CE - 080012331000201000434011SENTENCIA20230505153208

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 08001-23-31-000-2010-00434-01 (62.864) Actor: Carmen María Salcedo Caballero y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Reparación Directa

Asunto: Sentencia

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Adecuación Título de Imputación - FALLA GENÉRICA DEL SERVICIO – Caducidad de la acción – Se configuró en relación con una de las imputaciones – Vinculación a un proceso penal – Inexistencia de daño antijurídico – EvasiónProcede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Según la demanda, la pasiva incurrió en una serie de fallas en el marco del proceso penal que la Fiscalía General de la Nación adelantó en contra de la señora Carmen María Salcedo Caballero, fallas que determinaron errores judiciales contenidos en las providencias que decretaron medidas de aseguramiento en su contra, la privación injusta de su libertad, un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el mal manejo de la investigación y la divulgación de información del proceso penal que no fue objeto de rectificación.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

privación injusta de su libertad, un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el mal manejo de la investigación y la divulgación de información del proceso penal que no fue objeto de rectificación.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 9 de marzo de 2018, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, Sala Escritural, negó las pretensiones de la demanda.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 18 de junio de 20101, por los señores Carmen María Salcedo Caballero (afectada directa), Manuel de Jesús Charris Romero (conyugue) y Martha Liliana, María Susana y Carlos Manuel Charris Salcedo (hijos), contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Barranquilla - Dirección Distrital de Liquidac iones del Distrito Especial y Portuario de Barranquilla -en calidad de liquidadora de la Empresa de Tránsito y Transporte

1 Según sello de presentación personal visible a folio 24 reverso.Radicación: 08001-23-31-2010-00434-01 (62.864)) Actor: Carmen María Salcedo Caballero y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Acción de Reparación Directa

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Metropolitano de Barranquilla, en lo sucesivo METROTRÁNSITO S.A.-2; el diario El Heraldo Ltda. y diario La Libertad Ltda. -, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son los siguientes:

Pretensiones

3. La actora pretende la declaración de responsabilidad de las demandadas y la

Heraldo Ltda. y diario La Libertad Ltda. -, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son los siguientes:

Pretensiones

3. La actora pretende la declaración de responsabilidad de las demandadas y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que le fueron causados con motivo del proceso penal que se adelantó en contra de la señora Carmen María Salcedo Caballero, por los delitos de concierto para delinquir y falsedad en documento, actuación en la cual se evidenció: i) un error judicial contenido en las providencias que definieron su situación jurídica con medida de aseguramiento; ii) una privación de su libertad que se tornó injusta; iii) un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por falta de diligencia y prudencia en el manejo de la investigación; y, iv) una divulgación amplia de la sindicación en los medios de comunicación, sin que ocurriera lo mismo con la preclusión.

4. Por lo anterior, solicitó el reconocimiento de: i) 100 y 400 S.M.L.M.V., por concepto de perjuicios morales y daño a la vida de relación, respectivamente, en favor de cada uno de los demandantes; ii) la suma indexada del valor del semestre

de la carrera de administración de empresas que la señora Salcedo Caballero perdió por encontrarse vinculada a la investigación; iii) los salarios que dejó de percibir durante el tiempo que duró el proceso; y, iv) por concepto de reparación integral, solicitó la rectificación de la información trasmitida en los medios de comunicación y la presentación de excusas públicas.

Hechos

5. Como hechos jurídicamente relevantes, se expuso que por cuenta del Informe

integral, solicitó la rectificación de la información trasmitida en los medios de comunicación y la presentación de excusas públicas.

Hechos

5. Como hechos jurídicamente relevantes, se expuso que por cuenta del Informe Evaluativo de la Licitación Pública 004 de 2006 - el cual dio lugar a la celebración del contrato entre CUBISA SA. y METROTRÁNSITO S.A.-, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación penal por el delito de concierto para delinquir y falsedad material en documento público y privado, investigación a la cual vinculó, en calidad de coautora, a la señora Carmen María Salcedo Caballero, quien fungió como tesorera la entidad pública hasta el 31 de octubre de 2006.

6. Mediante resolución del 23 de octubre de 2007, la Fiscalía Quinta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito emitió orden de captura con fines de indagatoria en contra de la señora Salcedo Caballero, la cual no contaba con respaldo probatorio, decisión que, por esta causa, adolecía de error judicial.

