CE - 080012331000201200247011SENTENCIA20230926150942

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 08001-23-31-000-2012-00247-01 (55.206)

Demandantes: LUIS HENRY VARÓN OCHOA Y OTROS

Demandados: FISCALÍA GENERAL DE LA NACION - RAMA

JUDICIAL Acción: REPARACIÓN DIRECTA - CCA Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - ERROR JUDICIALDEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Síntesis del caso: con ocasión de una investigación penal , se determinó que en un contrato de compraventa celebrado para la adquisición de un bien inmueble se utilizó un poder falso por parte de quien supuestamente representaba al vendedor, por lo cual se profirió resolución de acusación en su contra como autor del delito de fraude procesal y como consecuencia se ordenó la cancelación de la escritura pública mediante la cual se protocolizó la venta y del registro correspondiente en el folio de matrícula inmobiliaria. Mientras se decidía el recurso de apelación ins taurado contra la resolución de acusación operó la prescripción de la acción penal y por ello se dispuso la preclusión de la investigación, sin que la fiscalía instructora se pronunciara frente a la vigencia de la orden de cancelación de registros adoptada. El demandante, en condición de comprador del inmueble, tercero de buena fe, reclama la responsabilidad de la s entidades demandadas por la determinación de

cancelación de registros adoptada. El demandante, en condición de comprador del inmueble, tercero de buena fe, reclama la responsabilidad de la s entidades demandadas por la determinación de cancelación de la escritura pública a través de la cual se hi zo dueño del bien y por la comunicación anticipada de esta orden sin que la resolución de acusación alcanzara ejecutoria.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 655 a 657 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo del Atlántico - Subsección de Descongestión (fls. 643 a 653 cdno. apelación) que dispuso:

“1.- DECLÁRESE PROBADA la excepción de indebida legitimación por pasiva planteada por el apoderado judicial de la Nación - Rama Judicial, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

2.- NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con los razonamientos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

3.- Sin condena en costas. (fls. 652 vlto. y 653 cdno. apelación - negrillas y mayúsculas fijas del texto original).Expediente 08001-23-31-000-2012-00247-01 (55.206) Actor: Luis Henry Varón Ochoa y otros Reparación directa Apelación sentencia

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I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 28 de marzo de 2012 (fl. 870 cdno. ppal. 2), los señores

Apelación sentencia

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I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 28 de marzo de 2012 (fl. 870 cdno. ppal. 2), los señores Luis Henry Varón Ochoa, Carmen Rocío Trujillo García, María del Carmen Varón Quimbayo, Sandra Lucia Varón Vallejo, Luis Henry Varón Quimbayo, Juan Carlos Varón Parada, Margarhedt Jhoana Varón Quimba yo, Martha Catalina Varón Castaño, Juan Camilo Varón Álzate, Lady Alejandra Varón Beltrán, Jhon Henry Varón Ortiz y Lisette Varón Carvajal , por intermedio de apoderado judicial , promovieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo en contra de la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación (fls. 870 a 884 cdno. ppal. 2) con las siguientes súplicas:

“DECLARACIONES Y CONDENAS:

PRIMERA: Que la Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación - es responsable de los perjuicios morales y materiales causados al demandante Luis Henry Varón Ochoa, por falla del servicio, con ocasión del despojo y la expropiación por vía de hecho de que fue objeto por parte de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía Veintisiete de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, de Justicia y Otros, de Barranquilla, en virtud de las providencias calendadas el 30 de agosto de 2001 (sic), mediante la cual decretó el embargo del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 192 -0001.584, ubicado en la Vereda La

Barranquilla, en virtud de las providencias calendadas el 30 de agosto de 2001 (sic), mediante la cual decretó el embargo del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 192 -0001.584, ubicado en la Vereda La Estación del Municipio de Chiriguaná Cesar, comunicada con oficio No. 2.108 de agosto 31 del mismo año; y de fecha 12 de mayo de 2006, mediante la cual formuló resolución de acusación y ordenó la cancelación de la Escritura Pública No. 2.253 corrida en la Notaría Segunda del Círculo de Armenia Quindío el 28 de junio de 2001 y la cancelación del registro que de dicha escritura se hizo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chimichagua, Cesar, decisión comunicada con oficio No. 210 de 12 de mayo de 2006, decisión esta ultima que se hizo efectiva, es decir, la cancelación del registro, el 30 de junio de 2006, de lo cual da cuenta el certificado de tradición correspondiente a la Matrícula Inmobiliaria No. 192-1584.

