CE - 080012333000201600477011SENTENCIA20230831121219
Detalles
- Título
- CE - 080012333000201600477011SENTENCIA20230831121219
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
Actor: Humberto Pernett Montaño y otro Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla Referencia: Medio de control de reparación directa
Asunto: Sentencia
Temas: REPARACIÓN DIRECTA - ACTIO IN REM VERSO – No se acreditó el requisito de procedencia alegado como fuente de enriquecimiento sin causa.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
Se demanda la reparación de un daño patrimonial derivado de un supuesto enriquecimiento sin justa causa, por cuenta de las obras que ejecutó el demandante sin que mediara un contrato estatal, dada la necesidad manifiesta que presentaban los establecimientos educativos intervenidos.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la proferida el 12 de abril de 2019, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, decidió la demanda de reparación directa presentada el 20 de abril de 2016 1, por el señor Humberto Pernett Montaño 2), contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por el enriquecimiento sin causa del
presentada el 20 de abril de 2016 1, por el señor Humberto Pernett Montaño 2), contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por el enriquecimiento sin causa del que se benefició como consecuencia de las obras ejecutadas en los establecimientos educativos de la región, sin que mediara un contrato estatal con las formalidades plenas3.
2. Como fundamento fáctico de la demanda, expuso que debido a una serie de necesidades urgentes que presentaban algunos establecimientos educativos del Distrito de Barranquilla y, con la finalidad de dar continuidad al servicio educativo,
1 Folio 7 del cuaderno 1. 2 Quien, a través de un contrato, cedió los derechos litigiosos que le correspondían en este asunto al señor Mario Humberto Moreno Salgado ; así, en audiencia del 14 de noviembre de 2018, el a quo tuvo como sucesor procesal del demandante al referido señor. Decisión que notificó por estrados, sin que fuera objeto de contradicción. 3En consecuencia, solicitó que se condenara al Distrito Especi al y Portuario de Barranquilla a pagar la suma de $422.485.765 que comprende el valor total de las obras ejecutadas; y, 100 SMLMV por concepto de perjuicios morales.Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
Actor: Humberto Pernett Montaño y otro Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla Referencia: Medio de control de reparación directa
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diferentes rectores de esas instituciones le solicitaron de manera verbal al actor
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla Referencia: Medio de control de reparación directa
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diferentes rectores de esas instituciones le solicitaron de manera verbal al actor que adelantara las obras locativas que se tornaban apremiantes.
3. Dijo que las obras ejecutadas, consistentes en reparaciones locativas, fueron conocidas por los secretarios de educación del Distrito, quienes eran conscientes de que las mismas debían ejecutarse ante el riesgo en el cual se encontraba la comunidad educativa.
4. Indicó que, pese a los requerimientos verbales del actor para que se materializara el pago de los recursos invertidos en las obras ejecutadas, no fue posible su pago, lo cual -en su sentir - generó un enriquecimiento sin causa en favor del Distrito de Barranquilla y un correlativo empobrecimiento en su contra, puesto que para la ejecución de tales obras que no daban espera, había invertido dineros propios y de terceras personas.
5. Afirmó, finalmente, que los perjuicios causados al actor debían ser anali zados en aplicación de los criterios de la actio in rem verso y, en consecuencia, debían reconocerse los valores invertidos en la ejecución de tales obras4.
La defensa
6. La alcaldía de Barranquilla se opuso a las pretensiones, por considerar que el supuesto fáctico de la demanda carece de respaldo probatorio. Señaló que no procede ningún reconocimiento, en tanto que las obras se ejecutaron sin que mediara un contrato est atal con formalidades plenas. Finalmente, alegó “inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido”5.
procede ningún reconocimiento, en tanto que las obras se ejecutaron sin que mediara un contrato est atal con formalidades plenas. Finalmente, alegó “inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido”5.
7. Al concluir la etapa probatoria 6, las partes insistieron en sus alegatos de conclusión en los argumentos de la demanda y su contestación, respectivamente7.
