CE - 080012331000201000527011SENTENCIA20230801124917

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 5 de junio de 2023

Radicación: 08001-23-31-000-2010-00527-01 (54.772) Actor: Manuel Antonio Rivera Hernández y otros Demandado: Nación – Rama judicial y otros Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD (LEY 906 de 2004) – Análisis sustantivo: Responsabilidad extracontractual del Estado por pri vación injusta de la libertad – Falla en el servicio – Ilegalidad de medida de aseguramiento

Síntesis del caso: el demandante fue capturad o, en cumplimiento de la orden de captura dictada por un juzgado, debido a su presunta participación en la conducta penal de hurto calificado. Enseguida, se legalizó su captura, se formuló imputación y se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario . Luego, la fiscalía formuló acusación en su contra por el delito investigado . Finalmente, se dictó sentencia absolutoria a su favor

Conoce la Sala los recursos de apelación interpuesto s por la Nación-Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación en contra de la Sentencia proferida el 11 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de Atlántico, Subsección de

Conoce la Sala los recursos de apelación interpuesto s por la Nación-Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación en contra de la Sentencia proferida el 11 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de Atlántico, Subsección de descongestión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda1.

La Sala es competente para proferir esta providencia, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de una Sentencia dictada por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de c onformidad con lo previsto por el artículo 73

1 En la parte resolutiva se dispuso lo siguiente (se trascribe): “PRIMERO: Declárese no probada la excepción de falta de legitimación por pasiva, propuestas por las accionadas Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia. Declárese no probada la excepción denominada culpa de un tercero, propuesta por la demandada Nación -Fiscalía General de la Nación, de conformidad con la parte motiva de este proveído. //SEGUNDO: Declárese probada la excepción de falta de legitimación por pasiva, propuesta por la accio nada Nación -Policía Nacional, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia. // TERCERO: Declárase a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación administrativamente responsables de los daños causados a los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Manuel Antonio Rivera Hernández desde el 29 de junio de 2008 al 11 de mayo de 2009 [fecha de lectura se sentencia absolutoria] y según lo indicado en la parte motiva de

privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Manuel Antonio Rivera Hernández desde el 29 de junio de 2008 al 11 de mayo de 2009 [fecha de lectura se sentencia absolutoria] y según lo indicado en la parte motiva de esta providencia. Como consecuencia de la declaración anterior conde nase a la Nación -Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación, a pagar en partes iguales (50% cada una), por concepto de perjuicios morales, las sumas que a continuación se relacionan y a favor de las personas que se indican: // Para el señor Manuel Antonio Rivera Hernández, en calidad de víctima, la suma equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo. Para Elsy Esther Rivera Medrano, Elmisxyulan Rivera Medrano, Mercedes Rivera Mejía, Jassir Antonio Rivera Mejía y Jader Rafael Rivera Mejía, en calidad de hijos de la víctima, quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de ellas en el momento de ejecutoria del presente fallo. Para la señora Mercedes Hernández Montenegro, en calidad de madre de la víctima, quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellas [sic] en el momento de ejecutoria del presente fallo. Para la señora Francisca Medrano Torres, en calidad de compañera permanente, quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de ellas [sic] en el momento de ejecutoria del presente fallo. Para el señor Oswaldo Rafael Rivera Montenegro, en calidad de hermano de la víctima, siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos [sic] en el momento de ejecutoria del presente fallo. // TERCERO [s ic]:

el señor Oswaldo Rafael Rivera Montenegro, en calidad de hermano de la víctima, siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos [sic] en el momento de ejecutoria del presente fallo. // TERCERO [s ic]: DENIEGANSE las demás pretensiones de la demanda según la parte motiva de esta providencia (…)”.Radicación: 08001-23-31-000--2010-00527-01 (54.772) Actor: Manuel Antonio Rivera Hernández y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica Sentencia que accedió parcialmente __________________________________________________________________________________ 2 de 16

de la Ley 270 de 19962.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.

Sentencia de primera instancia; 1.4. Recursos de apelación; 1.5 Trámite relevante en segunda instancia

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 27 de julio de 2010 , Manuel Antonio Rivera Hernández , con su grupo familiar, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa , en contra de la Nación – Rama Judicial, Ministerio de Defensa-Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, para que se les declarara responsables por la privación injusta de su libertad3.

2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa la siguiente (se

trascribe):

“1. La Nación-Rama Judicial-Policía Nacional-Fiscalía General de la Nación son

la privación injusta de su libertad3.