2 Según el Decreto 0894 de 2008 emitido por la Alcaldía de Barranquilla, se ordenó la supresión de la Empresa de Tránsito y Transporte Metropolitano de Barranquilla -METROTRÁNSITO S.A.(folios 200 a 215 del cuaderno 1)Radicación: 08001-23-31-2010-00434-01 (62.864)) Actor: Carmen María Salcedo Caballero y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Acción de Reparación Directa

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Actor: Carmen María Salcedo Caballero y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Acción de Reparación Directa

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7. A través de los diarios El Heraldo y La Libertad, la referida señora no solo conoció de los señalamientos en su contra sino de la orden de captura, lo cual le produjo un estado de zozobra por el carácter injusto de las sindicaciones y de angustia por el despliegue periodístico y por el asedio de las autoridades, sentimientos que la obligaron a aislarse de su familia, con el fin de evadir la efectividad de la detención.

8. El 7 de noviembre de 2007, la procesada compareció voluntariamente a rendir indagatoria, oportunidad en la cual manifestó que la firma contenida en el documento no era la suya; sin embargo, la investigación continuó y en proveído del 22 de noviembre de 2007 -confirmada en reposición-, se resolvió su situación jurídica con medida de aseguramiento, decisión que, a su juicio, adolecía de error judicial, por: i) indebida valoración probatoria; ii) falta de aplicación del principio in dubio pro reo y de favo rabilidad; iii) falta de motivación sobre los dos indicios graves de responsabilidad; y, iv) desconocimiento de las garantías procesales.

9. La defensa solicitó la preclusión de la investigación, por lo cual la Fiscalía Quinta Especializada de Barranquilla, en providencia del 4 de febrero de 2008 -confirmada en reposición-, revocó la medida de aseguramiento impuesta el 22 de noviembre de 2007, pero, de forma irrazonable, no precluyó la investigación

Quinta Especializada de Barranquilla, en providencia del 4 de febrero de 2008 -confirmada en reposición-, revocó la medida de aseguramiento impuesta el 22 de noviembre de 2007, pero, de forma irrazonable, no precluyó la investigación incurriendo, con ello, en error judicial, por cua nto: i) estaban demostrados todos los presupuestos para la preclusión; ii) mantuvo la investigación con base en una causal extralegal, esto es, calificar como insuficientes los argumentos de la defensa para la preclusión; e, iii) inaplicó garantías fundamentales.

10. Reasignado el asunto, la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá, en proveído del 19 de junio de 2008, precluyó la investigación acogiendo cada uno de los argumentos de la defensa, los que habían sido expuestos durante el curso de la investigación, decisión que, según se afirmó, no tuvo el mismo despliegue periodístico que se le dio a la noticia sobre la participación de la señora Salcedo Caballero en los ilícitos investigados.

11. Por lo anterior, la parte actora c onsideró que se causaron graves perjuicios que deben ser indemnizados, teniendo como fuente del daño el error judicial, la privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

La defensa

12. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones, para lo cual consideró que actuó en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legalesRadicación: 08001-23-31-2010-00434-01 (62.864))

Actor: Carmen María Salcedo Caballero y otros

consideró que actuó en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legalesRadicación: 08001-23-31-2010-00434-01 (62.864)) Actor: Carmen María Salcedo Caballero y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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tendientes a investigar las conductas que revistan las características de delito y a sancionar a los posibles infractores de las mismas3.

13. El diario El Heraldo señaló que, en garantía de la libertad de prensa, informó a la opinión pública sobre hechos que estaban siendo objeto de investigación relacionados con las presuntas irregularidades en los procesos de contratación en METROTRÁNSITO, información que era verídica4.

14. El diario La Libertad alegó la inexistencia del daño, pues actuó en cumplimiento de la misión de informar a los lectores sobre sucesos de interés público, sin que con ello haya desconocido alguno derecho de la demandante5.

15. La entidad territorial no contestó la demanda.

Alegatos

16. Al concluir la etapa probatoria 6, el diario El Heraldo y la Fiscalía General de la Nación reiteraron lo dicho en la contestación de la demanda, mientras que la accionante insistió en sus acusaciones, recalcando que la falla del servicio alegada encontró sustento en la realidad probatoria7.

17. La Alcaldía de Barranquilla consideró que el evento sub examine no se evidenciaron los elementos estructurales de la falla del servicio que se reprochó8.

18. El diario La Libertad y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.

La decisión

evidenciaron los elementos estructurales de la falla del servicio que se reprochó8.

