CE - 080012331006201200049011SENTENCIASENTENCIA20230811154250

Radicado: 08001-23-31-006-2012-00049-01 (58947)

Demandante: Matilde Sandra Guzmán Moreno y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: Demandante:

Demandado: Referencia: Tema: Error jurisdiccional. 08001-23-31-006-2012-00049-01 ( 5894 7) Matilde Sandra Guzmán Moreno y otros Nación - Consejo Superior de la JudicaturaAcción de reparación directa Subtema: Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa - caducidad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte aclara contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 25 de septiembre de 2015, que denegó las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Secciona! de la Judicatura del Atlántico, en sentencia del 19 de junio de 2009, declaró disciplinariamente responsable a Matilde Sandra Guzmán Moreno, por la comisión de la falta ;¡ravísima contenida en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, catalogada como dolosa. La señora Guzmán Moreno solicitó a la judicatura antes referida la declaración de nulidad de la actuación disciplinaria adelantada en su

;¡ravísima contenida en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, catalogada como dolosa. La señora Guzmán Moreno solicitó a la judicatura antes referida la declaración de nulidad de la actuación disciplinaria adelantada en su contra, y, además, en razón del extravío del expediente, solicitó que se ordenara el trámite de reconstrucción del mismo. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Gonsej,J Superior de la Judicatura, en sentencia del 3 de diciembre de 2009, negó a nulicad solicitada por la aquí demandante y confirmó, integralmente, el fallo disciplinario de primera instancia proferido en su contra. La señora Matilde Sandra Guzmán Moreno y sus hijos, pretenden la declaración de responsabilidad del ::slado, por error jurisdiccional, toda vez que no le fueron concedidas las peticiones que elevó en relación con la nulidad de la actuación disciplinaria y la reconstrucción del expediente.

11. ANTECEDENTES 2.1. La demanda La derranda fue presentada el día 27 de enero de 20121 , por Matilde Sandra

Guzmán Moreno, Sandra Cecilia Del Castillo Guzmán, Hernando José Del Castillo Guzmán y Alejandro Manuel Del Castillo Guzmán2-3. 1 De acuerdo con el sello de recibido visible en el reverso del folio 33 del cuaderno 1, asi como con el acta ,individual de reparto que obra a folio 138 del mismo cuaderno. 2 El escrito ce demanda obra a folios 1-33 del cuaderno 1. Por su parte, los poderes otorgados por los

cemandartes al abogado Freddy José Guzmán Correa, para que este ejerciera su representación judicial en El presente CESO, obran a folios 34-:37 del cuaderno 1. 3 Los nombres de los señores "Sandra Cecilia Del Castillo Guzmán", "Hernando José Del Castillo Guzmán" y "Alejandro Manuel Del Castillo Guzmán", hijos de la señora "Matilde Sandra Guzmán Moreno", están rfigistrados e:1 los términos antefi: referidos en los registros civiles de nacimiento identificados con los iedicativos seriales No. 8935962, 7::95743, 2814702, visibles a folios 40-42 del cuaderno 1.Radicado: 08001-23-31-006-2012-00049-01 (58947)

Demandante: Matilde Sandra Guzmán Moreno y otros !fi· Los demandantes pretenden que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación - Consejo Superior de la Jud¡c.:1tura -, por "los graves perjuicios materiales y morales sufridos por la actora con· ocasión de la actuación de las SALAS JURISDICCIONAL DISCIP LINARIA SEC.CIONAL DEL ATLÁNTICO Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,. en el trámite del proceso disciplinario que contra la doctora Matilde Sandra ,Guzmán Moreno, en su condición de Juez Trece Civil del Circuito de Barranq.uilla, adelantaron bajo los radicados números 2010-00717 y 2010-00004 respectivamente". Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora argumenta que: (i) la solicitud de nulidad presentada en el término de ejecutoria de la 'sentencia proferida por la

Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del

fundamento de sus pretensiones, la parte actora argumenta que: (i) la solicitud de nulidad presentada en el término de ejecutoria de la 'sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico el 19 de junio debía ser resuelta por dicha corporación y no por el Consejo Superior de la Judicatura, en garantía del dere'.cho al debido proceso y el principio de la doble instancia; y (ii) la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura omitió la obligación legal. de:◊rdenar la reconstrucción del expediente, cuando este fue extraviado durante el proceso de remisión para el trámite del recurso de apelación, por lo que, al dictar la sentencia de segunda instancia, no contaba con la totalidad de las pruebas. ,., 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia .. fi La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativ9 del Atlántico, en auto del 16 de febrero de 20124. El auto admisorio de la demanda fue notificado en debida forma5, el término de traslado de la demanda corrip de conformidad con lo previsto en la ley, y esta fue contestada oportunamente por la Nación - Rama Judicial6. La parte actora, en el término de traslado de la demandfi, presentó escrito a través del cual adicionó el acápite de pruebas del libelo introductorio7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante proveído del 24 di':! julio de 20128, admitió la adición de la demanda presentada por los accionantes, y ordenó correr traslado de dicho escrito a la entidad demandada, quien guardó silencio.

Administrativo del Atlántico, mediante proveído del 24 di':! julio de 20128, admitió la adición de la demanda presentada por los accionantes, y ordenó correr traslado de dicho escrito a la entidad demandada, quien guardó silencio. Una vez agotada la etapa probatoria, sin reparo algunofi de las partes, el Tribunal Administrativo del Atlántico, por auto del 22 de febrero .pe 20139, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas a_iegaran de conclusión y éste rindiera concepto de fondo. Así lo hicieron la Nación - Rama Judicial -10 y la parte actora11 , en tanto que la Procuraduría Genei'ral de la Nación guardó silencio. fi1 El Tribunal Administrativo del Atlántico, en proveído -,del 2 de septiembre de 201412, ordenó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria deÍ Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico que remitiera fotocopias· ,.auténticas del proceso disciplinario adelantado contra Matilde Sandra Guzmán ·rv1oreno. 4 Folios 139 y 140 del cuaderno 1. 5 Folios 142 y 143 del cuaderno 1. 6 Folios 144-151 del cuaderno 1. 7 Folios 155 y 156 del cuaderno 1. 8 Folio 158 del cuaderno 1. 9 Folio 172 del cuaderno 1. 1° Folios 173-177 del cuaderno 1. 11 Folios 168-177 del cuaderno 1. 12 Folio 179 del cuaderno 1. 22.3. La sentencia recurrida Radicado: 08001-23-31-006-2012-00049-01 (58947)

11 Folios 168-177 del cuaderno 1. 12 Folio 179 del cuaderno 1. 22.3. La sentencia recurrida Radicado: 08001-23-31-006-2012-00049-01 (58947) Demandante: Matilde Sandra Guzmán Moreno y otros El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia proferida el 25 de septiembre de 201513, negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión, el a quo arribó a la siguiente conclusión: "En conclusión, al unísono con las sentencias de constitucionalidad antes expuesto (sic}, en el caso concreto no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda en tanto las mismas van dirigidas al reconoci miento o declaratoria de responsabilidad del Estado por la existencia de error jurisdiccional proveniente de una providencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual, como quedó visto líneas atrás, existe prohibición del bloque constitucional del que hace parte la Ley 270 de 1996 y de la Corte Constitucional en sede de decisión de constitucionalidad que hace inviable jurídicamente tal declaratoria; a más de que tales decisiones jurisdiccionales disciplinarias no tienen previsto acción judicial distinta a la de tutela para obtener su revisión". 2.4. El recurso de apelación Los demandantes, por escrito radicado el 4 de mayo de 201614-15, apelaron la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 25 de septiembre de 2015. A su juicio, el a quo se limitó a indicar que, "conforme al precedente constitucional, no es procedente la revisión de las sentencias de la Sala

sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 25 de septiembre de 2015. A su juicio, el a quo se limitó a indicar que, "conforme al precedente constitucional, no es procedente la revisión de las sentencias de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, proferidas en el trámite de un proceso disciplinario"; argumentación que no comparten, dado que el artículo 90 de la Constitución Política; que establece la responsabilidad del Estado, cobija a todas las autoridades públicas, incluyendo al Consejo Superior de la Judicatura. Así, el Tribunal únicamente analizó un aspecto formal de la demanda y omitió el análisis de los errores en que habría incurrido la administración de justicia en el proceso disciplinario adelantado en contra de la señora Matilde Sandra Guzmán Moreno, los cuales considera se encuentran debidamente acreditados. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en auto del 15 de junio de 201616, concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia. 2.5. Trámite relevante en segunda instancia Esta Corporación, en auto del 25 de mayo de 201717, admitió el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 25 de septiembre de 2015. Además, por auto del 15 de junio de 201718, corrió traslado a las partes, para que presentaran alegatos de conclusión, y al Ministerio Público, para que rindiera

