CE - 080012333000201300620011SENTENCIASENTENCIA20230524173134

Radicado: 08001-23-33-000-2013-00620-01 (57313)

Demandante: Ramiro Suarez y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: Demandantes:

Demandada: Referencia: 08001-23-33-000-2013-00620-01 (57313) Ramiro Suar.ez y otros Nación - Ministerio de Justicia y del DerechoFiscalía General de la Nación - Rama Judicial Medio de control de reparación directa Tema: Responsabilidad del Estado por la actividad judicial.

Subtema 1: Marco de juzga miento del juez de segunda instancia, Subtema 2: Privación de la libertad. Subtema 3: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 20131 , resuelve el r,scurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia dictada el 5 de febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO La Fiscalía General de la Nación inició investigación penal en contra de algunos funcionarios de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigaciones de Barranquilla, entre ellos Ramiro Suarez, por incurrir en irregularidades relacionadas con la administración y custodia de automotores y de armamento que habían sido

funcionarios de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigaciones de Barranquilla, entre ellos Ramiro Suarez, por incurrir en irregularidades relacionadas con la administración y custodia de automotores y de armamento que habían sido retenidos e incautados. El órgano investigador impuso medida de detención preventiva en contra del señor Suarez, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio, peculado por uso, abuso de función pública, falsedad ideológica en documento público y hurto agravado. Tras ello, acusó al sindicado de haber cometido, como coautor, las mentadas conductas punibles y el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Apelada la anterior decisión, la Fiscalía i) revocó la acusación relacionada con los delitos de concierto para delinquir y de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto; y, en su lugar, precluyó la instrucción de esos dos hechos ilícitos; ii) remitió, por competencia, la documentación relacionada con el hurto agravado a los jueces penales municipales; y iii) confirmó la acusación que atañe a los delitos de peculado por uso y de cohecho impropio. Posteriormente, la Fiscalía precluyó la investigación penal de los delitos de falsedad ideológica en documento público y de abuso de función pública. Un juzgado penal de Barranquilla declaró la prescripción de la acción penal respecto de los delitos de cohecho impropio y de peculado por uso. Los actores demandan al Estado porque 1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: "los·

cohecho impropio y de peculado por uso. Los actores demandan al Estado porque 1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: "los· expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ii) conscriptos y, (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno( ... )".Radicado: 08001-23-33-000-2013-00620-01 (57313) Demandantes: Ramiro Suarez y otros consideran injusta la privación de la libertad del señor. Suarez, y en razón a que hubo una dilación injustificada al tramitar el proceso perial en su contra. 2.1. La demanda

11. ANTECEDENTES •• Ramiro Suarez, quien puso de presente su condición de víctima directa; María Trinidad Bastidas Mejía, quien anunció su condición de compañera permanente del señor Suarez; Cristian Camilo Suarez Raigosa y Héctor David Suarez Bastidas, quienes afirmaron que eran hijos del primero de los,.mencionados; y Felicinda Suarez Guarnizo, que expresó que acudía a este proceso como madre de la víctima directa, presentaron demanda, en ejercicio del medio. de control de reparación directa2. Los actores pretenden que esta Jurisdicción p.rofiera sentencia en la que se condene a la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial a cancelar la indemnización:fie los perjuicios causados como consecuencia i) de la dilación injustificada del proceso penal adelantado en contra de Ramiro Suarez, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho

la Nación - Rama Judicial a cancelar la indemnización:fie los perjuicios causados como consecuencia i) de la dilación injustificada del proceso penal adelantado en contra de Ramiro Suarez, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio y peculado por uso, entre otros; y ii) de la medida privativa de la libertad que en su momento le fue impuesta con ocasión del reffi.rido trámite judicial. La parte actora, además, controvirtió la legalidad del acto expedido por la Fiscalía General de la Nación el 27 de octubre de 1994, en el que declaró insubsistente el nombramiento de Ramiro Suarez en el cargo de Investigador Judicial Grado 1, de la Dirección Secciona! del Cuerpo Técnico de Investigación de Barranquilla. Lo anterior, de tal manera que se protesta que aquella dec_isión careció de motivación y no tuvo en cuenta el amparo de estabilidad laboral para funcionarios de carrera administrativa3. 2.2. El trámite procesal relevante de primera instancia Admitida la demanda4, notificado el auto admisorio5, y corridos los traslados que exige la ley, la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho6 presentó escrito de contestación a la demanda, en el que propuso las excepciones tituladas "inexistencia de falla del servicio imputable al Ministerio de Justicia y del Derecho (ausencia de nexo causal)" y "falta de legitimación material en la causa por pasiva", para efectos de dar cuenta que la Fiscalía General de la,Nación y la Rama Judicial son quienes deben responder por los hechos expuestos .en la demanda; y que sus actuaciones no guardan relación con el daño objeto de las pretensiones indemnizatorias de la parte actora.

