CE - 080012331000200800822011SENTENCIA20230704092805

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 08001-23-00-000-2008-00822-01 (58.129)

Actor: JOSEFA MARÍA DORIA NÚÑEZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE –de conformidad con el criterio expuesto en la sentencia SU -072 de 2018 de la Corte Constitucional es factible aplicar el régimen de responsabilidad objetiva en casos en los que se absuelve por atipicidad obj etiva de la conducta y no subjetiva, como ocurrió en esta oportunidad

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia del 30 de octubre de 2015, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió parcialmente a las pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los demandantes pretenden obtener la indemnización de los perjuicios sufridos con ocasión de la priv ación de la libertad que afront ó el señor Carlos Mario Giraldo Gómez en un proceso penal que se adelantó en su contra por la supuesta comisión de los delitos de trata de personas y estímulo a la prostitución de menores , el cual terminó a su favor con sentencia absolutoria.

Gómez en un proceso penal que se adelantó en su contra por la supuesta comisión de los delitos de trata de personas y estímulo a la prostitución de menores , el cual terminó a su favor con sentencia absolutoria.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 24 de abril de 20 081, Josefa María Doria Núñez y otros , por conducto de apoderado judicial, presentaron demanda de repa ración directa en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial , con el fin de que se declare su responsabilidad patri monial como consecuencia de los perjuicios

1 Folio 27 del cuaderno principal. La demanda fue presentada ante los jueces administrativos de Barranquilla; sin embargo, mediante auto del 29 de octubre de 008, el proceso fue remitido por competencia al Tribunal Administrativo del Atlántico.Radicación: 08001-23-31-000-2008-00822-01 (58.129) Actor: Josefa María Doria Núñez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa 2

derivados de la privación de la libertad que afront ó el señor Carlos Mario Giraldo Gómez2 en un proceso penal que finalizó con sentencia absolutoria.

En síntesis, los hechos relevantes fueron los siguientes:

El demandante fue vinculado a una investigación penal por la supuesta comisión de los delitos de trata de personas y estímulo a la prostitución de menores, con ocasión de un informe rendido por las autoridades de policía y, mediante providencia del 7 de ab ril de 2004 , se le definió su situación jurídica imponiéndole medida de

de un informe rendido por las autoridades de policía y, mediante providencia del 7 de ab ril de 2004 , se le definió su situación jurídica imponiéndole medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

La resolución fue recurrida y, mediante decisión del 18 de mayo de 2004, se modificó la resolución inicial, con la precisión de que la actuación penal únicamente continuaba por el delito de estímulo a la prostitución de menores.

El 4 de abril de 2005 , el Juzgado Séptimo del Circuito de Barranquilla absolvió al procesado, decisión que fue recurrida por el Ministerio Público; sin embargo, el Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla la confirmó el 7 de abril de 2006.

En criterio de la parte actora, la s entidades demandadas deben responder por los perjuicios causados con la privación de la libertad que afrontó el señor Giraldo Gómez, dado que el proceso penal concluyó con decisión absolutoria.

2. Contestación de la demanda

2.1. La Rama Judicial indicó que no era responsable de los hechos, pues no guardaban relación con el ejercicio de sus funciones3.

2.2. La Fiscalía General de la Nación afirmó que la medida de aseguramiento impuesta al demandante fue legal, dado que existían indicios graves que lo comprometían en el delito por el cual fue investigado4.

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 30 de octubre de 20155, accedió parcialmente a las pretensiones , para lo cual determinó la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación bajo el régimen objetivo, en la

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 30 de octubre de 20155, accedió parcialmente a las pretensiones , para lo cual determinó la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación bajo el régimen objetivo, en la medida en que fue la entidad que impuso la medida de aseguramiento.