13 Folios 210-219 del C.ppal. 14 Folios 221-229 del C.ppal. 15 Dado que los recursos de alzada fueron presentados en vigencia del Código General del Proceso -CGP-, de conformidad con lo dispuesto en el auto de unificación jurisprudencia! proferido por la Sala Plena de esta Corporación, el 25 de junio de 2015, en el proceso identificado con el radicado No. 25000-23-36-000-201200395-01 (IJ), los aspectos procesales que atañen a la competencia funcional del juez de segunda instancia y que no estén regulados por el Código Contencioso Administrativo -CCA-, serán resueltos en aplicación del CGP, en tanto que los aspectos .sustanciales se¡án decididos en aplicación de las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil -CPC-, normatividad vigente al momento de presentación de la demanda. 16 Folio 231 del C.ppal. 17 Folio 237 del C.ppal. 3Radicado: 08001-23-31-006-2012-00049-01 (58947) Demandante: Matilde Sandra Guzmán Moreno y otros concepto de fondo. El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Nicolás Yepes Corrales, rindió el concepto No. 088 del 28 de julio de 201719, en el que concluyó: "De conformidad con la argumentación expuesta,, el Ministerio Público considera que el demandante incumplió la carga de acreditar que el daño derivado de la destitución del cargo que como juez desempeñaba la señora MATILDE SANDRA GUZMÁN fuera producto de :un error jurisdiccional enervado en el fallo de segunda instancia dictado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el cual se confirmó la destitución de la aquí

MATILDE SANDRA GUZMÁN fuera producto de :un error jurisdiccional enervado en el fallo de segunda instancia dictado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el cual se confirmó la destitución de la aquí demandante; en consecuencia se solicita que el fallo recurrido sea confirmado y absuelta la entidad demandada del pago de perjuicios". 2.6. Manifestación y aceptación de impedimento El magistrado Nicolás Yepes Corrales, en escrito del 22 de abril de 20192º, manifestó su impedimento para conocer y decidir el presente asunto, de acuerdo con la causal prevista en el articulo 141, numeral 12, del Código General del Proceso (CGP), por haber rendido concepto en el proceso en calidad de agente del Ministerio Público. El despacho del magistrado ponente, por auto del 9 de julio de 201921 , declaró fundado el impedimento manifestado por el magistrado Nicolás Yepes Corrales.

111. PROBLEMA JURÍDICO.

De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP), aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 188722•23, el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, ·en los casos previstos por la ley", como lo establece el artículo 328 del CGP. Sir\" embargo, como la misma

"pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, ·en los casos previstos por la ley", como lo establece el artículo 328 del CGP. Sir\" embargo, como la misma norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apei'ado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior refiolverá sin limitaciones". Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en: la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada"24. 18 Folio 240 del C.ppal. 19 Folios 242-251 del C.ppal. 'º Folio 253 del C.ppal. 21 Folios 255 y 256 del C.ppal. 22 "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad .de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 11 Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron )as pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 10s incidentes o comenzaron a

por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron )as pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 10s incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. [ ... ]". (subrayado fuera del texto original). .' • '. 23 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, aJto de unificación del 25 de junio de 2014, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ). ·: 24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de al;!ril de 2018, exp. 46005 . . ,. 4Radicado: 08001-23-31-006-2012-00049-01 (58947) Demandante: Matilde Sandra Guzmán Moreno y otros Así las cosas, la Subsección resolverá, en primera medida, el siguiente problema jurídico: ¿Las actuaciones desplegadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en el proceso disciplinario adelantado en contra de la señora Matilde Sandra Guzmán Moreno, a través del cual se le impuso sanción de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de diez (1 O) años, son constitutivas de daño antijurídico por error jurisdiccional? No obstante, la resolución de ese problema jurídico está sujeta a la acreditación previa de los presupuestos procesales, que son los que permiten incursionar en el fondo del asunto. Así, si la Sala encuentra que se cumplen los presupuestos de la sentencia de mérito y que la parte actora demostró la ocurrencia de los requisitos para proferir una sentencia de responsabilidad en contra del Estado, la