son quienes deben responder por los hechos expuestos .en la demanda; y que sus actuaciones no guardan relación con el daño objeto de las pretensiones indemnizatorias de la parte actora. 2 Demanda. Folios 1 a 15, cuaderno 1. ' • .. _ _. 3 Todo lo expuesto en este acápite se establece a partir de un análisis integral de la demanda. Las pretensiones están definidas asi: "le solicito se reconozcan y paguen los siguientes conceptos y valores: 1.- El pago de todos los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de despedido hasta la fecha que su de_spacho dice sentencia, con su correspondiente indexación. ( ... ) 2.- Al pago de los perjuicios morales causados no solo al señor SUAREZ, sino a su progenitora( ... ), a su compañera permanente(..') y a sus hijos( ... ); los cuales estimo al equivalente a ochenta salarios mínimos mensuales vigerités para cada .vía( ... )". Folio 5, cuaderno 1. • •• 4 Auto admisorio de la demanda dictado el 29 de noviembre de 2013 .. Folios 281 a 283, cuaderno 1. 5 Diligencias de notificación. Folios 284 a 287, cuaderno 1. • • 6 Contestación a la demanda de la Nación - Ministerio de Justicia y .del Derecho. Folios 298 a 303, cuaderno 1. •• ' 2Radicado: 08001-23-33-000-2013-00620-01 (57313) Demandantes: Ramiro Suarez y otros La Nación - Rama Judicial también contestó la demanda7. Se opuso a las súplicas de los actores. Invocó las excepciones de: i) "falta de legitimación en la

Demandantes: Ramiro Suarez y otros La Nación - Rama Judicial también contestó la demanda7. Se opuso a las súplicas de los actores. Invocó las excepciones de: i) "falta de legitimación en la causa por pasiva"8, toda vez que, en su criterio, el objeto de la controversia se centra en una actuación adelantada única y exclusivamente por la Fiscalía General de la Nación; e ii) "inexistencia de daño imputable a la dirección secciona! de administración judicial", en la medida en que el daño no le es imputable, pues sus actuaciones, afirmó, fueron legales. En todo caso, sostuvo que la Fiscalía no incurrió en alguna irregularidad.

La Nación - Fiscalía General de la Nación9, en su contestación a la demanda, objetó la indemnización de perjuicios deprecada, por no encontrarse probada en el proceso y no satisfacer los criterios jurisprudenciales de esta Corporación. Luego, se opuso a las pretensiones de la demanda. También adujo que no estaba acreditado el nexo causal· entre la falla en el servicio y el daño invocado en la demanda, y que en el proceso penal que cursaba en contra del señor Suarez, se tuvo la oportunidad de reclamar alguna irregularidad vinculada al servicio de administración de justicia prestado. El juez de primera instancia celebró audiencia inicial el 23 de septiembre de 201410, en la que: i) resolvió postergar el estudio de la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por la Nación - Rama Judicial y la NaciónMinisterio de Justicia y del Derecho, hasta el momento en el que dictara sentencia de mérito; ii) fijó el objeto del litigio11; iii) agotó, sin éxito, la oportunidad de obtener

Ministerio de Justicia y del Derecho, hasta el momento en el que dictara sentencia de mérito; ii) fijó el objeto del litigio11; iii) agotó, sin éxito, la oportunidad de obtener algún acuerdo conciliatorio; y iv) abrió la etapa de pruebas. Agotado el periodo probatorio, el Tribunal corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto 12. Así lo hizo la parte demandante 13, la Nación - Fiscalía General de la Nación14 y la Nación - Rama Judicial1 5, mientras que los demás sujetos procesales guardaron silencio. 7 Contestación a la demanda de la Nación - Rama Judicial. Folios 307 a 315, cuaderno 1. 8 Aunque también hizo referencia a la excepción de "indebida representación por pasiva". 9 Contestación a la demanda de la Nación - Fiscalía General de la Nación. Folios 331 a 341, cuaderno 1. 10 Acta de audiencia inicial. Folios 374 a 381, cuaderno 1. 11 El juez de primera instancia fijó el litigio a partir de este problema jurídico: "¿es administrativamente responsable el Estado Colombiano - Ministerio de Justicia - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, de los perjuicios que aduce haber recibido el demandante y su núcleo familiar, con motivo de la investigación penal que se inició en su contra el 18 de octubre de 1994 y que posteriormente culminó con la cesación del procedimiento por haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal, decretada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla mediante providencia de 22 de agosto de 2011 ". En la oportunidad respectiva, las partes no presentaron