SEGUNDA: Que como consecuencia de los hechos antes referidos, la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación - es responsable de los perjuicios morales causa dos a los demandantes Carmen Rocío

Trujillo García, María del Carmen Varón Quimbayo, Sandra Lucía Varón Vallejo, Luis Henry Varón Quimbayo, Juan Carlos Varón Parada, Margarhedt Jhoana Varón Quimbayo, Martha Catalina Varón Castaño, Juan Camilo Varón Álzate, Lady Alejandra Varón Beltrán, Jhon Henry Varón Ortiz y Lisette Varón Carvajal.Expediente 08001-23-31-000-2012-00247-01 (55.206)

Juan Camilo Varón Álzate, Lady Alejandra Varón Beltrán, Jhon Henry Varón Ortiz y Lisette Varón Carvajal.Expediente 08001-23-31-000-2012-00247-01 (55.206) Actor: Luis Henry Varón Ochoa y otros Reparación directa Apelación sentencia

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TERCERA: Que como consecuencia del desp ojo y expropiación de que lo hizo objeto la Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación – está obligada a pagar al demandante Luis Henry Varón Ochoa, los perjuicios materiales ocasionados, los cuales se tasan a junio de 2012 en

la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.344.792.000), los cuales se discriminan así: a) La suma de TRES MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.206.060.000 ) por concepto de daño emergente y MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.138732.000), por concepto de daño emergente, según el experticio practicado por el perito Carlos Enrique Aristizábal Cortés (…).

CUARTA: Que la Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación - está obligada a pagar a Luis Henry Varón Ochoa el valor equivalent e a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de la sentencia, por concepto de perjuicios morales.

QUINTA: Que la Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación

cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de la sentencia, por concepto de perjuicios morales.

QUINTA: Que la Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación está obligada a pagar el valor equivalente a cien (100) sa larios mínimos legales mensuales vigentes para la época de la sentencia, por concepto de perjuicios morales a los demandantes Carmen Rocío Trujillo García,

María del Carmen Varón Quimbayo, Sandra Lucía Varón Vallejo, Luis Henry Varón Quimbayo, Juan Carlos Varón Parada, Margarhedt Jhoana Varón Quimbayo, Martha Catalina Varón Castaño, Juan Camilo Varón Álzate, Lady Alejandra Varón Beltrán, Jhon Henry Varón Ortiz y Lisette Varón Carvajal.

SEXTA: Que la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación debe pagar las costas y costos del proceso, incluidas las agencias en derecho.

SÉPTIMA: Que la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación está obligada a dar cumplimiento a la sentencia conforme a lo previsto en los artículos 176, 177 y 178 de l Código Contencioso Administrativo. (fls. 871 a 872 cdno. ppal. 2 - mayúsculas fijas y negrillas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1. Julio César Fajardo Sánchez formuló denuncia penal ante la Dirección Seccional de Fiscalías delegadas de Barranquilla, en contra de Alfonso Gómez Duque por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.

1. Julio César Fajardo Sánchez formuló denuncia penal ante la Dirección Seccional de Fiscalías delegadas de Barranquilla, en contra de Alfonso Gómez Duque por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.

1. La denuncia obedeció a que el señor Alfonso Gómez Duque, autorizado medianteExpediente 08001-23-31-000-2012-00247-01 (55.206) Actor: Luis Henry Varón Ochoa y otros Reparación directa Apelación sentencia

4 poder suscrito por el señor Julio César Fajardo Sánchez, vendió al señor Luis Henry Varón Ochoa el predio rural denominado El Molino o Playas Verdes, hoy “ Villa Cristina”, ubicado en la vereda “La Estación” en jurisdicción del municipio de Chiriguaná (Cesar) e identificado con la matrícula inmobiliaria número 192-1584 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chimichagua (Cesar), venta que se protocolizó el 28 de junio de 2001 a través de escritura pública número 2.253 ante la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Armenia (Quindío) y registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chimichagua el 4 de julio de 2001; no obstante, el señor Julio César Fajardo Sánchez afirmó que nunca había autorizado al señor Alfonso Gómez Duque para realizar una venta del bien de su propiedad y que el poder era falso.

