CE - 080012331000199512690012SENTENCIA20230815173822

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., primero (1) de junio de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 08001-23-31-000-1997-12690-01 (33243)

Actor: FRANCISCO JAVIER LIBREROS ARIAS

Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA OCUPACIÓN DE INMUEBLES-El término de caducidad se contabiliza por regla general desde la cesación de la ocupación temporal o desde cuando terminó la obra en la ocupación permanente. CADUCIDAD EN FUENTES DE LAS OBLIGACIONES-La Ley es fuente de las obligaciones, sin que ello suponga necesariamente que la responsabilidad sea objetiva. OCUPACIÓN DE INMUEBLES-La fuente de la responsabilidad es la ley.

OCUPACIÓN TEMPORAL O PERMANENTE DE INMUEBLES-Es un evento de responsabilidad civil del Estado por virtud de la ley. LEY 38 DE 1918 Y LA RESPONSABILIDAD POR OCUPACIÓN DE INMUEBLES-El derecho administrativo en Colombia es legislado, no jurisprudencia!. OCUPACIÓN DE INMUEBLES-Se debe acreditar la titularidad de un derecho real sobre el bien ocupado para que proceda la indemnización. DOCUMENTO PUBLICO-Valor probatorio. DOCUMENTO PRIVADO EMANADO DE TERCEROS-Eventos en que se reputan

auténticos. TESTIMONIO-Crítica testimonial. TESTIGO SOSPECHOSO-Valoración probatoria. PERITACIÓN­ Elementos de este medio de prueba. DICTAMEN PERICIAL-Valoración. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. COSTAS EN CCA-lmprocedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 23 de marzo de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones .. SÍNTESIS DEL CASO En 1994, el Área Metropolitana de Barranquilla contrató con la Unión Temporal Reatiga la construcción de los intercambios viales del puente de la intersección en la calle Murillo 45, con la vía Circunvalar, en Barranquillfi. Alega que la obra pública ocupó de forma permanente una porción de su inmueble. ANTECEDENTES El 8 de septiembre de 1997, Francisco Javier Libreros Arias, a través de apoderado2 Expediente nº. 33.243

Demandante: Francisco Javier Libreros Arias Niega pretensiones judicial, formuló demanda de reparación directa contra el Área Metropolitana de Barranquilla y el Distrito de Barranquilla. Solicitó $292.500.000 por daño emergente y el valor de los intereses corrientes, por lucro cesante. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que las demandadas construyeron el

puente ubicado en la avenida Circunvalar con calle Murillo, y que el intercambio vial

y el valor de los intereses corrientes, por lucro cesante. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que las demandadas construyeron el puente ubicado en la avenida Circunvalar con calle Murillo, y que el intercambio vial suroeste (oreja) ocupó de forma permanente 9.750 m2 de un lote de su propiedad. El 24 de noviembre de 1997 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, el Distrito de Barranquilla adujo falta de legitimación en la causa por pasiva. El Área Metropolitana de Barranquilla guardó silencio. El 1 de septiembre de 2004 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. El demandante alegó que probó la posesión material del inmueble y que las entidades demandadas ocuparon el terreno. Agregó que el dictamen pericial demostró la ocupación permanente de 9.750 m2 y el valor del metro cuadrado. El Área Metropolitana de Barranquilla alegó que compró el derecho de posesión de los ocupantes del lote, y el demandante no acreditó que era el propietario del inmueble. El Distrito de Barranquilla reiteró lo expuesto. El Ministerio Público guardó silencio. El 23 de marzo de 2006, el Tribunal Administrativo del Atlántico en la sentencia accedió parcialmente a las pretensiones, porque se demostró que el Área Metropolitana de Barranquilla contrató la construcción del puente que ocupó 9.750 m2 del predio del demandante. Condenó a la entidad a pagar $1.828.001.456 por