de la acción penal, decretada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla mediante providencia de 22 de agosto de 2011 ". En la oportunidad respectiva, las partes no presentaron inconformidad frente a la fijación del litigio y, por consiguiente, desde ese momento procesal se marginó de la controversia lo atinente a los reparos que en la demanda se hizo sobre la declaración de insubsistencia que inicialmente invocó la parte aclara. Folio 379, cuaderno 1. 12 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Folio 657, cuaderno 1. 13 La parte demandante alegó de conclusión antes del auto que corrió traslado para tal efecto. Folios 638 a 655, cuaderno 1. 14 Alegatos de conclusión en primera instancia de la Nación - Fiscalía General de la Nación. Folios 663 a 670, cuaderno 1. 15 Alegatos de conclusión en primera instancia de la Nación - Rama Judicial. Folios 672 a 674, cuaderno 1. 32.3. La sentencia apelada Radicado: 08001-23-33-000-2013-00620-01 (57313) Demandantes: Ramiro Suarez y otros El Tribunal Administrativo del Atlántico, con sentencia dictada el 5 de febrero de 201616, negó las pretensiones de la demanda17_ El Tribunal determinó que, de las pruebas contenidas en el expediente no se observaba alguna conducta negligente cometida por los jueces que conocieron el proceso penal adelantado en contra de Ramiro Suarez. Asimismo, concluyó que la privación ae la libertad a la que fue sometido el señor Suarez fue justa y legítima, en razón á que estaban presentes los presupuestos para vincularlo a una investigación penal, citarlo a diligencia de

Ramiro Suarez. Asimismo, concluyó que la privación ae la libertad a la que fue sometido el señor Suarez fue justa y legítima, en razón á que estaban presentes los presupuestos para vincularlo a una investigación penal, citarlo a diligencia de indagación y mantenerlo detenido preventivamente. Es Glel caso precisar que, en el escrito de apelación, no hubo mención alguna a la ilegálidad del acto que declaró insubsistente el nombramiento de Ramiro Suarez. ,· 2.4. El recurso de apelación La parte demandante interpuso recurso de apelación18 en contra del fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, con la pretensión de que esta Corporación lo revoque y que, en su lugar, acceda 'a las pretensiones de la demanda. Como sustento de su escrito de impugnación, la apelante citó apartes de lo que, a su parecer1 9, la jurisprudencia del Consejd de Estado ha indicado en relación con el factor de imputación denominado "defectuoso funcionamiento de la administración de justicia". Luego, transcribió los mismos hechos expuestos en la demanda y reiteró los cargos allí elevados, aunque resaltó que el señor Suarez no fue objeto de procedimiento disciplinario en su contra, mientras laboró con la Rama Judicial. También aclaró que en el caso objeto de estufio "no solo existe un error judicial o (una) privación injusta de la libertad, sinp también un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia", que trájo como consecuencia la apertura de una investigación penal en contra del señor,Suarez y la prolongación injustificada de la restricción del derecho a la libertad de una persona. Agregó que

funcionamiento de la administración de justicia", que trájo como consecuencia la apertura de una investigación penal en contra del señor,Suarez y la prolongación injustificada de la restricción del derecho a la libertad de una persona. Agregó que las anteriores circunstancias causaron que el señor Suarez perdiera de manera injustificada el cargo que venía desempeñando, sufrie_ra un menoscabo que no estaba en condiciones de soportar y padeciera perjÚicios de carácter moral y material. Finalmente, insistió en que está acreditada! la actuación irregular del Estado, por el incorrecto funcionamiento del servicio de 'administración de justicia. ' 2.5. El trámite procesal relevante de segunda instanfija Esta Corporación, por medio de auto del 21 de julio de 0 20162º admitió el recurso de apelación interpuesto por los demandantes. En providencia posterior21, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de"t::onclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto de fondo; sin embargo, guardaron silencio22 . >. 16 Sentencia de primera instancia. Folios 678 a 695, cuaderno prindpal. 17 El juez de primera instancia omitió el análisis del presupuesto procesal de la legitimación en la fiufi. fi-18 Recurso de apelación. Folios 703 a 709, cuaderno principal. 19 El juez de primera instancia no precisó la sentencia o las P.i'ovidencias en las que quedó consignado los apartes citados. .,. 2º Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 728, cuaderno principal. 21 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión. Folio 732, cu¡¡derno principal. 22 Constancia secretaria!. Folio 733, cuaderno principal.

