CE - 080012331006201200126011SENTENCIA20230718100508

Radicado: 08001-23-31-006-2012-00126-01 (59413)

Demandantes: Yesid Martínez Piedrahita y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Reparación directa Radicación: 08001-23-31-006-2012-00126-01 (59413) Demandantes: Yesid Martínez Piedrahita y otros Demandados: Ministerio del Interior y de Justicia, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación

Tema: Privación de la libertad. Se confirma n las decisiones de declarar probada la indebida representación del Ministerio del Interior y de Justicia y la de eximir de responsabilidad a la Policía Nacional porque no fueron apeladas. Se confirma la decisión de condenar a la Fiscalía General de la Nación porque se de mostró la ilegalidad de la captura de la víctima directa.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia dictada el 13 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la que se dispuso:

<<(…) Primero.- Declárase a la Nación – Fiscalía General de la Nación patrimonial y extracontractualmente responsable del daño causado por el hecho de la injusta privación de la libertad de la cual fue objeto Yesid Martínez

<<(…) Primero.- Declárase a la Nación – Fiscalía General de la Nación patrimonial y extracontractualmente responsable del daño causado por el hecho de la injusta privación de la libertad de la cual fue objeto Yesid Martínez Piedrahita, acorde a las motivaciones que anteceden.

Segundo. – Como consecuencia de la anterior dec laración, condénese a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a pagar a los demandantes las siguientes sumas:

Perjuicios Morales

● Para el señor Yesid Martínez Piedrahita (víctima directa), se fija por concepto de perjuicios morales la suma que corresponda a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que recuperó la libertad, lo cual equivale a $6.922.500.oo, cantidad que deberá indexarse.

● A su cónyuge, Rubi Esthela Díaz Hernández, la Sala fija por concepto de daños m orales once punto veinticinco (11.25) salarios mínimosRadicado: 08001-23-31-006-2012-00126-01 (59413)

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mensuales legales vigentes a la fecha de la recuperación de la libertad, lo cual equivale a $5.191.875.oo cantidad que deberá indexarse.

● A sus hijos Diana Marcela Martínez Díaz (menor de edad, quien se encuentra representada por su madre , la señora Rubi Esthela Díaz Hernández) y Erick Martínez Díaz, se fija para cada uno, por concepto de daños morales , once punto veinticinco (11.25) salarios mínimos

encuentra representada por su madre , la señora Rubi Esthela Díaz Hernández) y Erick Martínez Díaz, se fija para cada uno, por concepto de daños morales , once punto veinticinco (11.25) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de la recupera ción de la libertad, lo cual equivale a $5.191.875.oo cantidad que deberá indexarse.

Perjuicios Materiales

Lucro Cesante

A Yesid Martínez Piedrahita, se fija por este concepto la suma de $138.447, por el tiempo que estuvo privado de la libertad, vale decir, nueve (9) días, suma que deberá indexarse.

Por la modalidad de daño emergente las siguientes sumas:

Gastos de honorarios profesionales, a raíz de la defensa técnica asumida por el abogado Diego Luis Muñetón Restrepo, la suma $923.000.oo cantidad que deberá indexarse. (…)

Tercero.- La condena impuesta se cumplirá y pagará de conformidad con los artículos 176 y 177 del C.C.A. (Mod. Art. 60 de la Ley 446 de 1998).

Cuarto.- Se deniegan las restantes súplicas de la demanda.

Quinto.- Sin costas en esta instancia, de conformidad con el artículo 171 del C.C.A.

Sexto. - Notifíquese personalmente de esta providencia a la correspondiente Procuraduría Delegada ante este tribunal>>.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal, dentro de un proceso de reparación

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal, dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia.

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 15 de junio 2017 1; se corrió traslado para alegar de conclusión el 6 de julio de 20172; la Fiscalía General de la Nación (en adelante, la Fiscalía) presentó sus alegatos, las demás partes guardaron silencio. El Ministerio Público no rindió concepto.

