589-15, C.P.: César Palomino Cortés.

FUENTE FORMAL: LEY 43 DE 1975 / LEY 115 DE 1994 / LEY 60 DE 1993 / LEY 715 DE 2001 / DECRETO 1042 DE 1978 – ARTÍCULO 36 / DECRETO 1042 DE 1978 – ARTÍCULO 37 / LEY 510 DE 1999 – ARTÍCULO 111

CONDENA EN COSTAS – Improcedencia / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE COSTAS La Sala considera que no hay lugar a la imposición de costas en segunda instancia, en atención a lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, toda vez que no se demostró su causación.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veinte (2020).

Radicación número: 08001-23-33-000-2014-00937-01(5898-18)

Actor: MAXIMO BOLAÑOS OSPINO

Demandado: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO –SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Demanda de nulidad y restablecimiento del derechoSentencia de segunda instancia. Ley 1437 de 2011.

ASUNTO De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.º del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de diciembre de 2017, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las súplicas de la demanda instaurada por el señor MÁXIMO BOLAÑOS OSPINO contra el Departamento del Atlántico – Secretaría de Educación Departamental.

I. ANTECEDENTES

1.- LA DEMANDA1 1.1. Pretensiones 1 Folios 1 al 15. cdno. 1 El señor MÁXIMO BOLAÑOS OSPINO, actuando por conducto de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó al Departamento del Atlántico – Secretaría de Educación Departamental, el reconocimiento de las siguientes declaraciones y condenas: (i). La nulidad de la Resolución 00481 del 22 de enero de 2014, suscrita por el Secretario de Educación del Departamento del Atlántico, a través de la cual se ordenó el reconocimiento y pago de valores retroactivos a favor del personal administrativo que se financia con recursos del sistema general de participaciones.

(ii) La nulidad de la Resolución 00481 del 22 de enero de 2014, proferida por el Secretario de Educación del departamento del Atlántico, “por medio del cual la Secretaria de Educación Departamental ordena el reconocimiento y pago de valores retroactivos a favor del personal administrativo que se financia con recursos del Sistema General de Participaciones de conformidad con la aprobación del estudio técnico y certificación de la deuda por el Ministerio de Educación Nacional dentro del proceso de homologación de cargos a nivel salarial”, y reconoció al demandante la suma $31.170.064 por concepto de valores retroactivos dentro del proceso de homologación de cargos y salarios hasta junio de 2009. (iii) A título de restablecimiento del derecho solicitó se condene a la parte demandada a lo siguiente: a) Efectuar la reliquidación de los valores pagados en la Resolución 00481 de 2014, desde el año 2003 hasta el 2009, mes por mes, atendiendo a las diferencias de salario fijado en las ordenanzas de la Asamblea del Atlántico para esas anualidades y el salario recibido por intermedio de la Secretaría de Educación departamental, específicamente frente a las bonificaciones por servicios prestados y por recreación, horas extras, las primas de servicios, de vacaciones, técnica, de navidad, las cesantías y los intereses a las mismas, la indemnización por vacaciones, los días de descanso compensatorio no disfrutados y dejados de cancelar. b) c) Reconocer los intereses moratorios producto del reajuste salarial de homologación desde 2003 y hasta enero de 2014. d) Que se le devuelvan los valores descontados por concepto de estampillas.

