CE - 080012331000200900360011SENTENCIASENTENCIA20230426101507

Radicado: 08001-23-31-000-2009-00360-01 (56227)

Actor: Juan Carlos Peña y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado número: Demandantes:

Demandada: Referencia: 08001-23-31-000-2009-00360-01 (56227)

Juan Carlos Peña y otros Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Acción de reparación directa Tema: Dano derivado de la función judicial. Subtema 1: Homonimia. Privación de la libertad. Subtema 2: Deber de identificación e individualización del procesado. Subtema 3: Tasación de los perjuicios. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Nación, Rama Judicial, contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 9 de mayo de 2014, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO Juan Carlos Peña Ortiz fuo capturado el 29 de noviembre de 2001 en virtud de la orden de captura impuesta por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla el 11 de marzo de 1997, contenida en la sentencia que lo condenó a pena de prisión por la comisión de delitos previstos en el Estatuto Nacional de Estupefacientes. El Juzgado Primero Penal Municipal de Barranquilla, amparó los derechos

el 11 de marzo de 1997, contenida en la sentencia que lo condenó a pena de prisión por la comisión de delitos previstos en el Estatuto Nacional de Estupefacientes. El Juzgado Primero Penal Municipal de Barranquilla, amparó los derechos fundamentales del demandante, dejó sin efectos la sentencia penal condenatoria y expidió boleta de libertad el 5 de febrero de 2002, al encontrar demostrado que las huellas decadactilares del hoy actor no coincidían con las del procesado, que aparecía en el proceso penal como indocumentado. La parte actora aduce que el dano consistente en la privación de la libertad derivó de una falla del servicio por omisión del deber de identi'icación e individualización. 2.1. La demanda

11. ANTECEDENTES Juan Carlos Peña Ortiz, 81;,lcy Valencia Tami, Paola Andrea Pena Valencia, Laura Ximena Peña Valencia, Domitila Ortiz Silva, Dairo Perdomo Ortiz, Liboria Silva, Jhon Jairo Perdomo Ortiz y Yadira Perdomo Ortiz, por medio de apoderado, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa para que se declare administrativamente respor.sable a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pcr el dano derivado de la privación de la libertad que padeció Pena Ortiz desde el 29 de noviembre de 2001 hasta el 5 de febrero de 2002, por causa de una fal a en la identificación e individualización del procesado, homónimo del demandant,fi. Como consecuencia, solicitó el pago de perjuiciosRadicado: 08001-23-31-000-2009-00360-01 (56227)

Actor: Juan Carlos Pella y otros

homónimo del demandant,fi. Como consecuencia, solicitó el pago de perjuiciosRadicado: 08001-23-31-000-2009-00360-01 (56227) Actor: Juan Carlos Pella y otros morales en cuantía equivalente a 200 smmlv, y perjuicios materiales por darlo emergente y lucro cesante 1. 2.2. El trámite procesal de primera instancia La demanda presentada el 14 de noviembre de 20032 fue admitida3 por el Tribunal Administrativo del Atlántico y el auto admisorio notificado en debida forma4. El apoderado de la Nación, Rama Judicial, en el escrito de contestación de la demanda, se opuso a las pretensiones de la demanda con el argumento de que la actuación penal y la detención se surtieron en estricto acatamiento de la normativa adjetiva, por lo que una condena en contra de ese organismo constituiría una limitación a las facultades del ius puniendf'. El tribunal referido, por medio de auto de 17 de abril de 20076, tuvo como pruebas los documentos aportados por las partes y ordenó expedir oficio para solicitar el expediente de tutela. Posteriormente, corrió traslado a lqs extremos procesales para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerip Público para que emitiera concepto7. Asi lo hizo la Nación, Rama Judicial8, en, el sentido de reiterar los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Los demás sujetos guardaron silencio. 2.3. La sentencia apelada El Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de sentencia expedida el 9 de mayo de 20149, declaró responsable a la Nación, Rc1ma Judicial, por encontrar demostrado que la privación de la libertad de Juan Carlos Pena Ortiz configuró una

El Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de sentencia expedida el 9 de mayo de 20149, declaró responsable a la Nación, Rc1ma Judicial, por encontrar demostrado que la privación de la libertad de Juan Carlos Pena Ortiz configuró una falla del servicio, dado que el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla, en la etapa de juzgamiento, omitió cotejar la cartilla dactiloscópica tomada al procesado indocumentado con la del hoy demandante, documento que el juez había solicitado a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por lo anterior, condenó al órgano demandado al pago de perjuicios morales en cuantía equivalente a 70 smmlv a favor del Juan Carlos Pena Ortiz y 52,5 smmlv para la compaí'lera e hijas del demandante, perjuicios por lucro cesante por la suma de seiscierntos setenta y nueve mil ochocientos pesos ($679.800)1º y darlo emergente por la suma de seiscientos dieciocho mil pesos ($618.000)11. 2.4. El recurso de apelación El apoderado de la Nación, Rama Judicial, interpuso recurso de apelación con el argumento de que no se configuró falla del servicio, porque el proceso penal se ajustó a la normativa adjetiva aplicable al caso, motivo por el cual todas las

El apoderado de la Nación, Rama Judicial, interpuso recurso de apelación con el argumento de que no se configuró falla del servicio, porque el proceso penal se ajustó a la normativa adjetiva aplicable al caso, motivo por el cual todas las 1 Folio 6 del c. 1. 2 Según sellos de radicación vistos a folio 18 C.1. fte. y vio. 3 Admisorio de la demanda. Folios 174 y 175. C.1. 4 Notificación Admisorio de Demanda. Folio 175 vuelto. Cuaderno 1. 5 Escrito de contestación de la Nación - Rama Judicial. Folios 176 a 179. Cuaderno 1. 6 Proveido de folio 187 C .1 . 7 Auto de folio 235 C.1. 8 Alegatos de conclusión presentados en primera instancia por la Nación - Rama Judicial. Folios 236 y 239. Cuaderno 1. : 1 9 Sentencia de primera instancia. Folios 323 a 349. Cuaderno 1. 10 Suma calculada con base en el valor del salario mínimo legal diario vigente para el periodo en que el actor estuvo privado de su libertad multiplicado por el lapso de reclusión. 33 días del año 2001 y 36 días del ano 2002. 11 Equivalente a los honorarios del abogado que representó a la victima directa en la acción constitucional con la que recuperó su libertad. Para su cálculo, el Tribunal, aplicó la Tabla de Honorarios de los abogados, presumiendo lo que se debe pagar por la presentación de una acción de tutela y asistencia en impugnación, motivo por el cual tazó dicho perjuicio en seis (6) salarios mlnimos legales mensuales vigentes del año 2002. 2Radicado: 08001-23-31-000-2009-00360-01 (56227)

motivo por el cual tazó dicho perjuicio en seis (6) salarios mlnimos legales mensuales vigentes del año 2002. 2Radicado: 08001-23-31-000-2009-00360-01 (56227) Actor: Juan Carlos Peña y otros decisiones se sustentaron en la competencia otorgada al juez. Consideró, además, que la tasación de los perjuicios fue excesiva 1 2. 2.5. El trámite de segunda instancia Esta Corporación admitió el recurso de apelación13 después de que el tribunal declaró fallida la conciliación judicial por falta de ánimo conciliatorio14. En auto posterior, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio de Público para que emitiera su concepto15; todos guardaron silencio 16.

111. CONSIDERACIONES La Sala procede a resolver el asunto habida consideración de los siguientes elementos: La competencia que le asiste para ello, dado que la Ley 270 de 1996, al prever la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, estableció que estos asuntos serían competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía 17.