1 Fl. 356, c - 12. 2 Fl. 357, c - 12.Radicado: 08001-23-31-006-2012-00126-01 (59413)

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I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 18 de enero de 20123 por Yesid Martínez Piedrahita (víctima directa) y su grupo familiar. Se dirigió contra el Ministerio del Interior y de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para obtener la reparación del daño causado por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el citado demandante por <<nueve (9) días>>4. En el proceso penal se le imputaron los delitos de concierto para delinquir en concurso con el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas militares.

días>>4. En el proceso penal se le imputaron los delitos de concierto para delinquir en concurso con el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas militares.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<(…) PRIMERO: Se declar e que la Nación, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional son administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados a mis mandantes, señores Yesid Martínez Piedrahita, Rub i Esthela Díaz Hernández, Diana Marcela Martínez Díaz y Erik Yesid Martínez Díaz por la falla en el servicio y la falla en la administración de justicia, que condujo a la arbitraria e injusta privación de la libertad del señor Yesid Martínez Piedrahita.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la Nación, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional a pagar a favor de mis mandantes como reparación del daño ocasionado, los perjuicios de ord en material y moral los cuales los estimo en la suma de ciento noventa millones ochocientos treinta mil pesos ($190.830.000) o el monto que resultará aprobado dentro del proceso.

TERCERO: La condena respectiva deberá ser actualizada de conformidad con lo previsto en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y se reconocerán los intereses legales desde la fecha de la ocurrencia de los hechos hasta cuando se acaba el cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso.

CUARTO: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos

reconocerán los intereses legales desde la fecha de la ocurrencia de los hechos hasta cuando se acaba el cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso.

CUARTO: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. (…)>>

3.- En el acápite denominado <<perjuicios económicos y morales>>, la parte actora precisó los perjuicios en los siguientes términos:

<< (…). Estimo los perjuicios económicos y morales ocasionados a mi mandante y su núcleo familiar conformado por su esposa Rubi Esthela Díaz Hernández, sus hijos Diana Marcela Martínez Díaz y Erik Yesid Martínez Díaz.

3 Fl. 1-13, c - 1 4 Tiempo de la privación de la libertad según las afirmaciones de la demanda.Radicado: 08001-23-31-006-2012-00126-01 (59413)

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Daño emergente

Cancelación de honorarios profesionales $6.000.000 Gastos de desplazamiento de mi núcleo familiar $ 400.000 Alimentación dentro del penal $ 360.000 Pago de colchoneta y otros $ 100.000 ____________

Total, daño emergente $6.860.000

Lucro cesante $13.960.000

Perjuicios morales 300 SMLMV $170.010.000

El señor Yesid Martínez Piedrahita, como perjudicado directo fue víctima de las decisiones arbitrarias de los funcionarios judiciales y de los cuerpos de seguridad

Perjuicios morales 300 SMLMV $170.010.000

El señor Yesid Martínez Piedrahita, como perjudicado directo fue víctima de las decisiones arbitrarias de los funcionarios judiciales y de los cuerpos de seguridad del Estado, entiéndase Policía Nacional, quienes de forma arbitraria lo presentaron ante la prensa amarillista de la ciudad como miembro de una banda de atracadores, por lo cual solicitó se condene a los demandados al pago de perjuicios morales los cuales estimo en 100 SMLMV $ 56.670.000.

La señora Rubi Esthela Díaz Hernández , esposa del señor Yesid Martínez Piedrahita también ha sido víctima de las temerarios imputaciones formuladas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional teniendo que soportar el reproche de sus vecinos y de parte de algunos miembros de su familia, se puso en tela de juicio la reputación de la familia, solicito se condene a los demandados al pago de los perjuicios morales los cuales estimo en 100 SMLMV $ 56.670.000.

La joven Diana Marcela Martínez Díaz, hija del señor Yesid Martínez Piedrahita también ha sido víctima de las temerarios imputaciones formuladas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional teniendo que soportar el reproche de sus vecinos, de los compañeros de colegio y de parte de algunos miembros de su familia, se puso en tela de juicio la reputación de la familia, solicito se condene a los demandados al pago de los perjuicios morales los cuales estimo en 50

SMLMV $ 28.335.000.

Erik Yesid Martínez Díaz hijo del señor Yesid Martínez Piedrahita , también ha

a los demandados al pago de los perjuicios morales los cuales estimo en 50

SMLMV $ 28.335.000.

