CE - 080012331000199800036011SENTENCIA20230816180853

e CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00036-01 (34773)

Actor: SEGURIDAD EL PENTÁGONO COLOMBIANO LTDA.

Demandado: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE

BARRANQUILLA Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ACTO DE ADJUDICACIÓN-Legitimación en la causa por activa para pedir su nulidad. DECLARATORIA DE DESIERTALegitimación en la causa por activa para pedir su nulidad. DECLARATORIA DE DESIERTA­ Procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar el acto que declara desierta una licitación cuando se expidió en vigencia del articulo 136 CCA subrogado por el articulo 23 del Decreto 2304 de

1989. PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Garantía esencial de todo Estado de derecho. COMPETENCIA PARA CELEBRAR CONTRATOS-Capacidad legal o de ejercicio. COMPETENCIA PARA SELECCIONAR CONTRATISTA-Acto reglado. DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA LIBERTAD-Actos de poder y actos de gestión. ALCALDE MUNICIPAL O DISTRITAL-Es el competente para celebrar contratos y declarar desierta la licitación y puede delegar esta competencia. ENCARGO-El funcionario encargado tiene las mismas funciones que el titular. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO-Solo puede ser desvirtuada por

licitación y puede delegar esta competencia. ENCARGO-El funcionario encargado tiene las mismas funciones que el titular. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO-Solo puede ser desvirtuada por el juez del acto. DECLARATORIA DE DESIERTA-Concepto, regulación, requisitos y alcance. SUBSANACIÓN DE OFERTAS-Concepto, regulación y alcance. PLIEGO DE CONDICIONES-Contiene el marco general del proceso de selección y además integra el contrato. PLIEGO DE CONDICIONES-Es indispensable para determinar si un requisito impide la comparación de las ofertas. DIFERENCIA ENTRE PROPUESTA ORIGINAL Y SUS COPIAS-Requisito subsanable. RECHAZO DE OFERTA-Improcedencia por diferencia entre documento original y sus copias. COPIAS DE LA PROPUESTA-La oferta no se puede rechazar por diferencias con el original. DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS-Valor probatorio. NULIDAD DE LA DECLARATORIA DE DESIERTA-Para que proceda la indemnización de perjuicios se debe demostrar no solo el vicio de nulidad, sino que la propuesta del demandante era la mejor. PLIEGOS-Documentos contractuales importantes pero que no prevalecen sobre el clausulado del contrato. MINUTA DEL CONTRATO-Ese borrador se puede modificar en el contrato. CARGA DE LA PRUEBA-Corresponde al demandante acreditar los supuestos de nulidad de acto de declaratoria de desierta. COSTAS EN CCA-lmprocedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 11 de abril de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones.

SÍNTESIS DEL CASO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 11 de abril de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 30 de mayo de 1997, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla abrió convocatoria pública, para la prestación del servicio de vigilancia en las 'e 2 Expediente nº. 34.773

Demandante: Sepecol Ltda.

Niega pretensiones sedes de la alcaldía. El 14 de agosto de 1997, la entidad declaró desierta la licitación y el 8 de septiembre siguiente adjudicó directamente el contrato. Uno de los proponentes alegó que el acto administrativo que declaró desierta la licitación era ilegal y que presentó la mejor oferta. ANTECEDENTES El 15 de diciembre de 1997, la sociedad Seguridad El Pentágono Colombiano Ltda.-Sepecol Ltda., a través de apoderado judicial, formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Solicitó que se declarara la nulidad de la resolución nº. 0679 del 14 de agosto de 1997, que declaró desierta la licitación pública nº. L.P.001 y de la resolución nº. 0789 del 8 de septiembre de 1997, que adjudicó directamente el contrato. También solicitó la nulidad de las ofertas presentadas por los demás proponentes. En apoyo de las pretensiones, afirmó que el acto de declaratoria de desierta no fue expedido por un funcionario competente. Expuso que el rechazo de su oferta no procedía por una simple discordancia entre las copias y el original