21 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión. Folio 732, cu¡¡derno principal. 22 Constancia secretaria!. Folio 733, cuaderno principal. 4Radicado: 08001-23-33-000-2013-00620-01 (57313)

Demanda.ntes: Ramiro Suarez y otros

111. CONSIDERACIONES 3.1. Marco de juzgamiento de la controversia objeto de estudio Revisada la demanda, la Sala observa que en algunos apartes los demandantes mencionaron el factor de imputación de error jurisdiccional23; no obstante, de los acápites de hechos24 y fundamentos de derecho25 se desprende que la causa del daño que pretenden sea reparado radica, exclusivamente, en la restricción del derecho a la libertad que padeció Ramiro Suarez, con ocasión del proceso penal adelantado en su contra; y en las probables deficiencias que pudieron ocasionarse en el trámite de aquel proceso judicial, sin que ello implique una equivocación grosera en una providencia en concreto. En ese sentido, el marco de juzgamiento que debía seguir el juez de primera instancia, como en efecto así ocurrió, se encontraba en estudiar solo los factores de imputación de privación injusta de la libertad y de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Es del caso recordar que esta Sección ha considerado de manera pacífica, en primer lugar, que los jueces carecen por completo de facultades para variar la causa petendi que la parte actora narra en la demanda, es decir, que los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción deberán ser resueltos con base en los antecedentes fácticos descritos en la . demanda26 y en los medios de prueba regular y

petendi que la parte actora narra en la demanda, es decir, que los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción deberán ser resueltos con base en los antecedentes fácticos descritos en la . demanda26 y en los medios de prueba regular y 23 "El error judicial inexcusable; el que hace referencia a las omisiones graves, evidentes, protuberante e imperdonables, que pueden obedecer a la negligencia, a la falta de eficacia que convierten a los funcionarios judiciales en enemigos de los ciudadanos, quienes esperan objetividad, independencia e imparcialidad por parte de la justicia, atentando contra la legitimad del Estado Social de Derecho; por estas razones cuando se evidencia un error judicial, el funcionario está en la obligación de reparar a la victima" y "Cuando se trata de la responsabilidad directa del Estado por el error judicial, el punto de partida para el análisis de aquella, lo es el daño causado al usuario del servicio jurisdiccional, imputable al Estado por acción u omisión, perjuicio causado en el ejercicio del poder judicial y en cumplimiento de la función pública de administrar justicia". Demanda. Folio 8, cuaderno 1. 24 "Se le dictó Resolución acusatoria el 15 de septiembre de 1995 y solo se resolvió la Apelación de la misma,( ... ) 22 meses después". Demanda. Folio 2, cuaderno 1. "Cabe destacar que durante todos estos años mi poderdante continuó enfrentando su situación penal; esperando la decisión final de los jueces de la República, atento y presentándose periódicamente, es decir, enfrentó y nunca dilató el impulso de este proceso". Demanda. Folios 2 y 3, cuaderno 1. "Durante todo este tiempo nunca

los jueces de la República, atento y presentándose periódicamente, es decir, enfrentó y nunca dilató el impulso de este proceso". Demanda. Folios 2 y 3, cuaderno 1. "Durante todo este tiempo nunca se impulsó ningún diligenciamiento a pesar de la asistencia frecuente de mi cliente ante ese Despacho Judicial". Demanda. Folio 3, cuaderno 1. "Durante esos los dos años en que estuvo privado de la libertad y aun durante el término que duró la dilatada e injustificada investigación se vio afectado moralmente el señor SUAREZ, al igual que su núcleo familiar" y "Además para afrontar su defensa durante los diecisiete años de esta larga y exhaustiva investigación, el señor Ramiro SUAREZ tuvo que afrontar grandes gastos patrimoniales( ... ). Demanda. Folio 4, cuaderno 1. 25 "En efecto, en este orden de ideas, se ubica la exigencia de que el proceso penal sea tramitado en un plazo razonable; pauta que si bien no es privativa de aquel, no cabe dudas que se acentúa en materia penal por el respeto que merece a la dignidad del hombre que proclama el derecho de toda persona sospechada (sic) de la comisión de un delito a poner dicha situación de incertidumbre y eventualmente, de privación de la libertad". Demanda. Folio 6, cuaderno 1. "la Corte lnteramericana de Derechos Humanaos ha afirmado que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable" y "también debemos mencionar que la Constitución, dispone en su articulo 29, el derecho a un debido proceso