8. En su concepto, el Ministerio Público sostuvo que, en línea con los criterios de unificación fijados por el Consejo de Estado frente a la actio in rem verso, en este asunto las pretensiones estaban llamadas al fracaso, en tanto que no se acreditó
4 Folios 1 a 7 del cuaderno 1. 5 Folios 40 a 48 del cuaderno 1. 6 En audiencia inicial llevada a cabo el 8 de noviembre de 2018 (folios 73 a 76), el a quo incorporó como prueba los documentos aportados con la demanda (copia de las certificaciones emitidas por los rectores de los establecimientos educativos Nuevo Colegio Técnico de Santuario, Co legio Técnico Diversificado de Barranquilla COTEDIBA, Institución Educativa Distrital Simón Bolívar, Institución Educativa Carlos Meisel. Colegio Distrital Nuevo Bosque e Institución Educativa Distrital Ciudadela Estudiantil; y, constancia de conciliación extrajudicial emitida por la Procuraduría 118 Judicial II para asuntos administrativos). Al lado de esto decretó los testimonios de Edgar Torres Esquiva, Harold José Bolívar Reyes y Justo Ladrón de Guevara, los cuales se practicaron en audiencia del 14 de noviembre de 2018.
esto decretó los testimonios de Edgar Torres Esquiva, Harold José Bolívar Reyes y Justo Ladrón de Guevara, los cuales se practicaron en audiencia del 14 de noviembre de 2018. 7 Folios 95 a 105 del cuaderno 1.Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
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que el señor Pernett Montaño hubiera sido objeto de algún tipo de constreñimiento por la entidad territorial para que ejecutara las aludidas obras8.
La decisión de primera instancia
9. Al decidir el conflicto, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no se demostró ninguno de los eventos en los cuales resulta procedente la indemnización por la ejecución de obras en favor de la administración pública sin que mediara contrato estatal con las formalidades legales.
10. Para el efecto, sostuvo que no se acreditó que la Administración hubiera ejercido actos de constreñimiento en contra del señor Pernett Montaño para que ejecutara las obras locativas en los establecimientos educativos adscritos al Distrito y de las cuales dieron cuenta las certificaciones emitidas por los rectores de los mismos; tampoco se probaron las supuestas necesidades urgentes en las que se habrían encontrado los mismos, que implicara la intervención apremiante del actor y, en consecuencia, tornara inoportuno planear y adelantar el respectivo proceso de selección objetiva, dada la inminente afectación de un derecho de rango superior.
del actor y, en consecuencia, tornara inoportuno planear y adelantar el respectivo proceso de selección objetiva, dada la inminente afectación de un derecho de rango superior.
11. Al lado de esto, consideró que no se logró acreditar que durante el período respecto del cual se reclama el presunto enriquecimiento sin causa, en el Distrito de Barranquilla se hubiesen manifestado calamidades, fenómenos, catástrofes naturales que implicaran la adopción de medidas de urgencia para contrarrestarlos y que, ante esta grave situación de anormalidad, se hubiera visto en la imperiosa necesidad de omitir el deber de declarar la urgencia manifiesta y celebrar contratos verbales con el señor Pernett9.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Sustentación del recurso de apelación
12. En su apelación, la parte actora cuestionó la valoración probatoria realizada por el a quo, pues partió de afirmar que se aportaron a la foliatura los certificados emitidos por los diferentes rectores de los establecimientos educativos, con los que se prob ó las obras que allí se ejecutaron, las cuales tenían como objetivo evitar un perjuicio mayor, en tanto que la vida e integridad personal de la comunidad educativa se encontraba en riesgo. Según indicó, dichos documentos no fueron controvertidos por las partes en la etapa procesal prevista para tal fin.
8 Folios 145 a 159 c. 1. 9 Folios 115 a 121 del cuaderno principal.Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
Actor: Humberto Pernett Montaño y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
9 Folios 115 a 121 del cuaderno principal.Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
Actor: Humberto Pernett Montaño y otro Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla Referencia: Medio de control de reparación directa
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13. Agregó que de los testimonios rendidos en la audiencia de pruebas10 se pudo establecer, con coherencia y claridad, que las referidas obras se realizaron por la necesidad apremiante de conjurar el riesgo en e l que se encontraban los estudiantes -integrado por jóvenes y niños - y para dar continuidad al servicio educativo, a partir de lo cual insistió en que se demostró la existencia de un enriquecimiento sin causa a favor de la demandada y el correlativo empobrecimiento del actor, por lo que procedía la declaratoria de responsabilidad deprecada.
