CE - 080012331000200900397011SENTENCIASENTENCIA20230524174350

Radicado: 08001-23-31-000-2009-00397-01 (57467)

Demandante: Edismel Alberto Mejía Pinto y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: Demandante:

Demandado: Referencia: 08001-23-31-000-2009-00397-01 (57467)

Edismel Alberto Mejía Pinto y otros. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional; Fiscalía General de la Nación. Acción de reparación directa.

Tema: Responsabilidad del Estado por la administración de justicia Subtema 1: Privación injusta de, la libertad Subtema 2: Ausencia de antijuridicidad del daño Subtema 3: Ley 600 de 2000

Sentencia confirma SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 20131 , resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 23 de febrero de 2016, que negó las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO Edismel Alberto Mejía Pinto fue detenido preventivamente dentro de una investigación adelantada en su contra por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas

Edismel Alberto Mejía Pinto fue detenido preventivamente dentro de una investigación adelantada en su contra por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. Luego, la Fiscalía mantuvo vigente la medida asegurativa por el último delito mencionado y concedió, frente a esta conducta punible, la detención domiciliaria. Finalmente, la autoridad instructora decretó la preclusión de la instrucción, por considerar respecto del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso privativo de las fuer-zas armadas que la tenencia de la munición hallada en su poder no se adecuaba a las diferentes modalidades contempladas en la norma y, en relación con los demás reatos endilgados, la existencia de la duda en torno a su responsabilidad.

11. ANTECEDENTES 2.1. La demanda El 26 de septiembre de 20082, Edismel Alberto Mejia Pinto y algunos de sus familiares más cercanos, presentaron demanda en ejercicio de la acción de 1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: "los expediertes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ii) conscriptos y, (iii) rruerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno ( .. )". 2 Folios 1 a 67 C.1.Radicado: 08001-23-31-000-2009-00397-01 (57467)

Demandante: Edismel Alberto Mejía Pinto y otros

sujeción al turno ( .. )". 2 Folios 1 a 67 C.1.Radicado: 08001-23-31-000-2009-00397-01 (57467) Demandante: Edismel Alberto Mejía Pinto y otros reparac1on directa, con la que pretenden que ésta jurisdicción declare a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación administrativamente responsables por los perjuicios de orden moral y material sufridos como consecuencia de la detención preventiva que aquel soportó en el ' marco de un proceso penal adelantado en su contra por los delitos de violación a la Ley 30 de 1986 y concierto para delinquir. La parte aclara sustenta las anteriores pretensiones en,_la consideración de haber sido injusta la privación de la libertad del señor Mejía Pinto, en la medida que la actuación criminal a la cual fue vinculado culminó con ufia providencia preclusiva. 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia. ,. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto del 8 de septiembre de 20093, admitió la demanda y ordenó su notificaciqn tanto a las entidades demandadas como al Ministerio Público. La Nación - Fiscalía General de la Nación - contestó. la demanda\ con escrito en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Argumentó que la privación de la libertad de la cual fue objeto el demandante no podía calificarse de injusta, pues la decisión que la determinó se ajµstó a las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época ele los hechos. Por auto del 31 de marzo de 20115, se dio apertura al periodo probatorio y posteriormente, mediante providencia del 20 de octubre de 20146, se corrió

sustanciales y procedimentales vigentes para la época ele los hechos. Por auto del 31 de marzo de 20115, se dio apertura al periodo probatorio y posteriormente, mediante providencia del 20 de octubre de 20146, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. Luego,;. el Tribunal Administrativo del Atlántico, por auto del 19 de noviembre de 20147, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de fecha 31 de marzo de, 2011 para que la Policia Nacional actuara dentro del proceso. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacionpl - presentó escrito de contestación8, con el que se opuso también a la prosperidad de las pretensiones. Propuso como excepción la que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva porque, según su dicho, la aprehensión del demandante se llevó a cabo por orden de autoridad judicial competente. Alegó, a su vez, que la detención padecida por el señor Edismel Mejía Pinto resultaba atribuible a su propia culpa, pues para el momento en que aquel fue capturado cpnservaba en su vivienda elementos que tipificaban el delito de tráfico y porte de [11Uniciones sin permiso de autoridad competente. Después de agotada la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión9. Así lo hicieron las entidades demandadas, quienes reiteraron los argumentos expuestos en la contestación :de la demanda 1°. La parte demandante, por su lado, explicó que la privación injusta de la libertad padecida 3 Folios 98 a 99 C.1. 4 Folios 107 a 121 C.1.