fondo del asunto. Así, si la Sala encuentra que se cumplen los presupuestos de la sentencia de mérito y que la parte actora demostró la ocurrencia de los requisitos para proferir una sentencia de responsabilidad en contra del Estado, la Subsección deberá determinar el mérito de la prueba de los perjuicios que deprecan los actores y decidir sobre la condena a que haya lugar. · IV. HECHOS PROBADOS 4.1. La Sala Jurisdic::ional Disciplinaria del Consejo Secciona! de la Judicatura del Atlántico, mediante proveído del 27 de marzo de 200625, dispuso la apertura de una investigación disciplinaria en contra de Matilde Sandra Guzmán Moreno, en su condición de Juez Trece (13) Civil del Circuito de Barranquilla. Como sustento de su decisión, esa jJdicatura expuso: "[S]e acredita que el despacho de la servidora judicial investigada ( ... ) conoció del proceso ejecutivo No. 2003-316, instaurado por la Empresa TRANSPORTES MONTERREY L TOA, y otras, en contra del DISTRITO DE BARRANQUILLA, admitió la demanda y decretó el embargo de los recursos y activos de la entidad demandada por valor de $5.425.000.000.oo, lo que está expresamente prohibido por la Ley, Articulo 58, numeral 13, de la Ley 550 de 1.999, proceso en el que al parecer se ha vulnerado el debido proceso, incurriendo probablemente en vía de hecho, violación al derecho de defensa y prevaricato, incurriendo de paso en las posibles faltas contenidas en el artículo 153, numerales 1° y 2°, y artículo 154, numeral 3° , de la Ley 270 de 1996 (. .. )".

de defensa y prevaricato, incurriendo de paso en las posibles faltas contenidas en el artículo 153, numerales 1° y 2°, y artículo 154, numeral 3° , de la Ley 270 de 1996 (. .. )". 4.2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Secciona! de la Judicatura del Atlántico, en sentencia del 19 de junio de 200926, declaró disciplinariamente responsable a Matitde Sandra Guzmán Moreno, por la comisión de la falta gravísima contenida en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, catalogada como dolosa. Además, como consecuencia de la anterior declaración, le impuso la sanción de destitución del cargo que desempeñaba la señora Guzmán Moreno y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante un periodo de diez (1 O) años. 4.3. La señora Matilce Sandra Guzmán Moreno, por escrito radicado el 13 de julio de 200927, solicitó la declaración de nulidad de la actuación disciplinaria adelantada en su contra. Además, en escrito separado28, interpuso recurso de 25 Folios 22-24 del cuaderno de pruebas 1. 26 Folios 252-277 del cuade·no de pruebas 1. 27 Folios 282-292 del cuade,·no de pruebas 1. 28 Folios 293-300 del cuaderno de pruebas 1. 5Radicado: 08001-23-31-006-2012-00049-01 (58947) Demandante: Matilde Sandra Guzmán Moreno y otros apelación contra el fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Secciona! de la Judicatura del Atlántico el 19 de junio de 2009.

Demandante: Matilde Sandra Guzmán Moreno y otros apelación contra el fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Secciona! de la Judicatura del Atlántico el 19 de junio de 2009. 4.4. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Secciona! de la Judicatura del Atlántico, en proveído del 16 de julio de 200929, resolvió"; "En relación con la solicitud de nulidad deprecada por el señor defensor, considera la Sala, que en este momento procesal no podemos hacer ningún pronunciamiento, toda vez que ya se dictó sentencia dentro de la presente investigación, y lo que procede es el envío del plenario ante el superior para su pronunciamiento definitivo". 4.5. La Secretaría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Secciona! de la Judicatura del Atlántico, mediante oficio No. 1231430, le informó a la Secretaría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura lo siguiente: "Atendiendo las instrucciones impartidas por el señor Magistrado Ponente en varias oportunidades me he comunicado con la Secretaría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, indagando acerca del recibo del citado expediente, obteniendo cómo respuesta que aún no ha llegado, lo cual resulta preocupante dada la fecha de recibo por parte de la empresa de correos Adpostal (30 de julio de 2009)".