El oportuno ejercicio que de la acción hizo la parte demandante, pues presentó la demanda el 14 de noviembre de 200318, esto es, dentro de los 2 años siguientes a la expedición de la orden de tutela que ordenó su libertad -24 de enero de 2002-19 La legitimación en la causa por activa que le asiste a Juan Carlos Peña Ortiz, en condición de afectado directo de la privación; a Belcy Valencia Tami2º, en condición

La legitimación en la causa por activa que le asiste a Juan Carlos Peña Ortiz, en condición de afectado directo de la privación; a Belcy Valencia Tami2º, en condición de compañera permanente, tal como lo manifiesta la pareja en la demanda; y a Paola Andrea Peña Valencia21 y Laura Ximena Peña Valencia, quienes demostraron ser hijas22• Los demandantes Domitila Ortiz Silva, Dairo Perdomo Ortiz, Yadira Perdomo Ortiz, Jhon Jairo Perdomo Ortiz y Liberia Silva, quienes se presentaron al proceso, en su orden, como madre, hermanos y abuela del afectado directo, no acreditaron el parentesco aludido23. Por su parte, la Nación, Rama Judicial, representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial o su delegado, se encuentra legitimada en la causa por pasiva, en cuanto fue el órgano que ordenó la privación de la libertad de Juan Carlos Peña Ortiz, en cumplimiento de la sentencia condenatoria impuesta por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla que identificó al procesado indocumentado con el número de cédula del demandante. 12 Recurso de apelación. Folios 352 a 356. Cuaderno Apelación. 13 Auto que admitió el recurso de apelación. Folio 373 C. Apelación 14 Acta de audiencia de conciliación. Folio 365. Cuaderno Apelación. 15 Auto que corre traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Folio 375. Cuaderno Apelación. 16 Informe secretaria!. Folio 376. Cuaderno Apelación. 17 El articulo 73 de la Ley 270 de 1996, vigente para la fecha de presentación de la demanda, fue derogado de manera expresa por el articulo 309 del CPACA, este último declarado exequible por la Corte Consfüucional en

17 El articulo 73 de la Ley 270 de 1996, vigente para la fecha de presentación de la demanda, fue derogado de manera expresa por el articulo 309 del CPACA, este último declarado exequible por la Corte Consfüucional en sentencia C818 de 1 º de noviembre de 2011. A partir de la vigencia del CPACA, la competencia en los asuntos referidos en la ley 270 de 1996, se rige conforme a lo previsto en el numeral 6 del articulo 152 de ese código. 18 Según sellos de radicación vistos a folio 18 C.1. lle. y vio. 19 Articulo 136.8 del CCA. En concordancia con el Hecho probado 3.2.13. 20 Si bien en el expediente no se allegó documento a través del cual se declaró la unión marital de hecho, se aprecian tres (3) declaraciones presentadas Teresa Díaz de Ortiz, Emilio Perdomo Castañeda y Ovidio Arias Villarreal, mediante las que de manera uniforme constataron que entre Juan Carlos Peña Ortiz y Belcy Valencia Tami existe convivencia desde hace más de cinco (5) años, fruto de la cual procrearon a sus dos (2) hijas menores Andrea Paola y Laura Ximena Peña Valencia, quienes dependen económicamente de los ingresos de su padre. /fls. 165 a 168 C.1/ 21 Registro Civil de Nacimiento de folio 169 C.1. 22 Registro Civil de Nacimiento de folio 170 C.1. 23 Artículos 86 y 149 del Código Contencioso Administrativo. 33.1. Problemas Jurídicos Radicado: 08001-23-31--000-2009-00360-01 (56227) Actor: Juan Carlos Pefla y otros De acuerdo con los cargos planteados en el recurso de apelación interpuesto por el

33.1. Problemas Jurídicos Radicado: 08001-23-31--000-2009-00360-01 (56227) Actor: Juan Carlos Pefla y otros De acuerdo con los cargos planteados en el recurso de apelación interpuesto por el órgano demandado, la Sala procederá a dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿El juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla, a! imponer la condena penal e identificar al procesado Juan Carlos Peña Ortiz con el número de cédula del hoy demandante, homónimo del procesado, se ajustó a las normas sobre identificación e individualización que rigen el proceso penal? Si la respuesta es negativa, la Subsección se ocupará de analizar la inconformidad expresada por el órgano apelante frente a la cuantificación de los perjuicios que calificó como cuantiosa. ' 3.2. Hechos probados relev antes para resolver el problema jurídico 3.2.1. El 29 de marzo de 1994, en la ciudad de Bo1rranquilla, el grupo Anti­ Estupefacientes de la Policía del Atlántico capturó a tres hombres que portaban 1165 gramos de marihuana y 300 papeletas de bazuco; Uno de los capturados se identificó con el nombre de Juan Carlos Peña Ortiz, ,quien fue reseñado en el expediente como "indocumentado'124. En la diligencia de indagatoria realizada el 4 de abril de 1994, manifestó: "Me llamo JUAN ,CARLOS PEÑA ORTIZ, indocumentado, nacido el día 4 de octubre/64, edad 26 <!ños nací en Buenaventura (Valle), hijo de GLORIA ORT{Z Y PEDRO PEÑA [. . .] he fistado preso dos veces[. . .]