demandante, por su lado, explicó que la privación injusta de la libertad padecida 3 Folios 98 a 99 C.1. 4 Folios 107 a 121 C.1. 5 Folios 137 a 140 C.1. 6 Folio 240 C.1. 7 Folios 242 a 244 C.1. 8 Folios 311 a 332 C.1. 9 Folios 375 a 377 C.1. 1º Folios 378 a 414 C.1. 2Radicado: 08001-23-31-000-2009-00397-01 (57467) Demandante: Edismel Alberto Mejía Pinto y otros por el señor Mejía Pinto quedó plenamente demostrada con la providencia que precluyó la investigación 11 . 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 23 de febrero de 201612, negó las pretensiones de la demanda. Como sustento de su decisión denotó que, aun cuando la autoridad instructora decidió precluir la investigación respecto del señor Edismel Alberto Mejía Pinto, éste estaba obligado a soportar la privación de su libertad, no solo porque para el momento en que aquel fue capturado se encontraron en su poder municiones de uso privativo de las fuerzas armadas sin el correspondiente permiso sino, además, por cuanto las interceptaciones telefónicas recaudadas en el marco de la instrucción criminal iniciada en su contra permitían atribuirle una conducta descrita en la ley como punible. 2.4. El recurso de apelación La parte demandante, en el recurso de apelación interpuesto el 3 de mayo de 201613, solicitó revocar. la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su petición, argumentó que

La parte demandante, en el recurso de apelación interpuesto el 3 de mayo de 201613, solicitó revocar. la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su petición, argumentó que Edismel Alberto Mejía Pinto en ningún modo estaba obligado a soportar la privación de la libertad decretada en su contra en el marco de la instrucción criminal a la cual fue vinculado, pues en el expediente penal allegado a este proceso contencioso administrativo se omitió demostrar, con la respectiva acta de decomiso, que a aquel se le hubieren encontrado en su poder armas de fuego o municiones sin el correspondiente permiso. El Tribunal Administrativo del Atlántico concedió el recurso de apelación, el 19 de mayo de 201614 . 2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia Esta Corporación admitió el recurso de apelación, con auto del 21 de julio de 201615 . Por auto del 8 de septiembre de 20161 6, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y éste rindiera concepto de fondo. Así lo hizo la parte demandante, quien reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y, además, afirmó que la privación de la libertad padecida por el . señor Edismel Mejía Pinto se tornó injusta, habida consideración que la investigación adelantada en su contra culminó con preclusión y, porque, en todo caso, el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas a él endilgado en ningún modo comportaba una pena mínima de prisión que hiciere procedente la medida

y, porque, en todo caso, el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas a él endilgado en ningún modo comportaba una pena mínima de prisión que hiciere procedente la medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario1 7. Al r¡,ismo tiempo, la Nación, por conducto del Ministerio de Defensa - Policía Nacion?I y la 11 Folios 415 a 444 C.1. 12 Folios 445 a 462 C. Ppal. 13 Folios 464 a 469 C. Ppal. 14 Folios 470 a 471 C. Ppal. 15 Folio 475 C. Ppal. 16 Folio 479 C. Ppal. 17 Folios 480 a 487 C. Ppal. 3Radicado: 08001-23-31-000-2009-00397-01 (57467) Demandante: Edismel Alberto Mejía Pinto y otros Fiscalía General de la Nación, presentaron sus alega_ciones finales, en las que solicitaron confirmar la sentencia de primera instancia 18.