2 De conformidad con el registro civil de defunción obrante a folio 18 del cuaderno principal, el señor Carlos Mario Giraldo Gómez falleció el 21 de diciembre de 2005. 3 Folios 341 a 350 del cuaderno principal. 4 Folios 352 a 368 del cuaderno principal. 5 Folios 490 a 517 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 08001-23-31-000-2008-00822-01 (58.129) Actor: Josefa María Doria Núñez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa 3

Exoneró de responsabilidad a la Rama Judicial, porque únicamente se limitó a absolver de responsabilidad al aquí demandante, de modo que su actuación no repercutió en la configuración del daño antijurídico.

4. El recurso de apelación

La Fiscalía General de la Nación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, porque el aquí demandante estaba en el deber de soportar la privación de su libertad y por cuanto la medida impuesta contaba con los presupuestos mínimos para ser proferida6.

Los argumentos específicos de la impugnación serán abordados en las consideraciones de esta providencia.

5. El Ministerio Público guardó silencio en el trámite de la segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES

Los argumentos específicos de la impugnación serán abordados en las consideraciones de esta providencia.

5. El Ministerio Público guardó silencio en el trámite de la segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, la Sala 7 procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia de primera instancia.

Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales: competencia, demanda en tiempo y legitimación en la causa.

1. El objeto del recurso de apelación y el esquema que se propone para resolver el asunto

De acuerdo con los reparos concretos de la apelación, a la Sala le corresponde (i) determinar el régimen de responsabilidad aplicable en estos casos y, (ii) la existencia o no de un daño antijurídico debido a la imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

2. Caso concreto

2.1. Régimen aplicable a los asuntos de privación de la libertad

Como el a quo, al aplicar el régimen objetivo de responsabilidad, señaló que se le causó un daño antijurídico a Giraldo Gómez, mientras que la recurrente, al indicar

6 Folios 537 a 548 del cuaderno del Consejo de Estado. 7 Mediante auto del 20 de enero de 2023, la ponente de esta providencia avocó el conocimiento del asunto de la referencia con fines de descongestión, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena

7 Mediante auto del 20 de enero de 2023, la ponente de esta providencia avocó el conocimiento del asunto de la referencia con fines de descongestión, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el Acuerdo No. 303 de 12 de diciembre de 2022.Radicación: 08001-23-31-000-2008-00822-01 (58.129) Actor: Josefa María Doria Núñez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa 4

que sus actuaciones se ajustaron a la ley, concluyó que no se concretó un daño de esa naturaleza -argumento del cual se infiere que el análisis debe hacerse en el contexto de la falla en el servicio-, la Sala considera pertinente referirse al régimen aplicable en estos asuntos de privación injusta de la libertad.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C -037 de 1996 8, analizó la constitucionalidad, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y manifestó que, en los casos de privación injusta de la libertad, no era dable la reparación automática de los perjuicios, sino que el juez debía examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva para determinar si existían o no méritos para proferir una decisión en ese sentido.

A través de sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, la Sección Tercera de esta Corporación9, con fundamento en los supuestos consagrados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, acogió un régimen de responsabilidad o bjetivo en

de esta Corporación9, con fundamento en los supuestos consagrados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, acogió un régimen de responsabilidad o bjetivo en los casos de privación de la libertad cuando el sindicado era absuelto porque (i) no cometió el delito; (ii) el hecho no existió; (iii) la conducta por la cual fue detenido no era típica, providencia en la que, además, se agregó el supuesto (iv) de aquellos casos en los cuales se concedía la libertad por aplicación del principio in dubio pro reo, pese a que este último evento no estaba previsto en la norma mencionada.

Posteriormente, la Corte Constitucional dictó la sentencia SU -072 de 2018 10, a través de la cual precisó que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C037 de 1996estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, por lo que al operador judicial le corresponde determinar si la privación fue legal, razonable, proporcionada y necesaria.