2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa la siguiente (se

trascribe):

“1. La Nación-Rama Judicial-Policía Nacional-Fiscalía General de la Nación son administrativamente responsables de los perjuicios morales causados a los señores MANUEL ANTONIO RIVERA HERNÁNDEZ (víctima), actuando en nombre propio y en representación de su menor hija ELSY ESTHER RIVERA MEDRANO; así como de FRANCISCA MEDRANO TORRE S (compañera permanente de la

víctima), ELMIXYULAN RIVERA MEDRANO, MERCEDES RIVERA MEJÍA, JASSIR

ANTONIO RIVERA MEJÍA, JADER RAFAEL RIVERA MEJÍA, JESSICA VANESSA ARROYO MEDRANO, JEIMITH TOMASA CARRASCAL MEDRANO (hijos de la víctima), MERCEDES HERNÁNDEZ MON TENEGRO (madre de la víctima), OSWALDO RAFAEL RIVERA MONTENEGRO ( Hermano de la víctima); por falt a o falla de servicio de la administración (Nación -Rama Judicial -Policía NacionalFiscalía General de la Nación), que condujo a que el señor MANUEL ANTONIO RIVERA HERNÁNDEZ fuera sindicado injustamente del delito de Hurto Calificado y posteriormente detenido”.

3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitaron que se condenara a la s entidades demandadas al pago de los siguientes

perjuicios:

Perjuicio Demandante Calidad Monto Perjuicios morales Manuel Antonio Rivera Hernández Víctima directa 100 SMLMV

se condenara a la s entidades demandadas al pago de los siguientes perjuicios:

Perjuicio Demandante Calidad Monto Perjuicios morales Manuel Antonio Rivera Hernández Víctima directa 100 SMLMV Francisca Medrano Torres Compañera permanente 100 SMLMV Elsy Esther Rivera Medrano Hija 100 SMLMV Elmixyulan Rivera Medrano Hija 100 SMLMV Mercedes Rivera Mejía Hija 100 SMLMV Jassir Antonio Rivera Mejía Hijo 100 SMLMV Jader Rafael Rivera Mejía Hijo 100 SMLMV Jessica Vanessa Arroyo Medrano Hija 100 SMLMV Jeimith Tomasa Carrascal Medrano Hija 100 SMLMV

2 De acuerdo con lo expuesto por la Sala Plena de esta Corporación en Auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ). 3 Folios 1 al 12 del Cuaderno del Tribunal No. 1.Radicación: 08001-23-31-000--2010-00527-01 (54.772) Actor: Manuel Antonio Rivera Hernández y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica Sentencia que accedió parcialmente __________________________________________________________________________________ 3 de 16

Mercedes Hernández Montenegro Madre 100 SMLMV Oswaldo Rafael Rivera Montenegro Hermano 80 SMLMV “Daño en familia” Manuel Antonio Rivera Hernández Víctima directa $50.000.000 Francisca Medrano Torres Compañera permanente $50.000.000 Elsy Esther Rivera Medrano Hija $50.000.000

“Daño en familia” Manuel Antonio Rivera Hernández Víctima directa $50.000.000 Francisca Medrano Torres Compañera permanente $50.000.000 Elsy Esther Rivera Medrano Hija $50.000.000 Elmixyulan Rivera Medrano Hija $50.000.000 Mercedes Rivera Mejía Hija $50.000.000 Jassir Antonio Rivera Mejía Hijo $50.000.000 Jader Rafael Rivera Mejía Hijo $50.000.000 Jessica Vanessa Arroyo Medrano Hija $50.000.000 Jeimith Tomasa Carrascal Medrano Hija $50.000.000 Mercedes Hernández Montenegro Madre $50.000.000 Oswaldo Rafael Rivera Montenegro Hermano $50.000.000 Lucro cesante Manuel Antonio Rivera Hernández Víctima directa $7.016.229

4. Como hechos que fundamenta ron las pretensiones, la parte

demandante expuso, en síntesis:

5. 1) El 28 de junio de 2008, Manuel Antonio Rivera Hernández fue capturado en cumplimiento de la orden de captura dictada por el Juzgado 6 penal m unicipal con función de control de garantías de Barranquilla. El 29 de junio siguiente , el Juzgado 1 penal municipal de Barranquilla legalizó su captura, le formuló imputació n y le impuso medida de asegurami ento de detención preventiva en su lugar de residencia, por la presunta comisión del delito de hurto calificado y agravado.