1. El 30 de agosto de 2001, la Fiscalía Veintisiete Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla (Atlántico) dispuso la apertura de instrucción, decretó el

propiedad y que el poder era falso.

1. El 30 de agosto de 2001, la Fiscalía Veintisiete Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla (Atlántico) dispuso la apertura de instrucción, decretó el embargo del inmueble objeto de compraventa y comunicó esta determinación a la Oficina de Registro de Instrumen tos Públicos de Chimichagua (Cesar ) mediante oficio 2108 de 31 de agosto de 2001, registrado el 12 de diciembre de 2001, fecha a partir de la cual el inmueble quedó por fuera del comercio en detrimento de los intereses patrimoniales del señor Luis Henry Varón Ochoa, comprador del bien.

1. El 12 de mayo de 2006, la Fiscalía Veintisiete Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla i) dictó resolución de acusación en contra del señor Alfonso Gómez Duque como presunto responsable del delito de fraude procesal; ii) ordenó la cancelación tanto de la escritura pública número 2.253 del 28 de junio de 2001 como del registro respectivo que de dicha escritura se hizo ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chimichagua ; iii) decretó la nulidad “del documento poder especial de fecha junio 26 de 2001, otorgado falsamente por Julio César Fajardo Sánchez a Alfonso Gómez Duque” (fl. 871 cdno. ppal. 2) y, iv) ordenó levantar la medida de embargo dispuesta mediante resolución de 30 de agosto de

2001.

1. El mismo día que calificó el mérito del sumario y sin que aún dicha decisión cobrara firmeza, la fiscalía comunicó al Registrador de Instrumentos Públicos de

levantar la medida de embargo dispuesta mediante resolución de 30 de agosto de 2001.

1. El mismo día que calificó el mérito del sumario y sin que aún dicha decisión cobrara firmeza, la fiscalía comunicó al Registrador de Instrumentos Públicos de Chimichagua y a la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Armenia que la escrituraExpediente 08001-23-31-000-2012-00247-01 (55.206) Actor: Luis Henry Varón Ochoa y otros Reparación directa Apelación sentencia

5 pública número 2.253 y la orden de registro fueron canceladas en decisión del 12 de mayo de 2006. Las comunicaciones se registraron el 30 de junio de 2006 en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria y con ello se despojó al aquí demandante “por vía de hecho”, de su propiedad.

1. El apoderado del investigado recurrió en apelación la resolución de acusación, recurso que fue asignado para su conocimiento al Fiscal Cuarto delegado ante el

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

1. Mientras se surtía la segunda instancia en relación con la resolución de acusación, el señor Luis Henry Varón Ochoa mediante memorial del 28 de febrero de 2008 dirigido al Fiscal Veintisiete Seccional de Barranquilla le solicitó comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públic os de Chimichagua “que se dejaba sin valor el contenido del oficio 210 de 12 de mayo de 2006 y quedaba vigente la medida cautelar” (fl. 871 cdno . ppal. 2) , sin embargo, el fiscal instructor no se pronunció frente a esa petición y tampoco la remitió a quien consideraba competente para resolverla.

medida cautelar” (fl. 871 cdno . ppal. 2) , sin embargo, el fiscal instructor no se pronunció frente a esa petición y tampoco la remitió a quien consideraba competente para resolverla.

1. La Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Barranquilla, encargada de resolver el recurso de apelación contra la resolución de acusación, mediante proveído del 14 de julio de 2008 remitió por competencia el conocimiento de la segunda instancia a la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquill a quien, en Resolución de 15 de enero de 2010 , dispuso la preclusión de la investigación seguida en contra de Alf onso Gómez Duque por extinción de la acción penal debido a que ocurrió la prescripción y, en consecuencia, ordenó el levantamiento de la medida cautelar de embargo del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 192-0001584, no obstante, la fiscalía de segunda instancia no se pronunció frente a las órdenes que cancelaban la escritura pública número 2.253 de 28 de junio de 2001 ni la anulación de su registro “por considerar que dichas órdenes no se habían ejecutado” (fl. 875 cdno. ppal. 2) por la falta de firmeza de la resolución dentro de la cual se adoptaron.