A su vez, mediante sentencia del 15 de agosto de 2018 11, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio frente a este tipo de casos; sin embargo, dicha providencia quedo sin efectos por vía de tutela12, por lo que el 6

8 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, M.P: Vladimiro Naranjo Mesa, exp: PE-008. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia

Mesa, exp: PE-008. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013. C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente: 23.354. 10 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU -072 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas, exps: T-6.304.188 y T-6.390.556. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 46.947. 12 Mediante fallo de tutela dictado el 18 de noviembre de 2019, por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, exp: 2019-00169-01 (AC).Radicación: 08001-23-31-000-2008-00822-01 (58.129) Actor: Josefa María Doria Núñez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa 5

de agosto de 2020 se profirió el correspondiente fallo de reemplazo 13, este último que, si bien no se adoptó como determinación de unificación, recogió de manera enunciativa la más reciente jurisprudencia sobre la materia, particularmente la definida por la Corte Constitucional, en la sentencia C -037 de 199614, en la que se sostuvo que en los casos de privación i njusta de la libertad debía examinarse la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues,

definida por la Corte Constitucional, en la sentencia C -037 de 199614, en la que se sostuvo que en los casos de privación i njusta de la libertad debía examinarse la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues, en su criterio, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos.

Ahora bien, aun cuando la Corte Constitucional, en la sentencia SU -072 de 2018, sostuvo que en los casos de privación injusta de la libertad el juez administrativo debe analizar la legalidad, la razonabilidad, la proporcionalidad y la ponderación de la med ida de aseguramiento, dicha premisa no puede verse como una regla absoluta, porque desconocería los supuestos en los que la misma jurisprudencia constitucional ha dicho que es factible la responsabilidad objetiva en casos como atipicidad objetiva de la conducta o inexistencia del hecho15.

Contextualizado el panorama jurisprudencial, la Subsección considera pertinente aclarar que, en cuanto a los efectos de las sentencias de unificación en el tiempo, tanto el Consejo de Estado16 como la Corte Constitucional17 han indicado que, por

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de agosto de 2020, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 46.947. 14 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 15 En la consideración 105 de esa sentencia, la Corte Constitucional sostuvo: “105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetiv amente atípicaes posible predicar que la decisión de privar al

comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetiv amente atípicaes posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos. En efecto, estando en ciernes la investigación, el ente acusador debe tener claro que el hecho sí se presentó y que puede ser objetivamente típico, luego, en este tipo de casos el juez administrativo puede ser laxo desde el punto de vista probatorio y valorativo, en tanto en estas circunstancias es evidente que la Fiscalía, hoy los jueces15, disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos presupuestos y, en tal virtud, deberá ser la ad ministración la que acredite que fueron causas ajenas e irresistibles a su gestión, las que propiciaron la imposición de la medida . Nótese que en el primer evento basta con desplegar todo el aparato investigativo para establecer si fenomenológicamente hubo una alteración de interés jurídico penal. No puede, entonces, el juez o el fiscal imponer una medida privativa de la libertad mientras constata esta información, dado que esta debe estar clara desde los albores de la investigación. No en vano las dife rentes normativas procesales han elaborado un esquema del cual hace parte una fase de indagación encaminada, entre otros propósitos, a establecer justamente si se presentó un hecho con trascendencia en el derecho punitivo que pueda ascender a la categoría de conducta punible. El segundo evento es una tarea que reviste una mayor sencillez en tanto depende solo de un criterio

entre otros propósitos, a establecer justamente si se presentó un hecho con trascendencia en el derecho punitivo que pueda ascender a la categoría de conducta punible. El segundo evento es una tarea que reviste una mayor sencillez en tanto depende solo de un criterio jurídico esencialmente objetivo; se trata de un cotejo entre la conducta que se predica punible y las normas que la tipificarían; de e sa manera, muy pronto debe establecer el Fiscal o el juez si la conducta encaja en alguna de las descripciones típicas contenidas en el catálogo punitivo” (negrillas del texto original). 16 Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i) Subsección A, auto del 30 de julio de 2021, exp: 66.941 y ii) Sección Primera, sentencia de 29 de abril de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC), entre otras. 17 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T -044 del 14 de febrero de 2022, M.P: Paola Andrea Meneses Mosquera, exp: T-8.263.898.Radicación: 08001-23-31-000-2008-00822-01 (58.129) Actor: Josefa María Doria Núñez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa 6