proponentes. En apoyo de las pretensiones, afirmó que el acto de declaratoria de desierta no fue expedido por un funcionario competente. Expuso que el rechazo de su oferta no procedía por una simple discordancia entre las copias y el original de los estados financieros. Agregó que presentó la única propuesta que cumplía con todos los requisitos del pliego de condiciones. El 13 de noviembre de 1998 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla señaló que si encontraba alguna inconsistencia en la propuesta podía descalificar al proponente. Sostuvo que la declaratoria de desierta fue proferido por un funcionario competente y, además, que ninguna oferta cumplió los requisitos del pliego de condiciones. El 19 de agosto de 2005 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante alegó que los motivos aducidos por la entidad para declarar desierta la licitación no impedían la selección objetiva y podían ser subsanados. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y el Ministerio Público guardaron silencio. El 11 de abril de 2007, el Tribunal Administrativo del Atlántico en la sentencia negó las pretensiones, al estimar que no se probó la falta de competencia parae 3 Expediente nº. 34. 773

Demandante: Sepecol Ltda.

Niega pretensiones declarar desierta la licitación, no se desvirtuaron las razones de la entidad para descartar la propuesta, ni se acreditó que la selección directa fue ilegal. La parte

Demandante: Sepecol Ltda.

Niega pretensiones declarar desierta la licitación, no se desvirtuaron las razones de la entidad para descartar la propuesta, ni se acreditó que la selección directa fue ilegal. La parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 27 de julio de 2007 y admitido el 28 de febrero de 2008. Esgrimió que el acto administrativo era ilegal, porque las inconsistencias de su propuesta no impedían la adjudicación del contrato. El 8 de abril de 2008 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La parte demandante reiteró lo expuesto. El demandado y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1° de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.9 CCA 1.

Legitimación en la causa para demandar el acto de declaratoria de desierta y de adjudicación

2. Según la demanda, la parte demandante solicitó la nulidad: (i) del acto que

Legitimación en la causa para demandar el acto de declaratoria de desierta y de adjudicación

2. Según la demanda, la parte demandante solicitó la nulidad: (i) del acto que declaró desierta la licitación pública n.º L.P.001/97, (ii) de las propuestas presentadas por «Su Oportuno Servicio Ltda. y Seguridad Constante Ltda.» en ese proceso de selección y (iii) el acto de adjudicación a Seguridad Constante 1 Se aplican las cuantías previstas en el Decreto 597 de 1988, pues era la norma vigente a la fecha de presentación de la demanda-. Según esta norma los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho cuando la cuantía exceda de $800.000, que según el artículo 265 CCA se reajustará en un 40% cada dos años y para el momento de presentación de la demanda era $3.080.000.e 4

Expediente nº. 34.773

Demandante: Sepecol Ltda .

Niega pretensiones Ltda. mediante contratación directa. Como la demanda formuló distintas pretensiones de nulidad, la Sala estudiará la legitimación en la causa por separado para cada una de ellas. 2.1 La legitimación en la causa por activa para pedir la nulidad de la declaratoria de desierta de una licitación es de quien acredite que el acto lesionó sus derechos, como ocurre con los proponentes que participaron en el proceso de selección. A su vez, la legitimación en la causa por pasiva es de la entidad que profirió el acto acusado. Sepecol Ltda. está legitimada por activa, pues participó en la licitación

como ocurre con los proponentes que participaron en el proceso de selección. A su vez, la legitimación en la causa por pasiva es de la entidad que profirió el acto acusado. Sepecol Ltda. está legitimada por activa, pues participó en la licitación pública n.º L.P.001/97 [hecho probado 8.3]. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado por pasiva, pues fue la entidad que declaró desierta la licitación pública [hechos probados 8.1, 8.2 y 8.8]. 2.2 La legitimación en la causa por pasiva frente a una pretensión de nulidad de una propuesta u oferta -proyecto de negocio jurídicoes de quien la formuló. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla no está legitimado en la causa por pasiva frente a la pretensión de nulidad de las propuestas presentadas por las sociedades Su Oportuno Servicio Ltda. y Seguridad Constante Ltda., pues esta entidad no las formuló o elaboró [hecho probado 8.3]. 2.3 La Sala reitera, en relación con la legitimación en la causa por activa para solicitar la nulidad del acto de adjudicación, que los oferentes no favorecidos, la Administración y el Ministerio Público son quienes tienen un interés legítimo para demandarlo2. Alguien ajeno al proceso de selección, que no fue lesionado en sus derechos y que pretende asegurar la regularidad de la actuación administrativa, no puede demandar la legalidad del acto. Sepecol Ltda. no está legitimada en la causa por activa para pedir la nulidad de la Resolución nº. 0789 de 1997, que adjudicó por contratación directa el contrato de prestación del servicio de vigilancia