6. 2) El 7 de enero de 2009 se celebró la audiencia de formulación de acusación por la conducta investigada. El 26 de enero del mismo año se llevó

delito de hurto calificado y agravado.

6. 2) El 7 de enero de 2009 se celebró la audiencia de formulación de acusación por la conducta investigada. El 26 de enero del mismo año se llevó a cabo la audiencia preparatoria.

7. 3) El 26 de marzo de 2009, en audiencia de juicio oral, el Juzgado 11 penal de Barranquilla con funciones de conocimiento anunció el sentido de fallo absolutorio a favor del acusado. El 11 de mayo de 2009 se dio lectura de la Sentencia, sin que las partes interpusieran recursos en su contra.

1.2. Posición de la parte demandada

8. El 28 de febrero de 2011 , la Fiscalía General de la Nación presentó contestación a la demanda , en la que indicó no constarle los hechos expuestos y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante4.

En este sentido , puso de presente que la investigación se adelantó bajo las previsiones de la Ley 906 de 2004, según la cual la entidad no cuenta con la facultad de “imponer detención”. Aseguró que la presentación de la solicitud para dictar una medida de aseguramiento no puede constituirse en daño antijurídico, pues le corresponde al juez de control de garantías decidir acerca de la pertinencia o no de su adopción. De ahí que esta última entidad era la llamada a responder por el daño alegado. De otro lado, propuso la excepción del hecho de un tercero fundada en que la formulación de imputación y la

4 Folios 76 al 84 del Cuaderno del Tribunal No. 1.Radicación: 08001-23-31-000--2010-00527-01 (54.772)

del hecho de un tercero fundada en que la formulación de imputación y la

4 Folios 76 al 84 del Cuaderno del Tribunal No. 1.Radicación: 08001-23-31-000--2010-00527-01 (54.772) Actor: Manuel Antonio Rivera Hernández y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica Sentencia que accedió parcialmente __________________________________________________________________________________ 4 de 16

solicitud de medida de aseguramiento se sustentó en los elementos probatorios entregados por los investigadores de la Policía Nacional.

9. EL mismo día , la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional presentó contestación a la demanda5. Para el efecto, indicó haber actuado en cumplimiento de deberes constitucionales y legales, por lo que resaltó que los informes elaborados carecían de valor probatorio y le correspondía a la fiscalía recaudar los elementos de convencimiento válidos para sustentar sus peticiones. Por ello, señaló su falta de legitimación pasiva en la causa.

10. El 7 de marzo de 2011, la Rama Judicial contestó la demanda, en la que se opuso a las pretensiones allí formuladas 6. En su escrito sostuvo que no se configuraron los supuestos de un error judicial, por tanto, de concluirse la responsabilidad estatal esta debía ser atribuida únicamente a la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de la investigación y quien acude al proceso de manera autónoma. Por lo anterior, alegó su falta de legitimación pasiva en la causa.

1.3. Sentencia de primera instancia

11. El 11 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo de Atlántico, Subsección

al proceso de manera autónoma. Por lo anterior, alegó su falta de legitimación pasiva en la causa.

1.3. Sentencia de primera instancia

11. El 11 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo de Atlántico, Subsección de descongestión, dictó Sentencia de primera instancia , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda 7. Como argumentos de fondo, sostuvo que la privación de la libertad de Manuel Antonio Rivera Hernández fue injusta, deb ido a la imposibilidad de desvirtuar su presunción de inocencia dentro del proceso penal, por lo que se le causó un daño antijurídico que debía ser reparado. Por lo anterior, declaró la responsabilidad de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación y las condenó, en partes iguales, al pago de perjuicios morales por el equivalente a 40 SMLMV a favor de la víctima directa , de 15 SMLMV a favor de sus hijos Elsy Esther Rivera Medrano, Elmisxyulan Rivera Medrano, Mercedes Rivera Mejía, Jassir Antonio Rivera Mejía y Jader Rafael Rivera Mejía , su madre Mercedes Hernández Montenegro y su compañera permanente Francisca Medrano Torres ; y de 7

SMLMV, a favor de su hermano Oswaldo Rafael Rivera Montenegro.

