CE - 080012333000201900339021SENTENCIA20231009074855

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICACIÓN: 08001-23-33-000-2019-00339-02 (0727-2023)

DEMANDANTE: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

DEMANDADO: Dubis Isabel Ditta Altamar

Tema: Lesividad. Compatibilidad entre pensión gracia y pensión ordinaria de jubilación. Traslado docente nacionalizado.

Desarrollo de facultades establecidas en el artículo 323 del CGP.

CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el ocho (8) de abril de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de l Atlántico, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) , instauró demanda en contra de la señora DUBIS ISABEL DITTA ALTAMAR en

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) , instauró demanda en contra de la señora DUBIS ISABEL DITTA ALTAMAR en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad), consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES2

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: N° 001350 del 12 de marzo de 2003, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia a favor de la demandada; N°31466 del 27 de junio de 2007 y N°45929 del 5 de diciembre de 2017, que reliquidaron la mentada prestación reconocida.

1 En adelante UGPP. 2 Folio 2.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

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Que a título de restablecimiento del derecho se condene a restituir a la entidad de manera indexada, la suma correspondiente a las mesadas pensionales pagadas sin tener derecho.

HECHOS3

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que la demandada nació el 25 de octubre de 1951 y durante su vida laboral tuvo distintas vinculaciones laborales por diferentes periodos de tiempo, entre las cuales se encuentran las siguientes:

manera.

Que la demandada nació el 25 de octubre de 1951 y durante su vida laboral tuvo distintas vinculaciones laborales por diferentes periodos de tiempo, entre las cuales se encuentran las siguientes:

• En calidad de docente nacional a favor del departamento del Atlántico entre 1° de agosto de 1972 y el 31 de enero de 1978 y desde el 18 de abril de 1997 hasta el 10 de diciembre de 2016. • En calidad de docente nacionalizada con el departamento de Norte de Santander entre el 22 de marzo de 1979 y el 21 de abril de 1997. • En calidad de docente nacional a favor del departamento del Atlántico entre el 18 de abril de 1997 al 10 de diciembre de 2016.

Que m ediante la Resolución N°28936 del 8 de octubre de 2002, la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) negó el reconocimiento de pensión gracia. Posteriormente, en Resolución N°1350 del 12 de marzo de 2003, le fue concedida la prestación en una cuantía de $1.124.738, efectiva a partir del 21 de octubre de 2001, con el 75% de la asignación básica devengada en el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus.

Que, en cumplimiento al fallo de tutela del 17 de mayo de 2006, emitido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, CAJANAL profirió la Resolución N°31466 del 27 de junio de 2007, por medio de la cual reliquidó la pensión aumentando la cuantía en $1.265.318 , misma que adicionalmente en Resolución N° 45929 del 5 de

27 de junio de 2007, por medio de la cual reliquidó la pensión aumentando la cuantía en $1.265.318 , misma que adicionalmente en Resolución N° 45929 del 5 de diciembre de 2017 fue nuevamente reliquidada en una suma de $1.265.942 con efectos fiscales a partir del 30 de enero de 2014, por prescripción trienal.

Que, de conformidad con el certificado N°201880013455502 de l Ministerio de Educación Nacional de 9 de octubre de 2018 , allegado con ocasión al auto de pruebas de 17 de abril de 2018, el tiempo de servicios prestados entre el 1° de mayo de 1974 al 30 de enero de 1978 fue de carácter nacional, motivo por el cual a través de la Resolución N°24265 del 17 de abril de 2018, la UGPP determinó los mayores valores recibidos por la señora Ditta Altamar por concepto de mesadas pensionales pagadas en e xceso con cargo a los recursos del Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

3 Folios 3 a 4.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 11 de septiembre de 20194 y notificada a la señora Dubis Isabel Dita Altamar 5, ello con solicitud de medida cautelar negada según auto del 18 de agosto de 2021, decisión confirmada en el auto del 23 de septiembre de la misma anualidad que resolvió el recurso de reposición . Por su

a la señora Dubis Isabel Dita Altamar 5, ello con solicitud de medida cautelar negada según auto del 18 de agosto de 2021, decisión confirmada en el auto del 23 de septiembre de la misma anualidad que resolvió el recurso de reposición . Por su parte, la demandada presentó memorial de contestación6, en el cual se opuso a las pretensiones de la demanda en el sentido de precisar que cumplió con los requisitos para el reconocimiento de pensión gracia al haber laborado por aproximadamente 28 años, tiempo que en su mayoría fue mediante vinculación territorial. No propuso excepciones.