111. PROBLEMAS JURÍDICOS En función de los motivos de inconformidad que expuso la parte demandante, la Sala dará respuesta a los siguientes problemas jurídicos en forma sucesiva, aunque condicionada a la contestación afirmativa , que el cuestionamiento precedente reciba: . ¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad a la que fue sometido Edismel Alberto Mejía Pinto, como consecuencia de la ejecución de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por la Fiscalía Séptima Especializada de Barranquilla en el marco de una investigación que culminó con una decisión de preclusión?

medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por la Fiscalía Séptima Especializada de Barranquilla en el marco de una investigación que culminó con una decisión de preclusión? Si la respuesta al anterior interrogante es de signo fifirmativo, procederá a la solución de este otro: ¿El daño antijurídico que sufrieron los actores como coílsecuencia de la privación de la libertad que soportó el señor Mejía Pinto, es imputable a la Nación por causa de acción u omisión de la Fiscalía General de la Nación? Y si la respuesta a esta cuestión resultare positiva, procederá a contestar éste otro, último: ¿Los perjuicios morales y materiales solicitados en la, demanda se encuentran debidamente acreditados en el expediente?

IV. HECHOS PROBADOS, RELEVANTES PARA LA-RESOLUCIÓN DE LOS

PROBLEMAS ENUNCIADOS.

Los siguientes hechos han sido probados como se indica respecto de cada uno de ellos:

1. El 30 de septiembre de 2005, Edismel Alberto Mejía Pinto fue capturado por miembros de la Policía Judicial en diligencia de allanarlj,iento y registro realizada, por orden de la Fiscalía Séptima de Unidad de· Reacción Inmediata, al establecimiento comercial de su propiedad denominado1 Club de Billares y Gallera La Traba, según se desprende tanto de los hechos narrados en la resolución que calificó el mérito del sumario19 como del oficio No. 335 DELES SIJIN DEATA expedido el 30 de septiembre de 2005, a través del cual el Departamento de Policía del Atlántico hizo llegar a la Fiscalía Quinta Unidad de Reacción Inmediata ante el D.A.S., los elementos incautados en el marco dEtdicha diligencia20.

expedido el 30 de septiembre de 2005, a través del cual el Departamento de Policía del Atlántico hizo llegar a la Fiscalía Quinta Unidad de Reacción Inmediata ante el D.A.S., los elementos incautados en el marco dEtdicha diligencia20.

2. La Fiscalía Séptima Especializada de la Unidad de '.fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito . Especializado de • Barranquilla, mediante resolución expedida el 19 de octubre de 2005, resolvió la situación jurídica del señor Edismel Alberto Mejía Pinto y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; concierto· para delinquir y ·-l· fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso privativo de las 18 Folios 488 a 498 y 499 a 506 C. Ppal. 19 Copia de la resolución que califica el mérito de la instrucción obra a folios 27 a 60 C.1. 2° Copia auténtica del oficio No. 335 del 30 de septiembre de 2005 expedido por la Policía Judicial es visible a folio 234 C.1. • •

4Radicado: 08001-23-31-000-2009-00397-01 (57467) Demandante: Edismel Alberto Mejía Pinto y otros fuerzas armadas. Así se demuestra con la copia de aquella providencia aportada al plenario21.

3. La Fiscalía Séptima Especializada de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Barranquilla, a través de resolución de fecha 30 de noviembre de 2005, concedió la detención

al plenario21.

3. La Fiscalía Séptima Especializada de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Barranquilla, a través de resolución de fecha 30 de noviembre de 2005, concedió la detención domiciliaria a Edismel Alberto Mejía Pinto por el punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, pues así da cuenta la copia de ese documento arrimado al expediente, en el cual se ordenó el traslado del investigado a su residencia, previa consignación de la caución impuesta y la suscripción de diligencia de compromiso22.

4. La Fiscalía Séptima Delegada ante el Juez Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, en resolución expedida el 29 de septiembre de 2006, calificó el mérito del sumario. Así consta en la copia de esta providencia allegada al proceso, en la cual, la autoridad instructora dispuso la preclusión de la investigación seguida contra el señor Edismel Alberto Mejía Pinto al considerar, frente al delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, que la tenencia de la munición hallada en su poder en ningún modo se adecuaba a las diferentes modalidades contempladas en la norma y, en relación con los demás reatos atribuidos, la existencia de la duda en torno a su responsabilidad23.