1.4. Recursos de apelación

12. Inconforme con la anterior decisión, el 10 de noviembre de 2014, la Fiscalía General de la Nación presentó su recurso de apelación8. Al respecto, aseguró haber actuado en cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales, por lo que advirtió la inexistencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o una privación injusta de la

aseguró haber actuado en cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales, por lo que advirtió la inexistencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o una privación injusta de la libertad. Reiteró que la decisión sobre la adopción de la medida de

5 Folios 147 al 150 del Cuaderno del Tribunal No. 1. 6 Folios 67 al 75 del Cuaderno del Tribunal No. 1. 7 Folios 228 al 240 del Cuaderno del Consejo de Estado. 8 Folios 242 al 252 del Cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 08001-23-31-000--2010-00527-01 (54.772) Actor: Manuel Antonio Rivera Hernández y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica Sentencia que accedió parcialmente __________________________________________________________________________________ 5 de 16

aseguramiento le está asignada al juez de control de garantías y la formulación de la postulación, a cargo de la fiscalía, “no constituye un factor determinante en la decisión”.

13. El 4 de noviembre de 2014 , la Rama Judicial sustentó el recurso de apelación, con el fin de que la Sentencia de primera instancia fuera revocada y, en su lugar, se negaran las pretensiones9. Argumentó que su actuación tuvo respaldo en los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida que la fiscalía exhibió durante el desarrollo de las audiencias preliminares, en las cuales no se discut ió la responsabilidad del procesado .

Indicó que el proceso avanzó hasta la etapa de juicio , en virtud de la acusación formulada por la fiscalía, sin embargo, las pruebas presentadas no

preliminares, en las cuales no se discut ió la responsabilidad del procesado . Indicó que el proceso avanzó hasta la etapa de juicio , en virtud de la acusación formulada por la fiscalía, sin embargo, las pruebas presentadas no fueron contundentes para sustentar un fallo condenatorio. A partir de lo anterior, explicó la inexistencia de un nexo de causalidad entre las decisiones de los jueces penales y el daño antijurídico ocasionado. Por último, objetó los perjuicios solicitados, porque no se encontraban debidamente acreditados.

1.5. Trámite relevante en segunda instancia

14. Mediante Auto de 21 de marzo de 2023, esta Subsección, en uso de sus facultades oficiosas, requirió a la parte actora para que allegara el registro civil de nacimiento de Manuel Rivera Hernández, con el objeto de establecer su parentesco en relación con algunos de los demandantes 10. Así, el 12 de mayo del mismo año, el apoderado dio respuesta a lo solicitado11

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad; 2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño; 2.5. Indemnización de perjuicios; 2.6. Costas

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

15. La Sentencia de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones formuladas con ocasión de la privación injusta de la libertad de Manuel Antonio Rivera Hernández, dentro del proceso penal que se siguió en

15. La Sentencia de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones formuladas con ocasión de la privación injusta de la libertad de Manuel Antonio Rivera Hernández, dentro del proceso penal que se siguió en su contra por el delito de hurto calificado agravado. En esta instancia , las demandadas solicitaron que la decisión sea revocada porque, de un lado, la fiscalía actuó en cumplimiento de sus funciones , dentro de las cuales no se encuentra el decreto de la med ida de aseguramiento y, de otro , la Rama Judicial sostuvo que la decisión sobre la medida de aseguramiento fue legal, de conformidad con los elementos presentados por la fiscalía y que, en todo

9 Folios 326 al 330 del Cuaderno del Consejo de Estado. 10 Folio 415 del Cuaderno del Consejo de Estado. 11 Ver índice 29. Los documentos aportados fueron pues tos en conocimiento de las demandadas, de conformidad con el artículo 289 del CPC.Radicación: 08001-23-31-000--2010-00527-01 (54.772) Actor: Manuel Antonio Rivera Hernández y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica Sentencia que accedió parcialmente __________________________________________________________________________________ 6 de 16

caso, la labor desplegada por esta última fue insuficiente para sustentar un fallo condenatorio. Los perjuicios reconocidos fueron objetados.

16. Dentro del expediente se encuentra probado que, Manuel Antonio Rivera Hernández fue privado de su libertad, desde el 28 de junio de 2008 hasta el 26 de marzo de 200912. Asimismo, se constató que el demandante principal fue absuelto mediante Sentencia de esta última fecha -26 de marzo de 2009Rivera Hernández fue privado de su libertad, desde el 28 de junio de 2008 hasta el 26 de marzo de 200912. Asimismo, se constató que el demandante principal fue absuelto mediante Sentencia de esta última fecha -26 de marzo de 2009proferida por el Juzgado 11 penal municipal con funciones de conocimiento de Barranquilla13.