causa por activa para pedir la nulidad de la Resolución nº. 0789 de 1997, que adjudicó por contratación directa el contrato de prestación del servicio de vigilancia a Seguridad Constante Ltda., pues no hizo parte del proceso de selección y no acreditó que se lesionara derecho alguno con ese acto. Acción procedente 2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de junio de 2011, Rad. 19.936, [fundamento jurídico 1. 1.3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 863-864, disponible en https://cutt.ly/OQ9KFJH.5 Expedientenº. 34.773

Demandante: Sepecol Llda.

Niega pretensiones

3. El artículo 85 CCA, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989 -vigente al momento de la presentación de la demanda (art. 40 Ley 153 de 1887) -, disponía que los actos administrativos podían ser demandados mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Según la jurisprudencia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho era procedente contra el acto de adjudicación, el de declaratoria de desierta y el de calificación y clasificación de proponentes ante la Cámara de Comercio3. Como se solicitó la nulidad del acto administrativo que declaró desierta una licitación pública, la acción idónea es la de nulidad y restablecimiento del derecho.

Caducidad

4. El artículo 136 CCA, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989,

administrativo que declaró desierta una licitación pública, la acción idónea es la de nulidad y restablecimiento del derecho. Caducidad

4. El artículo 136 CCA, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, previó que el término para formular pretensiones, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es de cuatro meses, que se cuentan a partir del día de la publicación, notificación o ejecución del acto. La demanda se interpuso en tiempo -15 de diciembre de 1997, día hábil siguiente a la expiración del plazo (art. 121 CPC y 267 CCA)-, pues el 14 de agosto de 1997 se notificó en audiencia que se había declarado desierta la licitación pública [hecho probado 8.8].

11. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si en una licitación, que se rige por la Ley 80 de 1993 -antes de las modificaciones de la Ley 1150 de 2007 y 1882 de 2018-, procede la declaratoria de desierta por una diferencia entre el «original» de un documento y sus «copias» o si esa exigencia no impide la selección objetiva del contratista.

Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC. 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de octubre de 2011, Rad. 20.811, [fundamento

jurídico 11.2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 186, disponible en https://cutt.ly/OQ9KFJH.e Hechos probados 6 Expediente nº . 34.773

Demandante: Sepecol Ltda.

Niega pretensiones

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio4.

7. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC).

8. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 8.1 El 3 de febrero de 1997, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla ordenó la apertura de la licitación pública n.º L.P.001/97, para contratar la prestación del servicio de vigilancia privada, según da cuenta copia simple de la Resolución n.º 0679 de 1997 (f. 77-78 c. 1). 8.2 El 30 de mayo de 1997, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de

contratar la prestación del servicio de vigilancia privada, según da cuenta copia simple de la Resolución n.º 0679 de 1997 (f. 77-78 c. 1). 8.2 El 30 de mayo de 1997, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla abrió la licitación pública n.º L.P.001/97, según dan cuenta copia simple de la publicación de los avisos de licitación (f. 32-34 c. 1 ). 8.3 Su Oportuno Servicio Ltda., Seguridad Constante Ltda. y Sepecol Ltda. se presentaron al proceso, según dan cuenta copia simple de la calificación de los proponentes (f. 61 c. 1 ). 8.4 Conforme al informe de calificación de proponentes, según da cuenta copia simple del informe (f. 61 c. 1 ). El puntaje total de cada uno fue el siguiente: 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1). El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencia!, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3qijduK.e PROPONENTE Su Servicio Oportuno Ltda. Sepecol Ltda. Seguridad Constante Ltda. 7 Expedientenº . 34.773

Demandante: Sepecol Ltda.

respectivamente, disponible en https://bit.ly/3qijduK.e PROPONENTE Su Servicio Oportuno Ltda. Sepecol Ltda. Seguridad Constante Ltda. 7 Expedientenº . 34.773

Demandante: Sepecol Ltda.