Erik Yesid Martínez Díaz hijo del señor Yesid Martínez Piedrahita , también ha sido víctima de las temerarias imputaciones formuladas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional teniendo que soportar el reproche de sus vecinos, compañeros de colegio y de parte de algunos miembros de su familia, se puso en tela de juicio la rep utación de la familia, solicito se condene a los demandados al pago de los perjuicios Morales los cuales estimo en 50 SMLMV 28.335.000.>>

4.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:

4.1.- La investigación penal contra el demandante Yesid Martínez Piedrahita inició a partir de un informe de Policía Judicial del 6 de noviembre de 2007, en el cual se puso al descubierto una organización dedicada al tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las fuerza s militares. La víctima directa fue vinculada al proceso en calidad de colaborador.Radicado: 08001-23-31-006-2012-00126-01 (59413)

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4.2.- El 18 de diciembre de 2008 el demandante Yesid Martínez Piedrahita fue capturado por agentes de la Sijin , en cumplimiento de la orden de la Fiscalía 19 Seccional Delegada ante los jueces Penales del Circuito de Barranquilla.

4.3.- El 30 de diciembre de 2008 la Fiscalía 4ª especializada definió la situación jurídica del demandante Yesid Martínez Piedrahita, se abstuvo de impon er

4.3.- El 30 de diciembre de 2008 la Fiscalía 4ª especializada definió la situación jurídica del demandante Yesid Martínez Piedrahita, se abstuvo de impon er medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra y ordenó su libertad.

4.4.- El 1º de marzo de 2011 la Fiscalía 5ª especializada precluyó la investigación en favor del demandante Martínez Piedrahita por la inexistencia de indicios en su contra.

5.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora, en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) el demandante Yesid Martínez Piedrahita fue capturado el 18 de diciembre de 2023; (ii) el 30 de diciembre de 2008 la Fiscalía se abstuvo de dictar medida de aseguramiento en su contra y ordenó su libertad y (iii) el 1º de marzo de 2011 la Fiscalía precluyó la investigación en favor de la víctima directa.

6.- Según la parte actora, el demandante Yesid Martínez Piedra hita fue privado injustamente de la libertad porque no se pudo demostrar su responsabilidad en la comisión de los delitos que le fueron imputados.

7.- En relación con los perjuicios, la parte actora indicó que:

7.1.- El demandante Yesid Martínez Piedrahita no pudo obtener ingresos como consecuencia de su detención.

7.2.- Incurrió en los gastos de defensa dentro del proceso penal.

7.3.- Los familiares de la víctima directa incurrieron en gastos de desplazamiento.

7.4.- La víctima directa incurrió en gastos durante su reclusión en el establecimiento carcelario.

7.3.- Los familiares de la víctima directa incurrieron en gastos de desplazamiento.

7.4.- La víctima directa incurrió en gastos durante su reclusión en el establecimiento carcelario.

7.5.- La víctima directa y sus familiares sufrieron perjuicios morales porque la privación de su libertad ocasionó <<un conflicto psicológico en [el demandante Yesid Martínez Piedrahita] y su núcleo familiar>>.

B. Posición de las entidades demandadas

8.- La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda de manera extemporánea. Sin embargo, en sus alegatos de conclusión se opuso a las pretensiones. Como argumentos de defensa expuso que: (i) la actuación se surtióRadicado: 08001-23-31-006-2012-00126-01 (59413)

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de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes; (ii) se debe aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad y la Fiscalía no incurrió en una falla del servicio; (iii) por el contrario, la Fiscalía se abstuvo de decretar la medida de aseguramiento en contra del sindicado.

9.- El Ministerio del Interior y d e Justicia se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de <<falta de legitimación procesal en la causa por pasiva y falta de legitimación material en la causa por pasiva>>. Lo anterior, debido a que el daño no fue causado por actuaciones de sus agentes.

10.- La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la

causa por pasiva y falta de legitimación material en la causa por pasiva>>. Lo anterior, debido a que el daño no fue causado por actuaciones de sus agentes.

10.- La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva porque se limitó a cumplir la orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación.

C. Sentencia recurrida

11.- En la sentencia del 13 de junio de 2014 el Tribunal Administrativo del Atlántico adoptó las siguientes decisiones:

12.- Declaró probada de oficio la excepción de <<indebida representación de la Nación respecto del Ministerio del Interior y de Justicia>>.

13.- Si bien los agentes de la Policía Nacional elaboraron los informes de inteligencia que sirvieron para capturar al demandante Yesid Martínez Piedrahita, el tribunal absolvió a esta entidad porque la encargada de verificar los alcances probatorios de dichos informes era la Fiscalía.