Metropolitana de Barranquilla contrató la construcción del puente que ocupó 9.750 m2 del predio del demandante. Condenó a la entidad a pagar $1.828.001.456 por daño emergente y lucro cesante. El Área Metropolitana de Barranquilla interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 15 de agosto de 2006 y admitido el 5 de diciembre siguiente. Esgrimió que Francisco Javier Libreros no acreditó ser propietario de la franja de terreno presuntamente ocupada con la construcción de un puente. El 12 de febrero de 2007 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes guardaron silencio. El Ministerio Público sostuvo que no se acreditó que la obra pública causó el daño, ni el precio de las áreas ocupadas, pues el dictamen pericial carecía de sustento. Agregó que estaba probado que invasores ocuparon el lote y solicitó declarar la nulidad de lo actuado. La curadora ad /ítem y el Distrito de Barranquilla también formularon incidente de nulidad, porque no se practicó el emplazamiento de los demás copropietarios del3 Expediente nº. 33.243

Demandante: Francisco Javier Libreros Arias Niega pretensiones inmueble. El Despacho negó los incidentes de nulidad, pues no se conformó un litisconsorcio necesario por activa. El 1 O de agosto de 2015, el Despacho decretó de oficio pruebas en segunda instancia, ordenó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla que allegara copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria nº. 040-31207 y requirió al Área Metropolitana de Barranquilla

Instrumentos Públicos de Barranquilla que allegara copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria nº. 040-31207 y requirió al Área Metropolitana de Barranquilla para que aportara copia auténtica del trámite administrativo de negociación de los predios afectados con la construcción de la obra pública.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.1 O CCA 1.

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo2, en este caso por la ocupación permanente de un inmueble (art. 90 CN y art. 86 CCA). 1 Se aplican las cuantías previstas en el Decreto 597 de 1988, pues era la norma de competencia vigente a la fecha de presentación de la demanda -8 de septiembre de 1997-. Según esta norma los tribunales

1 Se aplican las cuantías previstas en el Decreto 597 de 1988, pues era la norma de competencia vigente a la fecha de presentación de la demanda -8 de septiembre de 1997-. Según esta norma los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los procesos de reparación directa cuando la cuantía exceda de $3.500.000, que según el articulo 265 CCA se reajustará en un 40% cada dos años y para el momento de presentación de la demanda era de $13.445.600. 2 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 [fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744-746, disponible en htlps://bit.ly/3gjjduK.Demanda en tiempo Expediente nº. 33.243

Demandante: Francisco Javier Libreros Arias Niega pretensiones

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por trabajos públicos o cualquier otra causa. La Sala reitera que, en los eventos de ocupación de inmuebles con ocasión de la realización de una obra pública con vocación de

ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por trabajos públicos o cualquier otra causa. La Sala reitera que, en los eventos de ocupación de inmuebles con ocasión de la realización de una obra pública con vocación de permanencia, el término para intentar la acción de reparación directa no puede quedar suspendido indefinidamente y, por ello, se debe contar desde que la obra ha finalizado, o desde que el interesado conoció la finalización de la obra sin haberla podido conocer en un momento anterior3. La demanda se interpuso en tiempo -8 de septiembre de 1997porque el Área Metropolitana de Barranquilla ejecutó la obra pública hasta el 27 de mayo de 1999 [hecho probado 7.8]. Legitimación en la causa

4. Francisco Javier Libreros Arias es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, pues es propietario de un inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria nº. 040-31207 [hecho probado 7.2]. El Área Metropolitana de Barranquilla está legitimada en la causa por pasiva, pues contrató la obra pública para la construcción de los intercambios viales en el cuadrante

suroeste del puente de la intersección ubicada en la calle Murillo 45, con vía Circunvalar, en Barranquilla [hecho probado 7.6]. El Distrito de Barranquilla no está legitimado, pues no contrató la obra pública.

11. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la demandada es responsable por la ocupación permanente de un bien de propiedad privada, al ejecutar obras de construcción de un puente.

111. Análisis de la Sala

11. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la demandada es responsable por la ocupación permanente de un bien de propiedad privada, al ejecutar obras de construcción de un puente.

111. Análisis de la Sala 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2011, Rad. 38.271

[fundamento jurídico 33).Expediente nº. 33.243

Demandante: Francisco Javier Libreros Arias Niega pretensiones

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandada, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio4.

7. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 7.1. El 12 de junio de 1986, Carlos lnsignares «segregó» su lote de terreno de 35.000 m2, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria nº. 040-31207, y vendió 4.400 m2 a Jorge Guillermo Castañeda. El lote segregado tenía los siguientes linderos, por el norte: 1 00m con el predio del que se segrega; por el este: 35m con

la prolongación de la calle Murillo hacia el sur; desde ese punto hacia el oeste: 40m con el predio de Próspero Ricardo Diazgranados; por el sur: 60m con la urbanización «Las Moras»; por el oeste, con predios de la sociedad Magur Ltda., según da cuenta copia auténtica de la escritura pública nº. 1.333 de la Notaría Única

urbanización «Las Moras»; por el oeste, con predios de la sociedad Magur Ltda., según da cuenta copia auténtica de la escritura pública nº. 1.333 de la Notaría Única del Círculo de Soledad (f. 2 a 5 c. 1 ). 7.2. El 27 de junio de 1986, Francisco Javier Libreros compró a Carlos lnsignares 30.000 m2 del inmueble con el folio de matrícula inmobiliaria nº. 040-31207, con los siguientes linderos: por el norte: 1 00m con la vía Circunvalar de Barranquilla; por el sur: 100m con un terreno vendido a Jorge Guillermo Castañeda; por el este: 300m con la prolongación de la calle Murillo (calle 45) de Barranquilla; y por el oeste: 300m con terrenos de la sociedad Magur Ltda., según da cuenta copia simple de la escritura pública nº. 1.509 de la Notaría Única del Círculo de Soledad (f. 21 a 27 c. 1) y la anotación nº. 97 del certificado de tradición y libertad (f. 396 a 415 c. 2). 7.3. El 5 de junio de 1987, Próspero Francisco Ricardo Diazgranados «declaró la construcción en suelo ajeno» en el inmueble con el folio de matrícula inmobiliaria 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencia!, sin embargo, lo respeta y acoge.

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencia!, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.Expediente nº. 33.243

Demandante: Francisco Javier Libreros Arias Niega pretensiones nº. 040-31207, según da cuenta anotación nº. 77 del certificado de tradición y libertad (f. 396 a 415 c. 2). 7.4. El 13 de julio de 1989, Francisco Javier Libreros aclaró la escritura pública nº. 1.509 mediante la escritura pública nº. 1.953 de la Notaría Única del Círculo de Soledad, según da cuenta la anotación nº. 98 del certificado de tradición y libertad

(f. 396 a 415 c. 2). 7.5. El 16 de abril de 1991, Francisco Javier Libreros Arias «segregó» su inmueble y vendió 7.000 m2 del inmueble con el folio de matrícula inmobiliaria nº. 040-31207, según da cuenta la anotación nº. 103 del certificado de tradición y libertad (f. 396 a 415 c. 2).

y vendió 7.000 m2 del inmueble con el folio de matrícula inmobiliaria nº. 040-31207, según da cuenta la anotación nº. 103 del certificado de tradición y libertad (f. 396 a 415 c. 2). 7.6. En 1994, el Área Metropolitana de Barranquilla celebró el contrato nº. 077 con la Unión Temporal Reatiga, para la «construcción de los intercambios viales en los cuadrantes noreste, sureste y suroeste del puente de la intersección» de la calle Murillo (45) con vía Circunvalar, en Barranquilla, según da cuenta copia simple del otrosí al contrato (f. 180 c. 1 ). 7.7. En 1994, el Área Metropolitana de Barranquilla celebró el contrato nº . 078 con el Consorcio Construcciones Sigma Ltda. y Omega Alpha S.A., para la construcción del puente vehicular en la intersección de la avenida Circunvalar con la calle Murillo de Barranquilla, según da cuenta copia simple de la certificación del 5 de agosto de 2002 (f. 139 c. 1 ). 7.8. El 29 de enero de 1996, el Área Metropolitana de Barranquilla inició las obras en las vías de acceso suroccidentales (oreja) al puente de la calle Murillo, sobre la Circunvalar. La construcción de la obra pública terminó el 27 de mayo de 1999, según da cuenta original del oficio nº . AMB-D -673/2001 (f. 149 c. 1). Responsabilidad por ocupación de inmuebles para ejecución de obras públicas