e) Pagar «la suma total que corresponda o resulte del dictamen pericial». f) Que las sumas resultantes sean actualizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 187 literal 4.º del CPACA desde la fecha en que se hizo exigible hasta la ejecutoria de la sentencia. g) Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA y que (vii) se condene en costas a la entidad demandada2. 1.2. Supuestos fácticos En síntesis, las pretensiones se sustentan en los siguientes hechos: (i). El señor Máximo Bolaños Ospina presta sus servicios en la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico como celador en una institución educativa desde el «2003». (ii). La Gobernación del Atlántico dio inicio al proceso administrativo de homologación de cargos y nivelación salarial, indexado, a sus empleados administrativos, que fue aprobado por el Ministerio de Educación Nacional a través del Oficio 2009EE30647 del 3 de junio de 2009. (iii). Mediante Decreto 208 de 24 de junio de 2009, la Gobernación del Atlántico ordenó nivelar salarialmente a los funcionarios administrativos del sector educativo del ente departamental y a través de Resolución 03853 del 26 de junio de 2009, la Secretaría de Educación, asignó la correspondiente denominación, código, grado y salario mensual al demandante. Una vez posesionado el gobernador del Departamento del Atlántico, José Antonio Negrebe, ordenó suspender el pago del proceso de homologación salarial hasta tanto se revisará todo lo hecho y se enmendaran errores.

(iv). El Ministerio de Educación Nacional aprobó el nuevo estudio técnico de homologación mediante Oficio No. 2013EE 34201 de 11 de junio de 2013. 2 A folio 49 desistió de la pretensión inicialmente formulada de devolución de los valores descontados por concepto de aportes parafiscales y patronales, así como los efectuados por toda clase de estampilla. (v). Luego, a través de Resolución 02318 de 8 de octubre de 2013 la Secretaría de Educación del departamento del Atlántico revocó todos los actos administrativos relativos al reconocimiento y pago de homologación que habían sido expedidos en el año 2011. (vi). Por Resolución 00481 del 22 de enero de 2014, la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico reconoció el retroactivo salarial de homologación al demandante por los años 2003 a 2009, sin liquidar de forma correcta las bonificaciones por servicios prestados y por recreación, horas extras, las primas de servicios, de vacaciones, técnica, de navidad, las cesantías y los intereses a las mismas, la indemnización por vacaciones, los días de descanso compensatorio no disfrutados y dejados de cancelar. Igualmente se ordenó el descuento por aportes parafiscales, patronales, de salud, pensión y por las las estampillas de procultura, prodesarrollo, prociudadela y proelectrificación rural, pese a que, según la demanda, tales pagos corresponden al empleador y a aquellos que han suscrito contrato de prestación de servicios con el Estado. Refiere la demanda que el señor Máximo Bolaños Ospina tiene derecho al pago

de los intereses moratorios del valor recibido por retroactivo salarial, no solo a partir del 29 de diciembre de 2011, fecha en la cual, la Secretaría de Educación del departamento del Atlántico suspendió el pago de la homologación, sino desde 2003, cuando se hizo efectivo su derecho al pago del reajuste salarial. 1.3. Normas violadas y concepto de violación Como normas trasgredidas mencionó los artículos 1.º, 2.º, 4.º, 6.º, 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 151 del Código Procesal del Trabajo, 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969; 1551, 1553 y 2514 del Código Civil, el Decreto 1042 de 1978 y la Directiva Ministerial 10 de 2005. Como concepto de violación la parte demandante argumentó que el proceso de homologación y nivelación salarial aprobado por el Ministerio de Educación Nacional tuvo dos momentos: la incorporación que consistió en homologar al cargo administrativo a la planta de personal del Departamento asignándole código, grado y denominación, con su respectivo salario; el segundo momento ocurrió con el pago del retroactivo que debía ser indexado y además debieron reconocerse los correspondientes intereses moratorios. A través de la Directiva Ministerial 10 de 2005 se comunicó a los gobernadores, alcaldes y secretarios de educación que se dio inicio a un proceso de homologación indexado, preparándolos para que tramitaran sus propias homologaciones; que, según dicho documento, los funcionarios debieron hacer reclamación, en forma directa o a través de apoderado, para percibir el retroactivo

salarial causado antes de 2005, en aplicación del artículo 151 del CPL. Afirmó que los intereses moratorios se generan desde el día siguiente a la terminación del pago pactado entre las partes, es decir, desde el momento en que adquirió el derecho y se incurrió en mora; que en el presente caso se dejó de cancelar desde 2003.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