14.- Condenó a la Fiscalía General de la Nación porque se probó que la privación de la libertad que sufrió el demandante Yesid Martínez Piedrahita entre el 17 y el 30 de diciembre de 2018 fue injusta debido a que las autoridades judiciales no contaban con el suficiente material probatorio para desvirtuar su presunción de inocencia.

15.- En relación con los perjuicios, el tribunal decidió:

15.1.- Ordenar el pago de los perjuicios morales en las cuantías transcritas al principio de esta providencia.

15.2.- Reparar el lucro cesante a favor del demandante Yesid Martínez Piedrahita porque se acreditó que , para el momento de su detención , trabajaba como

principio de esta providencia.

15.2.- Reparar el lucro cesante a favor del demandante Yesid Martínez Piedrahita porque se acreditó que , para el momento de su detención , trabajaba como vigilante. Como no se acreditaron sus ingresos, para su liquidación aplicó la presunción del salario mínimo legal mensual vigente.Radicado: 08001-23-31-006-2012-00126-01 (59413)

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15.3.- Indemnizar el daño emergente por concepto de los gastos por la defensa técnica de la víctima directa en el proceso penal, los cuales estimó en dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (2 SMLMV).

15.4.- Negó la reparación de los demás perjuicios reclamados en la demanda.

D. Recurso de apelación

16.- La Fiscalía General de la Nación solicita que se revoque integralmente la decisión de primera instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda . Su inconformidad se centra en los siguientes puntos: (i) reitera los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda consistentes en señalar que esta entidad no incurrió en falla del servicio y (ii) solicita que la liquidación de los perjuicios morales se realice con base en una aplicación proporcional de los criterios señalados en la sentencia del 28 de agosto de 2013 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado . Lo anterior, porque no se pueden reconocer 15 SMLMV a favor de la víctima directa, monto correspondiente a las personas privadas de la libertad por el término de un mes,

Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado . Lo anterior, porque no se pueden reconocer 15 SMLMV a favor de la víctima directa, monto correspondiente a las personas privadas de la libertad por el término de un mes, debido a que la víctima directa estuvo detenida por nueve días.

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

17.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos años contados desde la ejecutoria de la providencia penal que precluyó la investigación, momento en el cual se concreta el daño en los términos del artículo 136 del C.C.A. , según lo ha precisado la jurisprudencia en los eventos de privación injusta de la libertad. En ef ecto: (i) la resolución que precluyó la investigación quedó ejecutoriada el 5 de marzo de 20 125; (ii) por lo tanto, el término para demandar vencía el 6 de marzo de 2014; (iii) la solicitud de conciliación se presentó el 14 de julio de 20116 y los términos se suspendieron hasta el 8 de septiembre de 2011 , fecha en la que la conciliación se declaró fallida; y, (iv) la demanda fue interpuesta el 18 de enero de 2012.

18.- Se confirmarán las decisiones de declarar probada la indebida representación del Ministerio del Interior y de Justicia y de eximir de responsabilidad a la Policía Nacional porque no fueron apeladas , y de negar la reparación de los gastos de desplazamiento de las víctimas indirectas y los gastos de manutención de la v íctima directa durante su reclusión en el

responsabilidad a la Policía Nacional porque no fueron apeladas , y de negar la reparación de los gastos de desplazamiento de las víctimas indirectas y los gastos de manutención de la v íctima directa durante su reclusión en el establecimiento carcelario.

5 De conformidad con la constancia de ejecutoria del Fiscal 5º Especializado obrante a folio 26, C – 1. 6 Fl. 34-36, c – 1. La parte actora agotó el requisito de procedibilidad antes de la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación en favor del demandante Yesid Martínez Piedrahita.Radicado: 08001-23-31-006-2012-00126-01 (59413)

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F. Exposición del litigio, síntesis de la controversia y decisiones a adoptar

19.- Con el informe mediante el cual la Sijin dejó a disposición al demandante Yesid Martínez Piedrahita 7, el acta de derechos del capturado 8 y la resolución mediante la cual la Fiscalía se abstuvo de dictar medida de aseguramiento, está probado que el demandante Yesid Martínez Piedrahita estuvo privado de su libertad desde el 17 de diciembre de 2008 hasta el 30 de diciembre de 2008 , es decir, por un periodo total de catorce (14) días. Sin embargo, teniendo en cuenta que el tribunal solamente tuvo como probados nueve (9) días de privación de la libertad y esa decisión no fue objeto de apelación, la Sala limitará el estudio del daño al periodo reconocido por el tribunal.