En audiencia inicial del 22 de octubre de 20217, el tribunal fijó el litigio del proceso, ordenó incorporar las pruebas documentales allegadas al plenario con la demanda y la contestación , decretó otras solicitadas por la parte demandante, así como de oficio consideró requerir a la Secretaría de Educación del Atlántico para que indicara el tipo de vinculación que tuvo la demandada, así como las plazas en las que fue nombrada. Posteriormente, en auto del 23 de marzo de 202 28, ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9

El Tribunal Administrativo del Atlántico, dictó sentencia el 8 de abril de 2022, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante, luego de determinar que la señora Dubis Ditta cumplió con los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, al haberse desempeñado en calidad de docente territorial por más de 20 años de servicios.

a la parte demandante, luego de determinar que la señora Dubis Ditta cumplió con los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, al haberse desempeñado en calidad de docente territorial por más de 20 años de servicios.

Como sustento de lo anterior y del análisis probatorio de los documentos allegados al plenario, señaló que entre el 1° de mayo de 1974 y el 31 de enero de 1978, la docente fue nombrada por el Ministerio de Educación Nacional, por lo que este tiempo de carácter nacional no pudo ser contabilizado para el reconocimiento de la prestación.

Sin embargo, se desempeñó como docente territorial vinculada al departamento de Santander entre el 1979 a 1997 y a partir de esta fecha hasta el 2016, en la Institución Educativa Técnica Simón Bolívar del municipio de Puerto Colombia, nombrada por el gobernador del departamento de Atlántico, es decir, que cumplió

4 Folios 230 a 231. 5 Folio 246. 6 Folios 250 a 256. 7 Folios 284 a 287. 8 Folio 321. 9 Folios 341 a 346.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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con el requisito por haber sido vinculada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, cumpliendo con el presupuesto del artículo 1° de la Ley 91 de 1989.

En ese sentido, expuso que los cargos de violación propuestos por la entidad demandante no tenían vocación de prosperar y por ello, se abstuvo de resolver los

1980, cumpliendo con el presupuesto del artículo 1° de la Ley 91 de 1989.

En ese sentido, expuso que los cargos de violación propuestos por la entidad demandante no tenían vocación de prosperar y por ello, se abstuvo de resolver los medios exceptivos, según lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 280 del CGP. Igualmente, no emitió pronunciamiento sobre los presuntos perjuicios que adujo la demandada se le habrían ocasionado en el curso del presente proceso al ser propios de la demanda de reconvención que no presentó y dado que, en todo caso, no aportó pruebas que respaldaran sus pretensiones.

EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante10 solicita revocar la sentencia recurrida, para que en su lugar se acceda a las súplicas de la demanda. Señala que, aunque la demandada debía cumplir de manera concurrente y con anterioridad al 29 de diciembre de 1989 , los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, no logró acreditar el cumplimiento de los 20 años de servicios para tal fecha ni tampoco con posterioridad a ella y además contaba con poco más de 38 años para la época de corte.

Que los tiempos de servicio prestados en favor del Departamento del Atlántico desde el 1 de agosto de 1972 hasta el 31 de enero de 1978 y desde el 18 de abril de 1997 hasta el 10 de diciembre de 2016, no son computables para efectos de la pensión gracia, pues el tipo de vinculación que ostentó era como docente nacional, hecho que reconoció el a quo en su decisión.

Que, si en gracia de discusión, se admitiera que la demandada no está excluida del

pensión gracia, pues el tipo de vinculación que ostentó era como docente nacional, hecho que reconoció el a quo en su decisión.

Que, si en gracia de discusión, se admitiera que la demandada no está excluida del beneficio de pensión gracia por contar con otros tiempos del orden nacionalizado o territorial, a saber , los tiempos que prestó en el Departamento del Norte de Santander desde el 22 de marzo de 1979 al 21 de abril de 1997 , estos resultan insuficientes para completar los 20 años de servicio que consagra la normativ a sobre este tema pues tan solo suman 18 años y 25 días, adicional al hecho que se tratan de tiempos prestados por fuera del límite temporal que impuso la Ley 91 de 1989 (a 29 de diciembre de 1989 contaba solo con 10 años, 9 meses y 7 días de servicio).

De igual manera, adujo que como quiera que la señora Dubbis Isabel Ditta prestó tiempo de servicio como docente nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mediante la Resolución N°0819 del 5 de septiembre de 2008, le reconoció una pensión de jubilación, situación que la excluye del beneficio de hacerse merecedora de la pensión gracia.

En su interpretación la prohibición establecida en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913

10 Folios 356 a 364.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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está referida a recibir, en cualquier momento, recompensas de carácter nacional

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está referida a recibir, en cualquier momento, recompensas de carácter nacional tanto en el pasado como en el presente.