El Departamento del Atlántico se opuso a la demanda, para lo cual manifestó que a través de la Resolución 00481 del 22 de enero de 2014 la Secretaría de Educación Departamental ordenó el reconocimiento y pago de valores retroactivos a favor del personal administrativo financiado con recursos del sistema general de participaciones, de conformidad con la aprobación del estudio técnico y certificación de la deuda por el Ministerio de Educación Nacional dentro del proceso de homologación de cargos y nivelación salarial. Explicó que lo que hizo el Departamento del Atlántico fue identificar el total de la deuda por cargo, en el caso del acto administrativo demandado se identificó el total de la deuda correspondiente al cargo del demandante, incluyendo además la asignación básica o retroactivo salarial que es lo que corresponde a favor del actor debidamente discriminados los costos inherentes a la nómina, que son parafiscales y aportes patronales, ello quiere decir, que los $39.793.646 a los que hace referencia la Resolución 0481 de 2014, corresponde al monto total de la deuda correspondiente al cargo del demandante, incluyendo los costos o pagos a terceros , tal como lo indicó la directiva ministerial No 10 de 2005, sin que ello

implique que toda esa suma sea la que corresponde por concepto de retroactivo salarial. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación y pago.

3. AUDIENCIA INICIAL A través de providencia de 27 de agosto de 20153 se fijó la realización de la audiencia inicial para el 23 de febrero de 20164. En dicha diligencia (i) fue saneado el proceso, (ii) frente a las excepciones señaló el Tribunal que no se pronunciaría al guardar estrecha relación con el fondo del asunto, y (iii) se fijó el litigio en los siguientes términos: «[…] le asiste derecho al actor (a) a la retroactivo (sic) de la homologación y a la reliquidación de los años citados? [2003 a 2009].

El ACTOR DESISTE DE LA SIGUIENTE PRETENSIÓN TAL Y COMO CONSTA EN EL ESCRITO DE SUBSANACIÓN Que Sea Al Departamento Del Atlántico A Quien Le Corresponda Los Aportes Parafiscales Y Otros Descuentos (CAJACOPI, ICBF, SENA, ESAP, Escuelas E Instituciones Industriales Y Técnicas Al Igual Que El Aporte Patronal De La ARP, Debido A La Forma Como Están Vinculados Los Actores A La Administración. (sic para toda la cita)»

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA5

El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia el 12 de diciembre de 2017 en la cual negó las pretensiones de la demanda, declaró probada la excepción de pago e inexistencia de la obligación y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante, con fundamento en las siguientes razones:

(i). Sostuvo que el acto administrativo acusado proferido por la Secretaría de Educación Departamental reconoció al demandante $31.170.064 por concepto del retroactivo, como consecuencia del proceso de homologación de cargos y salarios hasta junio 2009, dineros que fueron debidamente indexados. (ii). Que dicho valor fue el resultado de la sumatoria de las diferencias salariales recibidas por el beneficiario durante el periodo 2003 a 2009, teniendo en cuenta las horas extras, la indemnización por vacaciones, la prima técnica, los subsidios de alimentación y transporte, la bonificación por servicios, las primas técnicas, de servicios y navidad, la bonificación especial de recreación y las horas extras. (iii). En cuanto a la indemnización por vacaciones, cesantías e intereses a las 3 F. 82 4 Folio 92 5 Ff. 201 a 208. cesantías y los días de descanso compensatorio no disfrutados y dejados de cancelar, expuso que no existía en el plenario prueba alguna que permitiera determinar que efectivamente el demandante devengó tales factores en las anualidades 2003 a 2009. (iv). Estableció que el demandante solo se limitó a informar sobre una presunta liquidación irregular de la obligación como consecuencia de la nivelación salarial pero no allegó pruebas idóneas que permitieran comprobar dicha afirmación, con lo cual incumplió la carga procesal que le asistía. (v). Concluyó que el demandante no tiene derecho a la reliquidación de los años 2003 a 2009 teniendo en cuenta los factores salariales de horas extras, indemnización por vacaciones, prima técnica, subsidios de alimentación y

transporte, bonificación por servicios, primas técnicas, de servicios, navidad y bonificación especial de recreación, ni procede el reconocimiento y pago de los intereses moratorios, por cuanto no hay lugar a declarar un reajuste salarial desde el año 2003, razón por la cual negó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.