8. La indemnización de perjuicios supone, por una parte, un derecho personal o de

según da cuenta original del oficio nº . AMB-D -673/2001 (f. 149 c. 1). Responsabilidad por ocupación de inmuebles para ejecución de obras públicas

8. La indemnización de perjuicios supone, por una parte, un derecho personal o de crédito a favor de quién resultó afectado y, por otra, una obligación reparatoria. De manera que se trata de obligaciones de contenido patrimonial. Esas obligaciones tienen varias fuentes, pues pueden nacer del concurso real de las voluntades deExpediente nº. 33.243

Demandante: Francisco Javier Libreros Arias Niega pretensiones dos o más personas, como en los contratos o convenciones; de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona; como en los delitos, o por la sola disposición de la ley (arts. 666, 1494 y 2302 CC).

La responsabilidad civil extracontractual del Estado, que en esencia supone la existencia de obligaciones, no es un asunto de exclusivo desarrollo jurisprudencia! en el que el juez está habilitado, sin limitación alguna, para aplicar de forma directa el artículo 90 de la CN, pues como el legislador tiene la cláusula general de competencia para desarrollar las normas constitucionales (art. 150 núm. 1) puede regular la responsabilidad patrimonial del Estado. La ley, según se dijo, también es fuente de obligaciones, incluso de aquellas que corresponden al Estado, sin que ello signifique necesariamente que la regulación legal opte por un régimen objetivo de imputación. Varias han sido las disposiciones expedidas por el legislador para indemnizar o

fuente de obligaciones, incluso de aquellas que corresponden al Estado, sin que ello signifique necesariamente que la regulación legal opte por un régimen objetivo de imputación. Varias han sido las disposiciones expedidas por el legislador para indemnizar o compensar los daños con ocasión de obras públicas, incluida la ocupación de bienes. Por una parte, el artículo 1 de la Ley 38 de 1918 previó que la Nación sería responsable de los daños en la propiedad ajena por órdenes o providencias administrativas nacionales. La fuente de la obligación es la ley. Se trata de un evento de responsabilidad que, se insiste, más que adoptar un título objetivo de imputación, acogió un tipo de responsabilidad por determinación legal, por los daños causados a la propiedad privada, incluidos, por supuesto, los que se derivan de la ocupación de bienes inmuebles. El legislador no realizó un juicio de atribución de responsabilidad, ni incorporó un título de imputación en estos eventos, sino que ordenó el pago de la indemnización, cuando la acción afecta la propiedad privada y beneficia a la Nación. La Sala ha reconocido la aplicación de este régimen legal de responsabilidad patrimonial del Estado a los eventos de daños o de ocupación temporal o permanente de bienes como consecuencia de obras públicas5. Por otra, la Ley 388 de 1997 reguló la posibilidad de acudir a la administración para obtener compensaciones siempre y cuando se lesione el patrimonio del particular 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de marzo de 1956, Rad. CE-SCA-1956-03-20

[fundamento jurídico b) en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 608 y 609, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.Expediente nº. 33.243

Demandante: Francisco Javier Libreros Arias Niega pretensiones de forma permanente con la construcción de una obra pública (arts. 49 y 128 Ley 388 de 1997). Se trata de un régimen legal que permite a la administración la compensación directa por la pérdida de valor de los bienes como consecuencia de la ejecución de la obra. La lesión patrimonial en estos eventos no está dada por la pérdida de la propiedad, como ocurre con las ocupaciones, o por daños físicos a los bienes, sino que se expresa en el menor valor de los inmuebles afectados por la construcción de la obra pública (art. 128 Ley 388 de 1997).