indocumentado, nacido el día 4 de octubre/64, edad 26 <!ños nací en Buenaventura (Valle), hijo de GLORIA ORT{Z Y PEDRO PEÑA [. . .] he fistado preso dos veces[. . .] residente en las colmenas de barranquilla [. .. ]"25. El 6 de abril de 1994 le fue concedida libertad provisional por orden de la Fiscalífi Segunda Delegada de la Unidad Especializada de Barranquilla26, previa $UScripción de acta de compromiso27. 3.2.2. El Juzgado Quince Penal del Circuito de Barranquilla, al iniciar la etapa de juzgamiento, solicitó a la Registraduría Nacional del Servicio Civil la cartilla decadactilar de Juan Carlos Peña Ortiz28, exhorto que fue atendido el 26 de octubre de 199529, con el envío de la fotocopia auténtica de la tarjeta a nombre de Juan Carlos Peña Ortiz, con cédula de ciudadanía nro. 83.1p8.xxx30, identificación que concuerda con la del hoy demandante. El expediente pa!¡ó al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla, por competencia. • • 3.2.3. El Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla, por medio de sentencia expedida del 11 de marzo de 1997, condenó a Juan Carlos Peña Ortiz, con cédula de ciudadanía nro. 83.168.xxx, correspondiente al hoy demandante, a pena de prisión de 4 años y multa, como autor de delitos pr.evistos en el Estatuto de Estupefacientes, y expidió orden de captura en su contrá31 . 3.2.4. El 29 de noviembre de 2001, agentes del Departamento Administrativo de

prisión de 4 años y multa, como autor de delitos pr.evistos en el Estatuto de Estupefacientes, y expidió orden de captura en su contrá31 . 3.2.4. El 29 de noviembre de 2001, agentes del Departamento Administrativo de Seguridad -DASinformaron al juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla sobre la captura de Juan Carlos Peña Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía 1 24 Folios 21 y 22 C.1. 2s Folios 32 a 35 C.1. 26 Folio 43 C.1. 21 La libertad procedió a solicitud de parte presentada por la defensa el 4 dé abril de 1994 llfl. 41 C.111 Acta de compromiso de folio 45 id. 28 Folio 61 C.1. 29 Folio 77 C.1. 30 En el expedien te se halla el documento en cuestión identificado con el sMal No. 5544237 a nombre de Juan Carlos Peña Ortiz con Cédula de Ciudadanía 83.168.154 11 Folio 63 C.1. 31 Folio 80 a 85 C.1. 4Radicado: 08001-23-31-000-2009-00360-01 (56227) Actor: Juan Carlos Peña y otros 83.168.xxx de Huila, realizada en las instalaciones de ese organismo en Bogotá, cuando solicitaba la expedición del certificado judicial. En la descripción de los generales de ley se indicó: "nacimiento: Bogotá, el 4 de abril de 1972, Edad 29 años, Hijo de: GUILLERMO Y DOM/TILA, ocupación: vigilante, [. .. ] queda a disposición en la SALA DE CUSTODIA TRANSITORIA DEL DAS, BOGOTA''32. El mismo día

