CE-08001-23-33-000-2021-00127-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Por parte del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico / CONFIGURACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – No le asiste interés en la decisión de tutela El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitaron ser desvinculadas de la presente acción constitucional, toda vez que carecen de legitimación en la causa por pasiva, en atención a que no han vulnerado los derechos fundamentales invocados por la actora. Comoquiera que la primera instancia no se pronunció sobre la referida petición, esta Sala de Decisión negará tal reclamo respecto a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, toda vez que la actora en su escrito de tutela enrostra unas omisiones por parte de esta entidad, que presuntamente vulneran sus derechos fundamentales. Por su parte, se accederá a la solicitud de desvinculación del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, teniendo en cuenta que dentro del escrito de tutela la [actora] no reprocha alguna acción u omisión respecto a esta entidad, que vulnere o amenace sus derechos fundamentales. ACCIÓN DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA – Frente a los reparos contra la sanción impuesta / IDENTIDAD DE PARTES / IDENTIDAD DE OBJETO / IDENTIDAD DE CAUSA / AUSENCIA DE CONFIGURACIÓN DE TEMERIDAD – Advirtió sobre la primera acción de

tutela interpuesta / SANCIÓN POR USO FRAUDULENTO DE LA ENERGÍA /

CONFIGURACIÓN DE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO

SUPERADO / EXPEDICIÓN DEL AUTO QUE CONCEDE LA IMPUGNACIÓN DE

LA SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA

[S]e evidencia con claridad que, en el asunto objeto de atención hay identidad de: (i) partes, en atención a que los dos procesos fueron adelantados por la [actora] contra Electricaribe (compañía que fue reemplazada por AIR-E S.A.S. E.S.P) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (ii) causa, debido a que alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la administración de justicia, al buen nombre, al trabajo y a la igualdad, con ocasión de la multa impuesta por el prestador del servicio de energía Electricaribe, al detectar un supuesto fraude por una línea que pasaba por encima del establecimiento (…) y la supuesta omisión de la Superintendencia de Servicios Públicos al ejercer sus funciones de vigilancia, inspección y control; y (iii) objeto, al pretender que se revise la actuación administrativa de Electricaribe para la expedición del acto administrativo No. 244075792256127 del 2 de noviembre de 2017, a través del cual se le impuso una multa por el supuesto fraude de pasar una línea que por encima se su bien inmueble, así como la actuación de la Superintendencia de Servicios Públicos al presuntamente no ejercer sus obligaciones de control, inspección y vigilancia. Finalmente, en relación con el fenómeno de la temeridad, la Sala advierte que en el presente caso no se

configura, toda vez que la accionante informó que dadas los hechos relatados en su escrito de tutela, interpuso un acción de tutela que correspondió por reparto al Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, bajo radicado el No. 08-001-33-33-003-2019-00255-00, quien mediante sentencia del 15 de noviembre de 2019, denegó el amparo invocado, al considerar que cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para solicitar la protección de sus Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 derechos. (…) Siendo ello así, la Sala concluye que se configura el fenómeno de la cosa juzgada, en relación con los cargos que se dirigen contra i) las decisiones adoptadas por Electricaribe (compañía que fue reemplazada por AIR-E S.A.S. E.S.P) dentro de la actuación administrativa que culminó con la expedición del acto administrativo No. 244075792256127 del 2 de noviembre de 2017; y ii) la ejecución de las obligaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que echa de menos la actora respecto a la sanción que le fue impuesta por el mencionado prestador del servicio de energía, pues se itera que se verificó la triple identidad de elementos. (…) [E]s preciso resaltar que encontrándose en curso el proceso de tutela de la referencia, el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla concedió la impugnación

interpuesta por la actora mediante auto de 12 de marzo de 2021, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, quien, el 23 de abril de 2021, profirió la segunda instancia. (…) En ese orden, en atención a que, el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla concedió la impugnación interpuesta por la actora contra el fallo de tutela de 15 de noviembre de 2019, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado toda vez que desapareció la circunstancia que podía originar algún quebranto de los derechos fundamentales de la demandante, de ahí que cualquier orden que se imparta por parte de esta Sala resultaría inane debido a que la posible vulneración cesó con la actuación de la autoridad enjuiciada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 08001-23-33-000-2021-00127-01(AC)

Actor: JAQUELINE DOMECTH

Demandado: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE BARRANQUILLA Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: Tutela contra fallo de la misma naturaleza – cosa juzgada – carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la señora Jaqueline Domecth contra la sentencia del 18 de marzo de 2021, por medio de la cual el Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, declaró improcedente la solicitud de tutela.

1. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud La señora Jaqueline Domecth, el 3 de marzo de 2021 presentó acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la administración de justicia, al buen nombre, al trabajo y a la igualdad.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión a las multas que le fueron impuestas por las sociedades Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P-Electricaribe y AIR-E S.A.S. E.S.P., así como por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al no ejercer el debido control, vigilancia e inspección sobre dicho procedimiento sancionatorio. Igualmente, por cuanto el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral de Barranquilla no concedió la impugnación interpuesta por ella contra el fallo de 15 de noviembre de 2019, proferido dentro de la acción de tutela radicada bajo el No. 08-001-33-33-0032019-00255-00. 1.2. Hechos De la solicitud de tutela y del expediente digital, a juicio de la Sala, se extraen los siguientes supuestos fácticos como relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La señora Jaqueline Domecth afirmó que junto a su núcleo familiar son vendedores informales de café y tinto, en el inmueble ubicado en la carrera 43B # 8 – 101 de Barranquilla. Expuso que la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., en adelante Electricaribe, les impuso una multa por concepto de consumos no facturados y una categoría tarifaria que por mandato legal no les correspondía. En resumen, señaló que la entidad expidió el acto administrativo No. 244075792256127 del 2 de noviembre de 2017, a través del cual anexó el acto de facturación No. 11201711000276, que exige el pago de una suma superior a $2.000.000 e informa sobre la suspensión o corte del servicio de energía y otras acciones judiciales. Indicó que mediante la orden de servicio No. 63830774 de 25 de mayo de 2018, Electricaribe dispuso de forma unilateral la suspensión del servicio de energía. Pese a ello, la accionada continúa expidiendo actos administrativos de facturación, al considerar que se sigue haciendo uso del referido servicio. Sostuvo que la entidad le informó que de acuerdo con el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, solo tiene derecho a reclamar las últimas 5 facturas. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Adujo que los funcionarios de Electricaribe, al momento de realizar revisión de su inmueble y verificar el estado del elemento de medición de energía, no le permitieron contar con la presencia de un asesor técnico o jurídico que avalara tal

procedimiento. Por el contrario, de manera unilateral afirmaron que se detectó un supuesto fraude por una línea que pasaba por encima del establecimiento. Manifestó que previo a la imposición de la multa, la entidad no expidió un pliego de cargos. Además, que no le permitió ejercer su defensa técnica, ni imponer los respectivos recursos en sede administrativa. Informó que ante dichas circunstancias, interpuso una acción de tutela que correspondió por reparto al Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, radicada bajo el No. 08-001-33-33-003-2019-00255-00, autoridad judicial que, a través de sentencia del 15 de noviembre de 2019, denegó el amparo invocado, al considerar que cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para solicitar la protección de sus derechos. Destacó que el 19 de noviembre de 2019, a través de la Veeduría Ciudadana Visión Vital, impugnó la decisión de primera instancia, no obstante, a la fecha de radicación de la presente acción de tutela no se le ha informado el despacho judicial al cual le correspondió el conocimiento del asunto, ni se le ha notificado decisión alguna. Finalmente, afirmó que en la actualidad la multa que le fue impuesta equivale a $5.684.640 y que la Superintendencia de Servicios Domiciliarios no cumple con sus funciones de control, vigilancia e inspección sobre dicho procedimiento sancionatorio. 1.3. Fundamentos de la solicitud La parte actora adujo que Electricaribe y AIR-E S.A.S. E.S.P., vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la administración de justicia, al buen