Niega pretensiones

PUNTAJE TOTAL

9.57 9.73 9.97 8.5. El 29 de julio de 1997, Sepecol Ltda. presentó observaciones al informe de evaluación. Conforme al documento, Su Oportuno Servicio Ltda. y Seguridad Constante Ltda. no cumplieron el pliego de condiciones, según da cuenta copia simple de la comunicación de esa fecha (f. 62-70 c. 1 ). 8.6 El 29 de julio de 1997, Seguridad Constante Ltda. respondió las observaciones. El proponente dejó consignado que la propuesta de Sepecol Ltda. debía rechazarse porque los estados financieros «originales» no eran iguales a las «copias», según da cuenta copia simple de la comunicación (f. 147-154 c. 1). 8. 7 El 11 de agosto de 1997, el comité evaluador del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla respondió las observaciones de los proponentes. Según el documento, el comité recomendó declarar desierta la licitación, según da cuenta copia simple del acta de la audiencia pública (f. 80-85 c. 1 ). 8.8 El 14 de agosto de 1997, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla declaró desierta la licitación nº. L.P.001/97 en audiencia pública. Conforme al acto administrativo, había causas que impedían la selección objetiva,

Barranquilla declaró desierta la licitación nº. L.P.001/97 en audiencia pública. Conforme al acto administrativo, había causas que impedían la selección objetiva, según da cuenta copia simple del acta (f. 77-78 c. 1) y de la Resolución nº. 0679 de 1997 expedida por Roberto Salom (f. 77-78 y 80-85 c. 1 ). 8.9 El 8 de septiembre de 1997, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla adjudicó el contrato -por contratación directaa Seguridad Constante Ltda., según da cuenta copia simple de la Resolución nº. 0789 de 1997 (f. 79 c. 1). Competencia para adelantar procesos de selección

9. Según la demanda, el acto de declaratoria de desierta de la licitación nº.

L.P.001 de 1997 era nulo, porque fue proferido por un funcionario que no era competente y desconoció que su propuesta cumplió todos los requisitos de lose 8 Expediente nº. 34.773

Demandante: Sepecol Ltda.

Niega pretensiones pliegos de condiciones. La Sala dividirá el estudio de legalidad de ese acto: (i) la competencia y (ii) la procedibilidad de la declaratoria de desierta. 1 O. El principio de legalidad es una de las garantías esenciales de todo Estado de Derecho. La competencia, como expresión del principio de legalidad, es la facultad que tiene un órgano o entidad pública para ejercer determinada capacidad decisoria en una materia y dentro de cierto tiempo y ámbito territorial. Como el Estado tiene un carácter instrumental, para la defensa de la libertad y para evitar la arbitrariedad, sus tareas deben despersonalizarse y limitarse a través de un orden

decisoria en una materia y dentro de cierto tiempo y ámbito territorial. Como el Estado tiene un carácter instrumental, para la defensa de la libertad y para evitar la arbitrariedad, sus tareas deben despersonalizarse y limitarse a través de un orden jurídico. En un Estado de Derecho (art. 1 CN), la atribución de capacidad decisoria institucional tiene que tener fundamento en la Constitución -norma que es superior justamente por ser la primera fuente del poder públicoo en la ley -expresión también de la voluntad soberana que se encarga de terminar el reparto de las distintas facetas del poder público- (preámbulo, arts. 3, 4, 6, 121, 123 y 230 CN). El reglamento, a su vez -y en plena consonancia con la Constitución y la ley-, distribuye entre los distintos servidores de la correspondiente entidad sus funciones, es decir, el conjunto o serie de procedimientos necesarios para poner en acto la competencia (art. 122 CN). Constitución, ley y reglamento (dentro de sus respectivos ámbitos) son claras manifestaciones de la necesaria limitación al ejercicio del poder público en democracia, para lograr el sometimiento de la administración a la normatividad jurídica. Los servidores públicos, en el desempeño de su cargo, pueden únicamente ejercer las funciones atribuidas por el ordenamiento5. De ahí que, los actos administrativos estarán conforme a derecho cuando han sido proferidos, precisamente, por una autoridad pública u órgano dentro del marco de las facultades asignadas por la Constitución, la ley o el reglamento. Por el contrario, los actos administrativos estarán viciados de nulidad, según el artículo 84 CCA, cuando hayan sido proferidos sin competencia, pues las normas