Finalmente, dispuso que la decisión del a quo desconoció la sentencia C -489 de 2000 que estableció que la totalidad de los requisitos establecidos por la Ley 114 de 1913 se debían cumplir con ant erioridad al 29 de diciembre de 1989, fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1981, siendo su obligación obedecerlo al constituir verdadera fuente formal y principal del derecho.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

Una vez admitido el recurso de apelación11, la parte demandada dentro del término de ejecutoria de dicha decisión, según lo dispuso el auto del 28 de febrero de 2023, allegó alegatos de conclusión solicitando se desestimen las pretensiones contenidas en el recurso de apelación, al considerar que la sentencia proferida el 8 de abril de 2020, satisface los postulados constitucionales y legales y se ajusta a la jurisprudencia del consejo de estado en materia de pensión gracia.

Igualmente, solicitó se condene en costas en segunda instancia a la parte demandante, en la medida en que, conforme el ordinal 3 del artículo 365 del Código General del Proceso, resultó vencida en el proceso y las costas se causaron por la actuación procesal de su contraparte a través de apoderado.

La parte demandante durante esta etapa guardó silencio.

Adicionalmente, al no haberse practicado pruebas de segunda instancia, conforme

actuación procesal de su contraparte a través de apoderado.

La parte demandante durante esta etapa guardó silencio.

Adicionalmente, al no haberse practicado pruebas de segunda instancia, conforme al numeral 5° de esta misma normativa, no se corrió traslado para alegar de conclusión.12

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Procurador Tercero Delegado ante esta corporación no rindió concepto.13

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si alguno de los períodos de labor de la demandada como docente oficial, lo fue ron bajo una vinculación del orden nacional que no puedan ser tenidos en cuenta para consolidar la pensión gracia. En caso de resultar procedente su c ómputo, se tendrá que

11 Folio 381. En dicha providencia se indicó que, en la medida en que no se había solicitado la practica pruebas de segunda instancia, conforme al numeral 5° de esta misma normativa, no se correría traslado para alegar de conclusión, sino que las partes podrían emitir sus pronunciamientos hasta la ejecutoria del auto que admitió el recurso. 12 Ver constancia secretarial a folio 400, C2. 13 Indice 11.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00339-02 (0727-2023)

establecer si es procedente el reintegro a favor de la UGPP de las sumas de dinero percibidas por la accionada por tal concepto.

Cuestión previa

establecer si es procedente el reintegro a favor de la UGPP de las sumas de dinero percibidas por la accionada por tal concepto.

Cuestión previa

➢ Apelación del auto que decretó la suspensión provisional (Proceso N°

Interno: 2481-2022)

Observa la Subsección que el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de la providencia de l 18 de agosto de 2021 14denegó la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones N°001350 del 12 de marzo de 2003, N° 31466 del 27 de junio de 2007 y N° 045929 del 5 de diciembre de 2017, por medio de las cuales se reconoció el pago de la pensión gracia y se ordenó la reliquidación de la misma. Esta decisión obedeció a la solicitud de medida cautelar presentada por la libelista (ver fl. 15), la cual se su stentó con base en los mismos argumentos del escrito introductor, frente a la que la entonces demandada guardó silencio.

Contra la anterior decisión interlocutoria, la UGPP interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación (obrante de folios 262 a 264, ídem), básicamente con el mismo fundamento de la impugnación de la sentencia ya referido. Este asunto se encuentra al despacho del suscrito magistrado ponente para decidir, el cual corresponde al radicado N° 08001-23-33-000-2019-00339-01, con número interno 2481-2022.

Así, en atención a lo dispuesto en el artículo 323 del Código General del Proceso, según el cual «[…] en caso de apelación de la sentencia, el superior decidirá en ésta todas

2481-2022.

Así, en atención a lo dispuesto en el artículo 323 del Código General del Proceso, según el cual «[…] en caso de apelación de la sentencia, el superior decidirá en ésta todas las apelaciones contra autos que estuvieren pendientes, cua ndo fuere posible […]» ; el objeto de dicha actuación se agotará conjuntamente con la expedición de la sentencia en desarrollo, esto aunado a la necesidad de aplicar los principios adjetivos de economía y celeridad procesal.

Bajo ese entendido, la Sala estima que en el sub examine se debe ordenar a la Secretaría la eliminación del registro del proceso con radicación interna N°24812022 y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que:

14 Folios 258 a 260.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00339-02 (0727-2023)

«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «[l]os veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honr adez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta comple mentan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»15. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «[c]uando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicio».

4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicio».

15 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00339-02 (0727-2023)

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la pr esente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de

será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los do centes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Sobre el punto, la jurisprudencia de es ta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyen do a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199716 señaló que:

territorial y nacionalizado, es decir, excluyen do a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199716 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con l a totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00339-02 (0727-2023)

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 17 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes

interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Na ción a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que tam bién correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio q ue prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación

factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio q ue prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma excl usiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de l os actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la

17 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00339-02 (0727-2023)

respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialment e relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a lo s educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evi