nombre, al trabajo y a la igualdad, toda vez que omitieron aplicar los procedimientos previos a la imposición de la multa y no le permitieron interponer los recursos pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley 142 de 1994. Al respecto, agregó que tiene videos donde aparecen los técnicos de Electricaribe verificando que la línea que supuestamente estaba usando para obtener el servicio de forma fraudulenta nunca ingresaba al inmueble, ni formaba parte del circuito interno del domicilio, sino que llegaba a otro establecimiento. En consecuencia, considera que no es responsable del supuesto fraude que pretende endilgarle la entidad, ni de los falsos consumos estimados que continúa cobrándole, pese a que el servicio de energía le fue suspendido. Insistió en que le impusieron una tarifa comercial que no corresponde, dado que la venta de café que realiza con su familia solo ocupa aproximadamente un 20% del inmueble, es decir que la carga eléctrica no supera “los 3kwts que demanda el parágrafo 1 del artículo 18 de la Resolución GREG 108 de 1997”, máxime cuando el resto del inmueble está ocupado con otras cosas. Respecto a la actuación judicial del Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, dentro de la acción de tutela No. 08-001-33-33003-2019-00255-00, expuso que en la sentencia del 15 de noviembre de 2019, no Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 se tuvo en cuenta los precedentes jurisprudenciales aplicables al caso y que pese a que impugnó tal fallo, a la fecha no se le ha notificado ninguna decisión. Por último, reseñó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no ha ejercido sus funciones de control, vigilancia e inspección sobre el procedimiento sancionatorio que inició Electricaribe. 1.4. Petición de amparo constitucional La parte actora, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, pidió: “Con el mayor de los respetos, solicitamos a su señoría, que mediante el Mecanismo jurídico, consagrado en el Artículo 86 Superior, se sirva ORDENAR, a Eléctricarible/Air-E, que revoque en todas sus partes, la MULTA DISFRAZADA DE APÓCRIFAS ECDF, que de forma unilateral y violando nuestros Derechos Fundamentales, impuso al inmueble identificado con el NIC 2256127 y que se inició, declarándonos culpables de un supuesto FRAUDE, sobre el que existe EVIDENCIA LAPIDARIA, que nos exime de total responsabilidad. ORDENAR a Eléctricaribe/Air-E, que asuma la CARGA DE LA PRUEBA (Artículo 167 Ley 1564 de 2012), demostrando que previo cumplimiento de la orden de suspensión No. 63830774, cumplió los presupuestos claros y expresos (FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO), que señala el Artículo 9.4. y el inciso 1 del Artículo 145 de la Ley 142 de 1994 y que FUERON ORDENADAS POR LA HONORABLE

CORTE CONSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE LA SENTENCIA T-793 DE 2012.

Así mismo, ORDENAR a Eléctricaribe/Air-E, que asuma la CARGA DE LA PRUEBA, debiendo aportar los originales, o en su defecto, copias integras, legibles y auténticas de las actas, fotografías, videos y cualquier otra evidencia, que demuestre, que posterior a la ilegal y abusiva suspensión del servicio, ejecutada a fecha 25 de mayo de 2019, la suscrita se reconectó o de cualquier manera, ha hecho uso del servicio; caso contrario, que sin perjuicio de las DENUNCIAS PENALES, que amerita su conducta criminal, que revoque la totalidad de cobros de todos los conceptos de consumo, que FALSAMENTE, se imputan al inmueble identificado con el NIC No. 2256127 y que en el Termino de la Distancia, proceda al restablecimiento del servicio. Advertir a Eléctricaribe/Air-E, que en lo sucesivo, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE ACTOS DE SUSPENSIÓN, CORTE O TERMINACIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ CUMPLIR LAS ORDENES CLARAS, IMPERATIVAS Y DEFINITIVAS, que ha impartido la Honorable Corte Constitucional, a través de la Sentencia T793 de 2012; debiendo expedir el correspondiente acto administrativo, el cual deberá contener los elementos facticos y jurídicos pertinentes y ser notificado de manera oportuna, cumpliendo los requisitos que consagran los Artículos 66, 67, 68, 69 y 74 de la Ley 1437 de 2011.