V. CONSIDERACIONES La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis, habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo prescrito por el artículo 73 de la Ley 270 de 199624-25, y al oportuno ejercicio que de la

La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis, habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo prescrito por el artículo 73 de la Ley 270 de 199624-25, y al oportuno ejercicio que de la acción hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda el día 26 de septiembre de 200826, esto es, dentro de los dos años posteriores al día siguiente en que cobró ejecutoria la resolución expedida el 29 de septiembre de 2006 por la Fiscalía Séptima Delegada ante el Juez Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla27, por medio de la cual se decretó la preclusión de la instrucción seguida en contra de Edisrnel Alberto Mejía Pinto28. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso son: Edismel Alberto Mejía Pinto, como sujeto pasivo de la privación de la libertad; Elíana Desireth Mejía Morales29 y Edismel Alberto Mejía Morales30, quienes acreditan ser sus 21 Copia de la resolución que resolvió la situación jurídica del demandante obra a folios 15 a 26 C.1. 22 Copia auténtica de la resolución que concedió al demandante la prisión domiciliaria visible a folios 184 a 187 C.1. 23 Copia de la resolución que calificó el mérito del sumario visible a folios 27 a 60 C.1. 24 El artículo 73 de la Ley 270 de 1996, vigente para la fecha de presentación de la demanda, fue derogado de manera expresa por el artículo 309 del CPACA, declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C - 818 de 1 º de noviembre de 2011.

manera expresa por el artículo 309 del CPACA, declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C - 818 de 1 º de noviembre de 2011. 25 El Consejero de Estado Guillermo Sánchez Luque, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencia! de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 34.985 [fundamento jurídico 3], con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 1]. 26 Folios 1 a 67 C.1. 27 De acuerdo con la constancia expedida por la Fiscalía Séptima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Barranquilla, visible a folio 237 C.1., la resolución de preclusión de fecha 26 de mayo de 2006 quedó debidamente ejecutoriada el 18 de octubre de ese mismo año. 28 La resolución de preclusión obra a folios 27 a 60 C.1. 29 La copia auténtica del registro civil de nacimiento serial 14863890, obrante a folio 12 C.1., acredita que Eliana Desireth Mejia Morales es hija de Edismel Alberto Mejia Pinto y Elizabeth Morales Jiménez. 5Radicado: 08001-23-31-000-2009-00397-01 (57467) Demandante: Edismel Alberto Mejía Pinto y otros hijos. La partida eclesiástica de matrimonio, como la aportada para demostrar el

5Radicado: 08001-23-31-000-2009-00397-01 (57467) Demandante: Edismel Alberto Mejía Pinto y otros hijos. La partida eclesiástica de matrimonio, como la aportada para demostrar el vínculo existente entre Edismel Alberto Mejía Pinto y Elizabeth Morales Jiménez31 , no da cuenta del estado civil32. Sin embargo, de este elemento, junto con la resolución que definió la situación jurídica del aquí actor - en donde la fiscalía 1 precisó que este sindicado estaba casado con la señora Morales Jiménez -, así como de los registros civiles de nacimiento de Eliana Desireth Mejía Morales33 y Edismel Alberto Mejía Morales34, resulta posible inferir. una relación afectiva y de convivencia común entre aquellos, existente para la época de la privación de la libertad35. Por lo tanto, Elizabeth Morales Jiménez se:,encuentra legitimada en la causa por activa. Por otro lado, los demandantes aluden al daño que sufrió Edismel Alberto Mejía Pinto por la privación de la libertad que se le impuso en desarrollo de una investigación penal adelantada en su contra, que culminó con decisión de preclusión. Por consiguiente, la persona jurídica llam_ada a responder en este asunto es la Nación, representada por el Fiscal Genfiral de la Nación36, puesto que fue un órgano de la entidad que él regenta qÚien tramitó la instrucción criminal, profirió medida de aseguramiento de detenciófi preventiva y resolución de preclusión contra el mencionado actor. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en la sentencia recurrida, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional porque, a su