La ocupación temporal o permanente de inmuebles por trabajos públicos o cualquier otro motivo es, pues, un evento de responsabilidad civil extracontractual del Estado, por virtud de una de las fuentes de las obligaciones: la ley. La ocupación permanente ocurre cuando la administración, o un particular autorizado por esta, asume -de factoun inmueble para destinarlo de forma definitiva al desarrollo de un fin estatal, por ejemplo, la construcción de una obra pública o el asentamiento de una unidad militar. La ocupación es temporal cuando la administración toma posesión de un inmueble de forma transitoria y para atender una necesidad específica. La jurisprudencia, aunque a partir de un título objetivo de imputación, ha señalado que para que se configure esta responsabilidad, el demandante debe, pues,

inmueble de forma transitoria y para atender una necesidad específica. La jurisprudencia, aunque a partir de un título objetivo de imputación, ha señalado que para que se configure esta responsabilidad, el demandante debe, pues, demostrar (i) el daño, consistente en la afectación al derecho de propiedad u otros derechos reales y (ii) que la causa del daño sea la ocupación, total o parcial, del inmueble del demandante y que esa ocupación provino del Estado6. La entidad puede exonerar su responsabilidad si demuestra que el daño sobrevino como consecuencia de una causa externa, como la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho exclusivo de un tercero. La diligencia y cuidado no exime de responsabilidad en estos eventos, porque deviene directamente de la ley, de manera que si el daño es producto del trabajo público o de la ocupación nace la obligación de indemnizar. Según el artículo 219 CCA, la sentencia que ordene reparar el daño por ocupación de inmueble deducirá del total de la indemnización la suma que las partes hayan calculado como valorización por el trabajo realizado. Cuando se trate de 6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de agosto de 2005, Rad. 15.338 [fundamento jurídico I] en Antología Jurisprudencia y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017, Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 644, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.Expediente nº. 33.243

Demandante: Francisco Javier Libreros Arias Niega pretensiones ocupaciones permanentes y se condene a la entidad pública al pago del valor de la parte ocupada, la sentencia obrará como título traslaticio de dominio, de

Demandante: Francisco Javier Libreros Arias Niega pretensiones ocupaciones permanentes y se condene a la entidad pública al pago del valor de la parte ocupada, la sentencia obrará como título traslaticio de dominio, de conformidad con el artículo 220 CCA.

9. Según la demanda, el Área Metropolitana de Barranquilla construyó un puente en

la avenida Circunvalar con calle Murillo, y la zona de acceso suroeste (oreja) ocupó de forma permanente 9.750 m2 de un inmueble de Francisco Javier Libreros. Está acreditado que el 12 de junio de 1986, Carlos lnsignares segregó o dividió su inmueble -identificado con el folio de matrícula inmobiliaria nº. 040-31207y vendió una porción de 4.400 m2 a Jorge Guillermo Castañeda. Los linderos del área que vendió eran, por el norte: 1 00m con el predio del que se segrega; por el este: 35m con la prolongación de la calle Murillo hacia el sur; desde ese punto hacia el oeste: 40m con el predio de Próspero Ricardo Diazgranados; por el sur: 60m con la urbanización «Las Moras»; por el oeste, con predios de la sociedad Magur Ltda. [hecho probado 7.1]. El 27 de junio de 1986, por escritura pública nº. 1.509, Francisco Javier Libreros compró a Carlos lnsignares, en proindiviso, 30.000 m2 del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria nº. 040-31207, con los siguientes linderos: por el norte: 1 00m con la vía Circunvalar de Barranquilla; por el

inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria nº. 040-31207, con los siguientes linderos: por el norte: 1 00m con la vía Circunvalar de Barranquilla; por el sur: 100m con un terreno vendido a Jorge Guillermo Castañeda; por el este: 300m con la prolongación de la calle Murillo (calle 45) de Barranquilla; y por el oeste: 300m con terrenos de la sociedad Magur Ltda. [hecho probado 7 .2]. En 1987, Próspero Francisco Ricardo Diazgranados declaró la construcción en suelo ajeno, en el inmueble con el folio de matrícula inmobiliaria nº. 040-31207 [hecho probado 7.3]. Por escritura pública nº. 1.953 de 1989, Francisco Javier Libreros aclaró la escritura pública nº. 1.509, por la que compró 30.000 m2 a Carlos lnsignares [hecho probado 7.4]. En 1991, Francisco Javier Libreros segregó el inmueble y vendió 7.000 m2 de terreno [hecho probado 7.5]. En 1994, el Área Metropolitana de Barranquilla contrató la construcción del puente vehicular en la intersección de la avenida Circunvalar con calle Murillo (45), en Barranquilla, y los intercambios viales en los cuadrantes noreste, sureste y suroeste del puente [hechos probados 7.6 y 7.7]. Las obras en las vías de acceso suroccidentales del puente empezaron el 29 de enero de 1996 y terminaron el 27 de mayo de 1999 [hecho probado 7.8].10 Expediente nº. 33.243

las vías de acceso suroccidentales del puente empezaron el 29 de enero de 1996 y terminaron el 27 de mayo de 1999 [hecho probado 7.8].10 Expediente nº. 33.243