regla general, los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos, por ende, se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa. Conviene agregar que, en múltiples fallos de tutela 18, se ha señalado que los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento

se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa. Conviene agregar que, en múltiples fallos de tutela 18, se ha señalado que los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, argumento que ha servido de sustento para descartar la vulneración de derechos fundamentales en aquellas controversias en las que se alega el desconocimiento del precedente por no tener en cuenta la jurisprudencia imperante al momento de la presentación de la demanda o del fallo de primera instancia19.

2.2. La existencia o no de un daño antijurídico debido a la imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva

Precisado el panorama jurisprudencial aplicable a la controversia, la Sala considera necesario establecer las condiciones en las que se produjo la restricción de la libertad del señor Giraldo Gómez por cuenta de la medida de aseguramiento que se impuso en su contra, en tanto en el recurso de apelación de la demandada se alegó que la detención preventiva se impuso conforme con la ley, pues se contaba con los presupuestos mínimos para ser proferida.

Lo primero que observa la Sala es que la actuación penal que motivó este proceso tuvo como origen la denuncia presentada por el señor Héctor Fabio Collazos, padre de una joven de 18 años, el 26 de marzo de 2004, en la que afirmó que su hija era víctima de una red de trata de personas20.

La Policía Judicial estableció que la joven viajó a Barranquilla para trabajar en un bar del señor Carlos Mario Giraldo Gómez , quien tenía el alias de “posillo” y era

víctima de una red de trata de personas20.

La Policía Judicial estableció que la joven viajó a Barranquilla para trabajar en un bar del señor Carlos Mario Giraldo Gómez , quien tenía el alias de “posillo” y era

18 Ver, entre otros, los siguientes fallos de tutela: (i) sentencia del 1° de octubre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C; (ii) sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-07060-00, Sección Cuarta del Consejo de Estado; (iii) sentencia del 24 de mayo de 2021, radicación 11001-03-15-0002021-02039-00, Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B. 19 La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido: “ Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, para la Sala la provide ncia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019) no incurrió en un desconocimiento de la jurisprudencia unificada de esta Corporación. Por el contrario, el Tribunal aplicó la regla de unificación vigente y aplicable al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, analizando la antijuridicidad del daño para encontrar acreditada la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Adicionalmente, debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte ac tora dirigidos a afirmar que debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013),

debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte ac tora dirigidos a afirmar que debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), radicado 23.354, por ser esa la vigente al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha indicado el Consejo de Estado , por regla general y salvo que de manera expresa se disponga lo contrario, los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, a efectos de salvaguardar valores superio res como la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme e inmediata del derecho” (sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente No. 66.535, M.P. Nicolás Yepes Corrales). 20 Folios 30 a 35 del cuaderno principal.Radicación: 08001-23-31-000-2008-00822-01 (58.129) Actor: Josefa María Doria Núñez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa 7

propietario de un establecimiento llamado “ El nuevo rinconcito ” en esa ciudad ; además, las labores de inteligencia de la Policía Judicial permitieron establecer contacto directo con el señor Giraldo Gómez, quien afirmó conocer el paradero d e la mujer por la cual se había presentado la denuncia.