Requerir a la Superintendencia de Servicios Públicos, para que concluya su conducta omisiva y prevaricadora y ajuste su gestión de control, inspección y vigilancia, a lo reglado en el marco normativo vigente, ordenándole a los operadores de servicios públicos que vigila, que sin excusas ni dilaciones, cumplan los rituales que dictan la Constitución y las Leyes 142 d 1994, 1437 de 2011 y las Jurisprudenciales Vinculantes (Erga Omnes) aquí relacionadas. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Ordenar a la Superintendencia de Servicios Públicos, que abra procedimiento administrativo, para que dentro de los preceptos de JUSTICIA EFICAZ Y EXPEDITA y una vez verificada la Violación de la Ley y el Abuso de la Posición Dominante, proceda a la imposición, EN SU MÁXIMO RIGOR, de las sanciones que establece el Artículo 81 de la Ley 142 de 1994 y sin más dilaciones, cumpla la OBLIGACIÓN de la compulsa de copias de que trata el Artículo 67 de la Ley 906 de 2004, por quedar en evidencia, la comisión de varias conductas punibles, cuya realidad y responsabilidad, deberán ser determinadas y presentadas ante los jueces y tribunales penales, por parte de la Fiscalía General de la Nación. ORDENAR el cumplimiento de los deberes, que señalan los Artículos 67 de la Ley 909 de 2004 y 34.24 del Código Único Disciplinario, para que la Fiscalía y la

Procuraduría General de la Nación, cumplan las funciones y obligaciones que les señala la Constitución y la Ley.” 1.5. Trámite de la acción Mediante auto de 4 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, admitió la acción contra del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, el Consejo Seccional de la Judicatura, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, AIR-E S.A.S. E.S.P y la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Así mismo, negó la medida provisional solicitada por la tutelante. 1.6. Contestaciones Realizadas las notificaciones se allegaron los siguientes informes

1.6.1. AIR-E S.A.S. E.S.P.

En primer lugar, indicó que el motivo de inconformidad principal de la accionante es por “un cobro de una energía consumida dejada de facturar, al suministro identificado con NIC 2256127 en noviembre de 2017, lo cual no deja de ser un acto derivado de la prestación de un servicio público domiciliario, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 142 de 1994, tiene sus propios mecanismos para poder ser controvertidos, y contrario a lo expuesto en esta tutela, garantizar el ejercicio del derecho fundamental al debido proceso, defensa y contradicción, por parte de los suscriptores / usuarios.” Determinó que la accionante no ha hecho uso de los mecanismos ordinarios para controvertir los actos de facturación derivados de la prestación del servicio público domiciliario. Sobre el particular, informó que de la Ley 142 de 1994 se colige que

los actos generados en el marco de la prestación del servicio público domiciliario, pueden ser controvertidos así: (i) un reclamo inicial; (ii) los recursos de reposición y en subsidio apelación; (iii) el acto administrativo proferido por el superior funcional en virtud del recurso de apelación puede ser atacado a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; (iv) solicitud de revocatoria directa prevista en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, al señalar que en el presente caso no se acreditó la materialización o amenaza de un perjuicio irremediable, que haga excepcionalmente procedente la acción constitucional. Por último, agregó que el hecho de que el órgano de vigilancia y control haya confirmado las decisiones de la empresa, o que el juzgado accionado dentro del trámite de la acción de tutela haya determinado la improcedencia de la misma, por no haberse agotado los mecanismos ordinarios, ello no supone una vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, sino la aplicación de la ley, que siempre debe ser controvertida en derecho. 1.6.2. Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico Indicó que en la presente acción se configura en dicha corporación la falta de legitimación, teniendo en cuenta que la acción de tutela no se dirigió en su contra, sino que la inconformidad se estructuró respecto de la empresa Electricaribe, la