5. RECURSO DE APELACIÓN.

El demandante6 presentó recurso de apelación que en síntesis se resume en los siguientes motivos de impugnación: (i). Manifestó que el Tribunal negó las pretensiones sin analizar los argumentos de la demanda ni las pruebas aportadas y, además, sin practicar el dictamen pericial contable con el objeto de demostrar que la liquidación realizada por la Secretaría de Educación fue errónea. (ii). Insistió en que no le fueron liquidados correctamente desde el año 2003 hasta 2009 la totalidad de los siguientes factores salariales: bonificación por servicios prestados, bonificación por recreación, prima de servicios, prima de vacaciones, prima técnica y prima de navidad; que en la resolución acusada no se pagaron las cesantías, sus intereses ni la indemnización por vacaciones; que tampoco se liquidaron los días de descanso compensatorio no disfrutados y dejados de cancelar, y que sólo se reconocieron 50 horas extras cuando efectivamente venía 6 ff. 254 a 292 dno. 1. laborando 120. Que las horas extras son un «hecho notorio que no admite prueba en contrario». iii). Esgrimió que el Tribunal negó las pretensiones de la demanda sin realizar ninguna operación matemática, es decir con una escasa argumentación, a partir

de la cual concluyó que se liquidó en debida forma el retroactivo; que como no se practicó la inspección judicial ni se designó el perito contador del Tribunal no podía denegarse lo solicitado por el demandante con base en que no cumplió con la carga de la prueba, decisión con la que afirma, “se produjo la violación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”.

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA.

El apoderado de la parte demandante7 reiteró sus argumentaciones frente a que en la liquidación de la homologación no se tuvieron en cuenta las 70 horas extras laboradas mensualmente, esto porque el Ministerio de Educación Nacional solo canceló 50 horas extras mensuales, cuando en realidad laboraba 120 tal como los demás celadores del departamento y después de la homologación se continuó con el pago de 50 horas extras; tampoco se reconocieron los días de descanso compensatorio dejados de cancelar, los intereses a las cesantías, ni el retroactivo del periodo 1995 a 1999, que se hicieron exigibles, ni los intereses moratorios dejados de cancelar desde el año 2011 cuando se interrumpió el proceso de homologación y pago del retroactivo. La parte demandada guardó silencio.

7. EL MINISTERIO PÚBLICO, no presentó concepto.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a decidir previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia 7 Ff.357 a 360. ibidem De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para

conocer el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la demanda. Por otra parte, acorde con lo dispuesto en el artículo 3288 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el presente caso, el demandante es apelante único, razón por la cual la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido por el juicio de reproche esbozado por el apelante.