Hijo de: GUILLERMO Y DOM/TILA, ocupación: vigilante, [. .. ] queda a disposición en la SALA DE CUSTODIA TRANSITORIA DEL DAS, BOGOTA''32. El mismo día (29 de noviembre de 2001), el organismo que ejecutó la captura solicitó al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla, con carácter urgente, aclarar la pertinencia de la detención, comoquiera que podría tratarse de una suplantación o un homónimo, porque, según lo informado por un servidor judicial de ese despacho, el procesado "había nacido en 1964", edad que "no muestra tener la persona que se encuentra en este momento en la oficina el cual tiene 29 años de edad''33 3.2.5. El Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla, por oficio expedido el 30 de noviembre de 200134, en respuesta al requerimiento hecho por el DAS, indicó que "[. . .] en este Despacho se encuentra radicado un proceso penal en contra del señor JUAN CARLOS PEÑA ORTIZ [. . .] Dicho proceso terminó con sentencia de fecha 11 de marzo de 1. 999, mediante la cual se condenó al señor JUAN CARLOS PEÑA ORTIZ, identificado con la e.e. Nº 83'168() de Aipe (Huila) [. .. ] También • informo que, las generalidades personales que suministro el mencionado señor al rendir su declaración indagatoria, (. . .) son los siguientes: JUAN CARLOS PEÑA .

ORTIZ, indocumentado, nacido el día 4 de octubre de 1.964, edad 26 años, nacido en Buenaventura (Valle),· hijo de GLORIA ORTIZ Y PEDRO PEÑA [. . .] Este

ORTIZ, indocumentado, nacido el día 4 de octubre de 1.964, edad 26 años, nacido en Buenaventura (Valle),· hijo de GLORIA ORTIZ Y PEDRO PEÑA [. . .] Este Despacho, con base en su nombre, solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil copia de la cartilla decadactilar de la persona indagada, remitiéndonos, antes de dictar la correspondiente sentencia, fotocopia de la tarjeta alfabética correspondiente a JUAN CARLOS (. .. ) razón por la cual la sentencia fue dictada con ese número de cédula. En consecuencia, sírvase mantener privado de la libertad al señor JUAN CARLOS PEÑA ORTIZ en ese Departamento o remitirlo a la Cárcel Distrital de Varones de Bogotá {. . .]''35. 3.2.6. El Juzgado Primero Penal Municipal de Barranquilla, en el trámite de la acción de tutela ejercida por el apoderado del hoy demandante, le ordenó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizar un dictamen dactilar. En • respuesta fechada el 18 de enero de 2002, el perito informó que las huellas plasmadas en la tarjeta de registro y salida de la Cárcel Distrital de Varones de Barranquilla del 30 de marzo del año 1994, a nombre de Juan Carlos Pei\a Ortiz, no coincidían con las que aparecen en la tarjeta alfabética del sei\or Pei\a Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía nro. 83.168.xxx36. Por lo anterior, el juzgado referido, por medio de sentencia del 24 de enero de 2002, amparó los derechos fundamentales del hoy demandante, decretó la nulidad de la providencia expedida

referido, por medio de sentencia del 24 de enero de 2002, amparó los derechos fundamentales del hoy demandante, decretó la nulidad de la providencia expedida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla, revocó la orden de captura y ordenó la libertad inmediata de Juan Carlos Pei\a, "al comprobarse que no son uniprocedentes las huellas dactilares del accionante con las huellas dactilares de la persona que fue vinculada al proceso 2011 como procesado; y habiéndose acreditado, que para la fecha de la ocurrencia de los hechos que motivaron la investigación penal, JUAN CARLOS PEÑA ORTIZ identificado con la Cédula de ciudadanía. No. 83. 168 (. . .) laboraba en la ciudad de Bogotá{. . .} Por lo tanto resulta evidente que se condenó a un ciudadano que no era el mismo contra el cual se inició y se sustanció el proceso y se dictó la sentencia condenatoria y se libró 32 Folio 134 y 135 C.1. // Hecho probado. además, con constancia emmda por la Jefe de Unidad de Servicios Complementarios del DAS en la que corrobora la custodia desde el 29 de noviembre de 2001, con la boleta de admisión del capturado, acta de lectura de derechos del capturado con igual fecha. Folios 142, 254 a 257 C.1. 33 Folio 137 C.1. 34 También ratificó la orden de privación de la libertad mediante Oficio 4416 del 30 de noviembre de 2001 de