1. Existe responsabilidad patrimonial extracontractual de la Fiscalía General de la Nación, por cuanto i) el señor Luis Henry Varón Ochoa fue despojado de un bien

legítimamente adquirido ya que, no se demostró la existencia del delito imputado,Expediente 08001-23-31-000-2012-00247-01 (55.206) Actor: Luis Henry Varón Ochoa y otros Reparación directa Apelación sentencia

6 es decir, no se probó la falsedad del memorial poder que facultó al señor Alfonso Gómez Duque para transferir la propiedad del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 192 -1584 y, ii) la fiscalía instructora vulneró el derecho del debido proceso del señor Luis Henry Varón Ochoa , pues, comunicó a la Notaría Segunda del Círculo de Armenia la decisión de cancelar la escritura pública número 2.253 de 28 de junio de 2001 y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chimichagua la decisión de anular el registro de la aludida escritura cuando aún no había cobrado firmeza la providencia que dispuso dichas cancelaciones, y esta conducta no solo despojó a los demandantes del bien inmueble, lo cual representa un detrimento en su patrimonio económico, sino que , además, afectó el buen nombre del señor Luis Henry Varón Ochoa y le causó perjuicios morales porque pasó de ser reconocido como un respetable agri cultor y ganadero en diferentes regiones del país , a ser “mirado con recelo por parte de algunas personas, por el hecho de haber estado involucrado en un negocio en el que no solo perdió el precio pagado por el inmueble ($750.000.000)” y sometido a “un proceso penal como posible partícipe en la comisión de un delito” (fl. 876 cdno. ppal. 2).

3. Contestación de las entidades demandadas

pagado por el inmueble ($750.000.000)” y sometido a “un proceso penal como posible partícipe en la comisión de un delito” (fl. 876 cdno. ppal. 2).

3. Contestación de las entidades demandadas

Por auto del 15 de noviembre de 2012 , el Tribunal Administrativo de l Atlántico admitió la demanda y ordenó la notificación al Fiscal General de la Nación y al Director Ejecutivo de Administración Judicial (fls. 545 a 547 cdno. ppal. 1).

1. A través de escrito radicado el 9 de mayo de 2013 , la Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda y en esa dirección esgrimió los

siguientes argumentos de réplica:

a) La fiscalía instructora no actuó con negligencia e irregularidad en la tramitación del proceso penal adelantado para investigar el referido delito de fraude procesal por el cual resultó afectado el señor Luis Henry Varón Ochoa.

b) La parte demandante no acredita los perjuicios materiales que reclama , y respecto de la indemnización solicitada por perjuicios morales excede los topes indemnizatorios previstos por la jurisprudencia contencioso administrativa.Expediente 08001-23-31-000-2012-00247-01 (55.206) Actor: Luis Henry Varón Ochoa y otros Reparación directa Apelación sentencia

7 2) Por escrito radicado el 9 de mayo de 2013, la Nación - Rama Judicial estimó que no le asistía responsabilidad e invocó la excepción de “indebida legitimación en la causa por pasiva”, pues, la actuación penal de la cual surge la solicitud de

no le asistía responsabilidad e invocó la excepción de “indebida legitimación en la causa por pasiva”, pues, la actuación penal de la cual surge la solicitud de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado se adelantó exclusivamente por la Fiscalía General de la Nación, entidad que cuenta con la capacidad suficiente para ser vinculada e intervenir de manera directa para defender sus intereses en el proceso contencioso administrativo (fl. 580 a 586 cdno. ppal. 1).

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de l Atlántico - Subsección de Descongestión , en providencia del 31 de octubre de 2014 (fls. 643 a 653 cdno. apelación) declaró probada la excepción de indebida legitimación por pasiva invocada por la NaciónRama Judicial, por considerar que en el momento de la presentación de la demanda se encontraba vigente la Ley 270 de 1996 y el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo con la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, normas según las cuales el Director Ejecutivo de Administración Judicial es quien representa a la Nación por los hechos de la Rama Judicial, sin embargo, en el presente asunto la responsabilidad cuya reparación se reclama deviene exclusivamente de actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, entidad que goza de autonomía administrativa y presupuestal y puede asumir su propia representación judicial.