2. Aspecto preliminar – sobre la improcedencia de la prueba solicitada en segunda instancia.

La Sala de Subsección advierte que los argumentos esgrimidos en el escrito de apelación cuestionan el razonamiento adoptado por el Tribunal Administrativo del Atlántico para negar las pretensiones de la demanda, porque según el apoderado, también debió decretarse una inspección judicial y dictamen pericial rendido por el contador del Tribunal a efectos de establecer si la entidad liquidó de forma correcta el retroactivo por homologación nivelación salarial del demandante. Al respecto, debe aclararse que en el curso de audiencia inicial (f. 94 a 98) el Tribunal Administrativo del Atlántico negó la práctica del dictamen pericial y dejó supeditada la inspección judicial en caso de no remitirse la información; sin 8 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.». embargo advierte la Sala que el Tribunal, en uso de la autonomía que le asiste, consideró que con la información allegada podía emitir la decisión de fondo, por lo que no era necesario requerir a la entidad para que allegara la información solicitada previamente, así como la práctica de la inspección, por lo que cerró la etapa probatoria y ordenó correr traslado para alegar de conclusión, con lo que no advierte la violación del derecho al debido proceso. Igualmente, estima la Sala que es improcedente la solicitud de pruebas formulada por el apoderado dentro del recurso de apelación en la que básicamente insiste en la inspección judicial, el dictamen pericial y en requerir a la entidad para remita la información solicitada, por las siguientes razones: (i). Según el artículo 212 del CPACA, la solicitud de pruebas en segunda instancia,

sólo procede cuando: (i) las partes las pidan de común acuerdo; (ii) habiendo sido decretadas en la primera instancia se dejaron de practicar por razones no imputables a quien las pidió, y siempre que el objeto sea practicarlas, o cumplir con los requisitos que falten para su perfeccionamiento; (iii) versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir las pruebas en primera instancia, siempre que se pretenda demostrar o desvirtuar hechos; (iv) se trate de pruebas que no se pudieron solicitar en la primera instancia por fuerza mayor, o caso fortuito, o por obra de la parte contraria; y (v) con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3.º y 4.º del artículo 212 ibidem, las cuales se deberán solicitar dentro del término de ejecutoria del auto que las ordene. (ii). En este caso, la solicitud no reúne los requisitos exigidos por la norma como quiera que no fue formulada de manera mancomunada con la parte demandada; dichas pruebas (inspección y dictamen) fueron negadas en primera instancia; tampoco versan sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para ser aportadas, de manera que la Sala constata que esta solicitud pretende aportar pruebas que en su momento no se solicitaron. Efectuada la anterior precisión, la Sala de Subsección procede a abordar el análisis del problema jurídico.

3. Problemas jurídicos De acuerdo con los planteamientos del recurso de apelación presentado por el

demandante, le corresponde a la Sala establecer: (i). ¿Si el demandante tiene derecho a la reliquidación del retroactivo reconocido

en la Resolución 00481 de 22 de enero de 2014 proferida por el Secretario de Educación del Departamento del Atlántico, con la inclusión de los factores salariales de bonificación por servicios prestados, bonificación por recreación, prima de servicios, prima de vacaciones, prima técnica, prima de navidad, cesantías e intereses a las cesantías, indemnización por vacaciones y días de descanso compensatorios? (ii). ¿Si tiene derecho al pago de los intereses moratorios por el reajuste salarial de homologación desde 2003? Para resolver los problemas jurídicos, la Sala se referirá al marco normativo y jurisprudencial aplicable al proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos, particularmente del Departamento del Atlántico y lo contrastará con las pruebas allegadas, a efectos de verificar si le asiste razón al señor Máximo Bolaños Ospina o, si por el contrario, debe confirmarse la sentencia apelada. La Sala reiterará el marco normativo expuesto por esta Subsección en la sentencia de 27 de febrero de 2020, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2014-01061-01 y 2014 00825 por tener idénticos supuestos fácticos y jurídicos al presente caso.

4. Marco normativo y jurisprudencial. 4.1. El proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto de 9 de diciembre de 2004, núm. 1607, con ponencia del magistrado Flavio Augusto Rodríguez Arce, frente al proceso de homologación del personal administrativo al

servicio de los establecimientos educativos, precisó las etapas que surgieron en el manejo del servicio educativo en Colombia por parte de los entes territoriales en virtud de la expedición de las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993 y 715 de 2001. Explicó en primer lugar que con la expedición de la Ley 43 de 19759 se nacionalizó el servicio de educación primaria y secundaria, que venían prestando los departamentos, municipios, intendencias, comisarías y distritos. Dicho