18. El diario La Libertad y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.

La decisión

19. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda.

3 Folio 353 a 358 del cuaderno 1. 4 Folios 43 a 46 del cuaderno 1. 5 Folios 257 y 258 del cuaderno 1. 6 En auto de pruebas del 4 de mayo de 2012 (folio 363 a 367), Tribunal se pronunció sobre el material probatorio aportado o solicitado por las partes. En lo que se refiere a la parte actora:1. Incorporó las documentales aportadas con la demanda (de los cual es se corrió traslado sin contradicción alguna), a saber: i) copia de algunas actuaciones surtidas en el proceso penal seguido en contra de la señora Carmen María Salcedo Caballero, por el delito de concierto para delinquir simple y falsedad material en documento público (folios 18 a 123); ii) informes periodísticos emitidos por el Diario El Heraldo y Diario la Libertad (folios 124 a 150); iii) certificados de notas emitidos por la Fundación Universitaria San Martin; iv) documentos emitidos por la Alcandía de Barranquilla sobre el proceso de licitación del contrato de arrendamiento de vehículos para METROTRÁNSITO S.A., la entrega del cargo como tesorera de la señora Salcedo Caballero; y, ii) a la EPS Coomeva para que remitiera copia de la historia clínica de la demandante, la cual se remitió y obra a folios 544

METROTRÁNSITO S.A., la entrega del cargo como tesorera de la señora Salcedo Caballero; y, ii) a la EPS Coomeva para que remitiera copia de la historia clínica de la demandante, la cual se remitió y obra a folios 544 y ss, cuaderno 2. 3. Decretó como prueba testimonial, las declaraciones de Alba Rocio Guisay Vanegas (folios 369 y ss, cuaderno 3), Manuel Gaspar Pérez (folios 371 y ss, cuaderno 3) y Natividad Dolores Guette (folios 526 y ss, cuaderno 2).4. Decretó el interrogatorio de parte del representante legal del diario el Heraldo (folio 373 y ss). 7 Folios 592 a 599 del cuaderno2. 8 Folios 620 a 625Radicación: 08001-23-31-2010-00434-01 (62.864)) Actor: Carmen María Salcedo Caballero y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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20. Con carácter previo, el a quo centró el problema jurídico en orden a analizar si la Fiscalía General de la Nación era patrimonialmente responsable por haber proferido la resolución de 22 de noviembre de 2007, a través de la cual dictó medida de aseguramiento en contra de la señora Carmen María Salcedo Caballero por los delitos de concierto para delinquir y falsedad material en documento y si, la Alcaldía de Barranquilla y los medios de comunicación, diarios El Heraldo y La Libertad, eran responsables por haber dado a conocer información relacionada con el mentado proceso y éstos últimos por no haber rectificado la misma.

de Barranquilla y los medios de comunicación, diarios El Heraldo y La Libertad, eran responsables por haber dado a conocer información relacionada con el mentado proceso y éstos últimos por no haber rectificado la misma.

21. Con este marco y luego de referirse a las teorías del daño, el a quo consideró que pese a que a través de la resolución de 22 de noviembre de 2007 se decretó una medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de la referida señora, la mentada orden nunca llegó a materializarse y, en tal sentido, la demandante nunca estuvo físicamente privada de la libertad.

22. Sin embargo, precisó que se debía analizar si la referida orden alteró el goce pacífico del derecho a la libertad, escenario en el cual consideró que desde que se decretó la medida d e aseguramiento -22 de noviembre de 2007 - hasta que se precluyó la investigación -19 de junio de 2008 - trascurrieron un poco más de seis meses, tiempo durante el cual la referida señora pudo experimentar la angustia o amenaza de perder su libertad, a lo que se sumó que se vio obligada a sufragar los gastos para una defensa técnica.

23. Por tanto, explicó que si bien se concretó un daño, por amenaza al derecho a la libertad, lo concreto es que el mismo no podía ser imputado a la Fiscalía General de la Nación, pues, desde la óptica del error judicial, la providencia del 22 de noviembre de 2007 no adolecía de este defecto, dado que, cuando se resolvió la situación jurídica con medida de aseguramiento, obraban pruebas que permitían inferir los indicios graves de responsabilidad para soportarla.

noviembre de 2007 no adolecía de este defecto, dado que, cuando se resolvió la situación jurídica con medida de aseguramiento, obraban pruebas que permitían inferir los indicios graves de responsabilidad para soportarla.