Superintendencia de Servicios Públicos y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Barranquilla. Mencionó que en el trámite de reclamación iniciado por la tutelante frente a la empresa AIR-E, y en la acción constitucional que conoció el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Barranquilla, no fueron de resorte de esa Corporación. Por último, solicitó que se niegue el amparo invocado por la actora, al considerar que no concurre ninguno de los presupuestos generales ni especiales reconocidos por la jurisprudencia constitucional, para la procedencia de la acción de tutela, pues en ningún momento el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico ha vulnerado los derechos de la accionante. 1.6.3. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios El apoderado de la entidad solicitó la desvinculación de la entidad de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo las siguientes consideraciones: Respecto a los hechos, informó que al verificar el Sistema de Gestión Documental de la Entidad ORFEO, no se encontraron antecedentes relacionados con la situación fáctica descrita por la actora y no se encontró documento alguno donde se observe que dicha Superintendencia haya tenido conocimiento de la reclamación en la facturación objeto señalada en el escrito de tutela, bien sea por vía directa o vía de recurso de apelación o queja. En cuanto a las decisiones judiciales que fueron tomadas por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Barranquilla dentro de la acción de tutela 08-0013333-003-2019-00255-00, señaló que en ella también se estudió el acto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 administrativo 244075792256127 del 02 de noviembre del 2017 y se declaró la improcedencia de la acción constitucional. Por último, explicó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene la competencia de revocar los actos administrativos proferidos por las empresas de servicios públicos, pero cuando sobre estos se han interpuesto los correspondientes recursos en sede administrativa, en los términos del artículo 154 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, iteró que en el caso de autos no ha recibido, ni del usuario, ni de la empresa, trámite alguno relacionado para avocar conocimiento de recurso de apelación, queja o de la solicitud de investigación por silencio administrativo positivo por el procedimiento relacionado con el presunto problema de facturación y prestación del servicio público domiciliario alegado por la tutelante. 1.6.4. Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral de Barranquilla El titular de ese despacho consideró que lo que pretende la accionante es cuestionar el pronunciamiento que hizo ese despacho frente a la acción de tutela radicada con el No. 2019-00255; lo cual resulta improcedente, pues no se puede utilizar este mecanismo constitucional para cuestionar un fallo de la misma índole. Sobre el trámite procesal adelantado dentro de la acción de tutela radicada bajo el No. 08-001-33-33-003-2019-00255-00, informó que esta fue repartida al despacho el 31 de octubre de 2019, y ese mismo día fue admitida, mientras que la

notificación del auto admisorio se realizó el 5 de noviembre de 2019, y que, el 7 del mismo mes y año Electricaribe S.A. E.S.P. contestó la acción de tutela. Finalmente, el 15 de noviembre de 2019, se profirió el fallo que rechazó por improcedente la acción de tutela, el cual fue notificado en esa misma fecha. Posteriormente, el 9 de marzo de 2020, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional en razón a que no se encontró memorial de impugnación. Sin embargo, con ocasión del presente proceso, se le pidió el respectivo informe a la Secretaría del Despacho, el cual es anexado. En relación al escrito de impugnación presentado el 19 de noviembre de 2019, por la parte actora a través de la Veeduría Ciudadana Visión Vital, precisó que el mismo fue remitido a este despacho judicial a través de mensaje de datos, siendo que el funcionamiento normal de la recepción de memoriales se realiza por intermedio de la Oficina de Servicios para los Juzgados Administrativos, razón por la cual no se advirtió en su momento, que la actora había interpuesto impugnación contra el fallo. Por lo tanto, indicó que solo hasta este momento, la Secretaría se percató de la existencia de la impugnación interpuesta por la demandante e inmediatamente solicitó la devolución del expediente a la Corte Constitucional a través del sistema TYBA y se procedió a expedir el auto mediante el cual se concede la impugnación interpuesta por la actora y se conminó a la Secretaría del Despacho al cumplimiento de sus deberes con relación a los procesos que tiene a su cargo. En consecuencia, solicitó que se tengan por superados los hechos que dieron