Posteriormente, a través de escrito del 22 de octubre de 200931 , el Secretario de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Secciona! de la Judicatura del Atlántico formuló denuncia penal por la pérdida del expediente ante la Dirección

Posteriormente, a través de escrito del 22 de octubre de 200931 , el Secretario de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Secciona! de la Judicatura del Atlántico formuló denuncia penal por la pérdida del expediente ante la Dirección Secciona! de Barranquilla de la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, el magistrado ponente de la sentencia de primera instancia, Mario Humberto Giraldo Gutiérrez, por escrito del 26 de octubre de 200932, ordenó que se tomaran "fotocopias auténticas de las copias del proceso, y se remitan de manera inmediata, por el medio más expedito, ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia, haciéndole saber que se encuentra próximo a prescribir". Finalmente, el apoderado judicial de la señora Matilde Sandra Guzmán Moreno presentó sendos escritos a través de los cuales solicitó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que: (i) ordenara el trámite de reconstrucción del expediente disciplinario33, y (ii) decretara la nulidad de todo lo actuado a partir del proveído del 16 de julio de 2009, por el que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Secciona! de la Judicatura se abstuvo de resolver sobr.e las causales de nulidad formuladas por la señora Guzmán Moreno34. 4.6. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en sentencia del 3 de diciembre de 200935, resolvió: J; "PRIMERO: NEGAR las nulidades solicitadas por el il'Tlpugnante conforme a lo señalado en la motiva.

sentencia del 3 de diciembre de 200935, resolvió: J; "PRIMERO: NEGAR las nulidades solicitadas por el il'Tlpugnante conforme a lo señalado en la motiva. 29 Folios 303 y 304 del cuaderno de pruebas 1. 3° Folio 315 del cuaderno de pruebas 1. 31 Folio 323 del cuaderno de pruebas 1. 32 Folio 325 del cuaderno de pruebas 1. 33 Folios 359-361 del cuaderno de pruebas 2. 34 Folios 362-365 del cuaderno de pruebas 2. 35 Folios 473-500 del cuaderno de pruebas 2. 6Radicado: 08001-23-31-006-2012-00049-01 (58947) Demandante: Matilde Sandra Guzmán Moreno y otros SEGUNDO: CONFIRMAR integralmente la sentencia de con [sic] DESTITUCIÓN E IN HABILIDAD GENER AL POR EL TERMINO DE DIEZ AÑOS en contra de la doctora MATILDE SANDRA GUZMÁN MORENO, en su calidad de JUEZ TRECE CIVIL DEL CIRCU ITO DE BARRAN QUILL A, por el incumplimiento al deber consagrado en el No. 1 del art. 153 de la Ley 270 de 1996, en armonía con el numeral 1 ° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia ( ... )". 4.7. El 4 de diciembre dé 2009, la Secretaria Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura envio los telegramas No. 60349 y 6035036 a la señora Matilde Sandra Guzmán Moreno y a su apoderado judicial, respectivamente. · A través de dichos telegramas, les comunicó lo

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura envio los telegramas No. 60349 y 6035036 a la señora Matilde Sandra Guzmán Moreno y a su apoderado judicial, respectivamente. · A través de dichos telegramas, les comunicó lo siguiente: "[D]entro del proceso disciplinario No. 08001-1 1-02-000-2006-00209-01 en sala 123 del 3 de diciembre de 2009, se resolvió negar la nulidad solicitada, confirmando la sentencia mediante la cual el Consejo Secciona! de la Judicatura del Atlántico la sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de diez años ( ... ) advirtiéndole que la misma quedó en firme en esa fecha y que no procede recurso alguno".· En la misma fecha, expidió el certificado de antecedentes disciplinarios No. 4197737, en el que se relacionó la sanción de destitución e inhabilidad confirmada a través de la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2009; certificación que fue expedida "a solicitud de (1) MATILDE SANDRA GUZMÁN MORE NO, en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de diciembre de dos mil nueve (2009)". 4.8. La señora Matilde Sandra Guzmán Moreno incoó acción de tutela contra las decisiones proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Secciona! de la Judicatura del Atlántico y del Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, estas corporaciones, a quienes les correspondió el trámite de la tutela presentada por la aquí demandante, negaron el amparo solicitado, en proveidos del 18 de junio de 201038 y del 17 de agosto de 201039.