14. Finalmente, sostuvo con apoyo en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera el 19 de noviembre de 2012 -asunto 24.897que, si bien no hubo constreñimiento, ni tampoco se declaró la urgencia manifiesta, por no haberse presentado una calamidad pública, lo cierto es que las obras se requerían con urgencia de cara a contrarrestar la situación de riesgo en la que se encontraban los menores que recibían clases en las instituciones educativas del distrito, de allí que la acción in rem verso resultara procedente en orden a acceder a los reconocimientos solicitados11.
15. En el término para alegar de conclusión la parte actora insistió en los argumentos expuestos a lo largo del trámite de la presente acción, mientras que la demandada y el Ministerio público guardaron silencio12.
reconocimientos solicitados11.
15. En el término para alegar de conclusión la parte actora insistió en los argumentos expuestos a lo largo del trámite de la presente acción, mientras que la demandada y el Ministerio público guardaron silencio12.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
16. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.
Problema jurídico
17. De cara al recurso de apelación propuesto, el debate jurídico de alzada se circunscribe a verificar si las pruebas que militan en el proceso permiten acreditar si se concretó o no la hipótesis que habilitaba la procedencia de la actio in rem verso en torno a la situación de urgencia en la que se encontraban los establecimientos educativos del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla que habrían sido intervenidos por el actor sin la mediación de un contrato estatal, ello con la finalidad de evitar una lesión inminente a la integridad de la comunidad educativa.
10 De los señores Edgar Torres Esquiva, Harold José Bolívar Reyes y Justo Ladrón Guevara. 11 Folios 126 a 131 del cuaderno principal. 12 Folios 114 y 147 del cuaderno principal.Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
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Caso concreto
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Caso concreto
18. La Sala anticipa que confirmará la decisión que negó las pretensiones de la demanda, dado que la parte actora no probó los supuestos para la procedencia de la actio in rem verso invocada, tal como pasa a analizarse.
19. Como ruta para el análisis propuesto, la Sala recapitula los hechos cuya
prueba milita en el expediente:
- El 14 de febrero de 2014, el Instituto Nuevo Colegio Técnico del Santuario de Barranquilla certificó que el señor Humberto Pernett Montaño realizó trabajos de adecuación y reparaciones locativas en esa Institución, por valor de $81’905.200, las cuales incluían la demolición de paredes y de piso de concreto, desmonte de instalaciones sanitarias, excavación para zapatas, columnas en concreto, entre otras.
- El 20 de febrero de 2014, el rect or del Colegio Técnico Diversificado de Barranquilla COTEDIBA, certificó que el arquitecto Humberto Pernett Montaño realizó “trabajos de emergencia que se presentaron en la institución”, por valor de $79’497.145, los cuales incluyeron zócalo, enchapes y pisos en cerámica, baterías y tuberías sanitarias, puntos de agua potable, lavamanos en línea, orinal e instalación de válvula de control, entre otros.
- En la misma fecha, el rector de la Institución Educativa Distrital Carlos Meisel
y tuberías sanitarias, puntos de agua potable, lavamanos en línea, orinal e instalación de válvula de control, entre otros.
- En la misma fecha, el rector de la Institución Educativa Distrital Carlos Meisel certificó que la mentada persona realizó trabajos por valor de $42’004.950, que incluyeron desmonte de cubierta, pañetes, vigas de amarre, acometidas eléctricas y pintura general en salones, entre otros.
- El 22 de febrero de 2014, el rector de la Institución Educativa Distrital del Barrio Simón Bolívar, informó que el señor Pernett Montaño “realizó los siguientes trabajos en la Institución, autorizado por la Secretaría de Educación”, por valor de $71’721.390. Entre las obras se relacionaron excavaciones generales, demolición de pisos y de muros e instalación de vigas de amarre, entre otras.