folio 139 C.1. 35 Folio 138 y 139 C.1. 36 Folio 122 y 123 C.1. 5Radicado: 08001-23-31--000-2009-0036().()1 (56227) Actor: Juan Carlos Pella y otros la orden de captura, con base a la cual, se le privó de la libertad en la ciudad de Bogotá el 29 de noviembre de 2001" 37. 3.2.7. El juzgado referido expidió boleta de libertad el 5 dfi febrero de 2002 a nombre de Juan Carlos Peña Ortiz, dirigida a la sala de capturados del DAS-Bogotá, en virtud del fallo de tutela dictado el 24 de enero de 200238. 3.3. Consideraciones sobre la responsabilidad De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia39, en concordancia con los artículos 1757 del Código Cifil4º y 177 del Código de Procedimiento Civil41 , quien pretenda indemnización; de los perjuicios por la responsabilidad patrimonial del Estado deberá demostrar: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por lá acción u omisión de las autoridades públicas. Con relación al primer elemento, la jurisprudencia de la Sala ha considerado que el daño debe ser cierto, personal y antijurídico, es decir, i) que exista lesión a un bien jurídico tutelado; ii) que tenga consecuencias ciertas en_ el patrimonio económico o moral del titular; y iii) que quien padece el daño no Jenga el deber jurídico de soportarlo42. Con respecto al segundo elemento, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la imputabilidad al Estado se cé,ntra en constatar si el daño

moral del titular; y iii) que quien padece el daño no Jenga el deber jurídico de soportarlo42. Con respecto al segundo elemento, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la imputabilidad al Estado se cé,ntra en constatar si el daño antijurídico es atribuible a la acción u omisión de la parte demandada. Esta imputabilidad se desenvuelve en dos fases, una en el plano fáctico, que se verifica en función del principio de causalidad, y otra en el planci jurídico, que se verifica en función de la carga obligacional del órgano demandado43. En atención a que los argumentos expuestos en el recurso de apelación se circunscribieron a cuestionar la antijuridicidad del daño, procede la Sala a determinar si el demandante estaba en la obligación de soportar el daño derivado de la privación de la libertad impuesta por el órgano demandado, bajo la consideración de que el organismo cumplió la carga ot¡ligacional relativa al deber de identificación e individualización del procesado, conforme a la norma procesal que regía la actuación penal en la que resultó condenado el hoy demandante Juan Carlos Peña Ortiz. En relación con el deber de identificación e individualiza9ión, los articules 319 y 334 del Decreto 2700 de 1991 prescribían que uno de los objetivos de la investigación consistía en identificar e individualizar al sindicato, labor que le imponía al funcionario ''practicar y recaudar las pruebas indispensables" para establecer su identidad y "las condiciones sociales, familiares o individua/es que caracterizan la personalidad del imputado, su conducta anterior, sus antecedentes judiciales, de policfa, sus condiciones de vida, y su responsabilidad".

identidad y "las condiciones sociales, familiares o individua/es que caracterizan la personalidad del imputado, su conducta anterior, sus antecedentes judiciales, de policfa, sus condiciones de vida, y su responsabilidad". En punto a la definición de cada vocablo, viene oportuna la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia según la cual, la "identificación" en el trámite de instrucción y juzgamiento en el proceso penal está as9ciada a los documentos o 37 Folio 110 y 118 C.1. 38 Folio 141 C.1. 39 "Articulo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los dailos antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. ¡ ... ]". "' "Artículo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alaga aquéllas o ésta". 41 "Articulo 177. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen". 42 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 28 de abril de 2010 y de 25 de abril de 2012, expediente 21861. 43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de abril de 2014, expediente 29195. 69 Radicado: 08001-23-31--000-2009-00360-01 (56227) Actor: Juan Carlos Peña y otros datos oficiales que otorgan a una persona un sitio dentro de la organización socia144. como el nombre y el número de documento de identificación. Por su parte, la "individualización" corresponde "a la operación a través de la cual se especifica o determina a una persona, por sus rasgos particulares que permitan distinguirla de