preclusión contra el mencionado actor. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en la sentencia recurrida, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional porque, a su juicio, los hechos que dieron origen a la demanda de reparación directa fueron desplegados por funcionarios pertenecientes a la Fisc_alía General de la Nación. Como este punto no fue motivo de controversia ni de sustentación en el recurso de apelación, la Sala no dirá nada al respecto en recta aP,licación de la sentencia de unificación jurisprudencia! de la Sala Plena de la J,ección Tercera de esta Corporación37, al tratarse de un asunto de la litis que f.ia quedado definido con la decisión de primera instancia. 5.1. Sobre el primer problema jurídico formulado De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia38, quien pretenda indemnización de los perjuicios por la resp9nsabilidad patrimonial del 30 El registro civil de nacimiento serial 21484359, obrante en copia afi'téntica a folio 13 C.1., denota que Edismel Alberto Mejía Morales es hijo de Edismel Alberto Mejía Pinto y Elifiabeth Morales Jiménez. 31 Original de la partida eclesiástica de matrimonio visible a folio 14 C.1. ., ..• 32 Decreto 1260 de 1970. "Articulo 101. El estado civil debe constar en el 'registro del estado civil. 11 El registro es público, y sus libros y tarjetas, así como las copias y certificados qué'.con base en ellos se expidan, son instrumentos públicos.[ ... ] Articulo 106. Ninguno de los hechos, actos o Pr,ovidencias relativos al estado civil y

es público, y sus libros y tarjetas, así como las copias y certificados qué'.con base en ellos se expidan, son instrumentos públicos.[ ... ] Articulo 106. Ninguno de los hechos, actos o Pr,ovidencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetas a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito y registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demosti8ción no se requiera legalmente la formalidad del registro. [ ... ] Articulo 110. Los funcionarios encargados de llevar el registro del estado civil y la oficina central podrán expedir copias y certificados de las actas y folios que reposen en sus archivos. [ ... ]". 33 Folio 12 C.1. 34 Folio 13 C.1. 35 En el acápite de filiación de los sindicados correspondiente a la resolución que definió su situación jurídica, se señaló que el señor Edismel Alberto Mejía Pinto se encontraba casado 'con Elizabeth Morales. 36 La Fiscalía General de la Nación "representa a la Nación en aquellos asuntos contencioso administrativos que se susciten con ocasión de sus actuaciones u omisiones". Al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera -en pleno-. Auto del 25 de septiembre de 2013, exp. 20420. 37 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 20)2, exp. 21.060. 38 "Articulo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños a·ntijuridicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.[ ... ]". ;.'·-'· .

38 "Articulo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños a·ntijuridicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.[ ... ]". ;.'·-'· . 6Radicado: 08001-23-31 -000-2009-00397-01 (57467) Demandante: Edismel Alberto Mejía Pinto y otros Estado deberá demostrar: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de las autoridades públicas. En el presente asunto, se encuentra demostrado que con la privación de la libertad, como la que soportó Edismel Alberto Mejía Pinto en virtud de la ejecución de la medida de aseguramiento de detención preventiva que le fuere impuesta dentro del proceso penal adelantado en su contra por la Fiscalía Séptima Especializada de Barranquilla, se produjo un menoscabo a la libertad personal, esto es, en un derecho fundamental reconocido en el artículo 28 constitucional39, detrimento este que, a su vez, trae consigo padecimientos morales a sus parientes en primer grado de consanguin idad40. En consecuencia, honró la carga de demostrar que sufrió materialmente daño, es decir, menoscabo a un interés jurídicamente relevante en cabeza suya, y por rebote, de los demás actores. Determinar, entonc es, si esa lesión resultó antijurídica es, básicamente, establecer si en el caso la autoridad obró al amparo de un título jurídico que la justifique o legitime, puesto que el ordenamiento constitucional confiere de manera excepcional y por vía cautelar o preventiva, una permisión para la privación de la libertad en el marco del proceso penal, sin que aún se haya demostrado la