17. La Sala decidirá el fondo del asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, se advierte que la decisión que finalizó el proceso penal quedó ejecutoriada el mismo día que fue dictada, es decir, el 26 de marzo de 2009 14, la solicitud de conciliación prejudicial suspendió el plazo entre el 1 de marzo y el 10 de mayo de 2010 y la demanda fue presentada el 27 de julio de 201015. En consecuencia, la acción se ejerció dentro del término previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

18. De acuerdo con lo anterior, la Sala anuncia que modificará la sentencia de primera instancia, en el sentido de mantener la declaratoria de responsabilidad de la Rama Judicial, porque la medida de aseguramiento no cumplió con los requisitos legales exigidos para su imposición, pero ajustará los perjuicios inmateriales, de conformidad con los criterios desarrollados por esta Subsección en casos similares. En este sentido, anuncia que, aunque no es posible establecer la falta de legit imación pasiva de la Fiscalía General de la Nación16, el daño alegado no le es atribuible. Tampoco se pronunciará respecto falta de legitimación de la Policía Nacional declarada, ni algunos de los perjuicios morales y materiales negados, debido a que no fueron objeto del

Nación16, el daño alegado no le es atribuible. Tampoco se pronunciará respecto falta de legitimación de la Policía Nacional declarada, ni algunos de los perjuicios morales y materiales negados, debido a que no fueron objeto del recurso de apelación.

19. Con ese fin, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero, identificará la existencia de un daño derivado de la afectación de l derecho a la libertad. Luego , profundizará en las razones anunciadas por las que la medida de aseguramiento adoptada no cumplió con los requisitos de ley.

Ante la ausencia del hecho de la víctima, como causal eximente de responsabilidad posible en estos casos, atribuirá el daño a la Rama Judicial. Finalmente, liquidará la indemnización de los perjuicios y declarará improcedente la condena en costas.

12 Según se acreditó con el audio de audiencia preliminar de legalización de captura en la que se indicó la fecha de captura de 28 de junio de 2008 y el audio de la audiencia de juicio oral adelantada el 26 de marzo de 2009, en el que se ordena la libertad inmediata de los procesados. Adicionalmente se estableció que, de acuerdo con en el acta de la diligencia de lectura de sentencia se ordenó “ REVOCAR la medida de as eguramiento impuesta a los acusados ” Folios 34 y CD a folio 109 del Cuaderno del Tribunal No. 1. 13 CD visible a folio109 del Cuaderno del Tribunal No. 1. 14 Así se constató con el acta y el audio de la audiencia de lectura de fallo, en la cual se dictó la sentencia absolutoria y contra esta no se interpusieron recursos. Folio 34 y Cd a folio 109 del Cuaderno del Tribunal No. 1.

14 Así se constató con el acta y el audio de la audiencia de lectura de fallo, en la cual se dictó la sentencia absolutoria y contra esta no se interpusieron recursos. Folio 34 y Cd a folio 109 del Cuaderno del Tribunal No. 1. 15 Constancia de conciliación fallida emitida por la Procuraduría 14 Judicial II para asuntos administrativos ante el Tribunal Administrativo de Atlántico. Folios 36 a 38 del Cuaderno del Tribunal No. 1. 16 En la acción de reparación directa, el presupuesto procesal de legitimación en la causa depende de las afirmaciones de la demanda. De manera que, al presentarse a la Fiscalía General de la Nación como causante del hipotético daño antijurídico alegado, le a siste legitimación pasiva en la causa, con independencia de que, por razones de fondo, se concedan o nieguen las pretensiones formuladas a su favor.Radicación: 08001-23-31-000--2010-00527-01 (54.772) Actor: Manuel Antonio Rivera Hernández y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica Sentencia que accedió parcialmente __________________________________________________________________________________ 7 de 16

2.2. Identificación del daño

20. En consideración al periodo establecido en primera instancia 17 y las pruebas indicadas anteriormente, la Sala constata que, Manuel Antonio Rivera Hernández sufrió un daño derivado de la privación de su libertad, la cual se prolongó desde el 29 de junio de 2008 hasta el 26 de marzo de 2009, es decir, por el periodo de 8 meses y 26 días.