Demandante: Francisco Javier Libreros Arias Niega pretensiones

10. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad, de conformidad con el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos públicos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 187 CPC. 10.1. Obra en el expediente copia heliográfica de las cartas catastrales del lado

suroeste del puente ubicado en la calle Murillo con Circunvalar, elaboradas en 1992 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Secciona! Atlántico-lGAC. Conforme a estos documentos, el sector suroeste de la intersección, en donde se ubicaría el inmueble del demandante, no era un solo predio. El sector estaba conformado por distintas vías, como las carreras 15, 16 sur y 16A sur, e incluso construcciones delimitadas entre sí, con nomenclatura propia, que coinciden con los predios que el Área Metropolitana de Barranquilla adquirió por enajenación voluntaria (f. 140 c. 1 ). 10.2. Obra en el expediente planos de la construcción del puente de Murillo sobre

Área Metropolitana de Barranquilla adquirió por enajenación voluntaria (f. 140 c. 1 ). 10.2. Obra en el expediente planos de la construcción del puente de Murillo sobre la Circunvalar, elaborados en abril de 1990 y aportados por el Área Metropolitana de Barranquilla (c. pruebas). Conforme al plano geométrico de escala 1 :500, el eje del intercambio vial (eje F) y el eje del intercambio vial suroeste (oreja) de la intersección (eje E) se sobreponen al barrio «Las Moras» y se consignaron en ese documento las construcciones del barrio que resultarían afectadas por el proyecto. Estas construcciones, identificadas con nomenclatura catastral, coinciden con las construcciones ubicadas entre las carreras 15 sur, 16 sur y 16A sur descritas en la carta catastral aportada por el IGAC, que el Área Metropolitana de Barranquilla adquirió por enajenación voluntaria. Conforme al plano de cotas de pavimento de escala 1 :500 y el plano de paisajismo de escala 1: 1000, el eje del intercambio vial (eje F) y el eje del intercambio vial suroeste (oreja) (eje E) se sobreponen al barrio «Las Moras» y afectan, aproximadamente, dos cuadras hacia el sur. 10.3. Obra en el expediente documentos contractuales del proyecto «construcción puente vehicular en la intersección de la avenida Circunvalar con calle Murillo y11 Expediente nº. 33.243

Demandante: Francisco Javier Libreros Arias Niega pretensiones construcción de intercambios viales» aportados por el Área Metropolitana de

Expediente nº. 33.243

Demandante: Francisco Javier Libreros Arias Niega pretensiones construcción de intercambios viales» aportados por el Área Metropolitana de Barranquilla (f. 174 c. 1). Según los planos del contrato nº. 77, el intercambio vial suroeste (oreja) de la intersección se construiría sobre dos cuadras del barrio «Las Moras», en donde estaban ubicados los predios descritos en la carta catastral del IGAC, que el Área Metropolitana de Barranquilla adquirió por enajenación voluntaria a propietarios, poseedores y ocupantes de los predios (f. 177 c. 1).

Las cartas catastrales, planos y documentos contractuales son documentos públicos que acreditan las condiciones de modo y lugar en que se ejecutaría la obra pública. Se presumen auténticos, porque no se tacharon de falso y su contenido debe valorarse con las demás pruebas en conjunto.

11. Según el artículo 252 CPC, un documento privado es auténtico cuando (i) ha sido reconocido ante juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido; (ii) fue inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; (iii) habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, esta no lo tachó de falso oportunamente; (iv) ha sido reconocido implícitamente de conformidad con el artículo 276; o (v) se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la diligencia de reconocimiento de que trata el artículo 274 CPC.

artículo 276; o (v) se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proc