- El 4 de marzo de 2014, el rector del Colegio Distrital Nuevo Bosque certificó que el arquitecto Humberto Pernett Montaño culminó trabajos de reparaciones generales, que incluyeron demolición de muros, de enchapes y de pisos, excavaciones de tubería sanitaria, desmonte de cubierta en mal estado, entre otras, por valor de $82’712.110.
- El 5 de febrero de 2014, el rector de la Institución Educativa Distrital Ciudadela Estudiantil, certificó que el mismo arquitecto realizó trabajos en esa institución por valor de $64.644.970, que incluyeron excavaciones de tuberías sanitarias y deRadicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
Actor: Humberto Pernett Montaño y otro
valor de $64.644.970, que incluyeron excavaciones de tuberías sanitarias y deRadicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
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agua potable, pisos cerámicos para salón de profesores y suministro de reguladores para computadores13.
- En testimonio rendido a instancias del Tribunal a quo14, el señor Edgar Torres Esquiva, quien para la fecha de los hechos aludidos en la demanda se desempeñaba como asesor comercial, declaró que mantenía tratos comerciales con el actor, a quien le suministraba bienes para la construcción -tejas de Eternit, enchapes-. Al ser interrogado sobre las obras adelantadas por éste en los establecimientos educativos del Distrito, informó que, al parecer, esa entidad territorial no se las había pagado y que su propósit o en la diligencia era el de aclarar que el demandante aún le adeudaba unas facturas por la compra de unos materiales.
- Por su parte, el señor Harold José Bolívar declaró que para la fecha aludida en la demanda trabajó como ayudante de obra del arquitecto Pernett Montaño y que, en el año 2014 aquél habría tenido problemas con el Distrito porque no le pagó unas reparaciones locativas en unos colegios que se encontraban en mal estado, sin recordar claramente cuáles instituciones fueron intervenidas.
- Finalmente, a la diligencia de testimonios concurrió el señor Justo Rafael Ladrón, de profesión arquitecto, quien informó que trabajó con el actor como
sin recordar claramente cuáles instituciones fueron intervenidas.
- Finalmente, a la diligencia de testimonios concurrió el señor Justo Rafael Ladrón, de profesión arquitecto, quien informó que trabajó con el actor como contratista residente de obra para la época de los hechos aludidos y que, en ejercicio de ello, conoció de unas obras que se ejecutaron en algunos colegios distritales, sin recordar claramente de cuáles; así, precisó que las mismas comprendieron reparaciones locativas en tanto que las instituciones se encontraban en malas condiciones, sobre todo en salones de infor mática. Afirmó que no se trataban de problemas estructurales o de sedimentación, porque los terrenos eran estables.
20. Ahora bien, según el actor, la pretensión de pago resulta procedente dado que, pese a que las prestaciones no estaban respaldadas en un contrato estatal, fueron ejecutadas con el fin de contrarrestar una situación de necesidad inminente que presentaban algunos establecimientos educativos de carácter distrital y que ponía en riesgo la vida e integridad del estudiantado -integrado por niños y adolescentes-, lo cual permitía de manera excepcional ejecutar las obras sin en el lleno de las formalidades que rigen la contratación estatal, obras que presentaron un enriquecimiento de la entidad estatal y un correlativo empobrecimiento del actor, en tanto que las mismas se ejecutaron pero no se cancelaron.
13 Todas las certificaciones mencionadas obran a folios 9 a 16 del cuaderno 1. 14 En atención a que el CD contentivo de la audiencia de pruebas celebrada el 14 de noviembre de 2018 no
13 Todas las certificaciones mencionadas obran a folios 9 a 16 del cuaderno 1. 14 En atención a que el CD contentivo de la audiencia de pruebas celebrada el 14 de noviembre de 2018 no funcionaba, se requirió a través de correo electrónico al Tribunal a quo, con el fin de que aportara copia digital de la audiencia; en respuesta y por el mismo medio, dicho tribunal remitió el link de acceso que permitió visualizarla.Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
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21. Atendidas las particularidades del presente asunto, la Sala t oma como punto de partida que, por regla general, el enriquecimiento sin causa y, en consecuencia, la actio in rem verso, entendida bajo la comprensión: “nadie podrá enriquecerse a expensas de otro”15, no puede ser invocado como fuente de responsabilidad de l Estado para reclamar el pago de obras, entrega de bienes, servicios prestados o cualquier otro tipo de prestación, sin la mediación de un contrato estatal o al margen de éste, por cuanto tal figura no está llamada a emplearse con la finalidad de desconocer o contrariar una norma imperativa que deriva de la solemnidad del contrato estatal y de los procedimientos para celebrarlo.