origen a la acción de tutela, en lo que tiene que ver con la actuación desplegada por ese despacho Judicial. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 1.6.5. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, pese a ser debidamente notificada, guardó silencio. 1.7. Fallo impugnado Mediante sentencia de 16 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Jaqueline Domecth. Señaló que previo a realizar un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la tutelante, era oportuno remitirse a los pronunciamientos y parámetros contemplados por la Corte Constitucional que determinan una prohibición de tramitar acciones de tutela que se interponen contra sentencias de la misma naturaleza. Por lo tanto, como existió un pronunciamiento judicial sobre las mismas pretensiones elevadas por la accionante, consistentes en cuestionar la multa impuesta por parte de la empresa Air-e, consideró que se imposibilita realizar un pronunciamiento sobre esa pretensión, la cual resulta improcedente. 1.8. Impugnación1 Mediante escrito enviado por la parte actora, se informó que con ocasión a la presente acción de tutela, el 23 de abril de 2021 se profirió la decisión de segunda instancia dentro del proceso 08-001-33-33-003-2019-00255-00, a través de la cual se revocó el fallo de 15 de noviembre de 2019, y se ordenó a Electricaribe que

notifique el acto administrativo No. 244075792256127 del 2 de noviembre de 2017. En consecuencia, considera que con dicho fallo se puede evidenciar que el proceso simplificado adelantado por Electricaribe es inconstitucional, ilegal y violatorio de sus derechos fundamentales. Por otro lado, manifestó que a la fecha sigue a la espera que la accionada dé cumplimiento a la orden judicial y notifique el acto administrativo a través del cual se le impuso una “sanción pecuniaria, DISFRAZADA de apócrifos consumos no facturados”. Asimismo, solicitó que el ad quem se pronuncie sobre 3 aspectos a saber: (i) Que desde hace más de 5 años el nuevo operador del servicio y el ente de control, inspección y vigilancia viola el inciso 1º del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011 y las órdenes impuestas en la sentencia T-793 de 2012, según las cuales previo a la suspensión del servicio de energía se debe expedir un acto administrativo donde se determinen de manera expresa los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión. 1 El fallo fue notificado por correo electrónico el 27 de abril de 2021 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 (ii) Que pese a que el servicio de energía está suspendido, la accionada continúa solicitando el pago de consumos, situación que ha no ha sido investigada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (iii) Que el prestador del servicio vulnera los artículos 9.2 y 144 de la Ley 142 de

1994, al suprimir los derechos y libertades consagrados en el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios, al imponer de manera unilateral bienes y servicios no solicitados.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Competencia Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora, contra la sentencia de 16 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Cuestión previa El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitaron ser desvinculadas de la presente acción constitucional, toda vez que carecen de legitimación en la causa por pasiva, en atención a que no han vulnerado los derechos fundamentales invocados por la actora.

Comoquiera que la primera instancia no se pronunció sobre la referida petición, esta Sala de Decisión negará tal reclamo respecto a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, toda vez que la actora en su escrito de tutela enrostra unas omisiones por parte de esta entidad, que presuntamente vulneran sus derechos fundamentales. Por su parte, se accederá a la solicitud de desvinculación del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, teniendo en cuenta que dentro del escrito de tutela la señora Jaqueline Domecth no reprocha alguna acción u omisión respecto a esta

entidad, que vulnere o amenace sus derechos fundamentales. 2.3. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la sentencia de 16 de marzo de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Jaqueline Domecth, al considerar que esta se dirigía contra providencia de la misma naturaleza. Para el efecto, la Sala seguirá el siguiente derrotero: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) la actuación temeraria y la cosa juzgada comoquiera que en el sub judice se hace referencia a la presentación de otra acción de tutela; y (iii) el análisis del caso concreto. 2.4. Generalidades de la acción de tutela Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 El artículo 86 de la Constitución Política consagra la tutela como un mecanismo judicial encaminado a la protección de los derechos fundamentales constitucionales cuando éstos se vulneren o amenacen por la acción o la omisión de las autoridades públicas o por particulares en algunos casos especiales, instrumento de defensa que se caracteriza por su trámite preferente, su residualidad y subsidiariedad. Lo anterior por cuanto, de conformidad con el precepto superior que la consagra y lo que se reitera en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 que la reglamenta, el ejercicio de la tutela no es absoluto. Está limitado por las causales de improcedencia, en especial la que establece que n