como el nombre y el número de documento de identificación. Por su parte, la "individualización" corresponde "a la operación a través de la cual se especifica o determina a una persona, por sus rasgos particulares que permitan distinguirla de todas las demás, es decir, se refiere a las personas como fenómeno natural, a sus características personalísimas que la hacen única e inconfundible frente a las demás de su misma especie"45-46. En este caso, las pruebas allegadas al expediente dan cuenta de que los funcionarios encargados de la instrucción y juzgamiento contaban con los datos contenidos en el informe de policía que documentó la captura en flagrancia de Juan Carlos Peña Ortiz, en el que constaba que se trataba de un hombre "indocumentado, natural de Buenaventura Valle, soltero, sin residencia ni ocupación fija". Además, contaban con el acta de indagatoria en la que el sindicado manifestó: "Me llamo JUAN CARLOS PEfiJA ORTIZ, indocumentado, nacido el día 4 de octubre/64, edad . 26 años nací en Buenaventura (Valle), hijo de GLORIA ORTfZ Y PEDRO PEfiJA [. . .] residente en las colmenas· de barranquilla". Con esa información la Fiscalía definió la situación jurídica del imputado, a quien le había sido concedida libertad provisio nal, sin recaudar pruebas tendientes a lograr su identificación plena, solo tuvo en cuenta los genera'les de ley descritos por el investigado en la indagatoria, como el lugar y fecha de nacimiento, y el nombre de sus padres, además de las características corporales que describían a un hombre de tez "Morena oscura". Con el propósito de identificar al imputado que había sido individualizado en la etapa

como el lugar y fecha de nacimiento, y el nombre de sus padres, además de las características corporales que describían a un hombre de tez "Morena oscura". Con el propósito de identificar al imputado que había sido individualizado en la etapa de instrucción, en la etapa de juzgamiento el juez solicitó a la Registrad u ría Nacional del Servicio Civil la cartilla decadactilar de Juan Carlos Peña Ortiz. En respuesta recibió la tarjeta con ese nombre, correspondiente al número de cédula que identifica al hoy demandante, información que el juez consideró suficiente para dictar sentencia condenatoria en contra de la persona identificada en la tarjeta decadactilar enviada por la Registraduría, sin atender consideraciones adicionales como, por ejemplo, el cotejo de los datos relativos a la fecha y lugar de nacimiento, o de las huellas del capturado en flagrancia y las del detenido en virtud de la orden de captura contenida en la sentencia condenatoria. La comparación de las huellas hubiera permitido establecer "Cotejo dactiloscópico negativo para el señor reseñado como JUAN CARLOS PEfiJA ORTIZ C.C. 83.168.154 y el señor JUAN CARLOS PEfiJA ORTIZ, reseñado en la tarjeta de entradas y salidas de la Cárcel Distrital para Varones de Barranquilla"47, como lo dictaminó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el trámite de la acción de tutela que ordenó la libertad del demandante. Así, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla, debió recaudar las pruebas necesarias para lograr la identificación e individualización plena del sindicado antes de dictar sentencia en contra de un homónimo, máxime cuando se

Así, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla, debió recaudar las pruebas necesarias para lograr la identificación e individualización plena del sindicado antes de dictar sentencia en contra de un homónimo, máxime cuando se encontraba la reseña de "indocumentado. Tal omisión constituyó una falla que el demandante no estaba en el deber de soportar, dado el órgano demandado no realizó labores que permitieran la plena identificación del procesado "indocumentado", como el cotejo de huellas y/o de los generales de ley expuestos 44 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Providencia del 27 de abril de 2016, exp. 42461. 45 lbid 46 En otra providencia, frente al concepto de individualización, la Corte Suprema de Justicia mencionó: "la individualización es la determinación flsica del sujeto pasivo de la acción penal, en donde dichos rasgos no pueden ofrecer ningún tipo de equivocación y deben contar con la virtualidad de desechar cualquier tipo de confusión como para que surja la posibilidad que dichas características correspondan a más de una persona. Estas condiciones particulares del sujeto deben respaldarse en suficientes elementos de juicio para determinar que, pese a sus posibles cambios fin sus condiciones civiles, el procesado efectivamente corresponda en su particularización, a quien se senala como el posible infractor". Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 27 de julio de 2001, exp. 34779. 47 Hecho probado 3.2.12. 7Radicado: 08001-23-31--000-2009-00360-01 (56227) Actor: Juan Carlos Pella y otros por el capturado en flagrancia,