El 30 de marzo de 2004, la Policía Judicial ingresó al bar “El nuevo rinconcito”, con el fin de corroborar la información obtenida ; allí encontraron algunas menores de edad y a la joven por la cual se interpuso inicialmente la denuncia. Los trabajadores

El 30 de marzo de 2004, la Policía Judicial ingresó al bar “El nuevo rinconcito”, con el fin de corroborar la información obtenida ; allí encontraron algunas menores de edad y a la joven por la cual se interpuso inicialmente la denuncia. Los trabajadores del lugar manifestaron que el propietario del negocio, en el que se permitía la prostitución de mujeres de forma ilegal -según el informe de policía -, algunas menores de edad , era alias “ posillo”, o Carlos Mario Giral do, a quien se capturó momentos después, cuando intentaba huir de las autoridades en un vehículo ; además, fueron capturadas otras dos personas.

La Policía Judicial realizó entrevistas a las menores encontradas en el lugar, quienes afirmaron haber sido contratadas por alias “ posillo” o Carlos Mario para trabajar en prostitución 21; se recibió la indagatoria de los otros dos capturados, quienes afirmaron que en el bar las mujeres se lucraban del negocio de la prostitución, que fueron contratadas por Carlos Mario Giraldo Gómez y que desconocían que algunas fueran menores de edad22.

Adicionalmente, la joven por la cual se presentó inicialmente la denuncia afirmó que vivía en Medellín y que le habían ofrecido trabajo como mesera en Barra nquilla, junto con otras mujeres, algunas menores de edad. Indicó que llegó a esa ciudad el 12 de marzo de 2004 y empezó a trabajar como mesera, pero también tenía que “acostarse con clientes” . Manifestó que estuvo alrededor de 20 días y que no se había ido del lugar porque “no tenía dinero y además me empezaron con meterse con mi familia si me iba, me decían que yo no sabía con qué gente me había metido. Además quiero manifestar que a (…) y mi persona nos pensaban mandar para

había ido del lugar porque “no tenía dinero y además me empezaron con meterse con mi familia si me iba, me decían que yo no sabía con qué gente me había metido. Además quiero manifestar que a (…) y mi persona nos pensaban mandar para España, eso nos dijo pocillo la semana pasada”23.

El señor Carlos Mario Giraldo Gómez permaneció capturado con el fin de rendir indagatoria, el 1° de abril de 2004, ante la Fiscalía Novena Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla 24, en la que afirmó que tenía una taberna llamada “El nuevo rinconcito” , que había vendido 15 días antes de la diligencia y que le llamaban “posi” o “posillo”. En relación con las mujeres que trabajaban en el

21 Folios 41 a 45 del cuaderno principal. 22 Folios 55 a 66 del cuaderno principal. 23 Folio 47 del cuaderno principal. 24 Folios 67 a 79 del cuaderno principal.Radicación: 08001-23-31-000-2008-00822-01 (58.129) Actor: Josefa María Doria Núñez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa 8

bar, afirmó que “le habían llegado” cinco “niñas” de Medellín, entre ellas la joven por la cual su padre presentó una denuncia. Sostuvo que las invitó a comer, les mostró la ciudad y las hospedó en un hotel en el que él pagó los gastos porque ellas no tenían plata y luego les dio trabajo en el bar. Respecto de las activid ades de prostitución con menores de edad , indicó que no se permitía , “que se le daba un

la ciudad y las hospedó en un hotel en el que él pagó los gastos porque ellas no tenían plata y luego les dio trabajo en el bar. Respecto de las activid ades de prostitución con menores de edad , indicó que no se permitía , “que se le daba un servicio al cliente como en cualquier lugar (…) tengo dos cuartos -en el barque se los tengo designados a los hombres (…) hay veces que un hombre o un amigo le gusta una chica, él le dice que se vayan a hacer el amor, ellos cuadran su precio”25.

En el proceso se llevó a cabo la diligencia de declaración jurada de la joven XXX, por la cual su padre presentó la denuncia 26, en la que se vinculó nuevamente al señor Giraldo Gómez como supuesto autor del delito ; además, s e escuch ó la declaración jurada del señor Héctor Fabio Collazos, padre de la menor desaparecida, quien narró acerca de la investigación que adelantó la SIJ ÍN de Medellín y Barranquilla para encontrar a su hija y en la que se vinculó al señor Giraldo Gómez como supuesto autor de los delitos investigados; como consecuencia, se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva el 7 de abril de 2004, por los delitos de trata de personas y estímulo a la prostitución.