20.- Con la providencia del 1º de marzo de 2011, está demostrado que la Fiscalía

de la libertad y esa decisión no fue objeto de apelación, la Sala limitará el estudio del daño al periodo reconocido por el tribunal.

20.- Con la providencia del 1º de marzo de 2011, está demostrado que la Fiscalía 5ª especializada precluyó la investigación a favor del demandante Yesid Martínez Piedrahita debido a que no existían indicios de responsabilidad en su contra.

21.- En esta providencia, la Sala:

21.1.- Confirmará la decisión de condenar a la Fiscalía General de la Nación porque esa entidad ordenó la captura de la víctima directa sin que se cumplieran los requisitos legales para ello.

21.2.- Estudiará el reconocimiento y cuantificación de los perjuicios, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales.

G. Plan de exposición

22.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad 9. En consecuencia, se referirá a: (i) la ilegalidad de la privación de la libertad; (ii) la entidad imputada; (iii) el análisis de la culpa de la víctima y (iv) la determinación de los perjuicios y la reparación.

H. La ilegalidad de la privación de la libertad

23.- En vigencia de la Ley 600 de 2000, norma bajo la cual se adelantó el proceso penal y se dispuso detener al demandante, la Fiscalía podía librar orden de captura cuando se cumplieran los siguientes requisitos:

7 Fl. 103 -106, C -1 Anexo. 8 Fl. 119 – 121, C - 1 Anexo.

captura cuando se cumplieran los siguientes requisitos:

7 Fl. 103 -106, C -1 Anexo. 8 Fl. 119 – 121, C - 1 Anexo. 9 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”. Sentencia del 4 de junio del 2019. Expediente: 39.626. M.P.: Dr. Alberto Montaña Plata.Radicado: 08001-23-31-006-2012-00126-01 (59413)

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23.1.- De conformidad con el artículo 336, podía librarse orden de captura antes de la indagatoria cuando de las pruebas allegadas surgieran razones para considerar que la investigación procedía por un delito por el cual resultara obligatorio resolver la situación jurídica.

23.2.- Una vez surtida la indagatoria, se podía ordenar la detención del sindicado si surgían o subsistían razones para considerar que habría lugar a imponer una medida de aseguramiento por el delito investigado, en atención a lo dispuesto en el artículo 341.

24.- Con la orden de captura emitida por la Fiscalía 19 Seccional10, está demostrado que el ente investigador ordenó la captura de la víctima directa con fundamento en el informe de Policía Judicial del 6 de noviembre de 2007 suscrito por el Pt. Manuel Camilo Guerre ro Vargas, adscrito a la Sijin -Seccional de investigación Criminal del Atlántico - Grupo Investigativo de Delitos Especiales de la Unidad Contra Armados Ilegales. En el informe se determinó que, a partir de varias interceptaciones y labores investigativas , el demandante Yesid

investigación Criminal del Atlántico - Grupo Investigativo de Delitos Especiales de la Unidad Contra Armados Ilegales. En el informe se determinó que, a partir de varias interceptaciones y labores investigativas , el demandante Yesid Martínez Piedrahita (alias Caliche o Yesid) pertenecía a una organización delictiva conformada para el tráfico de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares que era liderada por Édgar Fabio Gutiérrez Celin (alias “Maicol”).

25.- La Fiscalía no contaba con elementos de prueba suficientes para ordenar la captura del demandante Yesid Martínez Piedrahita y mantenerlo detenido hasta que se resolviera su situación jurídica porque:

25.1.- De conformidad con el artículo 314 de la Ley 600 de 200011, el informe de policía judicial del 6 de noviembre de 200712, elaborado antes de que la Fiscalía asumiera el conocimiento de la investigación , solo podía servir como un criterio orientador y no podía ser valorado como prueba para ordenar la captura del demandante.

