CE - 080012333000201300226012SENTENCIA20230815161229

e CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00226-01 (52633)

Actor: ENRIQUE MARIO GRILLO CALVO

Demandado: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE

BARRAN QUILLA Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA-Si no se decretan no se valoran. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA-La acción de reparación directa es el medio de control idóneo.

COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. CONTRATO ESTATAL-Ley 80 art. 2. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE DISTRITOS ESPECIALES-Ley 80 ele 1993. RÉGIMEN GENERAL-La regla general es el derecho privado, salvo disposición especial de la Ley 80 y sus modificaciones. CONTRATO SOLEMNE-Por regla general el contrato estatal es solemne. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA-Presupuestos dt! la jurisprudencia civil y administrativa. ACTIO IN REM VERSO-Requisitcs generales del derecho común y presupuestos especiales en derecho administrativo. DOCUMENTO PÚBLICO-Presunción de autenticidad. DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio. DOCUMENTO PRIVAC.·O-Valor probatorio. DOCUMENTO PRIVADO-Presunción de autenticidad. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe µrobar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. COSTAS

probatorio. DOCUMENTO PRIVAC.·O-Valor probatorio. DOCUMENTO PRIVADO-Presunción de autenticidad. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe µrobar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. COSTAS EN CPACA-Se condena a la parte vencida en el proceso y la Sala tasa ·á las agencias en derecho en segunda instancia. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 20 de agosto de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 30 de noviembre de 2010, Enrique Mario Grillo :alvo celebró el contrato n.º 000112 con el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, mediante el cual se obligó a prestar el servicio de suministro de alimentos a la Policía Metropolitana de Barranquilla. Posteriormente, celebró el contrato nº. 00002 con el mismo objeto. Alega enriquecimiento sin justa causa del Distrito, pues en el intervaloExpediente n. º 52.633

Demandante: Enrique Mario Grillo Calvo Niega pretensiones entre los dos contratos continuó con la prestación del servicio sin recibir contraprestación alguna.

ANTECEDENTES El 1 de marzo de 2013, Enrique Mario Grillo Calvo, a través de apoderado judicial, formuló demanda de reparación directa contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Solicitó $661.425.000, por los servicios prestados, por daño emergente y los intereses legales sobre la suma, por lucro cesante. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que la expedición del Decreto

Portuario de Barranquilla. Solicitó $661.425.000, por los servicios prestados, por daño emergente y los intereses legales sobre la suma, por lucro cesante. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que la expedición del Decreto Metropolitano 01 de 2011, que reglamentó la circulación de motocicletas y motocarros en el Área Metropolitana de Barranquilla, provocó alteraciones del orden público y, por ello, el distrito lo requirió para que continuara con la prestación del servicio al vencimiento del contrato nº. 000112. Adujo que entre el 15 de enero y el 2 de marzo de 2011, entregó alimentos a los agentes del escuadrón móvil antidisturbios -ESMADsin recibir contraprestación. El 22 de agosto de 2013 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla contestó extemporáneamente. El 8 de julio de 2014 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante reiteró lo expuesto. La demandada señaló que no se probó el enriquecimiento sin causa. El Ministerio Público guardó silencio. El 20 de agosto de 2014, el Tribunal Administrativo de Atlántico en la sentencia negó las pretensiones, al estimar que no se configuró ninguno de los supuestos para la procedencia de la actio in rem verso. Consideró que el demandante no acreditó que la autoridad lo coaccionó para continuar con la prestación de los servicios o que la gravedad de las circunstancias impidiera celebrar un contrato. La

para la procedencia de la actio in rem verso. Consideró que el demandante no acreditó que la autoridad lo coaccionó para continuar con la prestación de los servicios o que la gravedad de las circunstancias impidiera celebrar un contrato. La parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 30 de septiembre de 2014 y admitido el 25 de noviembre siguiente. Esgrimió que acreditó la entrega de los alimentos ! y que la necesidad de prestar el servicio público de policía impuso que continuara con el suministro al vencimiento del contrato. El 9 de febrero de 2014, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.3 Expediente n. º 52.633

Demandante: Enrique Mario Grillo Calvo Niega pretensiones

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 104 CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del presente asunto de conformidad con el artículo 150 CPACA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 CPACA, esto es, $294.750.0001.