22. Al punto de la ley de los contratos estatales, valga aclarar que, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, los entes departamentales son entidades públicas sometidas al régimen de contratación estatal y las normas que la
con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, los entes departamentales son entidades públicas sometidas al régimen de contratación estatal y las normas que la reglamentan, por lo que las obligaciones nacidas de un acuerdo de voluntades susceptible de contraer con los particulares u otras entidades públic as deben satisfacer los requisitos solemnes del contrato estatal y las exigencias relacionadas con los métodos de selección, las tipologías de contratación y los principios de planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva de con tratistas previstas en el Estatuto de Contratación Estatal, en consideración a la naturaleza de orden público y la imposibilidad de desconocimiento por su obligatorio cumplimiento.
23. Con criterios de unificación, esta Sección 16 clarificó que emergen hipótesi s que tornan procedente la aplicación de la actio in rem verso con efectos indemnizatorios frente a prestaciones en favor de las entidades estatales sin que medie contrato alguno, las cuales deben ser aplicadas con carácter excepcional y, por consiguiente, son de interpretación y de aplicación restrictivas, de allí que no cualquier evento pueda encuadrar dentro de esos casos excepcionales o al amparo de ellos, en tanto que la regla general es que no resulta admisible prestación sin contrato estatal.
24. Así, los casos en los que de manera excepcional y por razones de interés público o general, la Sala consideró procedente dar cabida a la actio in rem verso, comprenden los siguientes: i) cuando se acredite de manera fehaciente y evidente que fue exclusivamente l a entidad pública, sin participación y sin culpa del particular, la que, en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium,
comprenden los siguientes: i) cuando se acredite de manera fehaciente y evidente que fue exclusivamente l a entidad pública, sin participación y sin culpa del particular, la que, en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium, constriñó al particular a la ejecución de prestaciones o al suministro de bienes o servicios para su beneficio, por fuera o con prescindencia de contrato estatal; ii) cuando es urgente o necesario adquirir bienes, solicitar servicios o suministros u ordenar obras para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, en conexidad con los derecho s a la vida y a la integridad
15 Artículo 831 del Código del Comercio 16Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera, sentencia de 19 de noviembre de 2012, expediente 24.897Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
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personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas y la celebración de los correspondientes contratos; y, iii) cuando, debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno17.
25. Debe agregarse que, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 80 de 1993,
a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno17.
25. Debe agregarse que, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, el ordenamiento jurídico contempla, a título de excepción, la posibilidad de ejecución prestacional sin el amparo de un contrato estatal, en aquellas situaciones de urgencia en las que, por razones inculpables, las entidades de derecho público no están en condiciones de acudir a los procedimientos de
selección; dice la norma en cita:
“(…) cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestaci ón de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o públicos”.
26. Sobre estas bases, la Sala encuentra que la situación planteada por el recurrente en el sentido de que la ejecución de obras locativas en algunas instituciones educativas distritales sin contrato estatal, se derivó de acuerdos verbales, ante la urgencia y la necesidad en la que se encontraban los estudiantes de dichas instituciones, lo que se proyectaba en una amenaza o lesión inminente para su vida e integridad personal, no se muestra ni por su enunciado ni por las pruebas recaudadas, como una hipótesis acreditada de manera objetiva y manifiesta en la foliatura. El escaso ma terial probatorio recaudado no permite
para su vida e integridad personal, no se muestra ni por su enunciado ni por las pruebas recaudadas, como una hipótesis acreditada de manera objetiva y manifiesta en la foliatura. El escaso ma terial probatorio recaudado no permite colegirlo, y menos aún considerar que medió una circunstancia que implicara la imposibilidad de acudir a los procedimientos reglados para la selección y celebración de contratos de naturaleza estatal, como tampoco que mediara una situación ajena a las actividades de planeación en la contratación estatal, o que comprometiera de manera en forma imprevista o inusitada la continuidad del servicio educativo en los establecimientos intervenidos por el actor.