24. Al lado de lo anterior, señaló que en aplicación del principio de progresividad de la prueba, la preclusión de la investigación se produjo porque se recaudaron elementos de juicio sobrevinientes -resultado de la prueba grafológicaque condujo a la certeza de que la firma que aparecía en el Informe Evaluativo de Licitación Pública no coincidía con la firma que la procesada consignó en la diligencia de indagatoria y, en esa medida, no mediaban razones para continuar con la investigación en su contra.

25. En estas condiciones, consideró que a la demandante no se le impusieron cargas que no estuviera en el deber jurídico de soportar, puesto que sufrió los rigores del adecuado ejercicio de la acción punitiva del Estado que, en cumplimiento del deber legal y ante la existencia de razonables indicios, la vinculó como presunta coautora de los delitos investigados.Radicación: 08001-23-31-2010-00434-01 (62.864)) Actor: Carmen María Salcedo Caballero y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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26. Por otra parte, indicó que a la Alcaldía de Barranquilla no le asistía ningún tipo de responsabilidad, en razón a que dentro de sus funciones no se encuentra alguna relacionada con la administración de justicia. Tampoco se acreditó que esta entidad filtró a los medios de comunicación información relacionada con el proceso penal

de responsabilidad, en razón a que dentro de sus funciones no se encuentra alguna relacionada con la administración de justicia. Tampoco se acreditó que esta entidad filtró a los medios de comunicación información relacionada con el proceso penal que se adelantó en contra de la demandante.

27. Finalmente, frente a la responsabilidad que se endilgó a las entidades del sector privado, indicó que no se encuentra probado ni siquiera de manera sumaria el daño, pues se acreditó que en las ediciones del 27 al 31 de octubre, del 2 al 24 de noviembre de 2007 y del 28 de abril de 2008, los diarios dieron a conocer información verídica sobre la vinculación de la demandante a la investigación penal adelantada con el fin de esclarecer posibles hechos de corrupción, divulgación que se produjo dentro del marco del principio de libertad de prensa contenido en el artículo 20 constitucional.

28. Al lado de ello, señaló que no había lugar a la rectificación en la medida en que los hechos publicados atendieron a situaciones de carácter objetivo que se presentaron entre los años 2007 y 2008, sin que tuvieran el alcance de constituir un daño indemnizable9.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

29. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar el fallo del a quo y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.

30. Como argumentos concretos de disenso expuso que:

1. se evidenció un error judicial, toda vez que se impuso una medida de aseguramiento sin el cumplimiento de los requisitos de la ley y con desconocimiento

pretensiones de la demanda.

30. Como argumentos concretos de disenso expuso que:

1. se evidenció un error judicial, toda vez que se impuso una medida de aseguramiento sin el cumplimiento de los requisitos de la ley y con desconocimiento de las pruebas recaudadas;

1. contrario a los señalamientos del a quo, sí se acreditó un daño cierto, en tanto que, como consecuencia de la vinculación a un proceso penal -que concluyó con preclusión-, se le impidió a la demandante deambular libremente por temor a la acción de las autoridades;

1. el a quo no definió la responsa bilidad atribuida a la Alcaldía de Barranquilla derivada de la expedición del Informe Evaluativo de la Licitación Pública 004 de 2006, pues, como lo indicó el hecho 25 de la demanda, la firma contenida en ese

9 Folios 664 a 701 del cuaderno principal.Radicación: 08001-23-31-2010-00434-01 (62.864)) Actor: Carmen María Salcedo Caballero y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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documento era espuria, aspecto que resultó evid ente en las consideraciones de la providencia preclusoria;

1. el a quo no precisó por qué no hay daño atribuible a los medios de comunicación, siendo claro que no rectificaron las noticias divulgadas, si su deber es informar los resultados de las investigaciones, máxime cuando son favorables a los procesados10.

31. En proveído del 29 de noviembre de 201811, esta Corporación admitió el recurso

resultados de las investigaciones, máxime cuando son favorables a los procesados10.