de Derechos Humanaos ha afirmado que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable" y "también debemos mencionar que la Constitución, dispone en su articulo 29, el derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas". Demanda. Folio 7, cuaderno 1. 26 Consejo de Estado. Sala Pieria de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de febrero de 1999, expediente S-123. "[ .. . ] los hechos son la causa petendi de la demanda, en cuanto configuran la causa jurídica en que se fundamenta el derecho objeto de las pretensiones y por eso, desde el punto de vista procesal, su afirmación constituye un acto jurídico que tiene la trascendencia y alcance de definir los términos de la controversia y por lo tanto el alcance de la sentencia, y deben ser objeto del debate durante el proceso, para que si al final se encuentran debidamente probados puedan prosperar las peticiones de la demanda, ya que respecto de ellos debe pronunciarse el juzgador, en perfecta congruencia". 5Radicado: 08001 -23-33-000-2013-00620-01 (57313) Demandantes: Ramiro Suarez y otros oportunamente allegados al plenario27; y, en segundo IJJgar, que ni los alegatos de conclusión ni el recurso de apelación se constituyen como oportunidades procesales procedentes para que la parte actora modifique la causa petendi de la demanda28, ni siquiera con base en la aplicación del principio iura novit curia, ya que ello implicaría una transgresión al derecho de contradfcción y defensa de la parte ca ntra ri a29. La parte actora, en su escrito de apelación, insiste en .que en esta controversia al juez administrativo le corresponde estudiar el error jurisdiccional3º. Sin embargo,

ca ntra ri a29. La parte actora, en su escrito de apelación, insiste en .que en esta controversia al juez administrativo le corresponde estudiar el error jurisdiccional3º. Sin embargo, incurre en la misma falencia argumentativa de no ¡jar cuenta, siquiera, de la providencia que contiene el invocado yerro. Por este motivo, para honrar el principio de congruencia, esta Subsección, en su condición de._juez de segunda instancia, únicamente analizará los cargos que en el recurso de fipelación interpuesto por la parte aclara (como apelante único) se centran en la. pertinencia del factor de imputación, y en los presupuestos de aquel que _·esta judicatura encuentre pertinente. -, 3.2. Presupuestos procesales de sentencia de méritqi El presente asunto será resuelto de fondo, habida consiáeración de la competencia que fijó la Ley 270 de 1996, en cuanto prescribió que los litigios de reparación que tengan causa en la administración de justicia son de cofiocimiento de los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía31 . Además, en atención a la pertinente escogencia que hizo la parte demandante del medio de control, pues esta Corporación ha reiterado que la vía judicial adecuada para reclamar la indemnización de perjuicios causados como consecuencia de la privación injusta de la ._libertad y del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, es el medio de control de reparación directa32. Finalmente, porque los accionantes vinieron en tiempo a la jurisdicción en procura de reparación del daño causado por la privación de libertad, atendiendo a lo

funcionamiento de la administración de justicia, es el medio de control de reparación directa32. Finalmente, porque los accionantes vinieron en tiempo a la jurisdicción en procura de reparación del daño causado por la privación de libertad, atendiendo a lo preceptuado por el literal i) del numeral 2 del artículo 164\je la Ley 1437 de 2011, y a 27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. SenteAcia del 31 de mayo de 2019, expediente 44799. ;; 28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de junio de 1996, expediente 8422. "La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en las actuaciones quil conoce carece por completo de facultades para variar la causa petendi que se narra en la demanda, es decir, que en procesos de esta naturaleza la sentencia está irremediablemente abocada a resolver sobre si hay o no lugar a declarar la responsabilidad de la administración con base en los antecedentes fácticos descritos en la demanda y a los medios de convicción regular y oportunamente agregados al plenario. [ ... ] Cualquier variación o modificación del marco fáctico implicaría u_n desconocimiento flagrante del principio relativo al debido proceso, ya que, por una parte, sorprendería a la entidad pública demandada cuya defensa y medios exceptivos estarían enfocados 'a rebatir los hechos presentados en la demanda y, por otra parte, en atención a que ésta jamás tendi.ía opción de ejercer en ese caso el legítimo derecho de controvertir y de aportar pruebas tendientes·a rebatir los elementos de juicio eventual base de la declaración de responsabilidad y consecuencial condena al pago de los