Como sustento de la decisión, se afirmó que el procesado fue vinculado por varias personas, entre ellas las menores víctimas y la joven en virtud de cuya desaparición se interpuso una denuncia 27, lo cual permitía dar credibilidad a la denuncia presentada por el señor Héctor Fabio Collazos, que originó la investigación penal.

Por lo anterior, el ente investigador estimó que se cumplían los requisitos para

se interpuso una denuncia 27, lo cual permitía dar credibilidad a la denuncia presentada por el señor Héctor Fabio Collazos, que originó la investigación penal.

Por lo anterior, el ente investigador estimó que se cumplían los requisitos para imponer la medida de aseguramiento, la cual, además, era necesaria en atención a la naturaleza del delito endilgado y a la necesidad de garantizar su comparecencia al proceso.

Con posterioridad a la acusación28, el asunto pasó a etapa de juicio, oportunidad en la cual el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla emitió sen tencia

25 Folio 75 del cuaderno principal. 26 Folios 97 a 103 del cuaderno principal. 27 Folios 134 y 135 del cuaderno principal. 28 La Fiscalía Cuarenta Delegada de la Unidad de Vida y otros de Barranquilla, mediante la resolución del 18 de abril de 2004 (fls. 283 a 291 del cuaderno 2), que resolvió el recurso de reposición, revocó el numeral primero de la resolución que impuso medida de aseguramiento únicamente en relación con el delito de trata de personas y la mantuvo en firme en relación con el delito de estímulo a prostitución de me nores. Además, el 24 de abril de ese mismo año, calificó el mérito del sumario (folios 370 a 383 del cuaderno 3) y acusó al señor Giraldo Gómez como autor del delito de estímulo a la prostitución de menores y precluyó la investigación por el delito de trata de personas, por el cual se había revocado la medida de aseguramiento.Radicación: 08001-23-31-000-2008-00822-01 (58.129)

a la prostitución de menores y precluyó la investigación por el delito de trata de personas, por el cual se había revocado la medida de aseguramiento.Radicación: 08001-23-31-000-2008-00822-01 (58.129) Actor: Josefa María Doria Núñez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa 9

absolutoria a favor del procesado 29, porque “no existe certeza que nos permita afirmar la existencia de la conducta punible, de estímulo a la pr ostitución de menores, y mucho menos de la responsabilidad del procesado (…)”, como consecuencia, se ordenó la libertad inmediata del señor Giraldo Gómez, para lo cual suscribió la diligencia de compromiso el 4 de abril de 2005 30, día en el que se libró su boleta de libertad31.

La sentencia fue apelada por el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Barranquilla, mediante fallo del 7 de abril de 2006 , confirmó el fallo de primera instancia, con fundamento la atipicidad de la conducta respecto del delito de estímulo a la prostitución de menores.

A continuación, por su pertinencia, se transcriben de forma literal las consideraciones del fallo absolutorio en favor del señor Giraldo Gómez:

(…) según el artículo 22 del C.P. de dos mil la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Sobre esto llama poderosamente la atención de la Sala el hecho de que ambos procesados en un injurada manifestaron desconocer la edad real de algunas empleadas del establecimiento ‘El Rinconcito’ de propiedad del

realización. Sobre esto llama poderosamente la atención de la Sala el hecho de que ambos procesados en un injurada manifestaron desconocer la edad real de algunas empleadas del establecimiento ‘El Rinconcito’ de propiedad del procesado GIRALDO GÓMEZ (…) Al respecto, la Sala considera que los procesados, al desconocer que quienes aparecen como víctimas en el presente caso eran menores de edad, incurrieron en un clásico error de tipo, o mejor, error sobre la descripción típica (…).

Considera la Sala que los procesados, por su profesión