31. En proveído del 29 de noviembre de 201811, esta Corporación admitió el recurso de apelación y, el 18 de marzo siguiente, corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y a l Ministerio Público para que rindiera concepto 12, oportunidad en la cual la Fiscalía General de la Nación solicitó confirmar la sentencia, pues la medida de aseguramiento nunca se hizo efectiva y, en esa medida, no se evidenció la existencia de un daño cie rto. Con todo, sostuvo que hasta el momento en que se definió la situación jurídica con medida de aseguramiento mediaban los indicios suficientes para inferir la posible responsabilidad que se le endilgó a la procesada, a lo que se sumó que la preclusión tuvo por causa la existencia de una prueba sobreviniente – resultados del informe pericial grafológico-, lo que no descalificó la actuación surtida hasta esa etapa13.

32. Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

33. No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una nulidad o a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver el recurso de apelación indicado.

34. Previo a la definición del problema jurídico, la Sala encuentra oportuno precisar que, si bien el reproche que se le endilgó a la Fiscalía subyace en el aparente error judicial contenido en la providencia del 22 de noviembre de 2007, a través de la cual se definió la situación jurídica de la señora Salazar Caballero con medida de

judicial contenido en la providencia del 22 de noviembre de 2007, a través de la cual se definió la situación jurídica de la señora Salazar Caballero con medida de aseguramiento -aspecto que definió el a quo y que se controvirtió en apelación -, lo cierto es que el análisis de responsabilidad no se podrá conducir desde los lineamientos de ese específico título de imputación, por cuanto la evidencia probatoria reveló que la referida decisión no se encuentra en firme, pues quedó sin efectos por cuenta de su revocatoria, lo que se dispuso en decisión del 7 de febrero de 200814, proferida por la Fiscalía Quinta Especializada de Barranquilla.

10 Folio 703 a 705cuaderno principal. 11 Folio 712 del cuaderno principal. 12 Folio 714 del cuaderno principal. 13 Folios 335 a 340 del cuaderno principal. 14 Folios 116 a 119 del cuaderno 1.Radicación: 08001-23-31-2010-00434-01 (62.864)) Actor: Carmen María Salcedo Caballero y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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35. Así las cosas, por carecer del requisito de firmeza, supuesto atendible para este especifico título de imputación15, resulta improcedente su análisis debiéndose dirigir el estudio hacia los criterios del régimen general de responsabilidad de la falla en el servicio, sin que con tal derrotero se modifique la causa petendi, ni los supuestos de la demanda; no empero, resulta forzoso analizar la caducidad de la acción,

el estudio hacia los criterios del régimen general de responsabilidad de la falla en el servicio, sin que con tal derrotero se modifique la causa petendi, ni los supuestos de la demanda; no empero, resulta forzoso analizar la caducidad de la acción, aspecto que por tratarse de un presupuesto proces al deberá abordarse al margen del silencio del a quo o de las alegaciones de las partes.

36. Así las cosas, ha de considerarse que la decisión del 7 de febrero de 2008 en cuanto revocó la medida de aseguramiento dispuesta en proveído del 22 de noviembre de 20 07 quedó en firme el 27 de febrero de 2008 16, de manera que el plazo para demandar a través de la acción de reparación directa los eventuales daños derivados de la medida de aseguramiento -artículo 136 del C.C.A-. aplicable al asunto-, fenecía el 1º de marzo de 201017.

37. Sin embargo, como se presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 14 Judicial II para asuntos administrativos, el cómputo quedó suspendido desde el 20 de noviembre de 200918 cuando faltaban 3 meses y 9 días para que operara la caducidad y se reanudó el 19 de febrero 2010 cuando se declaró fallido el trámite conciliatorio, por tanto, la demanda podía promoverse hasta el 29 de mayo siguiente, pero como ello ocurrió el 18 de junio de 2010, resultó claro que para ese momento feneció la oportunidad para el ejercicio oportuno de la acción.

38. Así las cosas, respecto de la imputación relativa a los eventuales daños derivados de la medida de aseguramiento dispuesta en providencia del 22 de

para ese momento feneció la oportunidad para el ejercicio oportuno de la acción.

38. Así las cosas, respecto de la imputación relativa a los eventuales daños derivados de la medida de aseguramiento dispuesta en providencia del 22 de noviembre de 2007, operó la caducidad de la acción de reparación directa, por lo que la Sala la declarará de manera oficiosa.

Problema jurídico

39. Definido lo anterior, el objeto que será materia de análisis y determinación se circunscribe a verificar si, en los términos del recurso de apelación: i) si se causaron daños a la señora Carmen María Salcedo Cabello por cuenta de la vinculación al proceso penal el cual concluyó con resolución de preclusión; ii) le asiste responsabilidad a la Alcaldía de Barranquilla por la expedición del Informe Evaluativo de la Licitación Pública 004 de 2006; y, iii) si le asiste responsabilidad a los diarios El Heraldo y La Libertad, por omitir rectificar la divulgación sobre el proceso penal, dado que no informaron la preclusión de la investigación.