facultades asignadas por la Constitución, la ley o el reglamento. Por el contrario, los actos administrativos estarán viciados de nulidad, según el artículo 84 CCA, cuando hayan sido proferidos sin competencia, pues las normas de asignación de funciones revisten carácter de orden público y al ser desacatadas, 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de mayo de 1990, Rad. 2870 (1) [fundamento jurídico 4] y sentencia del 20 de octubre de 2005, Rad. 14579 [fundamento jurídico B], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 pp. 3-4 y 869, disponible en https://cutt.ly/OQ9KFJH.e Expediente nº. 34. 773

Demandante: Sepecol Ltda.

Niega pretensiones acarrean que desaparezca la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos. El principio de legalidad se traduce en los medios de control judicial, concebidos para lograr la sumisión de la actividad administrativa a la ley.

11. En el ámbito del derecho público, la legislación equipara a la capacidad legal o de ejercicio para celebrar contratos (posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, un elemento de validez del contrato, cuando este es la fuente de la obligación) con la «competencia». La Ley 80 de 1993 y la ley orgánica del presupuesto, lo denominan «competencia», aunque de manera acertada la Constitución habla de «capacidad» (art. 352). Si la contratación se ubica en la órbita de los «actos de gestión» y no de los «actos de poder», es más preciso

Constitución habla de «capacidad» (art. 352). Si la contratación se ubica en la órbita de los «actos de gestión» y no de los «actos de poder», es más preciso denominarla «capacidad» y no «competencia» para celebrar contratos. No ocurre lo mismo, con el proceso de selección previo, que es evidentemente un acto reglado y que se exterioriza en una manifestación unilateral de la Administración, que se expide en ejercicio de función administrativa -la actividad contractual solo lo es por excepción en los casos expresamente señalados por la ley-, que produce efectos jurídicos por sí mismos sobre la situación correspondiente y, por ende, es vinculante [ «actos administrativos»]. En definitiva, en un derecho administrativo de la libertad, solo las relaciones de la Administración y el «administrado» protegidas por el principio de legalidad son del ámbito del derecho administrativo ( «actos de poder»), las demás -aunque intervenga la Administraciónson propias del derecho común ( «actos de gestión»).

12. El acto legislativo 1 de 1993 organizó a Barranquilla como Distrito Especial, Industrial y Portuario y su régimen administrativo corresponde al determinado por la CN y las leyes especiales y, en lo no previsto, al de los municipios. En consonancia, el artículo 314 CN dispone que en cada municipio habrá un alcalde, que será jefe de la administración local y representante legal. A su vez, el artículo 11.1 -en armonía con el artículo 2de la Ley 80 de 1993 prevé que la competencia para ordenar y dirigir la celebr ación de licitaciones y para escoger contratistas es del jefe o representante de la entidad, y el numeral 3(b) dispone que los alcaldes de

para ordenar y dirigir la celebr ación de licitaciones y para escoger contratistas es del jefe o representante de la entidad, y el numeral 3(b) dispone que los alcaldes de los distritos capitales y especiales tienen «competencia» para celebrar contratos6. Como los alcaldes de los distritos especiales son los representantes legales de 6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 7 de febrero de 2002, Rad. 18736 [fundamento jurídico 9], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817 -2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 p. 11 9, disponible en https:/ /cuttly/OQ9KFJH.e 10 Expediente nº. 34.773

Demandante: Sepecol Ltda.

Niega pretensiones estas entidades territoriales, son competentes para adelantar los procesos de selección y, si hay lugar a ello, declararlos desiertos. El artículo 106 de la Ley 136 de 1994 reguló el procedimiento a seguir cuando los alcaldes se ausentan de manera temporal o permanente. En los eventos de faltas temporales, salvo los casos de suspensión, corresponde al alcalde encargar sus funciones a uno de sus secretarios o a quien haga las veces. El funcionario encargado tiene las mismas funciones y atribuciones que el alcalde titular7.