Acción procedente

2. Según criterio unificado de esta Corporación, la acción de reparación directa es

pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 CPACA, esto es, $294.750.0001. Acción procedente

2. Según criterio unificado de esta Corporación, la acción de reparación directa es el medio de control idóneo para pedir el enriquecimiento sin justa causa (art. 90 CN y art. 140 CPACA)2.

Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el artículo 164.2.i del CPACA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior. Según la demanda, el enriquecimiento sin justa causa se configuró por la prestación de servicios a favor de la entidad entre el 15 de enero y el 2 de marzo de

2011. Como se trata de diferentes reclamaciones por servicios prestados, que la 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2013, $589.500 por 500. ' El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencia! de la Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 19 de noviembre de 2012, Rad. 24.897 [fundamento jurídico 13], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 pp. 899-900, disponible en: https://cutt.ly/Akqynhf.e Expediente n. º 52.633

Demandante: Enrique Mario Grillo Calvo Niega pretensiones

Imprenta Nacional, 2018 pp. 899-900, disponible en: https://cutt.ly/Akqynhf.e Expediente n. º 52.633

Demandante: Enrique Mario Grillo Calvo Niega pretensiones demanda afirma no fueron pagados, pero no aportó las cuentas de cobro, las reclamaciones o las respuestas de la entidad, la Sala estudiará el término para interponer la demanda desde el 15 de enero de 2011, fecha en la que, se afirma, inició la prestación de los servicios reclamados y no pagados (f. 3 c. 1 ). La demanda se interpuso en tiempo -1 de marzo de 2013-. Como el 9 de julio de 2012 se presentó solicitud de conciliación prejudicial (f. 42-43 c. 1 ), el término de caducidad se suspendió hasta el 1 de octubre de 2012, fecha en la que se expidió constancia de que se efectuó la audiencia y fue declarada fallida, según la constancia original expedida por la Procuraduría (f. 42-43 c. 1 ). Al día siguiente se reanudó el conteo por seis meses y seis días, que vencían el 8 de abril de 2013, día hábil siguiente a la expiración del plazo (art. 118 CGP, aplicable por disposición del art. 306 CPACA).

Legitimación en la causa

4. Enrique Mario Grillo Calvo es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, pues prestó los servicios de suministro de alimentos

[hecho probado 8.2]. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado en la causa por pasiva, porque fue la entidad a la que se le prestó el servicio [hecho probado 8.2].

11. Problema jurídico

legitimado en la causa por pasiva, porque fue la entidad a la que se le prestó el servicio [hecho probado 8.2].

11. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se configuró el enriquecimiento sin justa causa en favor de una entidad pública por la prestación, sin contrato, de servicios para el suministro de alimentos.

Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 328 CGP.

Hechos probados

6. Las copias simples se valorarán según el artículo 246 C_GP, aplicable por remisiónExpediente n. º 52.633

Demandante: Enrique Mario Grillo Calvo Niega pretensiones expresa del artículo 211 CPACA.

7. El demandante aportó con el recurso de apelación unos oficios del comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla (f. 268-271 c. p.pal). Los numerales 3 y 4 del artículo 212 CPACA disponen que en segunda instancia las partes podrán pedir pruebas que se decretarán cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia o cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. Como el Despacho negó el decreto de pruebas en segunda instancia con fundamento en el artículo 212, no serán valoradas.

8. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 8.1. El 9 de agosto de 201 O, Enrique Mario Grillo Calvo y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla celebraron el contrato n. º 00079 para el

se demostraron los siguientes hechos: 8.1. El 9 de agosto de 201 O, Enrique Mario Grillo Calvo y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla celebraron el contrato n. º 00079 para el suministro de alimentos de los agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, cuyo plazo de ejecución era de 40 días calendario a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, según da cuenta copia simple del contrato (f. 182-186 c. 1 ). 8.2. El 30 de noviembre de 201 O, Enrique Mario Grillo Calvo y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla celebraron el contrato n.º 000112 para el suministro de alimentos de los agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla. El plazo era desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 31 de diciembre de 201 O o el agotamiento de los recursos. Las partes prorrogaron el plazo del contrato por cinco días calendario, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo inicial, según da cuenta copia simple de los contratos (f. 22-23 y 187-194 c. 1). 8.3. El 20 de enero de 2011, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla expidió el Decreto Metropolitano nº. 001 de 2011, que reglamentó la circulación de motocicletas, motocarros, mototricimotos y cuatrimotos en el área metropolitana, según da cuenta copia auténtica del decreto (146-166 c. 1).e Expediente n. º 52.633

Demandante: Enrique Mario Grillo Calvo Niega pretensiones

metropolitana, según da cuenta copia auténtica del decreto (146-166 c. 1).e Expediente n. º 52.633

Demandante: Enrique Mario Grillo Calvo Niega pretensiones 8.4. El 27 de enero de 2011, Enrique Mario Grillo Calvo y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla celebraron el contrato n.º 00002 para el suministro de alimentos de los agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla que prestan el servicio de seguridad en el Distrito y el Área Metropolitana. El plazo de ejecución era de 30 días calendario a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato o hasta el agotamiento de los recursos. Las partes prorrogaron el plazo del contrato n. º 00002 por 15 días calendario, según da cuenta copia simple de los contratos (f. 203-207 c. 1 ). 8.5. El 22 de febrero de 2011, Enrique Mario Grillo Calvo y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla celebraron el contrato n.º 000044 para el suministro de alimentos de los escuadrones móviles antidisturbios que prestaban sus servicios de apoyo a la movilidad segura en el distrito de Barranquilla. Las partes prorrogaron el plazo del contrato n.º 00044 por diez días calendario, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo inicial, según da cuenta copia simple de los contratos (f. 24-30 c. 1 ). 8.6. El 27 de julio de 2011, Enrique Mario Grillo Calvo y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla celebraron el contrato n.º 000107 para el suministro de

de los contratos (f. 24-30 c. 1 ). 8.6. El 27 de julio de 2011, Enrique Mario Grillo Calvo y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla celebraron el contrato n.º 000107 para el suministro de alimentos a los agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla. El plazo de ejecución era de 40 días calendario o hasta el agotamiento de los recursos a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, según da cuenta copia simple del contrato (f. 107-200 c. 1 ). 8.7. El 11 de noviembre de 2011, Enrique Mario Grillo Calvo y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla celebraron el contrato n.º 000187 para el suministro de alimentos a los agentes de la secciona! de tránsito y transporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla. El plazo de ejecución era hasta el 31 de diciembre de 2011 o hasta el agotamiento de los recursos destinados para su ejecución, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, según da cuenta copia simple del contrato (f. 208-212 c. 1).Expediente n. º 52.633

Demandante: Enrique Mario Grillo Calvo Niega pretensiones Régimen de contratación de los Distritos Especiales

9. El artículo 1 de la Ley 80 de 1993 establece que esa ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos estatales y dispuso, en el artículo 2.a, que los distritos especiales serían entidades estatales para los propósitos de ese estatuto.