15 Artículos 66 y 67 de la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia-. 16 Teniendo en cuenta que se notificó el 21 de febrero de 2008 (folio 119 del cuaderno 1). 17 Día siguiente hábil, pues el 28 de febrero de 2010 era domingo 18 Folio 199 del cuaderno 1.Radicación: 08001-23-31-2010-00434-01 (62.864)) Actor: Carmen María Salcedo Caballero y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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Actor: Carmen María Salcedo Caballero y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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Responsabilidad por la vinculación a un proceso penal

40. Se alegó en apelación que el a quo no analizó que el daño derivado de la vinculación de la señora Salazar Caballero fue cierto, pues se le impidió a la demandante el pleno ejercicio del derecho a la libertad personal.

41. Al respecto, ha de considerarse que la realidad probatoria reveló que, tras las labores investigativas adelantadas por el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, se puso en conocimiento los posibles hechos de corrupción administrativa que se venían presentando en METROTRÁNSITO S.A., en concreto, relacionados con el contrato adjudicado a CUBISA LTDA., referente al arrendamiento de vehículos de servicio público19.

42. Asimismo, se evidenció que en diligencia de indagatoria rendida el 7 de noviembre de 2007, la señora Salcedo Caballero, quien trabajó como tesorera de METROTRÁNSITO S.A., adujo que la firma que aparecía en el documento denominado Informe Evaluativo de Licitación Pública 004 de 2006 no era la suya, lo que dio lugar a que la Fiscalía tomara muestras para posterior cotejo20.

43. Luego de esto, en resolución de 22 de noviembre de 2022, el ente instructor resolvió la situación jurídica de la referida señora Salcedo Caballero con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por los de litos de concierto para delinquir y falsedad en documento público, para lo cual señaló que el informe

resolvió la situación jurídica de la referida señora Salcedo Caballero con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por los de litos de concierto para delinquir y falsedad en documento público, para lo cual señaló que el informe evaluativo -cuya firma se presumía auténtica, por cuanto no se había arrimado resultado del cotejo dactilar - y la declaración del señor Holman Álvarez Niñ o, comprometían su participación dentro de la industria criminal que se creó con el fin de afectar el patrimonio de METROTRÁNSITO21.

44. La medida de aseguramiento anterior fue revocada el 7 de febrero de 2008, por cuanto se obtuvo prueba sobreviniente -resultado del informe pericial grafológicoque dejó en evidencia que la firma de la señora Salcedo Caballero contenida en el informe no correspondía a la suya y, por lo mismo, se había debilitado la prueba indiciara; en consecuencia, se canceló la orden de captura emitida en su contra22.

45. Finalmente, la Fiscalía precluyó la investigación penal, en providencia del 19 de junio de 2008, por considerar que no obraban pruebas para considerar la eventual responsabilidad penal que le reprochó a la procesada23.

19 Folios 34 y 35 del cuaderno 1. 20 Folios 19 a 25 del cuaderno 1. 21 Folios 85 a 87 del cuaderno 1. 22 Folios 116 a 119 del cuaderno 1 23 Folios 129 y siguientes del cuaderno 1Radicación: 08001-23-31-2010-00434-01 (62.864)) Actor: Carmen María Salcedo Caballero y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

23 Folios 129 y siguientes del cuaderno 1Radicación: 08001-23-31-2010-00434-01 (62.864)) Actor: Carmen María Salcedo Caballero y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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46. En contexto con la realidad probatoria, se tiene claro que la señora Salcedo Caballero permaneció vinculada, en calidad de coautora, a una investigación penal por los delitos de concierto para delinquir y falsedad en documento, investigación en la cual se dictó una medida de aseguramiento, que precluyó porque sobrevino un elemento de juicio que debilitó la prueba de cargo.

47. Sin embargo, se advierte que ningún daño derivado de la investigación penal podía reclamarse en sede de la presente acción indemnizatoria, pues, de manera basilar, la Sala halla acreditado -incluso desde las afirmaciones contenidas en el libelo de la demandaque la señora Salcedo Caballero no compareció al proceso ni la medida de detención pudo hacerse efect