En relación con el fondo de la controversia, el a quo negó las pretensiones de la demanda por estimar que i) la providencia que caus ó el perjuicio irrogado fue la dictada el 15 de enero de 2010 por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, a través de la cual se declaró extinguida

dictada el 15 de enero de 2010 por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, a través de la cual se declaró extinguida la acción penal por prescripción seguida en contra del señor Alfonso Gómez Duque; ii) en dicha decisión, según la parte actora, la fiscalía de segunda instancia omitió pronunciarse respecto a la medida de cancelación de registros obtenidos fraudulentamente que fue adoptada por la fiscalía instructora en el momento de proferir resolución de acusación, sin embargo, si el señor Luis Henry Varón Ochoa estimaba que el ente investigador debía pronunciarse sobre la cancelación de registros, de conformidad con el artículo 189 de la Ley 600 de 2000, debió presentar el recurso de reposición cont ra dicha decisión, el cual no fue ejercido por la parteExpediente 08001-23-31-000-2012-00247-01 (55.206) Actor: Luis Henry Varón Ochoa y otros Reparación directa Apelación sentencia

8 interesada, circunstancia que da lugar a la configuración de la culpa de la víctima en los términos del artículo 67 de la Ley 270 de 1996.

5. Recurso de apelación

El 27 de febrero de 2015, la parte actora interpuso recurso de apelación, las razones de inconformidad con el fallo de primera instancia se resumen así:

1. Si bien l a fiscalía podía decretar como medida previa la cancelación de la escritura de compraventa del inmueble , no lo era menos que , para que esta procediera se debía demostrar que el inmueble vinculado al proceso fue adquirido

1. Si bien l a fiscalía podía decretar como medida previa la cancelación de la escritura de compraventa del inmueble , no lo era menos que , para que esta procediera se debía demostrar que el inmueble vinculado al proceso fue adquirido por el señor Varón Ochoa de manera fraudulenta y delictuosa según lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 600 de 2000, empero, esto no se acreditó y por ello incurrió en una vía de hecho que le impidió al aquí actor controvertir dicha decisión lo cual le ocasionó los perjuicios reclamados.

1. El demandante Luis Henry Varón Ochoa fue despojado por la fiscalía de la propiedad de un inmueble, la entidad presumió que el bien fue adquirido de manera fraudulenta cuando en realidad esto no se demostró y, sin embargo, se ordenó la cancelación de la escritura de adquisición y del registro de la misma.

1. La entidad demandada se abstuvo de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia que ordenó la cancelación de la escritura de adquisición del inmueble y del registro de la referida escritura pública, con lo cual mantuvo una determinación arbitraria y carente de sustento jurídico.

1. Contrario a lo dicho por el tribunal de primera instancia, l a providencia que privó al actor de su derecho de propiedad sobre el bien raíz legítimamente adquirido no fue la que expidió la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, sino la proferida por la Fiscalía Veintisiete Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla, recurrida precisamente por ordenar la cancelación de la escritura de adquisición del inmueble y el registro.

Judicial de Valledupar, sino la proferida por la Fiscalía Veintisiete Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla, recurrida precisamente por ordenar la cancelación de la escritura de adquisición del inmueble y el registro.

1. No puede afirmarse que la resolución del 15 de enero de 2010 expedida por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de l Distrito Judicial deExpediente 08001-23-31-000-2012-00247-01 (55.206) Actor: Luis Henry Varón Ochoa y otros Reparación directa Apelación sentencia

9 Valledupar debió ser recurrid a porque en esta se resolvió un recurso , de manera que se tornaba improcedente la interposición de otro recurso.

1. Con la prescripción de la acción penal la resolución que ordenó la cancelación de la escritura pública de compraventa y del registro desapareció y , por ello, no podía producir efectos jurídicos.

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 6 de mayo de 2016 (fl. 665 cdno. apelación) se admitió el recurso de apelación y el 3 de junio de 2016 (fl. 667 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.

En dicha oportunidad procesal , la Fiscalía General de la Nación solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia (fls. 668 a 672 cdno. apelación);

En dicha oportunidad procesal , la Fiscalía General de la Nación solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia (fls. 668 a 672 cdno. apelación); la parte actora reiteró los argumentos de apelación (fls. 685 a 690 cdno. apelación), al paso que el Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, 3) conclusión, y 4) condena en costas.Expediente 08001-23-31-000-2012-00247-01 (55.206) Actor: Luis Henry Varón Ochoa y otros Reparación directa Apelación sentencia

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1. Objeto de la controversia y decisiones que se adoptarán

Presentada la demanda de manera oportuna1, corresponde a la Sala determinar si en la resolución proferida el 12 de mayo de 2006 por la Fiscalía Veintisiete Seccional de Barranquilla se incurrió en error jurisdiccional con el que se causó un daño antijurídico a los demandantes o, si por el contrario, estuvo ajustada a derecho. A su vez, debe determinarse si la Fiscalía General de la Nación incurrió en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el momento en que comunicó la decisión de cancelación de la escritura pública número 2.253 de 28 de junio de 2001

su vez, debe determinarse si la Fiscalía General de la Nación incurrió en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el momento en que comunicó la decisión de cancelación de la escritura pública número 2.253 de 28 de junio de 2001 y de su registro ante la oficina de instrumentos públicos donde se registró la compraventa del inmueble identificado con el número de matrícula inmobiliaria 1920001584.