las reglas y principios que rigen los contratos estatales y dispuso, en el artículo 2.a, que los distritos especiales serían entidades estatales para los propósitos de ese estatuto. El estatuto de contratación regula particularmente cinco materias propias del régimen de la contratación: (i) capacidad: dentro de la cual están las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, los consorcios y uniones temporales -que pueden celebrar contratos sin ser personas jurídicasy el registro único de proponentes; (ii) la selección objetiva, que abarca los procedimientos de selección de contratistas; (iii) el perfeccionamiento y la forma del contrato, la urgencia manifiesta y algunos tipos de contratos; (iv) algunos aspectos relativos a su ejecución como el manejo de riesgo, la ecuación contractual y las denominadas «potestades excepcionales» y (v) la liquidación del contrato y la de solución de controversias. En lo demás, la Ley 80 de 1993 prescribe que, por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes (arts. 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 y art. 2 CC), salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. De modo que el contrato estatal se rige por las disposiciones comerciales y civiles, salvo lo dispuesto por las normas de orden público previstas en la Ley 80 y sus modificaciones (arts. 5.1 Ley 57 de 1887 y 3º de la Ley 153 de 1887)3. Enrique Mario Grillo Calvo y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de

en la Ley 80 y sus modificaciones (arts. 5.1 Ley 57 de 1887 y 3º de la Ley 153 de 1887)3. Enrique Mario Grillo Calvo y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla celebraron los contratos n.º 000112 y n.º 00002 para el suministro de alimentos de los agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla que prestaban servicio de seguridad [hechos probados 8.2 y 8.6] y el contrato nº. 000044 para el suministro de alimentación de los escuadrones móviles antidisturbios que prestaban 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. sentencia de 28 de febrero de 2020, Rad. 31.628 [fundamento jurídico 4].e Expediente n. º 52.633

Demandante: Enrique Mario Grillo Calvo Niega pretensiones sus servicios de apoyo a la movilidad segura en el Distrito de Barranquilla [hecho probado 8. 7]. Como el demandante reclama el pago de los servicios para el suministro de alimentos que prestó en favor del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla entre el 15 de enero y el 2 de marzo de 2011, el régimen de sus actos y contratos es, además del derecho privado, el establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 1 O. El contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa (art. 1495 CC). El contrato, entendido como acuerdo de voluntades destinado a crear una o más obligaciones, puede ser real, consensual o solemne (art. 1500 CC). Por regla general los contratos son consensuales y solo

o no hacer alguna cosa (art. 1495 CC). El contrato, entendido como acuerdo de voluntades destinado a crear una o más obligaciones, puede ser real, consensual o solemne (art. 1500 CC). Por regla general los contratos son consensuales y solo excepcionalmente reales o solemnes (art. 824 C. Co). Los contratos son consensuales cuando se perfeccionan por el solo consentimiento, son reales cuando para que sean perfectos es necesario la entrega de la cosa a que se refiere, como ocurre en los contratos de mutuo y depósito (2222 y 2237 CC) y son solemnes cuando están sujetos a la observancia de ciertas formalidades especiales [ad extintentiam actus]. Las formalidades especiales a las que están sujetas la formación del contrato solemne pueden ser: (i) impuestas por la ley en consideración a la naturaleza del acto; (ii) impuestas por las mismas partes y (iii) exigidas en atención a la calidad o el estado de las personas que celebraron el contrato. Las solemnidades impuestas por la ley en consideración a la naturaleza del acto son comunes en los contratos en los que hay una modificación en el titular o se imponen limitaciones al derecho de propiedad (arts. 1857,1966 y 2434 CC). La ley autoriza a los contratantes a subordinar los efectos de sus manifestaciones a formalidades voluntarias o a condiciones lícitas y posibles (arts. 1530 y siguientes CC)4.

11. Los contratos -actos jurídicos generadores de obligaciones (art. 32)- que celebran las entidades que se rigen por la Ley 80 de 1993, son solemnes (art. 1500

CC). De modo que, están sujetos a una formalidad especial para que se perfeccionen y, sin ella, no producen efecto civil alguno. El artículo 39 de la Ley 80

CC). De modo que, están sujetos a una formalidad especial para que se perfeccionen y, sin ella, no producen efecto civil alguno. El artículo 39 de la Ley 80 4 Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n'. 26, sentencia del 26 de febrero de 2021, Rad. 1100103-15-000-2020-04022-00 [fundamento jurídico 16].e Expediente n. º 52.633

Demandante: Enrique Mario Grillo Calvo Niega pretensiones de 1993 prescribe que los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, salvo aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con esa formalidad. En concordancia, el artículo 41 dispuso que los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Los contratos celebrados por la Administración bajo las reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pues, son de carácter solemne, es decir, que para que existan se requiere que se eleve a escrito la manifestación de voluntad5. La ausencia de esta solemnidad ad substantiam actus implica la inexistencia del negocio jurídico e impide el nacimiento de los efectos jurídicos pretendidos por las partes (art. 1501 CC y 898 C. Co).