25.2.- En todo caso, el demandante Yesid Martínez Piedrahita solo fue identificado en unas de las interceptaciones telefónicas realizadas por la Sijin al abonado de alias “Maicol”. Sin embargo, como lo señaló la misma Fi scalía al abstenerse de dictar medida de aseguramiento contra la víctima directa en la

10 Fl 53-55, c – 1 Anexo. 11 Artículo 314 de la Ley 600 de 2000: << La policía judicial podrá antes de la judicialización de las actuaciones y bajo la dirección y control del jefe inmediato, allegar documentación, realizar análisis de información, escuchar en exposición o entrevista a quienes considere pueden tener conocimiento de la

actuaciones y bajo la dirección y control del jefe inmediato, allegar documentación, realizar análisis de información, escuchar en exposición o entrevista a quienes considere pueden tener conocimiento de la posible comisión de una conducta punible. Estas exposiciones no tendrán valor de testimonio ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación>>. 12 Artículo 314 de la Ley 600 de 2000: << La policía judicial podrá antes de la judicialización de las actuaciones y bajo la dirección y control del jefe inmediato, allegar documentación, realizar análisis de información, escuchar en exposición o entrevista a quienes considere pueden tener conocimiento de la posible comisión de una conducta punible. Estas exposiciones no tendrán valor de testimonio ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación>>.Radicado: 08001-23-31-006-2012-00126-01 (59413)

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resolución del 30 de diciembre de 2008 13, esa llamada no permitía inferir su pertenencia a la organización criminal:

<< (…) En efecto, para lo que nos atañe en este paginario Martínez Piedrahita solamente aparece reseñado en una conversación de las transliteraciones allegadas, y por otra parte tampoco en el testimonio del P.T. Guerrero Vargas, le hace señalamientos acerca de las conductas punibles presentes en el caso a decidir, máxime que este sí es claro en manifestar que cuando Yesid se comunicó con el abonado telefónico de (alias Maicol) este desconoció al interlocutor, situación que nos lleva a pensar que su trato ciertamente fue efímero al ser vecinos en el barrio Barlovento hace unos años.

Yesid se comunicó con el abonado telefónico de (alias Maicol) este desconoció al interlocutor, situación que nos lleva a pensar que su trato ciertamente fue efímero al ser vecinos en el barrio Barlovento hace unos años. En consecuencia, al no concurrir los indicios graves en contra de Martínez Piedrahita exigidos por la ley, por los delitos investigados, el despacho se abstendrá de proferir medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra y así se dirá en la parte resolutiva de esta providencia.>> (resalta la Sala).

I. Entidad imputada

26.- Por tratarse de una captura ordenada bajo la vigencia del Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000 y que se extendió únicamente durante la etapa de investigación , el daño causado por la privación de la libertad de l demandante es imputable a la Fiscalía General de la Nación, debido a que esta fue la entidad que la dispuso.

J. Análisis de la culpa de la víctima

27.- Las entidades demandadas no acreditaron que la víctima directa hubiera realizado conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para la imposición de la medida de aseguramiento. Y de las pruebas aportadas al proceso , la Sala tampoco encuentra configurada la realización de alguna conducta procesal de la víctima directa que haya incidido en la imposición de la medida.

K. Determinación de los perjuicios y reparación

1. Perjuicios morales

28.- En aplicación de la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 202114, la Sala reconocerá a título de perjuicios morales para la víctima directa una

K. Determinación de los perjuicios y reparación

1. Perjuicios morales

28.- En aplicación de la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 202114, la Sala reconocerá a título de perjuicios morales para la víctima directa una indemnización equivalente a cinco (5) SMLMV.

29.- Debido a que las víctimas indirectas tienen l a condición de cónyuge y de hijos de la víctima directa, la Sala tendrá por acreditados los perjuicios morales con la demostración de tales calidades, de conformidad con la sentencia de

13 Fl. 87 – 113, c – 4 anexo. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de noviembre de 2021. Expediente 46681.Radicado: 08001-23-31-006-2012-00126-01 (59413)

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unificación del 29 de noviembre de 2021 15. Con la copia de los registro s civiles que obran en el expediente está acreditado que la demandante Rubi Esthela Díaz Hernández16 y los demandantes Diana Marcela Martínez Díaz 17 y Erik Yesid Martínez Díaz,18 tienen la condición de cónyuge e hijos de la víctima directa , respectivamente.

30.- En relación con la intensidad de los perjuicios morales sufridos por estos demandantes y su cuantificación, punto en el cual, conforme con la sentencia anteriormente