justifique o legitime, puesto que el ordenamiento constitucional confiere de manera excepcional y por vía cautelar o preventiva, una permisión para la privación de la libertad en el marco del proceso penal, sin que aún se haya demostrado la culpabilidad del incriminado, en los casos y según las formas establecidas por las leyes preexistentes. Ello, sin pasar por alto que la Corte Constitucional, en sentencia SU 072 de 2018, denotó la corrección del' criterio que hasta cierto tiempo atrás movió a esta Corporación a juzgar necesariamente con prescindencia de criterios subjetivos la juridicidad de las detenciones preventivas decretadas en procesos penales que culminan con absolución o decisión equivalente por (i) que el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, (iii) la conducta no constituía hecho punible, o (iv) porque no se desvirtuó la presunción de inocencia -principio in dubio pro reo-. Dijo, para mejor comprensión del asunto, que "( ... ) una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los, presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad", adjetivos estos que definen la actuación judicial, no el título de imputación. Así las cosas, procede la Sala a verificar si, en este caso, el daño derivado de la privación de la libertad resulta o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, pues· en oposición a lo afirmado por los accionantes en el

privación de la libertad resulta o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, pues· en oposición a lo afirmado por los accionantes en el escrito de demanda, en estos casos, no basta probar la restricción de la libertad y posterior ausencia de condena. En efecto, para la época de los hechos que fundamentan la demanda, la norma procesal penal vigente era la Ley 600 de 200041 . El artículo 357 de esa 39 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010, expediente 18960, fundamentos jurídicos 2.1 , 2.2 y 2.3; y sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, expediente 25022, fundamento jurídico 5.1. 'º Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de noviembre de 2021, exp. 46681. 41 En vista de que la captu ra del demandante se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2005 y la Ley 906 de 2004, en el articulo 530 estableció que "el sistema se aplicará a partir del 1o. de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1o. de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja 7Radicado: 08001-23-31 -000-2009-00397-01 (57467) Demandante: Edismel Alberto Mejía Pinto y otros normatividad prescribía que la detención preventiva, como medida de

7Radicado: 08001-23-31 -000-2009-00397-01 (57467) Demandante: Edismel Alberto Mejía Pinto y otros normatividad prescribía que la detención preventiva, como medida de aseguramiento, procedía cuando el delito tuviera preV¡ista pena de prisión cuyo mínimo fuera o excediera de cuatro (4) años. De cara a este requisito, se tiene que a Edismel Alberto Mejía Pinto le fue impuesta medida de aseguramiento restrictiva de su derecho a la libertad personal por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; concierto para delinquir; y fabricación, tráfico y porte de armas, munici()nes de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, <delitos para los cuales, la norma sustantiva aplicable vigente establecía una pfina mínima de prisión que superaba el quantum punitivo requerido para la procedencia de la medida asegurativa42. Incluso, el último delito antes referido comportaba una pena de prisión de 48 a 180 meses43, por lo que, contrario a lo expuesto por la parte recurrente en sus alegaciones conclusivas de segunda instancia, la detención preventiva sin beneficio de libertad provisional impuesta al señor Mejía Pinto resultaba legal mente procedente. A su vez, el artículo 356 del Código Procesal Penal er.itonces vigente establecía que para decretar la medida de aseguramiento se r!'lquerían mínimo dos (2) indicios graves de responsabilidad. Al punto, se observa que la Fiscalía Séptima Especializada, en la resolución mediante la cual resolvió la situación jurídica del aetor, dio cuenta que, con fundamento en un informe de la Sijin, a partir de!: cual, se puso bajo su

Al punto, se observa que la Fiscalía Séptima Especializada, en la resolución mediante la cual resolvió la situación jurídica del aetor, dio cuenta que, con fundamento en un informe de la Sijin, a partir de!: cual, se puso bajo su conocimiento la existencia de una supuesta organización criminal dedicada a la comercialización de sustancias estupefacientes en el distrito de Barranquilla, ordenó la interceptación de algunas líneas telefónicas,y