En los eventos en que una norma especial excluya la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, toda la actividad contractual -en sentido amplio-, es decir, desde la formación del negocio jurídico hasta la etapa postcontractual, se rige por el derecho privado. De modo que, en los regímenes

General de Contratación de la Administración Pública, toda la actividad contractual -en sentido amplio-, es decir, desde la formación del negocio jurídico hasta la etapa postcontractual, se rige por el derecho privado. De modo que, en los regímenes exceptuados, el perfeccionamiento del contrato no estará sujeto a la solemnidad ad substantiam actus prevista en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, sino únicamente a las solemnidades propias del negocio jurídico celebrado reguladas en el derecho privado y a las impuestas por las partes.

12. Como los servicios de suministro de alimentos fueron prestados por el demandante sin que se hubiera elevado a escrito contrato y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se rige por la Ley 80 de 1993, no existió el negocio jurídico por falta del requisito de perfeccionamiento establecido en ese estatuto -solemnidad ad substantiam actus-. De manera que, la Sala procede a determinar si se configuran los presupuestos del enriquecimiento sin causa.

Enriquecimiento sin justa causa

13. El Código Civil no previó expresamente la figura del enriquecimiento sin justa causa como fuente de obligaciones. No obstante, varios preceptos (arts. 1324, 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de marzo de 2011, rad. nº. 17072 [fundamento jurídico 3. 1], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 168, disponible en https://cutt.ly/OQ9KFJH.10

Expediente n. º 52.633

Demanda nte: Enrique Mario Grillo Calvo Niega pretension es

A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 168, disponible en https://cutt.ly/OQ9KFJH.10 Expediente n. º 52.633

Demanda nte: Enrique Mario Grillo Calvo Niega pretension es 1747, 2243, 2310, 2343 CC) reconocen que nadie puede enriquecerse sin causa a costa del empobrecimiento de otro. La jurispru dencia civil, con apoyo en esos preceptos, y en los artículos 5, 8 y 48 de la Ley 153 de 1887, desarrolló en varios fallos la aplicación de esta figura. Posteriormente, el artículo 831 C.Co. dispuso que nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro. De acuerdo con el criterio sentado por la Corta Suprema de Justicia, para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa [actio in rem verso] se requiere: (i) que exista un enriquecimiento por parte del obligado, que puede consistir en adición o haber evitado un menoscabo patrimonial; (ii) que haya un empobrecimiento correlativo, esto es, que provenga del mismo hecho; (iii) que no exista una causa jurídica del desplazamiento patrimonial; (iv) que el demandante carezca de cualquier otra acción que le permita reparar la situación -carácter subsid iarioy (v) que con su ejercicio no se pretenda soslayar de la aplicación de una norma imperativa6.

Estos requisitos se pueden agrupar en dos categorías. La primera compuesta por aquellos elementos naturales o materiales que dan lugar a que se configure como fuente de obligaciones: el enriquecimiento y el empobrecimiento correlativos y la ausencia de causa que justifique el enriquecimiento. La segunda relativa a los