No obstante, estas corporaciones, a quienes les correspondió el trámite de la tutela presentada por la aquí demandante, negaron el amparo solicitado, en proveidos del 18 de junio de 201038 y del 17 de agosto de 201039.

V. PRESUPU ESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO 5.1. Com petencia La Sala es com petente para resolver los problemas atinentes al fondo de la litis, en atención a lo preceptuado por el articulo 73 de la ley 27040 y a la naturaleza del asunto41 . 5.2. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

La acción debida y válidamente escogida por la parte aclara debe ser ejercida dentro de unos plazos definidos por el legislador, en función de la garantía de la 36 Folios 501 y 502 del cuaderno de pruebas 2. 37 Folio 507 del cuaderno de pruebas No. 2. 38 Folios 43-64 del cuaderno 1. 39 Folios 65-91 del cuaderno 1. 40 Ley 270 de 1996. "Articulo 73. Competencia. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la -Jurisdicción Contencioso Administrativo conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos". 41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, exp. 34985. 7Radicado: 08001-23-31-006-2012-00049-01 (58947) Demandante: Matilde Sandra Guzmán Moreno y otros efectividad del derecho al acceso a la administración de justicia, de la seguridad

34985. 7Radicado: 08001-23-31-006-2012-00049-01 (58947) Demandante: Matilde Sandra Guzmán Moreno y otros efectividad del derecho al acceso a la administración de justicia, de la seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general. Un escenario en el que la parte interesada pudiera diferir a su voluntad el ejercicio de la acción o del medio de control, podría desembocar en mayor congestión judicial y en la dilación indefinida de la decisión judicial sobre el asunto litigioso, con gravfi detrimento del derecho al acceso a la administración de justicia; pero, además, en un permanente o por lo menos indefinido estado de las situaciones jurídicas, con el consiguiente compromiso del valor de la seguridad jurídica, cuya realización forma parte del interés general. Es por lo anterior que el legislador fija plazos para el ejercicio del derecho de acción, y establece consecuencias para su inobservancia injustificada, que no es otra que la extinción de la acción o del medio de contr.ol por caducidad42, que, a su vez, conduce a una decisión inhibitoria por no satisfacer uno de los presupuestos procesales necesarios para que una autoridad judicial dicte una sentencia de mérito. Ni dicho plazo, ni la caducidad, admiten renuncia ni suspensión, salvo cuando el interesado presenta '., solicitud de conciliación prejudicial en derecho, suspensión que, en todo caso, debe atenderse según los parámetros fijados en la Ley43. Una vez vencido el plazo legalmente determinado sin que el interesado haya incoado la acción o prompvido el medio de control, fenece la posibilidad de acudir a la jurisdicción para hacer efectivo el derecho44. El artículo 136-8 del Código Contencioso Administratiyo (CCA) prescribe que la

sin que el interesado haya incoado la acción o prompvido el medio de control, fenece la posibilidad de acudir a la jurisdicción para hacer efectivo el derecho44. El artículo 136-8 del Código Contencioso Administratiyo (CCA) prescribe que la acción de reparación directa debe incoarse en el término de dos (2) años, contados a partir de la ocurrencia del daño, independifintemente de que este sea causado por un hecho, una omisión, una operación administrativa o por la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de un trabajo público o cualquier otra causa45. ' Ahora, en los eventos en que el daño objeto de las pretensiones indemnizatorias se deriva de un error jurisdiccional, la Sección Tercera de esta Corporación ha considerado, de manera reiterada y en consonancia con lo ordenado por la ley, que el plazo de dos (2) años para presentar la demanda de reparación directa, empieza a contar a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que supuestamente contiene el error judicial46; momento en el que -como lo explicó la Sala en decisión del 7 de mayo del 201847se materializa el daño cuya reparación es pretendida y la víctima tiene conociqiiento del mismo. El artículo 205 de la Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el