el legítimo derecho de controvertir y de aportar pruebas tendientes·a rebatir los elementos de juicio eventual base de la declaración de responsabilidad y consecuencial condena al pago de los perjuicios". 29 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrerc:> de 1995, expediente S-123. 30 Recurso de apelación. Folio 709, cuaderno principal. . •• 31 El artículo 73 de la Ley 270 de 1996, vigente para la fecha de i\resentación de la demanda, fue derogado de manera expresa por el artículo 309 del CPACA, este 9Itimo declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C818 de 1º de noviembre de 2011. A partir de la vigencia del CPACA, la competencia en los asuntos referidos en la Ley 270 .de 1996, se rige conforme a lo previsto en el numeral 6 del artículo 152 de ese código. ;·, 32 Al punto, viene bien recordar que la controversia que planteó eñ torno al acto administrativo que declaró la insubsistencia de su nombramiento en el cargo que desempeñaba, se deslindó de la presente actuación a partir de la fijación del litigio. ; 6Radicado: 08001-23-33-000-201300620-01 (57313) Demandantes: Ramiro Suarez y otros los lineamientos trazados por la jurisp rudencia de esta Corporación33. Esto, porque las decisiones que pusieron fin a las actuaciones penales adelantadas contra el señor Suárez datan del 8 de julio de 19 97, la relacionada con los delitos de concierto para delinquir y de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto; del 28 de julio de 2004,

Suárez datan del 8 de julio de 19 97, la relacionada con los delitos de concierto para delinquir y de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto; del 28 de julio de 2004, la atinente a los delitos de falsedad ideológica en documento públi co y de abuso de fun·ción pública; y del veintidós (22) de agosto de dos mil once (2011) la que declaró la prescripción de la acción penal adelantada en contra de Ramiro Suarez, por los delitos de cohecho impropio y de peculado por uso. Por tanto, el plazo para el ejercicio oportuno de la acción corrió desde el día sigu iente de la última decisión judicial en mención, por corresponder al momento en el que quedó resuelta, de manera definitiva, la situación jurídica del sind icado. Y, entonces, considerando que los demandan tes, el cuatro (4) de febrero de dos mil trece (2013) 34, solicitaron la realización de audiencia de conciliación prejudicial sobre el asunto al que se contrae este litigio, vale decir, más de 6 meses antes de que feneciera el plazo inicial de ley para el ejercicio oportuno del medio de control de reparación directa, y que dicha conciliación fue declarada fallida el diecinue ve 19 de marzo siguiente35,la presentación de la demanda, acaecida el, veintidós (22) de agosto de dos mil trece (201 3))36, fue oportuna. Por otro lado, en cuanto al defectuoso funcionamiento de la admin istración de justicia, como ya se mencionó, los demandan tes protestaron una indebida e injustificada dilación del juicio penal surtido en contra del señor Suarez. Entonces, al tratarse de un daño que se

cuanto al defectuoso funcionamiento de la admin istración de justicia, como ya se mencionó, los demandan tes protestaron una indebida e injustificada dilación del juicio penal surtido en contra del señor Suarez. Entonces, al tratarse de un daño que se extendió en el tiempo, el conteo del término de vigencia de la acción inició en el momento en que cesó el trámite judicial, es decir, con la ejecutoria de la providencia que finalizó el proceso. Por tanto, está acreditado que las pretensiones derivadas de la dilación injustificada del trámite también se plantearon cuando el medio de control estaba vigente. Además, porque la Sala encuentra, respecto a la legitimación en la causa, lo sigu iente: Ramir o Suarez fue la pers9na que soportó la medida de detención preventiva y el proceso penal adelan tado en su contra, por lo que se encuentra legitimado en la causa por activa. Cristian Camilo Suarez Raigosa 37, Héctor David Suarez Bastidas 38 y Felicinda Suarez Guarnizo 39 están legitimados en la causa por activa, al acreditar su relación de parentesco -con la víctima directa. No ocurre lo mismo con relación a la señora Maria Trinidad Bastidas Mejía. Para acreditar legitimación, trajo al proceso un acta de una audiencia de conciliación celebrada el 28 de octubre de 2013 ante el Juzgado Segundo de Paz del Distrito Ind ustrial y Portuario de Barranquilla, así como una declaración extrajuicio 40, en las que el señor Suarez y María Trinidad Bastidas Mejía hicieron constar que la segunda depende económicamente del pri