27. Si bien en el e xpediente obran certificaciones emitidas por algunos rectores de diferentes instituciones educativas en las que se relacionaron los costos de unas obras locativas realizadas por el señor Pernett Montaño, lo concreto es que esa información no acredita el or igen y causas de las mismas, menos aún que
17 Esto, en los casos en que tal exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993.Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
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tuvieran la finalidad de conjurar una situación apremiante, de riesgo o por necesidad de dar continuidad al servicio educativo.
28. Aun cuando el rector de la institución COTEDIBA, al momento de certificar el
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tuvieran la finalidad de conjurar una situación apremiante, de riesgo o por necesidad de dar continuidad al servicio educativo.
28. Aun cuando el rector de la institución COTEDIBA, al momento de certificar el costo de las obras, indicó que se trataban de “trabajos de emergencia que se presentaron en la institución”, lo cierto es que dicha indicación resulta insuficiente para efectos de acreditar la situación excepcional que se pretende introducir como fuente del enri quecimiento sin causa, puesto que no precisó, ni mucho menos acreditó, cuál era esa situación de emergencia y su origen; además, es claro que la certificación tenía como propósito relacionar los costos de unas obras ejecutadas, lo cual resulta palmariamen te insuficiente para extraer las razones que condujeron a su realización.
29. Ahora, debe señalarse que analizadas las declaraciones de los testigosargumento traído en apelaciónbajo las reglas de la sana crítica, la Sala evidencia que aquellas carecen de contundencia, validez y asertividad frente a los hechos que se quisieron probar con su relato.
30. En efecto, en relación con la declaración del señor Edgar Esquiva Torres, quien s e presentó a la diligencia como asesor comercial de bienes para la construcción, se parte de cuestionar su idoneidad, en tanto que, como lo dejó claro en la audiencia de su testimonio, su propósito estaba encaminado a dejar constancia de la deuda que el señor Pernett Montaño tenía con él, con ocasión de los tratos comerciales que mantenían, lo que le resta toda validez a sus dichos en torno a la realización de las obras ejecutadas en los establecimientos educativos,
constancia de la deuda que el señor Pernett Montaño tenía con él, con ocasión de los tratos comerciales que mantenían, lo que le resta toda validez a sus dichos en torno a la realización de las obras ejecutadas en los establecimientos educativos, declaración que no ofreció elementos de c onocimiento o convicción sobre el origen de la decisión que tuvo el señor Pernett para intervenir varias instituciones de educación distrital, en la medida que su testimonio, en términos generales, discurrió sobre el hecho de que le suministró al pluricita do señor materiales de construcción tales como tejas de Eternit, cemento y arena, entre otros, y que, por ello, aquél le adeudaba alrededor de $150’000.000, dinero en relación con el cual solicitó de manera explícita en la diligencia le debía ser cancelado.
31. Agregase a lo anterior que el testigo fue interrogado de manera genérica sobre los hechos narrados en la demanda, ante lo cual dijo sin esclarecer la fecha, que se trataba de unas obras en unas instituciones del Distrito, sin precisar o identificar cuáles eran tales establecimientos educativos, ni mucho menos identificó el momento de la intervención, ni en qué consistieron las mismas, tampoco indicó cómo obtuvo conocimiento de los referidos hechos, esto es, si conoció directamente la ejecución de las obr as o simplemente lo supo por cuenta de las compras de materiales de construcción que testificó le adeudaba el señor Pernett Montaño, todo lo que lleva a considerar la palmaria inconsistencia de su declaración en orden a inferir el objeto que se pretendía p robar, es decir, que lasRadicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
Montaño, todo lo que lleva a considerar la palmaria inconsistencia de su declaración en orden a inferir el objeto que se pretendía p robar, es decir
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