Frente a la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Rama Judicial la Sala no se pronunciará porque no fue objeto de apelación.

La sentencia de primera instancia será confirmada por ser denegatoria de pretensiones, debido a que no se probó erro r jurisdiccional alguno ni tampoco el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia endilgado con la demanda.

Respecto del error judicial reclamado, la Sala pone de presente que en la demanda se alegó que fueron dos resoluciones dictadas por la Fiscalía Veintisiete Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla las causantes del daño: la proferida el 30 de agosto de 2001 que decretó el embargo del bien inmueble, y la

1 Las providencias enjuiciadas son la dictada el 30 de agosto de 2001 (que ordenó el embargo del bien inmueble) y la resolución proferida el 12 de mayo de 2006 en la que se dispuso, entre otros aspectos, la acusación del señor Alfonso Gómez Duque por la supuesta comisión de los punibles de fraude procesal y falsedad en documento público, así como también la cancelación de la escritura pública número 2.253 del 28 de junio de 2001 y su correspondiente registro, la Sala no se pronunciará

fraude procesal y falsedad en documento público, así como también la cancelación de la escritura pública número 2.253 del 28 de junio de 2001 y su correspondiente registro, la Sala no se pronunciará frente al error endilgado en la primera resolución porque no fue objeto de apelación, por su parte, respecto a la segunda resolución se acredita que el defensor del investigado Alfonso Gómez Duque presentó recurso de apelación y mientras este se surtía se declaró la preclusión de la investigación por extinción d e la acción penal en decisión que cobró ejecutoria el 9 de febrero de 2010 (fl. 693 cdno. 1), de manera que , contado el plazo desde esta última decisión, los demandantes tenían en principio hasta el 10 de febrero de 2012 para presentar la respectiva demanda de reparación directa, sin embargo, el término de caducidad se suspendió, cuando restaban 2 meses y 10 días, desde el 22 de noviembre de 2011 hasta el 31 de enero de 2012 mientras se surtió la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación (fl. 869 cdno. ppal), de modo que la demanda radicada el 28 de marzo de 2012 se instauró en el término previsto por el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.Expediente 08001-23-31-000-2012-00247-01 (55.206) Actor: Luis Henry Varón Ochoa y otros Reparación directa Apelación sentencia

11 del 12 de mayo de 2006, que acusó al señor Alfonso Gómez Duque y canceló tanto la escritura pública de compraventa no. 2.253 del 28 de junio de 2001 como su registro.

11 del 12 de mayo de 2006, que acusó al señor Alfonso Gómez Duque y canceló tanto la escritura pública de compraventa no. 2.253 del 28 de junio de 2001 como su registro.

Sin embargo, la parte demandante en el recurso de apelación limitó el error judicial a la Resolución del 12 de mayo de 2006, por ende, la Sala circunscribirá su estudio a esta última por ser ese el límite trazado en la impugnación.

En tal sentido debe precisarse que la parte apelante, en oposición a la consideración expuesta por el tribunal de primera instancia, reiteró que no acusaba el error judicial en la resolución proferida 15 de enero de 2010 por la cual se declaró la preclusión de la investigación por extinción de la acción penal debido a la prescripción, pues , estimó que dicha decisión no fue la causante del daño, sino la resolució n que dispuso la cancelación de la escritura pública de venta y su registro.

En ese sentido, se analizará el cumplimiento de los requisitos formales para la procedencia de este tipo de acciones , para considerar en este evento que la parte demandante no d emostró el agotamiento de los recursos procedentes contra la decisión que dispuso la cancelación de la escritura de venta y su registro.

De otra parte, frente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se concluirá que la parte demandante no acreditó la falla en la que afirma incurrió la entidad demandada.

2. Análisis de la responsabilidad patrimonial e