13. Según la demanda, Roberto Salom Salom, alcalde encargado del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, no tenía competencia para declarar desierta la licitación pública, porque el encargo estaba condicionado a la ausencia del titular y este se encontraba en la ciudad ese día.

Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, no tenía competencia para declarar desierta la licitación pública, porque el encargo estaba condicionado a la ausencia del titular y este se encontraba en la ciudad ese día. Obra en el expediente el Decreto nº. 1599 del 13 de agosto de 1997. Conforme a este acto administrativo, Édgar George González -alcaldeencargó la Alcaldía Distrital de Barranquilla a Roberto Salom Salom, secretario de obras públicas. El encargo iba desde el 13 de agosto hasta que perdurara la «ausencia del titular» (f. 44 c. 1). También se aportó la Resolución nº. 0679, que declaró desierta la licitación pública nº. L. P.001 de 1997, la cual fue proferida por Roberto Salom Salom el 14 de agosto de 1997 (f. 77-78 y 80-85 c. 1). Estos documentos públicos se presumen auténticos [núm. 7] y acreditan que Roberto Salom Salom fue designado como alcalde encargado y que, en ejercicio de esas competencias, profirió el acto administrativo mediante el cual se declaró desierta la licitación. Como la presunción de legalidad es una característica y atributo o requisito de eficacia del acto administrativo (art. 4 CN, art. 66 CCA y art. 91 CPACA), que consiste en que la manifestación de voluntad de la Administración se tiene como conforme a derecho y lleva aparejada la obligatoriedad de lo que dispone (ejecutividad). Presunción que solo puede ser desvirtuada por el juez del acto, por suspensión o anulación. Como no se acreditó que el Decreto 1599 de 1997 hubiera

(ejecutividad). Presunción que solo puede ser desvirtuada por el juez del acto, por suspensión o anulación. Como no se acreditó que el Decreto 1599 de 1997 hubiera sido retirado del ordenamiento jurídico, ni tampoco que al momento en que se declaró desierto la licitación el encargo había terminado, no se configuró la causal de nulidad alegada. 7 Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 8 de octubre de 1999, Rad. 1219 [fundamento jurídico 22].e Declaratoria de desierta 11 Expediente nº. 34. 773

Demandante: Sepecol Ltda.

Niega pretensiones

14. La licitación pública debe terminar, por regla general, con el acto administrativo final de selección o adjudicación al proponente que hizo la oferta más favorable, mediante resolución motivada que obliga a la entidad y al adjudicatario, como consecuencia natural del procedimiento previo y que, por supuesto, está revestido de presunción de legalidad (arts. 30.1 O y 30.11 Ley 80 y 9 Ley 1150).

Excepcionalmente, puede frustrarse el proceso de selección cuando se presentan motivos o circunstancias que impidan la escogencia objetiva. La Administración puede optar por no elegir ninguna de las propuestas recibidas para la adjudicación del contrato, mediante acto administrativo que declare desierto el proceso de selección8. En vigencia del Decreto 222 Ley de 1983, la Administración podía declarar desierta la licitación en los supuestos expresamente señalados en el artículo 42. La declaratoria de desierta de la licitación era procedente cuando: (i) no se

En vigencia del Decreto 222 Ley de 1983, la Administración podía declarar desierta la licitación en los supuestos expresamente señalados en el artículo 42. La declaratoria de desierta de la licitación era procedente cuando: (i) no se presentaba el número mínimo de participantes previsto en el pliego o invitación; (ii) se adelantaba el procedimiento sin cumplir alguno de los requisitos dispuestos en la ley; (iii) ninguna propuesta se ajustaba al pliego o a la invitación; (iv) se violaba la reserva de manera ostensible antes del cierre de la licitación o concurso y (v) las propuestas eran inconvenientes para la entidad contratante. La declaratoria de desierta tenía que motivarse únicamente en los primeros cuatro eventos. La Sección Tercera, sin embargo, aclaró que, independientemente de la causal alegada, la Administración debía motivar este acto administrativo en forma suficiente9. La Ley 80 de 1993 modificó sustancialmente la regulación de la declaratori