aquellos elementos naturales o materiales que dan lugar a que se configure como fuente de obligaciones: el enriquecimiento y el empobrecimiento correlativos y la ausencia de causa que justifique el enriquecimiento. La segunda relativa a los requisitos procedimentales necesarios para ejercer la actio in rem verso: que el demandante carezca de otra acción y que no exista norma que excluya la aplicación del enriquecimiento. sin justa causa 7. La figura del enriquecimiento sin justa causa aplica al ámbito estatal, sobre los mismos fundamentos que sentó la jurisprudencia civil. Al fin de cuentas, los actos de gestión de la Administración se gobiernan por el derecho común (art. 2 CC y art. 13 Ley 80). No obstante, esta figura presenta naturalmente variaciones para «ajustarla» a las reglas especiales propias de la Administración Pública (artículos 5.1 Ley 57de 1887 y 3 de la Ley 153 de 1887). Frente a su procedencia en el marco de los contratos estatales sometidos a la Ley 80 de 1993, la Sala Plena de esta 6 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. sentencia del 19 de noviembre de 19 36, [fundamento jurídico 1], en Gaceta Judicial Tomo XLIV p. 471 a 476; y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de junio de 2007, Rad. 14.669 [fundamento jurídico 7.1], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de

Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá. Imprenta Nacional. 2018 pp. 895 y 896. disponible en: https://cutt. ly/ Akqynhf. 7 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 6_ de octubre de 1937 [fundamento jurídico 7], en Gaceta Judicial, Tomo XLV, pp. 802 a 805, y sentencia defi 21 de mayo de 2002 Rad. 7061 [fundamento jurídico 3].e 11 Expediente n. º 52.633

Demandante: Enrique Mario Grillo Calvo Niega pretensiones Sección -al unificar su criteriosostuvo que la actio in rem verso no podía ser utilizada para reclamar el pago de obras o servicios que se hubieran ejecutado en favor de la Administración, sin haber celebrado el contrato por escrito (arts. 39 y 41

Ley 80 de 1993); ni haber agotado los procedimientos señalados por el legislador8. Según este pronunciamiento, excepcionalmente, procedería esta acción sin que mediara contrato escrito por razones de interés público o general y señaló que se podría intentar, entre otros: (i) cuando se acreditara que la entidad pública impuso, sin participación ni culpa del particular, la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio por fuera de un contrato estatal o con prescindencia del mismo; (ii) en los casos en los que fuera urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros u ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud y (iii) en los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia

adquirir bienes, solicitar servicios, suministros u ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud y (iii) en los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omitiera su declaratoria y procediera a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito. La Sala dejó claro que esta acción sólo puede perseguir el monto del enriquecimiento. El criterio unificado de la Sala no «previó» -porque esto es privativo de la ley (art. 230 CN y art. 17 C.C.)- eventos «taxativos» para la procedencia del enriquecimiento sin justa causa. Sin embargo, del fallo es posible derivar un parámetro para la procedencia de esta figura: que se reúnan los requisitos «materiales» y «procedimentales» antes expuestos y, además, que se presenten eventos de necesidad y urgencia en la prestación del servicio que no permitan cumplir los requisitos para la celebración del contrato público, siempre que no exista -se reiterala intención de vulnerar normas imperativas (vgr. objeto ilícito a sabiendas art. 1525 CC). Así, corresponderá al juzgador determinar en cada evento la procedencia de esta figura según los criterios señalados, tanto por la jurisprudencia civil, como por la jurisprudencia administrativa. Además, la jurisprudencia tiene determinado que para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa o actio in rem verso se requiere de la ausencia s El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencia! de la Sala

de enriquecimiento sin justa causa o actio in rem verso se requiere de la ausencia s El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencia! de la Sala Plena de la Sección Tercera, contenido en la sentencia del 19 de noviembre de 2012, Rad. 24.897 [fundamento jurídico 13], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 pp. 899-900, disponible en: https://cutt. ly/Akqynhf.1 2 Expediente n. º 52.633

Demandante: Enrique Mario Grillo Calvo Niega pretensiones de una causa jurídica del desplazamiento patrimonial y que el demandante carezca de cualquier otra acción que le permita reparar la situación, dado su carácter subsidiario9. En el ámbito de esta jurisdicción, supondría plantear la contr