2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad

prolongó desde el 29 de junio de 2008 hasta el 26 de marzo de 2009, es decir, por el periodo de 8 meses y 26 días.

2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad

21. En este caso, por la fecha de los hechos denunciados, la investigación penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 906 de 2004. Según esta normativa, la captura deberá ser ordenada por un juez de control de garantías18. Lo anterior, al margen de las capturas ordenadas excepcionalmente por la Fiscalía General de la Nación o en situación de flagrancia. En este último caso, el capturado será puesto a disposic ión, de manera inmediata o en el término de la distancia, ante la fiscalía 19. Una vez materializada la captura, el aprehendido será presentado ante un juez de control de garantías en el plazo máximo de 36 horas, para que se realice la respectiva audiencia de legalización.

22. Adicionalmente, si la fiscalía tiene elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que permita inferir, de manera razonable, que una persona es el autor o partícipe de un delito, le comunicará su calidad de imputado, en audiencia ante el juez de control de garantías20. Por último, la fiscalía podrá solicitar la imposición de medida de aseguramiento, para lo cual deberá indicar la inferencia razonable de autoría o participación del imputado en la conducta investigada y su necesidad, con el fin de garantizar los fines de la justicia, la protección de la comunidad y de las víctimas, así como el adecuado trámite del proceso penal. Si se trata de una medida de detención preventiva en establecimiento carcel ario,

el fin de garantizar los fines de la justicia, la protección de la comunidad y de las víctimas, así como el adecuado trámite del proceso penal. Si se trata de una medida de detención preventiva en establecimiento carcel ario, procederá respecto de los delitos de competencia de la justicia especializada o para aquellos que tengan una pena mínima prevista por la ley que sea o exceda de 4 años21.

23. Del audio de la audiencia preliminar y reservada en la que se solicitó ordenar la captura de Manuel Antonio Rivera Hernández se constató que esta

17 En la referida decisión se estableció que Manuel Antonio Rivera Hernández permaneció privado de la liber tad “desde el 29 de junio de 2008 al 11 de mayo de 2009”. En relación con esta última fecha, no hay ningún elemento que sugiera que la privación de la libertad se extendió hasta mayo de 2009, más cuando, en la audiencia de juicio oral celebrada el 26 de ma rzo de 2009 se ordenó la libertad inmediata de los procesados. Por esta razón, el período de privación trascurrió, desde el 29 de junio de 2008 hasta el 26 de marzo de 2009. Folios 142 a l 171 del Cuaderno del Tribunal No.1. 18 Artículo 297 de la Ley 906 de 2004. 19 Artículo 302 de la Ley 906 de 2004. 20 Artículos 286 y 287 de la Ley 906 de 2004. 21 Artículo 306 de la Ley 906 de 2004. Según esta disposición, la fiscalía deberá señalar “la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia (…) Escuchados los argumentos del

21 Artículo 306 de la Ley 906 de 2004. Según esta disposición, la fiscalía deberá señalar “la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia (…) Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión”.Radicación: 08001-23-31-000--2010-00527-01 (54.772) Actor: Manuel Antonio Rivera Hernández y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica Sentencia que accedió parcialmente __________________________________________________________________________________ 8 de 16

fue librada con fundamento en las aparentes inconsistencias en su relato respecto de su participación en el hurto ocurrido el 21 de junio de 2008, cuando varios sujetos ingresaron al establecimiento de comercio Molino Barranquillita S.A., y mediante el uso de sopletes e indumentaria industrial se apoderaron de elementos resguardados en cajas de seguri dad por un va lor cercano a los $50.000.000 . Según la petición del fiscal, la versión de Manuel Rivera, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como vigilante del establecimiento, no correspondía con la realidad de lo ocurrido.

24. De un lado, porque afirmó que su presencia en la escena obedeció al llamado de urgencia de su compañero de turno, ya que él se encontraba prestando vigilancia en la parte trasera de la bodega del molino. Cuando llegó a la entrada principal , observó que su compañero estaba siendo intimidado por dos sujetos que portaban armas de fuego y, en ese momento, fueron conducidos al segundo piso, los encerraron en un armario contiguo a

llegó a la entrada principal , observó que su compañero estaba siendo intimidado por dos sujetos que portaban armas de fuego y, en ese momento, fueron conducidos al segundo piso, los encerraron en un armario contiguo a las escaleras, ataron sus manos con “ zunchos” y fueron dejados en ese lugar en estado de indefensión. Lo anterior, no resultaba